Política
Conoces quienes son los asesores y colaboradores de los diputados de la Asamblea Legislativa
No haber sido electo para con cargo de elección popular, terminar su período como funcionario, formar parte de las cúpulas de los partidos, ser financista de los mismos, entre otros, son algunas de las experiencias que acumulan algunos de los asesores y colaboradores de los diputados en la Asamblea Legislativa.
De acuerdo con el listado de empleados de los partidos políticos que la Asamblea proporcionó a este medio, vía solicitud de acceso a la información, queda en evidencia que algunos de los empleados de las fracciones son llevados por su afinidad con los partidos, algunos de ellos no fueron electos por la población, pero aun así llegaron a los pasillos legislativos.
Entre los casos más llamativos, del listado de 1,160 empleados de los partidos, destaca que uno del grupo parlamentario del FMLN que tiene el privilegio de haber sido presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), hasta que la Sala de lo Constitucional decidió declarar inconstitucional su elección por vínculos partidarios con los oficialistas.
Se trata de José Salomón Padilla, quien se desempeña como “asesor” de los efemelenistas, sin detallar las funciones específicas de ese cargo, por la cantidad de $2,800 mensuales.
En el caso del FMLN, entre las filas de sus empleados hay candidatos que no fueron electos, como en todas las fracciones, así como excomandantes y miembros de la cúpula del partido. Lorena Peña, Misael Mejía, Rolando Mata, Blandino Nerio figuran en la lista de empleados, así como otros exfuncioanrios ligados a varias instituciones de gobierno como el Banco Central de Reserva (BCR) o el Centro Nacional de Registros (CNR).
El caso de Graciela Alejandra Gámez Zelada tiene el cargo de asesora de la fracción, pero también fue juramentada por el presidente Salvador Sánchez Cerén, en julio pasado, como una de los directores propietarios del Consejo Directivo del BCR, que de acuerdo a la ley orgánica de la institución, artículo nueve, fungirá por un período de cinco años.
Gámez Zelada también fue donante del FMLN, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción, desde el 2010 hasta el 2017, donde le donó más de $28,000 en los diferentes años. Así como ella hay otra mujer que aparece ligada, al menos hasta 2016, al Centro Nacional de Registros (CNR).
Vicepresidente de Ideología del COENA
Así como en el FMLN, entre las filas de empleados de ARENA, el partido con más trabajadores dentro de la institución, hay excandidatos a alcaldes, excandidatos a diputados, que no fueron electos por los cargos que competían, pero fueron contratados por los partidos.
Dentro de los empleados del partido hay dirigentes, uno de ellos es el vicepresidente de ideología del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Rolando Alvarenga, que además de su función en el partido es uno de los asesores de la fracción y ostenta uno de los mejores salarios dentro de los 1,160 empleados totales de la institución, con $3,500 mensuales.
También se encuentra Selim Alabi, el director propietario de la Junta de Vigilancia Electoral de ARENA y quien fue parte del Coena anterior. El se encuentra como asesor del grupo parlamentario tricolor con un salario mensual de$3,500.
Dentro de los empleados areneros, hay algunos que buscaron un curul, pero no lograron los votos necesarios, como el exdiputado Arístides Corpeño, quién buscó continuar como parlamentario por La Paz, pero no logró.
Otro de los empleados es José Mario Marisol Cristales, que se vio envuelto en una polémica en 2015 por ser contratado por la alcaldesa de Atiquizaya, en Ahuachapán, cuando su esposa era síndica de la municipalidad. Hecho que le valió a la alcaldía ser investigada por Corte de Cuentas de la República (CCR).
Hijo de expresidente de la Asamblea, dirigentes y exalcaldes cuestionados por corrupción
Dentro de la lista, hay apellidos que son recordados por los salvadoreños por su trayectoria en la política, uno de ellos es Zepada, por el expresidente del órgano legislativo y diputado por varios años, Ciro Cruz Zepeda. Si bien el pecenista no está ya en a Asamblea, ahora como empleado está su hijo.
El empleado número 168, ordenado de manera alfabética, corresponde al hijo del dirigente del PCN, Ciro Alexis Zepeda, que se desempeña como “Colaborador técnico V” del partido, con un salario de $3,125 mensuales. Uno de los pocos que sobrepasa la barrera de los tres mil dólares.
Así como el caso de los Zepeda, otra familia reconocida en la Asamblea son los Salgado, ya que no solo el secretario de Junta Directiva, Numan Salgado, los representa. Como diputada suplente y “asistente” del ahora partido celeste aparece la hija del empresario Will Salgado, Karla Yuriko Salgado, que recibe $2,000 por laborar para el partido GANA.
Dentro de los empleados del ex partido naranja aparecen nombres como Jesús Grande y Juan Pablo Herrera, dos exdiputados que buscaron la reelección pero no contaron con los votos en sus respectivos municipios. Asimismo, aparece un alcalde cuestionado por malversar fondos FODES, Víctor Manuel Martínez Aldana. Los exdiputados reciben $1,500 mensuales, mientras que el exedil $2,000.
El “top” de los mejores pagados
Entre todos los empleados contratados, hasta el 19 de noviembre del año pasado, hay 19 personas que ganan arriba de los $3,000 mensuales y solo hay uno de ellos que recibe $4,000, siendo este último el mejor pagado, casi igualando lo que un diputado de llanura, como se le conoce, recibe mensualmente.
Luis Guillermo Wellman Carpio mantiene, desde el 2015 que Lorena Peña compartió los asesores de aquel entonces, el lugar como el mejor pagado con los $4,000 mensuales, siendo el único que llega a esta cantidad. El partido ARENA lo contrató para desempeñarse como asesor.
Le siguen los empleados: Celia Madelin de Rosa Ferreira; $3,500; Gricelda Guadalupe Guevara Villalta, $3,500; Manuel Alfonso Rodríguez Zaldaña, $3,500; Norma Carolina Ramírez, $3,500; Rafael Lemus, $3,500; Alvarenga; $3,500; Selim Alabi, $3,500; Ricardo Humberto Contreras, $3,400 y Tomás Chévez Alarcón, $3,337.
También, Karla Maricela Ortiz Salazar, $3,250; Rafael Orlando Vásquez, $3,200; José Noberto Cubas Flores, $3,200 y Carlos Mario Pachecho Mendoza, Delmy Yesenia Orellana Palma, Gerardo Ernulfo Torres Melgar, José Norberto Campos Reyes, Lorena Peña, Ricardo Alberto Iglesias, Ricardo Arístides Guzmán, todos ellos con $3,000 cada uno.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
