Judicial
Desafuero del diputado Erick García se define este miércoles
La Asamblea Legislativa decidirá hoy en la sesión plenaria especial si retira el fuero constitucional del exdiputado de Nuevas Ideas, Érick García, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) del delito de falsedad Ideológica.
La plenaria está programada para las 1:00 de la tarde y el desafuero será el único punto a tratar. En el espacio donde se instala el podio serán colocadas dos mesas: una para el legislador y sus abogados, y la otra para la parte fiscal (ejercida por legisladores cian). Ambas partes presentarán sus argumentos y contrargumentos y posteriormente se procederá a la votación del pleno. Para lograr el desafuero se requerirá de la mayoría calificada, es decir, 56 votos. Los diputados del grupo parlamentario cian tienen esa cantidad de votos, pero también tienen el respaldo de GANA, PCN y PDC, qué suman ocho votos más.
La oposición política (ARENA, FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo) se han mantenido al margen de este tema y no han adelantado si votarán en el pleno para desaforar a García, quien la semana pasada también fue expulsado del grupo parlamanterio cyan.
En esa misma semana, el fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, presentó en la Asamblea Legislativa la solicitud de antejucio y el pleno legislativo procedió a la conformación de la comisión especial que estudió las pruebas presentadas en contra del legislador, en la cual supuestamente modificó la fecha de un documento de un crédito que obtuvo.
En esa comisión especial, que sesionó la semana pasada y emitió el dictamen favorable para el desafuero, le garantizó a Érick García el derecho de defensa al permitirle que nombrara a sus abogados defensores.
Según la postura del grupo parlamentario de Nuevas Ideas el retiro del fuero del legislador será una muestra fehaciente de que no tolerarán actos de corrupción entre sus miembros y que no protegerán a nadie, tal como ARENA y FMLN hicieron en el pasado.
No es la primera vez que la bancada cyan retira el fuero a sus diputados. En febrero del año pasado eliminó esa protección constitucional a José Ilofio García Torres y Gerardo Balmore Aguilar Soriano, acusados por la FGR de cohecho impropio (recibir sobornos) a cambio de dividir al grupo parlamentario de Nuevas Ideas.
Recordemos que recientemente, el diputado presidente de este Órgano de Estado, Ernesto Castro, afirmó que “Los diputados y el pueblo salvadoreño estamos pidiendo llegar a la verdad de este tema. El fuero ya no será el pretexto para cometer actos de corrupción. La justicia no tiene ideología o banderas políticas y eso es lo que como legisladores estamos tratando de arreglar”.
“La Asamblea Legislativa siempre estará dispuesta a cooperar con la FGR cuando solicite desaforar a otro funcionario”, agregó.
Por su parte, el parlamentario Christian Guevara informó en sus redes sociales: “Antes de la plenaria de desafuero, pasé por los tribunales. Los $50,000 de la demanda por difamación irán para el Bloom, así le devolverán algo de lo que por generaciones se han lucrado de los salvadoreños”.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
