Política
Conoces quienes son los asesores y colaboradores de los diputados de la Asamblea Legislativa
No haber sido electo para con cargo de elección popular, terminar su período como funcionario, formar parte de las cúpulas de los partidos, ser financista de los mismos, entre otros, son algunas de las experiencias que acumulan algunos de los asesores y colaboradores de los diputados en la Asamblea Legislativa.
De acuerdo con el listado de empleados de los partidos políticos que la Asamblea proporcionó a este medio, vía solicitud de acceso a la información, queda en evidencia que algunos de los empleados de las fracciones son llevados por su afinidad con los partidos, algunos de ellos no fueron electos por la población, pero aun así llegaron a los pasillos legislativos.
Entre los casos más llamativos, del listado de 1,160 empleados de los partidos, destaca que uno del grupo parlamentario del FMLN que tiene el privilegio de haber sido presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), hasta que la Sala de lo Constitucional decidió declarar inconstitucional su elección por vínculos partidarios con los oficialistas.
Se trata de José Salomón Padilla, quien se desempeña como “asesor” de los efemelenistas, sin detallar las funciones específicas de ese cargo, por la cantidad de $2,800 mensuales.
En el caso del FMLN, entre las filas de sus empleados hay candidatos que no fueron electos, como en todas las fracciones, así como excomandantes y miembros de la cúpula del partido. Lorena Peña, Misael Mejía, Rolando Mata, Blandino Nerio figuran en la lista de empleados, así como otros exfuncioanrios ligados a varias instituciones de gobierno como el Banco Central de Reserva (BCR) o el Centro Nacional de Registros (CNR).
El caso de Graciela Alejandra Gámez Zelada tiene el cargo de asesora de la fracción, pero también fue juramentada por el presidente Salvador Sánchez Cerén, en julio pasado, como una de los directores propietarios del Consejo Directivo del BCR, que de acuerdo a la ley orgánica de la institución, artículo nueve, fungirá por un período de cinco años.
Gámez Zelada también fue donante del FMLN, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción, desde el 2010 hasta el 2017, donde le donó más de $28,000 en los diferentes años. Así como ella hay otra mujer que aparece ligada, al menos hasta 2016, al Centro Nacional de Registros (CNR).
Vicepresidente de Ideología del COENA
Así como en el FMLN, entre las filas de empleados de ARENA, el partido con más trabajadores dentro de la institución, hay excandidatos a alcaldes, excandidatos a diputados, que no fueron electos por los cargos que competían, pero fueron contratados por los partidos.
Dentro de los empleados del partido hay dirigentes, uno de ellos es el vicepresidente de ideología del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Rolando Alvarenga, que además de su función en el partido es uno de los asesores de la fracción y ostenta uno de los mejores salarios dentro de los 1,160 empleados totales de la institución, con $3,500 mensuales.
También se encuentra Selim Alabi, el director propietario de la Junta de Vigilancia Electoral de ARENA y quien fue parte del Coena anterior. El se encuentra como asesor del grupo parlamentario tricolor con un salario mensual de$3,500.
Dentro de los empleados areneros, hay algunos que buscaron un curul, pero no lograron los votos necesarios, como el exdiputado Arístides Corpeño, quién buscó continuar como parlamentario por La Paz, pero no logró.
Otro de los empleados es José Mario Marisol Cristales, que se vio envuelto en una polémica en 2015 por ser contratado por la alcaldesa de Atiquizaya, en Ahuachapán, cuando su esposa era síndica de la municipalidad. Hecho que le valió a la alcaldía ser investigada por Corte de Cuentas de la República (CCR).
Hijo de expresidente de la Asamblea, dirigentes y exalcaldes cuestionados por corrupción
Dentro de la lista, hay apellidos que son recordados por los salvadoreños por su trayectoria en la política, uno de ellos es Zepada, por el expresidente del órgano legislativo y diputado por varios años, Ciro Cruz Zepeda. Si bien el pecenista no está ya en a Asamblea, ahora como empleado está su hijo.
El empleado número 168, ordenado de manera alfabética, corresponde al hijo del dirigente del PCN, Ciro Alexis Zepeda, que se desempeña como “Colaborador técnico V” del partido, con un salario de $3,125 mensuales. Uno de los pocos que sobrepasa la barrera de los tres mil dólares.
Así como el caso de los Zepeda, otra familia reconocida en la Asamblea son los Salgado, ya que no solo el secretario de Junta Directiva, Numan Salgado, los representa. Como diputada suplente y “asistente” del ahora partido celeste aparece la hija del empresario Will Salgado, Karla Yuriko Salgado, que recibe $2,000 por laborar para el partido GANA.
Dentro de los empleados del ex partido naranja aparecen nombres como Jesús Grande y Juan Pablo Herrera, dos exdiputados que buscaron la reelección pero no contaron con los votos en sus respectivos municipios. Asimismo, aparece un alcalde cuestionado por malversar fondos FODES, Víctor Manuel Martínez Aldana. Los exdiputados reciben $1,500 mensuales, mientras que el exedil $2,000.
El “top” de los mejores pagados
Entre todos los empleados contratados, hasta el 19 de noviembre del año pasado, hay 19 personas que ganan arriba de los $3,000 mensuales y solo hay uno de ellos que recibe $4,000, siendo este último el mejor pagado, casi igualando lo que un diputado de llanura, como se le conoce, recibe mensualmente.
Luis Guillermo Wellman Carpio mantiene, desde el 2015 que Lorena Peña compartió los asesores de aquel entonces, el lugar como el mejor pagado con los $4,000 mensuales, siendo el único que llega a esta cantidad. El partido ARENA lo contrató para desempeñarse como asesor.
Le siguen los empleados: Celia Madelin de Rosa Ferreira; $3,500; Gricelda Guadalupe Guevara Villalta, $3,500; Manuel Alfonso Rodríguez Zaldaña, $3,500; Norma Carolina Ramírez, $3,500; Rafael Lemus, $3,500; Alvarenga; $3,500; Selim Alabi, $3,500; Ricardo Humberto Contreras, $3,400 y Tomás Chévez Alarcón, $3,337.
También, Karla Maricela Ortiz Salazar, $3,250; Rafael Orlando Vásquez, $3,200; José Noberto Cubas Flores, $3,200 y Carlos Mario Pachecho Mendoza, Delmy Yesenia Orellana Palma, Gerardo Ernulfo Torres Melgar, José Norberto Campos Reyes, Lorena Peña, Ricardo Alberto Iglesias, Ricardo Arístides Guzmán, todos ellos con $3,000 cada uno.
La Asamblea Legislativa aprobó este martes la 42ª prórroga del régimen de excepción, que estará vigente hasta el 2 de octubre próximo. La medida, solicitada por el Ejecutivo a través del Consejo de Ministros, fue avalada con los votos de las bancadas de Nuevas Ideas, PCN y PDC.
Durante la sesión plenaria, la solicitud fue ingresada con modificación de agenda propuesta por el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, y aprobada con dispensa de trámites. La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, votó en contra, mientras que los legisladores de ARENA, Marcela Villatoro y Francisco Lira, no participaron en la votación.
Según la petición del Ejecutivo, la extensión del régimen busca mantener el combate contra remanentes de pandillas que aún operan en algunas comunidades y garantizar la seguridad ciudadana.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la medida señalando que gracias al régimen de excepción y al Plan Control Territorial, El Salvador cerró 2024 con una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes, y proyecta finalizar 2025 con un índice entre 1 y 1.3.
El régimen de excepción fue decretado por primera vez el 27 de marzo de 2022 y desde entonces ha sido prorrogado de manera continua.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
