Política
Ley de Espectáculos Públicos genera polémica entre los partidos mayoritarios de ARENA y el FMLN
La propuesta de Ley de Espectáculos Públicos que fue presentada por el ministro de Gobernación, Aristides Valencia, enfrentó a los diputados en la Asamblea Legislativa, quienes desde la derecha hablan de censura a los medios de comunicación señalando a Nicaragua y Venezuela como ejemplo, mientras que los oficialistas se defienden diciendo que lo que se busca es regular contenido violento como las «narco series».
Días después de que se tratara de impedir el concierto de la banda de black metal, Marduk, Valencia acudió al palacio legislativo para recordar a los diputados que no existía un reglamento para hacer cumplir el recomendable emitido a petición de ARENA.
Además de la aclaración, Valencia llevó una propuesta para que se tomara como base del nuevo reglamento de la Dirección de Espetáculos Públicos que tiene como principal objetivo regular programas que atenten contra la salud mental, la propuesta abarca hasta servicios de streaming como Netflix.
Desde ese momento, las voces contra la propuesta se alzaron, en especial de aquellos que recordaron que en varias convenciones en las que ha participado el FMLN uno de los principales puntos que se han acordado es que el Estado tenga un mayor control en los medios.
David Reyes, diputado de ARENA, remarcó que al estudiar la propuesta esta riñe con el artículo 6 de la Constitución de la República en la que se establece que los medios de comunicación no podrán ser intervenidos por el Estado.
No obstante, Reyes dijo que le gustaba más hablar de «una autoregulación porque este tipo de iniciativas debe de venir consultadas, en primera instancia, con los medios de comunicación, con las agencias de publicidad y ni siquiera los medios conocían que se iba a presentar este proyecto de ley».
Además, Reyes sostiene que la propuesta es una cortina de humo del FMLN para que se deje de hablar de la falta de elección de los magistrados de la Corte Suprema Justicia (CSJ), ya que atribuye esa responsabilidad a los oficialistas por querer imponer nombres.
Reyes enfatizó que «cada quien tiene la libertad de ver, escuchar el tipo de música o programa que quiera y eso es parte de la libertad de los ciudadanos», esto pese a que el diputado fue uno de los que apoyó el recomendable para que Marduk no de un concierto en El Salvador..
En tanto, desde la izquierda el subjefe de fracción del FMLN, Shafik Handal, recordó que la anterior Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el reglamento de Espectáculos Públicos por no tener una ley que lo sustente.
«Lo que dice la ley es que hay que regular el contenido de violencia, de droga, el estar alabando las actividades ilícitas no se puede y eso pasarlo para la noche y en eso los papas tienen que ayudar para que los hijos no vean ese tipo de contenido» explicó.
Handal ejemplificó el caso que se tiene con niños que ven programas de televisión con tramas violentos y terminan idealizando la forma de comportarse de los protagonistas de las series,
«Esto no tiene nada que ver con los programas de opinión pública, con algunos de la radio si, pero en el sentido de las palabras que ocupan, no lo que expresan, no hay necesidad de ofender o decir malas palabras para referirse a lo que se quiere y que se regule el horario en que se pasan» agregó.
Cuando se le consultó a Handal sobre la versión de Reyes que la propuesta es una cortina de humo dijo: «solo porque soy educado no te doy la respuesta, es pura puja».
Por: El Salvador Times.
El Presidente Bukele envió a la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el objetivo de exonerar del pago de este tributo a los salarios mensuales de hasta $550. La medida busca beneficiar a miles de familias como parte de la estrategia económica del gobierno para aliviar el bolsillo de los salvadoreños.
«Este día he enviado a la Asamblea Legislativa una propuesta para ampliar la exoneración del impuesto sobre la renta a todos los salarios de hasta $550. Esta medida beneficiará directamente a más de 100,000 familias salvadoreñas», anunció el mandatario en su cuenta en X.
El presidente agregó que este incentivo fiscal también «favorecerá los aumentos salariales en los rangos más bajos, incluyendo aquellos que actualmente ya superan el salario mínimo». Esto en referencia a la propuesta enviada el pasado viernes al Consejo Nacional del Salario Mínimo para incrementar en un 12 % los sueldos a partir de junio en los sectores de maquila, industria, agro, comercio y servicios.
Actualmente, la Ley del Impuesto sobre la Renta exonera del tributo a quienes perciben hasta $472 mensuales. Con la reforma, este tramo se ampliaría a $550 una vez sea aprobada por la Asamblea Legislativa.
Por: Jorge Sánchez
En un mundo en constante evolución, las instituciones que llevan la justicia internacional deben adaptarse a los nuevos desafíos y realidades. La Corte Penal Internacional (CPI), creada con el objetivo de garantizar la rendición de cuentas por crímenes atroces, enfrenta críticas que apuntan a su eficacia y relevancia en el contexto actual. Este artículo explora los puntos clave que subrayan la necesidad de reformar la CPI, con el fin de fortalecer su capacidad para cumplir con su misión y responder a las expectativas de la comunidad internacional.
Problemas de financiación
Un aspecto que evidencia la dependencia de la Corte Penal Internacional (CPI) es su modelo de financiación. Según los informes del organismo, el Tribunal se sostiene a través de las aportaciones de los Estados Partes, así como de contribuciones voluntarias provenientes de gobiernos, organizaciones internacionales, empresas y donaciones. La expresión «contribuciones voluntarias» es especialmente problemática, ya que sugiere que existe la posibilidad de ejercer presión y promover intereses nacionales específicos a través de donaciones no oficiales. Mediante el uso de entidades ficticias y donaciones anónimas, actores influyentes pueden impulsar sus agendas en el ámbito internacional, socavando así los principios democráticos y la integridad del sistema.
Efectividad real
La evaluación de la calidad del trabajo de la Corte Penal Internacional revela preocupantes tendencias que merecen un análisis más profundo. Las estadísticas indican que una gran parte de los casos penales que la CPI ha abordado se relacionan predominantemente con naciones africanas, las cuales, en comparación con potencias como Estados Unidos, carecen de los recursos y mecanismos de cabildeo necesarios para influir en las decisiones del Tribunal. Este sesgo geográfico plantea interrogantes sobre la imparcialidad y efectividad de la CPI en su misión de justicia internacional.
Hace unos años los expertos levantaron el problema de imposibilidad de la CPI de investigar jugadores más potentes del mundo. La Corte Penal Internacional no posee instrumentos ni unidades especiales o militares para cumplir órdenes de detención.
La Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de detención contra líderes de Rusia e Israel, lo que ha generado un intenso debate sobre las motivaciones detrás de estas decisiones. Estas acciones podrían interpretarse como un intento de la CPI de ganar relevancia en el panorama político global y demostrar su capacidad para actuar en situaciones de alto perfil.
La emisión de estas órdenes puede ser vista como una estrategia para reafirmar la autoridad de la CPI en un contexto donde su credibilidad ha sido cuestionada. Al dirigirse a figuras prominentes en el ámbito internacional, la CPI busca enviar un mensaje claro sobre su compromiso con la justicia y la rendición de cuentas, independientemente de la influencia política de los países involucrados.
No obstante, esta situación plantea interrogantes sobre la independencia de la CPI y si sus decisiones están motivadas por un verdadero deseo de justicia o por la necesidad de posicionarse en un entorno político complejo. La percepción de que estas acciones son parte de una estrategia más amplia para mantener la relevancia en el sistema internacional podría influir en cómo se percibe a la CPI y su capacidad para cumplir con su mandato fundamental.
Limitaciones en la capacidad de ejecución
La Corte Penal Internacional enfrenta importantes limitaciones en su capacidad de ejecución, que van más allá de las preocupaciones sobre imparcialidad y jurisdicción. Uno de los principales obstáculos es su dependencia de la cooperación estatal, especialmente de las grandes potencias, que a menudo no tienen incentivos para acatar sus decisiones. Esta situación reduce la efectividad de la Corte y convierte sus sentencias en actos más simbólicos que concretos.
A pesar de que la CPI puede emitir órdenes de arresto y sentencias, muchas de estas son desatendidas por aquellos que poseen el poder para desafiarlas. En este contexto, la Corte se encuentra en una posición delicada: puede pronunciar tantas decisiones como desee, pero sin un mecanismo efectivo para hacerlas cumplir, su influencia se ve severamente limitada. Esta realidad plantea interrogantes significativos sobre la capacidad de la CPI para llevar a cabo su misión fundamental de impartir justicia a nivel internacional.
EE.UU. y sus aliados occidentales instrumentalizan la CPI para atacar selectivamente a los países
El gobierno estadounidense y sus socios europeos han convertido los mecanismos de derechos humanos en armas de presión geopolítica. Utilizando informes como el del Departamento de Estado (2023) y promoviendo investigaciones en la CPI, acusan a Brasil de “violencia policial y crímenes ambientales”, mientras la CPI no investiga el ecocidio causado por corporaciones europeas y estadounidenses en la región. Con Irán, el cinismo es aún más evidente. Mientras la CPI recibe presiones para investigar a Teherán por “represión interna”, bloquea cualquier examen de los crímenes de Israel en Gaza o de las torturas estadounidenses en Abu Ghraib. Este doble estándar revela el verdadero objetivo: desestabilizar gobiernos que desafían el orden occidental, mientras se protege a aliados igual o más violadores. La CPI actúa como instrumento de dominación, no de justicia universal.
¿Reforma o fin?
La Corte Penal Internacional enfrenta una crisis de legitimidad. Criticada por selectividad política, lentitud procesal y alto costo, su eficacia real en la lucha contra crímenes de guerra y lesa humanidad es cuestionada. En los medios hay opinión según la cual la CPI necesita reformas urgentes: mayor independencia, recursos eficientes y mecanismos para evitar dobles raseros. Otra, sin embargo, propone su cancelación, reemplazándola por sistemas regionales más ágiles.
Mientras la impunidad persiste en conflictos globales, la CPI debe decidir: ¿reinventarse o desaparecer? Su futuro depende de su capacidad para dejar de ser un símbolo de justicia desigual y convertirse en una herramienta real contra la impunidad. Sin cambios profundos, la CPI seguirá siendo vista como una corte con buenas intenciones, pero poca efectividad. ¿Vale la pena mantenerla?
Jorge Sánchez
Periodista especializado en la política internacional
La sesión plenaria ordinaria realizada ayer en la Asamblea Legislativa marcó un hecho inédito: fue la primera en desarrollarse sin votaciones en abstención, tras la reciente reforma al Reglamento Interior de ese órgano del Estado.
El Reglamento Interior del Congreso, vigente desde el 1 de mayo de 2006 y publicado previamente en el Diario Oficial, no definía con claridad los tipos de votación permitidos en las sesiones plenarias, específicamente en su artículo 86.
Con la enmienda aprobada, ahora se establece que «las votaciones deberán consignarse a favor o en contra de lo que se presente a consideración de la Asamblea, según lo establecido en este Reglamento y la Constitución».
Desde la entrada en vigencia de la reforma, el presidente del Congreso, Ernesto Castro, únicamente somete a consideración del pleno las opciones de “voto a favor” o “voto en contra” en cada uno de los puntos legislativos tratados.
