Política
Ley de Espectáculos Públicos genera polémica entre los partidos mayoritarios de ARENA y el FMLN
La propuesta de Ley de Espectáculos Públicos que fue presentada por el ministro de Gobernación, Aristides Valencia, enfrentó a los diputados en la Asamblea Legislativa, quienes desde la derecha hablan de censura a los medios de comunicación señalando a Nicaragua y Venezuela como ejemplo, mientras que los oficialistas se defienden diciendo que lo que se busca es regular contenido violento como las «narco series».
Días después de que se tratara de impedir el concierto de la banda de black metal, Marduk, Valencia acudió al palacio legislativo para recordar a los diputados que no existía un reglamento para hacer cumplir el recomendable emitido a petición de ARENA.
Además de la aclaración, Valencia llevó una propuesta para que se tomara como base del nuevo reglamento de la Dirección de Espetáculos Públicos que tiene como principal objetivo regular programas que atenten contra la salud mental, la propuesta abarca hasta servicios de streaming como Netflix.
Desde ese momento, las voces contra la propuesta se alzaron, en especial de aquellos que recordaron que en varias convenciones en las que ha participado el FMLN uno de los principales puntos que se han acordado es que el Estado tenga un mayor control en los medios.
David Reyes, diputado de ARENA, remarcó que al estudiar la propuesta esta riñe con el artículo 6 de la Constitución de la República en la que se establece que los medios de comunicación no podrán ser intervenidos por el Estado.
No obstante, Reyes dijo que le gustaba más hablar de «una autoregulación porque este tipo de iniciativas debe de venir consultadas, en primera instancia, con los medios de comunicación, con las agencias de publicidad y ni siquiera los medios conocían que se iba a presentar este proyecto de ley».
Además, Reyes sostiene que la propuesta es una cortina de humo del FMLN para que se deje de hablar de la falta de elección de los magistrados de la Corte Suprema Justicia (CSJ), ya que atribuye esa responsabilidad a los oficialistas por querer imponer nombres.
Reyes enfatizó que «cada quien tiene la libertad de ver, escuchar el tipo de música o programa que quiera y eso es parte de la libertad de los ciudadanos», esto pese a que el diputado fue uno de los que apoyó el recomendable para que Marduk no de un concierto en El Salvador..
En tanto, desde la izquierda el subjefe de fracción del FMLN, Shafik Handal, recordó que la anterior Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el reglamento de Espectáculos Públicos por no tener una ley que lo sustente.
«Lo que dice la ley es que hay que regular el contenido de violencia, de droga, el estar alabando las actividades ilícitas no se puede y eso pasarlo para la noche y en eso los papas tienen que ayudar para que los hijos no vean ese tipo de contenido» explicó.
Handal ejemplificó el caso que se tiene con niños que ven programas de televisión con tramas violentos y terminan idealizando la forma de comportarse de los protagonistas de las series,
«Esto no tiene nada que ver con los programas de opinión pública, con algunos de la radio si, pero en el sentido de las palabras que ocupan, no lo que expresan, no hay necesidad de ofender o decir malas palabras para referirse a lo que se quiere y que se regule el horario en que se pasan» agregó.
Cuando se le consultó a Handal sobre la versión de Reyes que la propuesta es una cortina de humo dijo: «solo porque soy educado no te doy la respuesta, es pura puja».
Por: El Salvador Times.
La Asamblea Legislativa aprobó este martes la 42ª prórroga del régimen de excepción, que estará vigente hasta el 2 de octubre próximo. La medida, solicitada por el Ejecutivo a través del Consejo de Ministros, fue avalada con los votos de las bancadas de Nuevas Ideas, PCN y PDC.
Durante la sesión plenaria, la solicitud fue ingresada con modificación de agenda propuesta por el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, y aprobada con dispensa de trámites. La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, votó en contra, mientras que los legisladores de ARENA, Marcela Villatoro y Francisco Lira, no participaron en la votación.
Según la petición del Ejecutivo, la extensión del régimen busca mantener el combate contra remanentes de pandillas que aún operan en algunas comunidades y garantizar la seguridad ciudadana.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la medida señalando que gracias al régimen de excepción y al Plan Control Territorial, El Salvador cerró 2024 con una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes, y proyecta finalizar 2025 con un índice entre 1 y 1.3.
El régimen de excepción fue decretado por primera vez el 27 de marzo de 2022 y desde entonces ha sido prorrogado de manera continua.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
