Política
Instalan con celeridad primera sesión de Comisión de Antejuicio contra diputado García
Para continuar transformando la manera de hacer política y para implementar la transparencia prometida al pueblo salvadoreño, los diputados de la Comisión Especial de Antejuicio contra del legislador Érick Alfredo García instalaron la primera sesión de trabajo.
Dicha mesa legislativa, presidida por el parlamentario Ernesto Castro, inició el estudio de la petición realizada por la Fiscalía General de la República (FGR) para retirarle el fuero constitucional de García.
El Ministerio Público le imputa al legislador el delito de falsedad ideológica, tipificado en el artículo 284 del Código Penal y castigado con una pena de entre tres y seis años de prisión.
“El trabajo de esta comisión, que fue conformada en la sesión plenaria 117, es bajo el reglamento interno de la Asamblea Legislativa. Este proceso reúne los requisitos legales pertinentes del requerimiento fiscal”, expresó el diputado Castro.
En la sesión de trabajo se acordaron tres etapas: La presentación de pruebas y la recepción de invitados (fiscales del antejuicio y los abogados defensores); la exposición de alegatos; y el análisis de pruebas, la discusión y la emisión del dictamen correspondiente. A la vez, juramentaron al abogado José Oswaldo López, quien será el notificador del caso.
La acusación fiscal contra García inició luego de que el asesor de seguridad nacional de la Presidencia de la República, Alejandro Muyshondt, publicara en su cuenta de Twitter una serie de audios en los que el parlamentario admite que firmó, el 7 diciembre de 2020, un contrato de préstamo por $90,000 a su asesor jurídico, Luis Alonso Portillo Turcios. El documento que plasma esto, denominado mutuo simple, fue alterado.
“Estamos enviando un mensaje claro, firme y contundente a la nación, porque vamos a trabajar con el principio de honradez y honestidad”, afirmó el diputado José Urbina, quien funge como vocal en este proceso. “Ha costado mucho recuperar la confianza de esta institución, porque la vieja Asamblea era la escuela de la corrupción y de acá se graduaron los peores corruptos”, sostuvo.
Por su parte, el diputado Caleb Navarro, quien es el relator del caso, aseveró que el fuero constitucional no es ninguna causal de impunidad en esta Asamblea Legislativa y “esto se debe de retirar a cualquier diputado que cometa ilícitos para que responda ante las autoridades pertinentes para ser llevados a los tribunales correspondientes para que paguen por sus actos”.
El presidente Castro reiteró que los diputados están en la obligación de no cubrir nada y de llegar hasta la verdad, sea cual sea esta, por respeto al pueblo salvadoreño: «No vamos a repetir lo que los anteriores diputados cometieron”.
Además, el parlamentario informó que la comisión no dilatará el tiempo, porque el pueblo salvadoreño necesita respuestas rápidas. Por ello, dejó abierta la sesión y será convocada en cualquier momento que considere necesario.
Fiscales: hay compromiso de luchar contra corrupción
Los diputados Marcela Pineda y Giovanny Zaldaña fueron nombrados fiscales en el proceso de antejuicio contra García.
“Nuestro compromiso de luchar contra la corrupción está más fuerte que nunca. Se acabó la época en que el fuero era la principal protección de cada uno de los funcionarios públicos y hemos venido a servirle al pueblo salvadoreño y no a servirnos de él”, aseguró la parlamentaria Pineda.
Mientras que Zaldaña aseguró que acreditarán cada uno de los hechos conforme a lo legal y harán uso de los mecanismos necesarios para poder llegar a la verdad y esclarecer todo lo que ha sucedido, para que luego sea el pleno legislativo el que decida si se desaforará a García.
“En el pasado, ya fueron suficientes las malas acciones cometidas por legislaturas y gobiernos anteriores. Como futuro, debemos demostrar que estamos del lado correcto de hacer política y que las cosas ya no se hacen como antes”, afirmó Zaldaña.
Como parte de los preparativos de cara a los comicios generales de 2027, la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) prevé desarrollar 66 misiones de verificación del proceso de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) en el exterior.
El director propietario de la JVE por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Alexis Zepeda, aseguró que el derecho al voto de la diáspora está garantizado para los comicios del 28 de febrero de 2027.
«Nosotros tenemos un presupuesto para hacer las misiones de fiscalización en el extranjero. Tenemos más de 66 misiones para el voto en el presupuesto extraordinario, divididas entre los 11 institutos políticos que conformamos la JVE», explicó Zepeda.
Señaló que este proceso de fiscalización iniciará en septiembre próximo, con base en las coordinaciones que se hagan con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las oficinas del RNPN ubicadas en diferentes países y consulados de El Salvador serán visitadas por la JVE con el propósito de verificar el debido proceso de emisión del DUI.
Zepeda reiteró que en las misiones en el extranjero, así como en las previstas en territorio nacional, participan los directores que representan a los 13 institutos políticos.
A la vez, dijo que estas misiones permitirán hacer un diagnóstico de las ciudades donde hay más concentración de salvadoreños.
En el territorio nacional también se desarrollará el proceso de fiscalización de duicentros, identificando los que tiene mayor afluencia.
Asimismo, enfatizó que la renovación masiva del DUI es importante para que la población tenga actualizado su documento y pueda ejercer su voto.
«Es fundamental que la gente esté en orden para aparecer en los padrones electorales. Si alguien no aparece en el padrón electoral, no puede ejercer el sufragio. Hemos solicitado, como Junta de Vigilancia Electoral, una audiencia para reunirnos con la junta directiva del RNPN para ver el plan de acción [de duización masiva]», indicó Zepeda.
Por otra parte, señaló que como JVE están verificando que se cumplan los tiempos establecidos en el calendario electoral publicado por el TSE
Zepeda comentó que las coordinaciones con el organismo colegiado y la JVE «son excelentes», y permiten desarrollar un proceso de fiscalización apegado a la ley
«Por mandato de ley se establece que verificamos el calendario electoral. Vamos viendo por tiempos cómo se va realizando todo el proceso en que se está organizando una elección. La relación que tenemos con el actual Tribunal Supremo Electoral, para mí, es una de las mejores de la historia», aseveró.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reiteró que participará en las elecciones legislativas del 28 de febrero de 2027 con el objetivo de buscar un tercer período como diputado del partido Nuevas Ideas.
Castro señaló que su decisión responde a que aún considera que hay muchas cosas por hacer en el país, aunque aclaró que primero deberán cumplirse los procesos correspondientes, como las elecciones internas del partido y el proceso electoral.
Indicó que mantendría su forma de trabajo con puertas abiertas a la población, comunicadores y creadores de contenido, y aseguró que no permitirá el regreso de prácticas del pasado, como la corrupción y el despilfarro.
Además, afirmó que la historia ha mostrado las razones por las que, según él, la población no apoya a la oposición en la Asamblea Legislativa.
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la operación militar para detener a Nicolás Maduro, acusado por Washington de dirigir un cartel de narcotráfico.
«El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su ac El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su actuación se dirige contra una organización criminal transnacional. Combatir el narcotráfico es una preocupación legítima y compartida por las democracias. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando el poder se ejerce sin límites democráticos, incluso frente a enemigos reales, se corre el riesgo de reproducir aquello que se dice combatir», reaccionó en X.
La legisladora sostuvo que el desafío para la región no es solo combatir el crimen organizado, «sino hacerlo sin convertir la excepción en regla ni debilitar el Estado de derecho. Sin instituciones activas no hay democracia que resista».
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reaccionó a la publicación de la legisla dora. «Entiendo, entonces, lo siguiente: Usted rechaza las acciones gracias a las cuales EE. UU. ha capturado a Nicolás Maduro. Además, condena el “poder sin límites” refiriéndose al presidente Trump».
«También deja claro que DESLEGITIMA todo lo que hará el presidente Trump en Venezuela», agregó Castro. Sin embargo, Maduro y sus aliados han convertido las instituciones venezolanas en un semillero de corrupción.
