Política
Instalan con celeridad primera sesión de Comisión de Antejuicio contra diputado García
Para continuar transformando la manera de hacer política y para implementar la transparencia prometida al pueblo salvadoreño, los diputados de la Comisión Especial de Antejuicio contra del legislador Érick Alfredo García instalaron la primera sesión de trabajo.
Dicha mesa legislativa, presidida por el parlamentario Ernesto Castro, inició el estudio de la petición realizada por la Fiscalía General de la República (FGR) para retirarle el fuero constitucional de García.
El Ministerio Público le imputa al legislador el delito de falsedad ideológica, tipificado en el artículo 284 del Código Penal y castigado con una pena de entre tres y seis años de prisión.
“El trabajo de esta comisión, que fue conformada en la sesión plenaria 117, es bajo el reglamento interno de la Asamblea Legislativa. Este proceso reúne los requisitos legales pertinentes del requerimiento fiscal”, expresó el diputado Castro.
En la sesión de trabajo se acordaron tres etapas: La presentación de pruebas y la recepción de invitados (fiscales del antejuicio y los abogados defensores); la exposición de alegatos; y el análisis de pruebas, la discusión y la emisión del dictamen correspondiente. A la vez, juramentaron al abogado José Oswaldo López, quien será el notificador del caso.
La acusación fiscal contra García inició luego de que el asesor de seguridad nacional de la Presidencia de la República, Alejandro Muyshondt, publicara en su cuenta de Twitter una serie de audios en los que el parlamentario admite que firmó, el 7 diciembre de 2020, un contrato de préstamo por $90,000 a su asesor jurídico, Luis Alonso Portillo Turcios. El documento que plasma esto, denominado mutuo simple, fue alterado.
“Estamos enviando un mensaje claro, firme y contundente a la nación, porque vamos a trabajar con el principio de honradez y honestidad”, afirmó el diputado José Urbina, quien funge como vocal en este proceso. “Ha costado mucho recuperar la confianza de esta institución, porque la vieja Asamblea era la escuela de la corrupción y de acá se graduaron los peores corruptos”, sostuvo.
Por su parte, el diputado Caleb Navarro, quien es el relator del caso, aseveró que el fuero constitucional no es ninguna causal de impunidad en esta Asamblea Legislativa y “esto se debe de retirar a cualquier diputado que cometa ilícitos para que responda ante las autoridades pertinentes para ser llevados a los tribunales correspondientes para que paguen por sus actos”.
El presidente Castro reiteró que los diputados están en la obligación de no cubrir nada y de llegar hasta la verdad, sea cual sea esta, por respeto al pueblo salvadoreño: «No vamos a repetir lo que los anteriores diputados cometieron”.
Además, el parlamentario informó que la comisión no dilatará el tiempo, porque el pueblo salvadoreño necesita respuestas rápidas. Por ello, dejó abierta la sesión y será convocada en cualquier momento que considere necesario.
Fiscales: hay compromiso de luchar contra corrupción
Los diputados Marcela Pineda y Giovanny Zaldaña fueron nombrados fiscales en el proceso de antejuicio contra García.
“Nuestro compromiso de luchar contra la corrupción está más fuerte que nunca. Se acabó la época en que el fuero era la principal protección de cada uno de los funcionarios públicos y hemos venido a servirle al pueblo salvadoreño y no a servirnos de él”, aseguró la parlamentaria Pineda.
Mientras que Zaldaña aseguró que acreditarán cada uno de los hechos conforme a lo legal y harán uso de los mecanismos necesarios para poder llegar a la verdad y esclarecer todo lo que ha sucedido, para que luego sea el pleno legislativo el que decida si se desaforará a García.
“En el pasado, ya fueron suficientes las malas acciones cometidas por legislaturas y gobiernos anteriores. Como futuro, debemos demostrar que estamos del lado correcto de hacer política y que las cosas ya no se hacen como antes”, afirmó Zaldaña.
Nacionales
Claudia Ortiz cuestiona operación para detener a Maduro
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la operación militar para detener a Nicolás Maduro, acusado por Washington de dirigir un cartel de narcotráfico.
«El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su ac El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su actuación se dirige contra una organización criminal transnacional. Combatir el narcotráfico es una preocupación legítima y compartida por las democracias. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando el poder se ejerce sin límites democráticos, incluso frente a enemigos reales, se corre el riesgo de reproducir aquello que se dice combatir», reaccionó en X.
La legisladora sostuvo que el desafío para la región no es solo combatir el crimen organizado, «sino hacerlo sin convertir la excepción en regla ni debilitar el Estado de derecho. Sin instituciones activas no hay democracia que resista».
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reaccionó a la publicación de la legisla dora. «Entiendo, entonces, lo siguiente: Usted rechaza las acciones gracias a las cuales EE. UU. ha capturado a Nicolás Maduro. Además, condena el “poder sin límites” refiriéndose al presidente Trump».
«También deja claro que DESLEGITIMA todo lo que hará el presidente Trump en Venezuela», agregó Castro. Sin embargo, Maduro y sus aliados han convertido las instituciones venezolanas en un semillero de corrupción.
Nacionales
FMLN cuestiona la captura de Nicolás Maduro
En un comunicado, el FMLN rechazó el operativo militar estadounidense que terminó con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.
«El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) expresa su más firme y fraterna solidaridad con el pueblo venezolano y su Gobierno legítimo, ante los ataques militares perpetrados por Estados Unidos en la madrugada de este 3 de enero de 2026», se lee en el documento.
Las autoridades del partido de izquierda condenaron «enérgicamente esta nueva agresión imperialista, que atenta contra la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y el derecho de Venezuela a decidir su propio destino sin injerencias externas».
El partido opositor reafirmó su «compromiso antiimperialista, internacionalista y solidario, y hacemos un llamado a los pueblos del mundo a alzar la voz y a no guardar silencio ante esta escalada de violencia».
El instituto político, que gobernó El Salvador desde 2009 hasta 2019, fue un aliado incondicional del régimen venezolano, que usó la iniciativa ALBA para finan ciar un enorme consorcio empresarial del partido, que en la actualidad está bajo una investigación de la Fiscalía por lavado de dinero.
El FMLN es uno de los partidos que re conocía el controversial mandato del dictador Maduro, el cual fue rechazado interna cionalmente por la falta de transparencia en el proceso electoral.
«Vino calladito. Él no quería que se supiera que estaba aquí. Traía muy buenas noticias a Bukele. La mejor noticia que te puedo decir, Bukele, es que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional es parte del movimiento mundial antifascista», aseguró Maduro ante sus seguido res en un video difundido en redes sociales en enero del año pasado, que se convirtió en un ataque verbal hacia el presidente Nayib Bukele.
Nicolás Maduro fue juramentado por tercera vez como mandatario de Venezuela luego de unas cuestionables elecciones en 2024, en las que el bloque opositor al gobernante venezolano, encabezado por Ma ría Corina Machado, con Edmundo González Urrutia como candidato presidencial, aseguró que ganó los comicios.
Pese a los cuestionamientos internos e internacionales, Maduro se negó a permitir auditorías internacionales y aseguró que el proceso lo declaró ganador. Además, las autoridades venezolanas arrestaron a varios opositores, razón por lo que González Urrutia salió del país tras las elecciones.
«Desde El Salvador expresamos nuestro respaldo al compañero presidente Nicolás Maduro Moros, a las instituciones legítimas del Estado venezolano y al camino de justicia social, autodeterminación y lucha antiimperialista», expresó el FMLN en esa ocasión.
Política
Asamblea aprueba presupuesto del Estado 2026 con mayor refuerzo en el área social
La Asamblea Legislativa aprobó ayer, sin el acompañamiento de ARENA y VAMOS, la Ley del Presupuesto General del Estado y Presupuestos Especiales y la Ley de Salarios para el Ejercicio Fiscal 2026, lo que confirma la apuesta del Gobierno del presidente Nayib Bukele de mantener la inversión en el área social y potenciar el crecimiento y el desarrollo económico.
El monto global del plan de gastos, que tiene ingresos corrientes por $8,950.6 millones y fue votado favorable por los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC, totaliza $10,555.5 millones, y representa un incremento de $892.6 millones respecto al presupuesto aprobado para el actual ejercicio fiscal.
El ramo de Educación recibe $1,683.4 millones, con un incremento de 9.3 % respecto al presupuesto de 2025, explicaron diputados de Nuevas Ideas que participaron en la deliberación en el pleno legislativo.
De estos recursos, $170.5 millones serán para el programa Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia, que tiene por finalidad la formación continua de docentes de educación inicial y parvularia, la entrega de materiales pedagógicos y la mejora de la infraestructura educativa a escala nacional.
Otro monto significativo que ejecutará la cartera de Educación el próximo año son $100 millones para la construcción y el mejoramiento de la infraestructura educativa por medio del programa del presidente Bukele, Dos Escuelas por Día. Recientemente, el mandatario inauguró en simultáneo 70 centros escolares.
El Ministerio de Salud tiene $1,345.5 millones, y presenta un incremento de 14.1 % en comparación con el plan de gastos del presente ejercicio fiscal. Servirán, entre otros aspectos, para financiar la dotación de medicamentos, insumos médicos y vacunas en la red hospitalaria pública por $262.5 millones; mientras que $106.9 millones se destinarán al Sistema de Telemedicina en El Salvador, con la finalidad de ampliar la atención médica mediante la implementación de la plataforma DoctorSV.
Seguridad y Defensa tiene asignados $1,037.2 millones, con un incremento de 14.8 % respecto al plan de gastos votado para 2025. La consolidación del Plan Control Territorial es parte de la apuesta principal. Se continuará con la dotación de uniformes, el equipamiento, la flota vehicular y el mejoramiento de la infraestructura policial.
También con la entrega de bonos mensuales y trimestrales para el personal operativo y administrativo. Asimismo, continuará la entrega de subsidios en favor de la población, para lo cual se destinaron $238.7 millones; $114.6 millones serán para el subsidio del gas licuado de petróleo, $60 millones para el subsidio del transporte y $64.1 millones para el subsidio de energía eléctrica.
De igual forma, $52 millones son para la entrega del bono agrícola y $60.9 millones para continuar con el programa de agromercados a escala nacional.


