Política
Comisión de Economía busca que empresas cumplan garantías de consumidores
Para que las empresas o negocios no evadan la responsabilidad de cumplir con los derechos de los usuarios, relativo a la ejecución de garantías tras adquirir bienes o productos, los diputados de la Comisión de Economía emitieron un dictamen favorable para reformar el artículo 33-A de la Ley de Protección al Consumidor.
Dicho apartado trata sobre los alcances y beneficios que resultan de poder apelar por un cambio o devolución monetaria de servicios deficientes o productos averiados, como vehículos, aparatos electrónicos, entre otros.
“El tema de garantías es un talón de Aquiles, pues las empresas muchas veces se aprovechan porque las personas no guardan sus facturas o los documentos de garantías y es ahí en donde tratan de evadir sus responsabilidades de responderle al consumidor”, comentó el parlamentario Jonathan Hernández.
El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, fue recibido por la mesa de trabajo para analizar las enmiendas de la normativa.
De acuerdo al funcionario, desde junio de 2019 a octubre de 2022, la institución que representa ha atendido a 18,506 consumidores sobre el tema de garantías. De ese total, un 61.8% ha consultado sobre el respaldo de artículos del hogar y electrodomésticos; un 16.9%, sobre servicios de telecomunicaciones.
De esos más de 18 mil consultantes, un total de 4,011 pasaron a ser catalogadas como denuncias por existencia de incumplimientos a la Ley de Protección al Consumidor, siempre vinculados a garantías.
La institución logró atender de forma favorable a más de 2, 978 consumidores y esto se transforma a una recuperación económica de más de un millón 814 mil dólares, de acuerdo a lo expuesto por Salazar.
“Como comisión siempre hemos apoyado a la Defensoría al darle herramientas necesarias para seguir trabajando en pro de la población y hoy queremos darle más facultades para que puedan cuidar el bolsillo de los salvadoreños”, aseguró el diputado Hernández.
Durante la discusión, los parlamentarios determinaron que una vez sea aprobada la propuesta del dictamen en la próxima sesión plenaria no habrá excusas para que los comerciantes no respondan por un producto defectuoso o servicio deficiente al no tener una factura, porque deberán tener un registro electrónico.
El Ministerio de Hacienda exige que toda empresa, sea pequeña o grande, debe de tener un registro de sus facturas y estas deben de ser guardada durante 10 años, recordó la comisión.
Por ello, uno de los cambios será la clasificación de las infracciones de gran alcance: “Son infracciones graves las acciones u omisiones de no llevar un registro electrónico y físico de certificados, facturas o documentos que amparen la garantía”.
“Los ciudadanos se esfuerzan para obtener un artículo y es por eso que nosotros queremos proteger ese sacrificio económico que hacen para comprar un electrodoméstico, por ejemplo”, dijo el diputado Rodrigo Ayala, presidente de la junta.
Ante la modificación propuesta, Salazar indicó que: “Esta reforma es favorable, pues uno de los motivos principales es que, lamentablemente, el consumidor pierde los documentos (facturas) o estos no son entregados en el momento de la compra, relacionados al alcance de la garantía que establece los términos y condiciones”.
También explicó que hay otros casos en los que se puede deteriorar la factura, ya sea por el paso del tiempo o por un accidente, y es aquí en donde el consumidor no tiene cómo comprobar la adquisición del producto.
“Muchas veces los comerciantes culpan a los consumidores por no poseer la factura o simplemente no estamos acostumbrados a guardar documentos”, aseguró la legisladora Aronette Mecía.
De ser avalada la reforma, la Defensoría tendría la facultad para sancionar a los proveedores que falten a la entrega de las facturas o documentos de garantías.
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
Política
Raquel Caballero continuará al frente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
Para continuar velando por la protección e integridad de los salvadoreños y evitar vulneraciones en contra de estos, los diputados de la Asamblea Legislativa eligieron, con 57 votos, a Raquel Caballero de Guevara como titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
La funcionaria fue juramentada por el presidente del Órgano Legislativo, Ernesto Castro, para que cumpla un tercer periodo al frente de dicha institución. Su cargo iniciará este 16 de octubre y se mantendrá hasta el 15 de octubre de 2028.
Dicho nombramiento forma parte del compromiso parlamentario de elegir en el tiempo establecido —y de forma transparente y democrática— a los funcionarios de segundo grado, tal como lo establece la Constitución de la República.
El jefe de la bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara, recordó que la Comisión Política verificó la información de cada uno de los aspirantes y las entrevistas fueron abiertas, para garantizar un proceso transparente «como siempre se ha hecho”.
Perfil de la procuradora electa
Caballero de Guevara es abogada y notaria de la República. Desempeñó su primer período en la PDDH de 2016 a 2019 y el segundo fue de 2022 a 2025.
Además, es presidenta de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO) y de la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción de los Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA).
También, es representante ante el Comité de Finanzas de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANRHI) y es coordinadora general de la Red Iberoamericana de Medio Ambiente.
Entre los logros de su segunda gestión destaca la firma de más de 168,000 acciones de protección para la ciudadanía, según expuso en la Comisión Política, durante el proceso de entrevistas.
En dicha jornada también detalló que en su administración se han trabajado cuatro ejes en apoyo a la población, atendiendo 51,715 procesos.
De estos: 22,339 corresponden a orientaciones (asesoramiento y acompañamiento para ayudar a las personas a conocer, proteger y ejercer sus derechos); 6,062 a expedientes de acción inmediata (registros de diligencias); 3,379 expedientes de investigación que están en trámite y 19,935 solicitudes sobre personas privadas de libertad —reportadas desde años anteriores— por causa de la delincuencia.
Además, se ha saldado la mora histórica que existía en la institución, al dar seguimiento y resolución a 27,000 expedientes rezagados desde la creación de la entidad, en 1992.
Entre sus objetivos de trabajo para este nuevo periodo, Caballero expuso que dará continuidad al proceso de modernización de la Procuraduría y la implementación de nuevos sistemas tecnológicos.
La Asamblea Legislativa aprobó, con dispensa de trámite, tres iniciativas presentadas por el Ejecutivo relacionadas con el aguinaldo, entre ellas la exoneración del pago de impuestos a quienes reciban hasta $1,500, la posibilidad de pagar este beneficio entre octubre y diciembre, y la homologación de las disposiciones para empleados del sector público y privado.
Las propuestas fueron incorporadas a la agenda y aprobadas sin pasar a estudio de comisión, a solicitud del jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara.
El subjefe de bancada oficialista, Caleb Navarro, explicó que quienes reciban un aguinaldo superior a $1,500 solo tributarán por la cantidad excedente.
En concreto, la primera iniciativa declara no gravable el aguinaldo de hasta $1,500 para el ejercicio fiscal 2025. La segunda reforma el Código de Trabajo para permitir el pago de este beneficio entre el 20 de octubre y el 20 de diciembre de cada año. La tercera enmienda amplía el periodo de pago de la compensación adicional en efectivo para empleados públicos desde octubre.
Las medidas contaron con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, PDC, PCN, Arena y Vamos, y entrarán en vigor una vez sean publicadas en el Diario Oficial, tras la sanción del Ejecutivo.
