Política
Comisión de Economía busca que empresas cumplan garantías de consumidores
Para que las empresas o negocios no evadan la responsabilidad de cumplir con los derechos de los usuarios, relativo a la ejecución de garantías tras adquirir bienes o productos, los diputados de la Comisión de Economía emitieron un dictamen favorable para reformar el artículo 33-A de la Ley de Protección al Consumidor.
Dicho apartado trata sobre los alcances y beneficios que resultan de poder apelar por un cambio o devolución monetaria de servicios deficientes o productos averiados, como vehículos, aparatos electrónicos, entre otros.
“El tema de garantías es un talón de Aquiles, pues las empresas muchas veces se aprovechan porque las personas no guardan sus facturas o los documentos de garantías y es ahí en donde tratan de evadir sus responsabilidades de responderle al consumidor”, comentó el parlamentario Jonathan Hernández.
El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, fue recibido por la mesa de trabajo para analizar las enmiendas de la normativa.
De acuerdo al funcionario, desde junio de 2019 a octubre de 2022, la institución que representa ha atendido a 18,506 consumidores sobre el tema de garantías. De ese total, un 61.8% ha consultado sobre el respaldo de artículos del hogar y electrodomésticos; un 16.9%, sobre servicios de telecomunicaciones.
De esos más de 18 mil consultantes, un total de 4,011 pasaron a ser catalogadas como denuncias por existencia de incumplimientos a la Ley de Protección al Consumidor, siempre vinculados a garantías.
La institución logró atender de forma favorable a más de 2, 978 consumidores y esto se transforma a una recuperación económica de más de un millón 814 mil dólares, de acuerdo a lo expuesto por Salazar.
“Como comisión siempre hemos apoyado a la Defensoría al darle herramientas necesarias para seguir trabajando en pro de la población y hoy queremos darle más facultades para que puedan cuidar el bolsillo de los salvadoreños”, aseguró el diputado Hernández.
Durante la discusión, los parlamentarios determinaron que una vez sea aprobada la propuesta del dictamen en la próxima sesión plenaria no habrá excusas para que los comerciantes no respondan por un producto defectuoso o servicio deficiente al no tener una factura, porque deberán tener un registro electrónico.
El Ministerio de Hacienda exige que toda empresa, sea pequeña o grande, debe de tener un registro de sus facturas y estas deben de ser guardada durante 10 años, recordó la comisión.
Por ello, uno de los cambios será la clasificación de las infracciones de gran alcance: “Son infracciones graves las acciones u omisiones de no llevar un registro electrónico y físico de certificados, facturas o documentos que amparen la garantía”.
“Los ciudadanos se esfuerzan para obtener un artículo y es por eso que nosotros queremos proteger ese sacrificio económico que hacen para comprar un electrodoméstico, por ejemplo”, dijo el diputado Rodrigo Ayala, presidente de la junta.
Ante la modificación propuesta, Salazar indicó que: “Esta reforma es favorable, pues uno de los motivos principales es que, lamentablemente, el consumidor pierde los documentos (facturas) o estos no son entregados en el momento de la compra, relacionados al alcance de la garantía que establece los términos y condiciones”.
También explicó que hay otros casos en los que se puede deteriorar la factura, ya sea por el paso del tiempo o por un accidente, y es aquí en donde el consumidor no tiene cómo comprobar la adquisición del producto.
“Muchas veces los comerciantes culpan a los consumidores por no poseer la factura o simplemente no estamos acostumbrados a guardar documentos”, aseguró la legisladora Aronette Mecía.
De ser avalada la reforma, la Defensoría tendría la facultad para sancionar a los proveedores que falten a la entrega de las facturas o documentos de garantías.
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la operación militar para detener a Nicolás Maduro, acusado por Washington de dirigir un cartel de narcotráfico.
«El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su ac El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su actuación se dirige contra una organización criminal transnacional. Combatir el narcotráfico es una preocupación legítima y compartida por las democracias. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando el poder se ejerce sin límites democráticos, incluso frente a enemigos reales, se corre el riesgo de reproducir aquello que se dice combatir», reaccionó en X.
La legisladora sostuvo que el desafío para la región no es solo combatir el crimen organizado, «sino hacerlo sin convertir la excepción en regla ni debilitar el Estado de derecho. Sin instituciones activas no hay democracia que resista».
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reaccionó a la publicación de la legisla dora. «Entiendo, entonces, lo siguiente: Usted rechaza las acciones gracias a las cuales EE. UU. ha capturado a Nicolás Maduro. Además, condena el “poder sin límites” refiriéndose al presidente Trump».
«También deja claro que DESLEGITIMA todo lo que hará el presidente Trump en Venezuela», agregó Castro. Sin embargo, Maduro y sus aliados han convertido las instituciones venezolanas en un semillero de corrupción.
En un comunicado, el FMLN rechazó el operativo militar estadounidense que terminó con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.
«El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) expresa su más firme y fraterna solidaridad con el pueblo venezolano y su Gobierno legítimo, ante los ataques militares perpetrados por Estados Unidos en la madrugada de este 3 de enero de 2026», se lee en el documento.
Las autoridades del partido de izquierda condenaron «enérgicamente esta nueva agresión imperialista, que atenta contra la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y el derecho de Venezuela a decidir su propio destino sin injerencias externas».
El partido opositor reafirmó su «compromiso antiimperialista, internacionalista y solidario, y hacemos un llamado a los pueblos del mundo a alzar la voz y a no guardar silencio ante esta escalada de violencia».
El instituto político, que gobernó El Salvador desde 2009 hasta 2019, fue un aliado incondicional del régimen venezolano, que usó la iniciativa ALBA para finan ciar un enorme consorcio empresarial del partido, que en la actualidad está bajo una investigación de la Fiscalía por lavado de dinero.
El FMLN es uno de los partidos que re conocía el controversial mandato del dictador Maduro, el cual fue rechazado interna cionalmente por la falta de transparencia en el proceso electoral.
«Vino calladito. Él no quería que se supiera que estaba aquí. Traía muy buenas noticias a Bukele. La mejor noticia que te puedo decir, Bukele, es que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional es parte del movimiento mundial antifascista», aseguró Maduro ante sus seguido res en un video difundido en redes sociales en enero del año pasado, que se convirtió en un ataque verbal hacia el presidente Nayib Bukele.
Nicolás Maduro fue juramentado por tercera vez como mandatario de Venezuela luego de unas cuestionables elecciones en 2024, en las que el bloque opositor al gobernante venezolano, encabezado por Ma ría Corina Machado, con Edmundo González Urrutia como candidato presidencial, aseguró que ganó los comicios.
Pese a los cuestionamientos internos e internacionales, Maduro se negó a permitir auditorías internacionales y aseguró que el proceso lo declaró ganador. Además, las autoridades venezolanas arrestaron a varios opositores, razón por lo que González Urrutia salió del país tras las elecciones.
«Desde El Salvador expresamos nuestro respaldo al compañero presidente Nicolás Maduro Moros, a las instituciones legítimas del Estado venezolano y al camino de justicia social, autodeterminación y lucha antiimperialista», expresó el FMLN en esa ocasión.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer, sin el acompañamiento de ARENA y VAMOS, la Ley del Presupuesto General del Estado y Presupuestos Especiales y la Ley de Salarios para el Ejercicio Fiscal 2026, lo que confirma la apuesta del Gobierno del presidente Nayib Bukele de mantener la inversión en el área social y potenciar el crecimiento y el desarrollo económico.
El monto global del plan de gastos, que tiene ingresos corrientes por $8,950.6 millones y fue votado favorable por los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC, totaliza $10,555.5 millones, y representa un incremento de $892.6 millones respecto al presupuesto aprobado para el actual ejercicio fiscal.
El ramo de Educación recibe $1,683.4 millones, con un incremento de 9.3 % respecto al presupuesto de 2025, explicaron diputados de Nuevas Ideas que participaron en la deliberación en el pleno legislativo.
De estos recursos, $170.5 millones serán para el programa Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia, que tiene por finalidad la formación continua de docentes de educación inicial y parvularia, la entrega de materiales pedagógicos y la mejora de la infraestructura educativa a escala nacional.
Otro monto significativo que ejecutará la cartera de Educación el próximo año son $100 millones para la construcción y el mejoramiento de la infraestructura educativa por medio del programa del presidente Bukele, Dos Escuelas por Día. Recientemente, el mandatario inauguró en simultáneo 70 centros escolares.
El Ministerio de Salud tiene $1,345.5 millones, y presenta un incremento de 14.1 % en comparación con el plan de gastos del presente ejercicio fiscal. Servirán, entre otros aspectos, para financiar la dotación de medicamentos, insumos médicos y vacunas en la red hospitalaria pública por $262.5 millones; mientras que $106.9 millones se destinarán al Sistema de Telemedicina en El Salvador, con la finalidad de ampliar la atención médica mediante la implementación de la plataforma DoctorSV.
Seguridad y Defensa tiene asignados $1,037.2 millones, con un incremento de 14.8 % respecto al plan de gastos votado para 2025. La consolidación del Plan Control Territorial es parte de la apuesta principal. Se continuará con la dotación de uniformes, el equipamiento, la flota vehicular y el mejoramiento de la infraestructura policial.
También con la entrega de bonos mensuales y trimestrales para el personal operativo y administrativo. Asimismo, continuará la entrega de subsidios en favor de la población, para lo cual se destinaron $238.7 millones; $114.6 millones serán para el subsidio del gas licuado de petróleo, $60 millones para el subsidio del transporte y $64.1 millones para el subsidio de energía eléctrica.
De igual forma, $52 millones son para la entrega del bono agrícola y $60.9 millones para continuar con el programa de agromercados a escala nacional.
