Política
Instalan con celeridad primera sesión de Comisión de Antejuicio contra diputado García
Para continuar transformando la manera de hacer política y para implementar la transparencia prometida al pueblo salvadoreño, los diputados de la Comisión Especial de Antejuicio contra del legislador Érick Alfredo García instalaron la primera sesión de trabajo.
Dicha mesa legislativa, presidida por el parlamentario Ernesto Castro, inició el estudio de la petición realizada por la Fiscalía General de la República (FGR) para retirarle el fuero constitucional de García.
El Ministerio Público le imputa al legislador el delito de falsedad ideológica, tipificado en el artículo 284 del Código Penal y castigado con una pena de entre tres y seis años de prisión.
“El trabajo de esta comisión, que fue conformada en la sesión plenaria 117, es bajo el reglamento interno de la Asamblea Legislativa. Este proceso reúne los requisitos legales pertinentes del requerimiento fiscal”, expresó el diputado Castro.
En la sesión de trabajo se acordaron tres etapas: La presentación de pruebas y la recepción de invitados (fiscales del antejuicio y los abogados defensores); la exposición de alegatos; y el análisis de pruebas, la discusión y la emisión del dictamen correspondiente. A la vez, juramentaron al abogado José Oswaldo López, quien será el notificador del caso.
La acusación fiscal contra García inició luego de que el asesor de seguridad nacional de la Presidencia de la República, Alejandro Muyshondt, publicara en su cuenta de Twitter una serie de audios en los que el parlamentario admite que firmó, el 7 diciembre de 2020, un contrato de préstamo por $90,000 a su asesor jurídico, Luis Alonso Portillo Turcios. El documento que plasma esto, denominado mutuo simple, fue alterado.
“Estamos enviando un mensaje claro, firme y contundente a la nación, porque vamos a trabajar con el principio de honradez y honestidad”, afirmó el diputado José Urbina, quien funge como vocal en este proceso. “Ha costado mucho recuperar la confianza de esta institución, porque la vieja Asamblea era la escuela de la corrupción y de acá se graduaron los peores corruptos”, sostuvo.
Por su parte, el diputado Caleb Navarro, quien es el relator del caso, aseveró que el fuero constitucional no es ninguna causal de impunidad en esta Asamblea Legislativa y “esto se debe de retirar a cualquier diputado que cometa ilícitos para que responda ante las autoridades pertinentes para ser llevados a los tribunales correspondientes para que paguen por sus actos”.
El presidente Castro reiteró que los diputados están en la obligación de no cubrir nada y de llegar hasta la verdad, sea cual sea esta, por respeto al pueblo salvadoreño: «No vamos a repetir lo que los anteriores diputados cometieron”.
Además, el parlamentario informó que la comisión no dilatará el tiempo, porque el pueblo salvadoreño necesita respuestas rápidas. Por ello, dejó abierta la sesión y será convocada en cualquier momento que considere necesario.
Fiscales: hay compromiso de luchar contra corrupción
Los diputados Marcela Pineda y Giovanny Zaldaña fueron nombrados fiscales en el proceso de antejuicio contra García.
“Nuestro compromiso de luchar contra la corrupción está más fuerte que nunca. Se acabó la época en que el fuero era la principal protección de cada uno de los funcionarios públicos y hemos venido a servirle al pueblo salvadoreño y no a servirnos de él”, aseguró la parlamentaria Pineda.
Mientras que Zaldaña aseguró que acreditarán cada uno de los hechos conforme a lo legal y harán uso de los mecanismos necesarios para poder llegar a la verdad y esclarecer todo lo que ha sucedido, para que luego sea el pleno legislativo el que decida si se desaforará a García.
“En el pasado, ya fueron suficientes las malas acciones cometidas por legislaturas y gobiernos anteriores. Como futuro, debemos demostrar que estamos del lado correcto de hacer política y que las cosas ya no se hacen como antes”, afirmó Zaldaña.
Foto: Cortesía
El concejo municipal de San Miguel Centro aprobó un incremento en los salarios de sus miembros y de cinco de los seis jefes de los distritos que lo conforman, a partir de 2025, según confirmó la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la alcaldía.
El alcalde Alex Torres, del partido PDC, ha visto un aumento de su salario de $4,200 a $6,000, lo que representa un incremento de $1,800. Sin embargo, en una publicación de Facebook del 3 de mayo de 2024, Torres había prometido que no habría aumentos salariales para él, el síndico ni los concejales, afirmando que era necesario actuar con responsabilidad y coherencia. “Ese fue un acuerdo que tomé junto a mis concejales y mi equipo técnico desde la campaña”, declaró en ese momento.
El síndico también experimentó un aumento significativo, pasando de $2,500 a $4,000, un incremento de $1,500. Por su parte, los concejales, que recibían $328.57 por reunión, ahora obtendrán $500, pasando de $1,314.29 a $2,000 mensuales, con un máximo de cuatro sesiones al mes.
En cuanto a los salarios de los directores de distrito, el director de Chirilagua pasó de $1,200 a $1,700, mientras que el de Moncagua aumentó de $1,200 a $1,600. Los directores de Comacarán y Uluazapa, que recibían $900, ahora ganan $1,000, y el de Quelepa pasó a $1,300. Cabe destacar que el director del distrito de San Miguel no recibió aumento, manteniendo un salario de $2,000.
La administración municipal emitió un comunicado de prensa el 14 de marzo de 2025, donde se justificó el aumento salarial con la promesa de reducir gastos del concejo anterior para destinar esos fondos a obras y proyectos comunitarios. Se mencionó que el concejo anterior gastaba $28,000 anuales en alimentación y otros costos asociados, mientras que la nueva administración ha eliminado estos gastos, así como el uso de vehículos y combustibles municipales por parte de los funcionarios.
La polémica sobre los aumentos salariales en el concejo municipal de San Miguel Centro continúa generando reacciones entre la ciudadanía y los partidos políticos.
El Consejo Nacional del Partido Político Nuevas Ideas ha decidido expulsar de forma inmediata al alcalde José María Chicas, medida respaldada por su Comité de Ética. La decisión responde a la mala administración del edil y a su inacción frente a problemas urgentes en el municipio, destacando la insatisfactoria gestión del refugio en Ilopango, calificada como inaceptable.
A raíz de esta situación, el partido solicita urgentemente al Concejo Municipal de la Alcaldía de San Salvador Este la destitución inmediata de Chicas de su cargo. Nuevas Ideas reitera su compromiso con la transformación de las comunidades y el bienestar de la ciudadanía, subrayando que continuará supervisando que los funcionarios públicos cumplan con sus responsabilidades de manera eficiente y transparente.
Nacionales -deportes
Ley para prevenir dopaje en el deporte garantizará competiciones en igualdad de condiciones
La salud de los deportistas y las prácticas éticas en las distintas disciplinas son un tema prioritario para el Órgano Legislativo.
Por esa razón, los legisladores aprobaron la creación de la Ley de Protección de la Salud en el Deporte y Lucha contra el Dopaje, cuyo objetivo es establecer el marco legal para la prevención y lucha contra el dopaje en el deporte nacional.
La normativa está ligada a los compromisos internacionales asumidos por El Salvador para garantizar el desarrollo de competiciones deportivas en condiciones de igualdad y adaptación a las capacidades naturales de los participantes, evitando su adulteración mediante el uso de sustancias o métodos prohibidos.
Las disposiciones plasmadas en la normativa se interpretarán de acuerdo con la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, el Código Mundial Antidopaje, los estándares internacionales aprobados por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), así como cualquier otro reglamento internacional, aplicable en esta materia.
“Estamos aquí para respaldar este esfuerzo con leyes que protejan a nuestros deportistas y promuevan un ambiente de sana competencia. Tener una Ley de Protección de la Salud en el Deporte y Lucha contra el Dopaje es crucial para garantizar que nuestros atletas puedan competir de una manera justa, saludable y en igualdad de condiciones”, afirmó la diputada Sharon Salazar.
Agregó que valores como la ética deportiva, la igualdad de condiciones de los atletas y su integridad rigen esta normativa.
Por su parte, el parlamentario Raúl Chamagua destacó la importancia de contar con esta ley, porque El Salvador no tenía regulado el tema del dopaje deportivo, pese a que el país se encuentra suscrito a acuerdos internacionales en este tema y corría el riesgo de ser sancionado.
El legislador señaló que con la nueva ley se protegerá la salud de los atletas, se reafirmará la posición del país en contra de cualquier acción que atente contra la esencia del deporte, se envía un mensaje de cambio y compromiso y sobre todo se fomenta una cultura de prevención.
Organización Nacional Antidopaje de El Salvador
La nueva ley contempla la creación de la Organización Nacional Antidopaje de El Salvador (ONAD-ESA) como el máximo órgano técnico nacional con competencias en la prevención, control y sanción del dopaje en el deporte nacional.
La ONAD-ESA estará compuesta por un Comité Supervisor; un gerente general; un Panel Independiente de Audiencia de Primera Instancia, responsable de conocer los procedimientos sobre el cometimiento de las infracciones a las normas antidopaje y garantizar el debido proceso, así como por una Comisión de Atletas que colaborará en la formulación de políticas de prevención y antidopaje en el deporte.
Esta será una entidad desconcentrada del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), con independencia técnica, administrativa y operativa, con el propósito de promover acciones destinadas a garantizar el cumplimiento del principio de juego limpio, el respeto a las normas que rigen el deporte, a los demás competidores y la protección de la salud de quienes participan directa o indirectamente en torneos o eventos deportivos.
Entre sus principales funciones se encuentran las de prevenir, controlar y sancionar el dopaje a escala nacional, además de emitir los reglamentos internos que considere necesarios para garantizar su correcto funcionamiento; promover la investigación antidopaje y la implementación de programas educativos y campañas de divulgación sobre los peligros de esta práctica negativa que atenta la salud y los valores éticos y morales del deporte.
Violaciones de las normas antidopaje
Entre las violaciones a las normas antidopaje se encuentran la presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores en la muestra de un deportista; el uso o intento de uso de una sustancia o método prohibido; así como el evitar, rechazar o incumplir la obligación de someterse a la toma de muestras.
También se considerará una falta la manipulación de cualquier parte del proceso de control de dopaje que haga un deportista u otra persona; además de la posesión de una sustancia o método prohibido del deportista o de su personal de apoyo.
Entre otras de las faltas se incluyen el tráfico o intento de tráfico de cualquier sustancia o método prohibido; la administración, o intento de esto, a un deportista durante o fuera de una competición y cualquier tipo de complicidad o intento de esta.
