Política
Ley de Espectáculos Públicos genera polémica entre los partidos mayoritarios de ARENA y el FMLN
La propuesta de Ley de Espectáculos Públicos que fue presentada por el ministro de Gobernación, Aristides Valencia, enfrentó a los diputados en la Asamblea Legislativa, quienes desde la derecha hablan de censura a los medios de comunicación señalando a Nicaragua y Venezuela como ejemplo, mientras que los oficialistas se defienden diciendo que lo que se busca es regular contenido violento como las «narco series».
Días después de que se tratara de impedir el concierto de la banda de black metal, Marduk, Valencia acudió al palacio legislativo para recordar a los diputados que no existía un reglamento para hacer cumplir el recomendable emitido a petición de ARENA.
Además de la aclaración, Valencia llevó una propuesta para que se tomara como base del nuevo reglamento de la Dirección de Espetáculos Públicos que tiene como principal objetivo regular programas que atenten contra la salud mental, la propuesta abarca hasta servicios de streaming como Netflix.
Desde ese momento, las voces contra la propuesta se alzaron, en especial de aquellos que recordaron que en varias convenciones en las que ha participado el FMLN uno de los principales puntos que se han acordado es que el Estado tenga un mayor control en los medios.
David Reyes, diputado de ARENA, remarcó que al estudiar la propuesta esta riñe con el artículo 6 de la Constitución de la República en la que se establece que los medios de comunicación no podrán ser intervenidos por el Estado.
No obstante, Reyes dijo que le gustaba más hablar de «una autoregulación porque este tipo de iniciativas debe de venir consultadas, en primera instancia, con los medios de comunicación, con las agencias de publicidad y ni siquiera los medios conocían que se iba a presentar este proyecto de ley».
Además, Reyes sostiene que la propuesta es una cortina de humo del FMLN para que se deje de hablar de la falta de elección de los magistrados de la Corte Suprema Justicia (CSJ), ya que atribuye esa responsabilidad a los oficialistas por querer imponer nombres.
Reyes enfatizó que «cada quien tiene la libertad de ver, escuchar el tipo de música o programa que quiera y eso es parte de la libertad de los ciudadanos», esto pese a que el diputado fue uno de los que apoyó el recomendable para que Marduk no de un concierto en El Salvador..
En tanto, desde la izquierda el subjefe de fracción del FMLN, Shafik Handal, recordó que la anterior Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el reglamento de Espectáculos Públicos por no tener una ley que lo sustente.
«Lo que dice la ley es que hay que regular el contenido de violencia, de droga, el estar alabando las actividades ilícitas no se puede y eso pasarlo para la noche y en eso los papas tienen que ayudar para que los hijos no vean ese tipo de contenido» explicó.
Handal ejemplificó el caso que se tiene con niños que ven programas de televisión con tramas violentos y terminan idealizando la forma de comportarse de los protagonistas de las series,
«Esto no tiene nada que ver con los programas de opinión pública, con algunos de la radio si, pero en el sentido de las palabras que ocupan, no lo que expresan, no hay necesidad de ofender o decir malas palabras para referirse a lo que se quiere y que se regule el horario en que se pasan» agregó.
Cuando se le consultó a Handal sobre la versión de Reyes que la propuesta es una cortina de humo dijo: «solo porque soy educado no te doy la respuesta, es pura puja».
Por: El Salvador Times.
Política
ARENA confirma participación electoral en medio de críticas por baja afluencia en internas
Judicial
Fiscal general afirma que la cadena perpetua es una medida adecuada
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Política
CCR se prepara de cara a elecciones 2027
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.





