Política
Gobierno de El Salvador responde ante declaraciones de mal gusto del Presidente Donald Trump
Debido a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volviera a emitir una serie de declaraciones en donde de nuevo habló en contra del país, el Gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, envió un comunicado oficial al Gobierno estadounidense, tras considerar que los señalamientos “no están en apego a la realidad de la histórica relación que mantienen ambas naciones”.
“El Salvador solo toma nuestro dinero y México debe ayudar más con este problema. Necesitamos el muro”, dijo Trump en una publicación realizada en su cuenta de Twitter. «Los miembros de la pandilla MS están siendo removidos por miles de nuestros grandes agentes del ICE y de la patrulla fronteriza, pero esos asesinos regresan de El Salvador por México, como el agua», agregó.
Ante esto, el gobierno indicó en el documento que entre los principales puntos planteados se plasma su extrañeza ante los señalamientos realizados por el mandatario estadounidense, específicamente los vinculados a la lucha contra la organización terrorista de carácter transnacional MS-13.
«El Gobierno de El Salvador rechaza las afirmaciones expresadas, las cuales, nuevamente, van en contra de la dignidad del país, así como omiten los esfuerzos (hechos para combatir la criminalidad)», expresaron las autoridades nacionales.
En la nota se resalta que el país ejecuta una estrategia en contra de este grupo criminal, por medio de diversos ámbitos. En primer lugar, a nivel nacional con duros golpes a sus estructuras, al capturar a sus cabecillas y miembros más violentos; así como con operaciones producto de una ardua labor investigativa de las autoridades correspondientes, con la finalidad de debilitar las finanzas de estas bandas delincuenciales. En estas iniciativas se han invertido recursos propios del Estado salvadoreño.
Además, debido a la naturaleza transnacional de los miembros que conforman esta pandilla, se han impulsado esfuerzos coordinados con los países del Triángulo Norte de Centroamérica, los cuales también son afectados por su accionar.
El gobierno explicó que se mantiene una estrecha y fluida colaboración entre las autoridades de seguridad salvadoreñas y estadounidenses, por lo que consideran que se ha facilitado que esta última nación aplique el modelo implementado en El Salvador a su centro de análisis transnacional antipandillas. A esto se suma la creación de una fuerza de tarea para la búsqueda de fugitivos internacionales que opera en la frontera sur de EUA y que es integrada por elementos de los dos países.
«El Salvador forma parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur, ubicada en Florida, en la que junto con otras 17 naciones socias coopera con el país norteamericano en una intensa labor para contrarrestar el narcotráfico en la región; a pesar de no ser productor, ni consumidor de drogas», plasma el comunicado.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
