Política
Diputados aprueban prórroga 27 del régimen de excepción para seguir el combate a las pandillas
Los diputados de la Asamblea Legislativa reafirmaron su compromiso de mantener la seguridad para los salvadoreños, al brindar los votos para la extensión 27 del régimen de excepción.
La continuidad de la medida fue aprobada con 57 votos y desde su implementación ha permitido a las autoridades combatir de forma legal y directa las estructuras delictivas que durante años causaron la muerte de miles de ciudadanos.
Gracias al régimen de excepción, El Salvador ha alcanzado 631 días sin homicidios y se han capturado a más de 80,500 personas con vínculos delincuenciales y entre ellos líderes de pandillas.
Según el decreto, es necesario mantener esta herramienta porque aún hay reductos criminales libres, y se deben continuar con los resultados positivos obtenidos, ya que han mejorado la calidad de vida de los salvadoreños.
La diputada Alexia Rivas expresó que el régimen ha permitido no solo combatir a las pandillas, sino también al crimen organizado y al narcotráfico y que, gracias al régimen, las encuestas revelan que 7 de cada 10 salvadoreños se siente seguro en el transporte público.
“Es tanta la efectividad de esta medida que ha llevado al Presidente a posicionarse como el mejor mandatario evaluado del mundo y además logró una votación histórica para su reelección”, aseguró la parlamentaria.
Rivas también sostuvo que esta herramienta es una exigencia que los salvadoreños le continúan haciendo a los diputados porque se sienten seguros con ella.
Su compañero de fracción, Caleb Navarro, destacó que gracias al régimen y a la implementación del Plan Control Territorial, se ha logrado posicionar a El Salvador como el país más seguro del hemisferio occidental.
“Esta medida ha sido fundamental para llevar paz, seguridad y bienestar a los salvadoreños y ha demostrado ser un éxito en la lucha contra la criminalidad en nuestro país, gracias a la visión del liderazgo del Presidente Bukele. Hemos pasado de ser la capital mundial de la muerte, a ser un país ejemplo de seguridad para otros”.
El parlamentario argumentó que la herramienta también ha permitido reducir la tasa de homicidios a 1.5 por cada 100,000 habitantes.
“Es importante recordar que en el pasado la violencia y la inseguridad eran moneda corriente, y los gobernantes de turno no mostraban interés real en resolver el problema de la delincuencia cediendo territorios enteros a las pandillas”, recordó Navarro.
Además, agregó que en la actualidad el Estado está decidido a erradicar de forma definitiva la existencia de las pandillas, para garantizar un futuro de paz y libertad para todos los ciudadanos.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
