Política
Comisión de Economía busca que empresas cumplan garantías de consumidores
Para que las empresas o negocios no evadan la responsabilidad de cumplir con los derechos de los usuarios, relativo a la ejecución de garantías tras adquirir bienes o productos, los diputados de la Comisión de Economía emitieron un dictamen favorable para reformar el artículo 33-A de la Ley de Protección al Consumidor.
Dicho apartado trata sobre los alcances y beneficios que resultan de poder apelar por un cambio o devolución monetaria de servicios deficientes o productos averiados, como vehículos, aparatos electrónicos, entre otros.
“El tema de garantías es un talón de Aquiles, pues las empresas muchas veces se aprovechan porque las personas no guardan sus facturas o los documentos de garantías y es ahí en donde tratan de evadir sus responsabilidades de responderle al consumidor”, comentó el parlamentario Jonathan Hernández.
El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, fue recibido por la mesa de trabajo para analizar las enmiendas de la normativa.
De acuerdo al funcionario, desde junio de 2019 a octubre de 2022, la institución que representa ha atendido a 18,506 consumidores sobre el tema de garantías. De ese total, un 61.8% ha consultado sobre el respaldo de artículos del hogar y electrodomésticos; un 16.9%, sobre servicios de telecomunicaciones.
De esos más de 18 mil consultantes, un total de 4,011 pasaron a ser catalogadas como denuncias por existencia de incumplimientos a la Ley de Protección al Consumidor, siempre vinculados a garantías.
La institución logró atender de forma favorable a más de 2, 978 consumidores y esto se transforma a una recuperación económica de más de un millón 814 mil dólares, de acuerdo a lo expuesto por Salazar.
“Como comisión siempre hemos apoyado a la Defensoría al darle herramientas necesarias para seguir trabajando en pro de la población y hoy queremos darle más facultades para que puedan cuidar el bolsillo de los salvadoreños”, aseguró el diputado Hernández.
Durante la discusión, los parlamentarios determinaron que una vez sea aprobada la propuesta del dictamen en la próxima sesión plenaria no habrá excusas para que los comerciantes no respondan por un producto defectuoso o servicio deficiente al no tener una factura, porque deberán tener un registro electrónico.
El Ministerio de Hacienda exige que toda empresa, sea pequeña o grande, debe de tener un registro de sus facturas y estas deben de ser guardada durante 10 años, recordó la comisión.
Por ello, uno de los cambios será la clasificación de las infracciones de gran alcance: “Son infracciones graves las acciones u omisiones de no llevar un registro electrónico y físico de certificados, facturas o documentos que amparen la garantía”.
“Los ciudadanos se esfuerzan para obtener un artículo y es por eso que nosotros queremos proteger ese sacrificio económico que hacen para comprar un electrodoméstico, por ejemplo”, dijo el diputado Rodrigo Ayala, presidente de la junta.
Ante la modificación propuesta, Salazar indicó que: “Esta reforma es favorable, pues uno de los motivos principales es que, lamentablemente, el consumidor pierde los documentos (facturas) o estos no son entregados en el momento de la compra, relacionados al alcance de la garantía que establece los términos y condiciones”.
También explicó que hay otros casos en los que se puede deteriorar la factura, ya sea por el paso del tiempo o por un accidente, y es aquí en donde el consumidor no tiene cómo comprobar la adquisición del producto.
“Muchas veces los comerciantes culpan a los consumidores por no poseer la factura o simplemente no estamos acostumbrados a guardar documentos”, aseguró la legisladora Aronette Mecía.
De ser avalada la reforma, la Defensoría tendría la facultad para sancionar a los proveedores que falten a la entrega de las facturas o documentos de garantías.
Con el propósito de evitar que factores externos eleven el precio que los salvadoreños pagan por el cilindro de gas propano, con 60 votos, la Asamblea Legislativa prorrogó, hasta el 31 de mayo de 2026, la Ley Especial y Transitoria para la Estabilización de los Precios del Gas Licuado de Petróleo.
La medida beneficiará a más del 80 % de la población, permitiéndoles seguir adquiriendo el producto, en sus diferentes presentaciones, a un precio accesible.
Este marco legal fue aprobado el 13 de junio de 2023 para contrarrestar la constante fluctuación del precio internacional de los hidrocarburos, el cual incide directa y negativamente en el precio que paga la población.
El diputado William Soriano explicó que de no aprobarse esta prórroga –que vence el próximo 31 de mayo– a partir de junio de 2025 las familias podrían adquirir el gas para cocinar a un precio de hasta $15.00 por cilindro.
“Esta medida temporal permite estabilizar los precios del gas licuado de petróleo para beneficiar a las amas de casa, las que hace las pupusas, a las que tienen comedor; ellas no van a tener que pagar los crecimientos o fluctuaciones del gas licuado de petróleo que ustedes usan para cocinar o en sus negocios”, expresó el legislador.
Durante el estudio del anteproyecto, el director general de subsidios del Ministerio de Hacienda, Juan Francisco Grande, explicó a los diputados que las condiciones que originaron la emisión de la ley siguen afectando la economía de las familias, por lo que es necesario ampliar su vigencia por 12 meses.
Además, detalló que este mecanismo consiste en transferencias de subsidios dirigidas a los consumidores y canalizadas, a través de las empresas envasadoras que comercializan gas licuado por medio de cilindros.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que, entre el 8 de octubre de 2025 y el 27 de febrero de 2026, los ciudadanos salvadoreños podrán modificar su dirección de residencia en el Documento Único de Identidad (DUI), lo que determinará el lugar donde emitirán su voto en las elecciones del 28 de febrero de 2027.
La medida forma parte del calendario electoral oficial que fue aprobado por unanimidad en sesión plenaria por los magistrados del organismo colegiado, incluyendo a su presidenta, Roxana Soriano. El TSE detalló que el calendario busca garantizar transparencia, participación informada y cumplimiento oportuno de todos los actores involucrados en el proceso electoral.
Entre las fechas clave se encuentran:
- Cierre del registro electoral: del 11 de mayo al 30 de octubre de 2026.
- Convocatoria oficial a elecciones: 30 de septiembre de 2026.
- Inscripción y propaganda de candidatos:
- Diputados: del 1° de octubre de 2026 al 24 de febrero de 2027.
- Concejos municipales: del 9 de noviembre de 2026 al 24 de febrero de 2027.
El TSE también estableció el periodo del 30 de marzo al 7 de abril de 2027 para la entrega de credenciales a los funcionarios electos.
Durante los comicios de 2027, los salvadoreños elegirán a 60 diputados de la Asamblea Legislativa y a los miembros de 44 concejos municipales. En los comicios anteriores, celebrados el 4 de febrero de 2024, el padrón electoral alcanzó los 6.1 millones de ciudadanos, y la participación fue de 3,232,834 votantes, de los cuales el 70.55 % apoyó al partido Nuevas Ideas.
El TSE informó que, con la aprobación del calendario, también se elaborará el Plan General de Elecciones (PLAGEL), el cual incluye 46 programas logísticos, técnicos y operativos, distribuidos entre el ámbito nacional (24) y el exterior (22), con el objetivo de asegurar un proceso “eficiente e incluyente”.
“Reafirmamos nuestro compromiso de promover elecciones modernas y participativas, fortaleciendo la confianza ciudadana en el sistema democrático del país”, concluyó el organismo en su comunicado oficial.
Para consultar el calendario completo y más detalles del proceso, los ciudadanos pueden visitar el sitio oficial del TSE: www.tse.gob.sv
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio a conocer este lunes las fechas clave que conforman el calendario electoral rumbo a los comicios de 2027, entre las que destaca el período habilitado para realizar el cambio de domicilio en el Documento Único de Identidad (DUI).
Durante una sesión plenaria, los magistrados del organismo colegiado aprobaron por unanimidad el cronograma electoral, con el objetivo de garantizar la transparencia, la participación ciudadana informada y el cumplimiento de los plazos por parte de los actores políticos, las instituciones del Estado y la población en general.
Entre las fechas más relevantes del calendario figuran:
- Actualización de domicilio en el DUI: del 8 de octubre de 2025 al 27 de febrero de 2026.
- Cierre del Registro Electoral: del 11 de mayo al 30 de octubre de 2026.
- Convocatoria oficial a elecciones: 30 de septiembre de 2026.
- Inscripción y propaganda electoral: del 1 de octubre de 2026 al 24 de febrero de 2027 para candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa, y del 9 de noviembre de 2026 al 24 de febrero de 2027 para candidatos a concejos municipales.
El TSE indicó que, tras la aprobación del calendario, se elaborará el Plan General de Elecciones (PLAGEL), que contempla un total de 46 programas estratégicos, divididos en 24 a nivel nacional y 22 en el extranjero. Estos abarcan áreas logísticas, técnicas y operativas, con el propósito de garantizar un proceso electoral ordenado, eficiente e incluyente.
