Política
Asamblea Legislativa acuerda suspender por 15 más plazos procesales administrativos y judiciales
La Asamblea Legislativa suspendió durante 15 días más, los términos y plazos procesales en los procedimientos administrativos y procesos judiciales, cualquiera que sea la materia y la instancia en la que se encuentren; asimismo se suspende el plazo y celebración de audiencias de la jurisdicción penal común, jurisdicciones especializadas en materia penal, aplicándose a las audiencias que se celebran en sedes administrativas, dentro de lo resuelto por la Sala de lo Constitucional.
Los diputados determinaron que quedan excluidos de esta disposición los plazos previstos por la Constitución de la República para la detención administrativa, el término de inquirir y consecuentemente, las audiencias derivadas de este último; así como lo relativo a las medidas de protección en materia de violencia intrafamiliar y los procesos a los que se refiere la Ley de Procedimientos Constitucionales promovidos en el marco de esta situación sanitaria.
El decreto establece que «es necesario emitir una nueva disposición que permita proteger a los servidores públicos y población en general, frente a la actual situación sanitaria que atraviesa el país, y que no se afecten derechos o garantías fundamentales, suspendiendo los referidos plazos; la medida podrá ser prorrogada de mantenerse las condiciones sanitarias que lo justifiquen».
Entre los considerandos se expone que mediante Decreto Legislativo n° 644, del 14 de mayo pasado, se decretó la Disposición Transitoria para la Ampliación de Plazos Judiciales y Administrativos en el marco de la Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por Covid-19, la cual la extendió hasta el 24 de mayo la suspensión de plazos judiciales y administrativos, mediante Decreto Legislativo n° 599 con fecha 20 de marzo del 2020.
En ese sentido, la disposición tiene a la base la situación epidemiológica actual derivada de la pandemia por covid-19 que afecta al territorio nacional y que a la fecha reporta un aumento progresivo de los casos confirmados de contagio y de personas fallecidas, según los datos publicados por el Órgano Ejecutivo.
Los plazos y términos siguen corriendo en los procedimientos administrativos y procesos judiciales, no obstante que actos o diligencias podrían no realizarse y llegar al vencimiento de los plazos, como el caso de la detención provisional, cuyo límite, según el artículo 8 del Código Procesal Penal, es de veinticuatro meses; o la preclusión de derechos por no haberse ejercido en los plazos determinados en otras materias.
La Asamblea Legislativa aprobó este martes la 42ª prórroga del régimen de excepción, que estará vigente hasta el 2 de octubre próximo. La medida, solicitada por el Ejecutivo a través del Consejo de Ministros, fue avalada con los votos de las bancadas de Nuevas Ideas, PCN y PDC.
Durante la sesión plenaria, la solicitud fue ingresada con modificación de agenda propuesta por el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, y aprobada con dispensa de trámites. La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, votó en contra, mientras que los legisladores de ARENA, Marcela Villatoro y Francisco Lira, no participaron en la votación.
Según la petición del Ejecutivo, la extensión del régimen busca mantener el combate contra remanentes de pandillas que aún operan en algunas comunidades y garantizar la seguridad ciudadana.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la medida señalando que gracias al régimen de excepción y al Plan Control Territorial, El Salvador cerró 2024 con una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes, y proyecta finalizar 2025 con un índice entre 1 y 1.3.
El régimen de excepción fue decretado por primera vez el 27 de marzo de 2022 y desde entonces ha sido prorrogado de manera continua.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
