Política
Comisión de Economía busca que empresas cumplan garantías de consumidores
Para que las empresas o negocios no evadan la responsabilidad de cumplir con los derechos de los usuarios, relativo a la ejecución de garantías tras adquirir bienes o productos, los diputados de la Comisión de Economía emitieron un dictamen favorable para reformar el artículo 33-A de la Ley de Protección al Consumidor.
Dicho apartado trata sobre los alcances y beneficios que resultan de poder apelar por un cambio o devolución monetaria de servicios deficientes o productos averiados, como vehículos, aparatos electrónicos, entre otros.
“El tema de garantías es un talón de Aquiles, pues las empresas muchas veces se aprovechan porque las personas no guardan sus facturas o los documentos de garantías y es ahí en donde tratan de evadir sus responsabilidades de responderle al consumidor”, comentó el parlamentario Jonathan Hernández.
El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, fue recibido por la mesa de trabajo para analizar las enmiendas de la normativa.
De acuerdo al funcionario, desde junio de 2019 a octubre de 2022, la institución que representa ha atendido a 18,506 consumidores sobre el tema de garantías. De ese total, un 61.8% ha consultado sobre el respaldo de artículos del hogar y electrodomésticos; un 16.9%, sobre servicios de telecomunicaciones.
De esos más de 18 mil consultantes, un total de 4,011 pasaron a ser catalogadas como denuncias por existencia de incumplimientos a la Ley de Protección al Consumidor, siempre vinculados a garantías.
La institución logró atender de forma favorable a más de 2, 978 consumidores y esto se transforma a una recuperación económica de más de un millón 814 mil dólares, de acuerdo a lo expuesto por Salazar.
“Como comisión siempre hemos apoyado a la Defensoría al darle herramientas necesarias para seguir trabajando en pro de la población y hoy queremos darle más facultades para que puedan cuidar el bolsillo de los salvadoreños”, aseguró el diputado Hernández.
Durante la discusión, los parlamentarios determinaron que una vez sea aprobada la propuesta del dictamen en la próxima sesión plenaria no habrá excusas para que los comerciantes no respondan por un producto defectuoso o servicio deficiente al no tener una factura, porque deberán tener un registro electrónico.
El Ministerio de Hacienda exige que toda empresa, sea pequeña o grande, debe de tener un registro de sus facturas y estas deben de ser guardada durante 10 años, recordó la comisión.
Por ello, uno de los cambios será la clasificación de las infracciones de gran alcance: “Son infracciones graves las acciones u omisiones de no llevar un registro electrónico y físico de certificados, facturas o documentos que amparen la garantía”.
“Los ciudadanos se esfuerzan para obtener un artículo y es por eso que nosotros queremos proteger ese sacrificio económico que hacen para comprar un electrodoméstico, por ejemplo”, dijo el diputado Rodrigo Ayala, presidente de la junta.
Ante la modificación propuesta, Salazar indicó que: “Esta reforma es favorable, pues uno de los motivos principales es que, lamentablemente, el consumidor pierde los documentos (facturas) o estos no son entregados en el momento de la compra, relacionados al alcance de la garantía que establece los términos y condiciones”.
También explicó que hay otros casos en los que se puede deteriorar la factura, ya sea por el paso del tiempo o por un accidente, y es aquí en donde el consumidor no tiene cómo comprobar la adquisición del producto.
“Muchas veces los comerciantes culpan a los consumidores por no poseer la factura o simplemente no estamos acostumbrados a guardar documentos”, aseguró la legisladora Aronette Mecía.
De ser avalada la reforma, la Defensoría tendría la facultad para sancionar a los proveedores que falten a la entrega de las facturas o documentos de garantías.
Como parte de los preparativos de cara a los comicios generales de 2027, la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) prevé desarrollar 66 misiones de verificación del proceso de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) en el exterior.
El director propietario de la JVE por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Alexis Zepeda, aseguró que el derecho al voto de la diáspora está garantizado para los comicios del 28 de febrero de 2027.
«Nosotros tenemos un presupuesto para hacer las misiones de fiscalización en el extranjero. Tenemos más de 66 misiones para el voto en el presupuesto extraordinario, divididas entre los 11 institutos políticos que conformamos la JVE», explicó Zepeda.
Señaló que este proceso de fiscalización iniciará en septiembre próximo, con base en las coordinaciones que se hagan con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las oficinas del RNPN ubicadas en diferentes países y consulados de El Salvador serán visitadas por la JVE con el propósito de verificar el debido proceso de emisión del DUI.
Zepeda reiteró que en las misiones en el extranjero, así como en las previstas en territorio nacional, participan los directores que representan a los 13 institutos políticos.
A la vez, dijo que estas misiones permitirán hacer un diagnóstico de las ciudades donde hay más concentración de salvadoreños.
En el territorio nacional también se desarrollará el proceso de fiscalización de duicentros, identificando los que tiene mayor afluencia.
Asimismo, enfatizó que la renovación masiva del DUI es importante para que la población tenga actualizado su documento y pueda ejercer su voto.
«Es fundamental que la gente esté en orden para aparecer en los padrones electorales. Si alguien no aparece en el padrón electoral, no puede ejercer el sufragio. Hemos solicitado, como Junta de Vigilancia Electoral, una audiencia para reunirnos con la junta directiva del RNPN para ver el plan de acción [de duización masiva]», indicó Zepeda.
Por otra parte, señaló que como JVE están verificando que se cumplan los tiempos establecidos en el calendario electoral publicado por el TSE
Zepeda comentó que las coordinaciones con el organismo colegiado y la JVE «son excelentes», y permiten desarrollar un proceso de fiscalización apegado a la ley
«Por mandato de ley se establece que verificamos el calendario electoral. Vamos viendo por tiempos cómo se va realizando todo el proceso en que se está organizando una elección. La relación que tenemos con el actual Tribunal Supremo Electoral, para mí, es una de las mejores de la historia», aseveró.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reiteró que participará en las elecciones legislativas del 28 de febrero de 2027 con el objetivo de buscar un tercer período como diputado del partido Nuevas Ideas.
Castro señaló que su decisión responde a que aún considera que hay muchas cosas por hacer en el país, aunque aclaró que primero deberán cumplirse los procesos correspondientes, como las elecciones internas del partido y el proceso electoral.
Indicó que mantendría su forma de trabajo con puertas abiertas a la población, comunicadores y creadores de contenido, y aseguró que no permitirá el regreso de prácticas del pasado, como la corrupción y el despilfarro.
Además, afirmó que la historia ha mostrado las razones por las que, según él, la población no apoya a la oposición en la Asamblea Legislativa.
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la operación militar para detener a Nicolás Maduro, acusado por Washington de dirigir un cartel de narcotráfico.
«El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su ac El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su actuación se dirige contra una organización criminal transnacional. Combatir el narcotráfico es una preocupación legítima y compartida por las democracias. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando el poder se ejerce sin límites democráticos, incluso frente a enemigos reales, se corre el riesgo de reproducir aquello que se dice combatir», reaccionó en X.
La legisladora sostuvo que el desafío para la región no es solo combatir el crimen organizado, «sino hacerlo sin convertir la excepción en regla ni debilitar el Estado de derecho. Sin instituciones activas no hay democracia que resista».
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reaccionó a la publicación de la legisla dora. «Entiendo, entonces, lo siguiente: Usted rechaza las acciones gracias a las cuales EE. UU. ha capturado a Nicolás Maduro. Además, condena el “poder sin límites” refiriéndose al presidente Trump».
«También deja claro que DESLEGITIMA todo lo que hará el presidente Trump en Venezuela», agregó Castro. Sin embargo, Maduro y sus aliados han convertido las instituciones venezolanas en un semillero de corrupción.
