Política
Aprobación de ley contra el nepotismo se ve frenada por un artículo considerado como inconstitucional
Desde que el aspirante a la presidencia por el partido ARENA, Carlos Calleja, presentó la propuesta a la Asamblea Legislativa de una ley contra el nepotismo, los diputados de la comisión de legislación y puntos constitucionales han estudiado el proyecto. ARENA está de acuerdo con la aprobación tal como la presentó su candidato, mientras que las autoridades advierten que un artículo podría vulnerar la Constitución de la República.
En diciembre, los legisladores solicitaron el pronunciamiento de Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) y de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia (UTE) sobre el proyecto de ley. El TEG dio su opinión antes de las vacaciones de diciembre y la UTE hasta enero. Ambas hicieron algunas recomendaciones, pero la UTE advirtió que podría haber una incostitucionalidad.
La propuesta de Calleja pretendía un nuevo cuerpo normativo para evitar la contratación de familiares por parte de los funcionarios públicos o que estos, de alguna u otra, se valieran de su cargo para dar favores a conocidos o socios. Algunas de las prácticas ya están contempladas dentro de la Ley de Ética Gubernamental, otras no, de acuerdo con el propio TEG.
El artículo en cuestión que ha detenido la aprobación es 11, que reza de la siguiente manera: «Las contrataciones o nombramientos temporales realizados con anterioridad a la promulgación de la ley no podrán ser renovados». GANA, FMLN, TEG y UTE advierten de la posible inconstitucionalidad.
«Las observaciones que hizo la UTE y el TEG ya las tiene el técnico, de ahí se va hacer una adhesión a los artículos de la ley. Una de las cosas más preocupantes que señalaron es que no se ha establecido un procedimiento administrativo sancionatorio, se recomienda también al análisis del artículo 11 de la ley porque, a criterio de la UTE, es inconstitucional», explicó el diputado de GANA, Mario Tenorio.
Por su parte, el legislador del partido ARENA René Portillo Cuadra consideró que la ley que está en discusión es una herramienta valiosa para atacar la corrupción y añadió que en el proceso se han topado con la negativa de los partidos GANA y FMLN. Sin embargo, espera que acerquen posturas antes del lunes 14 de enero, día en que se debe reunir la comisión de legislación.
«Le pedimos a la UTE que enviara una opinión y ellos hicieron las observaciones de que la ley no puede ser retroactiva, dijimos que estamos de acuerdo, que por un artículo no vamos a detener una ley tan importante. Le hemos pedido al presidente de la comisión que incorporemos ambas recomendaciones y que el próximo lunes lo aprobemos. Sería una ley que viene a frenar una ley contra la corrupción», valoró el tricolor.
Para el diputado de la comisión de legislación del FMLN, Javier Valdez, hay muchos elementos que ya están legislados como la contratación de parientes que cuenta con las sanciones respectivas y secundaron lo que la UTE manifestó sobre la posible inconstitucionalidad del artículo 11.
«Nosotros estamos en contra de la corrupción, lo hemos dicho y además a la hora de revisar estos cuerpos normativos lo tenemos que hacer con responsabilidad y apegado a los lineamientos y sentencias de la Sala de lo Constitucional que ya tenemos», valoró. Agregó que la propuesta de ley que los tricolores presentaron es «una copia de una ley argentina».
Réditos políticos
ARENA pide que se agilice la ley para combatir con la corrupción, mientras que efemelenistas y celestes advierten que no se puede prohibir lo que ya está prohibido en las leyes.
Por otro lado, diputado no partidario Leonardo Bonilla dijo que una de las dificultades en este tema ha sido que los partidos políticos quieren sacar ganancia de la situación manejando el tema del nepotismo como como algo que les pueda o no generar votos de cara a las elecciones presidenciales de febrero.
«Algunos están pensando de que si esto se aprobara son réditos que gana el candidato presidencial que lo presentó. Después del análisis es algo que se vuelve necesario porque no está, algunas cosas, en nuestra legislatura. Hay reformas que se le pueden hacer, por supuesto, pero hay que aprovechar este momento porque puede que después de la elección presidencial se pierda el interés», dijo Bonilla.
Las recomendaciones del TEG y de la UTE
De entrada y ante la consulta de los partidos, el TEG les sugirió incorporar a la Ley de Ética Gubernamental las modalidades de nepotismo para fortalecerla, pero les hizo una serie de observaciones en caso de que quisieran continuar con una legislación independiente.
Les expuso que deberían considerar prohibir la contratación de personas que tengan vínculos comerciales, de amistad notoria y con los partidos políticos. Asimismo, establecer una autoridad encargada de imponer las sanciones y determinar consecuencias para quienes traten de influir en el nombramiento o contratación de parientes, socios o correligionarios.
En cambio, la UTE propuso a los legisladores eliminar el artículo en discordia porque va contra lo establecido en la Carta Magna referente a que las leyes no pueden ser retroactivas. Así como inhabilitar a los que incurran en la práctica del nepotismo o multarlos dependiendo del caso.
Finalmente, será hasta la próxima comisión de legislación que se retome en el tema en el que se darán luces de cómo quedaría la nueva normativa.
Por: El Salvador Times.
Como parte de los preparativos de cara a los comicios generales de 2027, la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) prevé desarrollar 66 misiones de verificación del proceso de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) en el exterior.
El director propietario de la JVE por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Alexis Zepeda, aseguró que el derecho al voto de la diáspora está garantizado para los comicios del 28 de febrero de 2027.
«Nosotros tenemos un presupuesto para hacer las misiones de fiscalización en el extranjero. Tenemos más de 66 misiones para el voto en el presupuesto extraordinario, divididas entre los 11 institutos políticos que conformamos la JVE», explicó Zepeda.
Señaló que este proceso de fiscalización iniciará en septiembre próximo, con base en las coordinaciones que se hagan con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las oficinas del RNPN ubicadas en diferentes países y consulados de El Salvador serán visitadas por la JVE con el propósito de verificar el debido proceso de emisión del DUI.
Zepeda reiteró que en las misiones en el extranjero, así como en las previstas en territorio nacional, participan los directores que representan a los 13 institutos políticos.
A la vez, dijo que estas misiones permitirán hacer un diagnóstico de las ciudades donde hay más concentración de salvadoreños.
En el territorio nacional también se desarrollará el proceso de fiscalización de duicentros, identificando los que tiene mayor afluencia.
Asimismo, enfatizó que la renovación masiva del DUI es importante para que la población tenga actualizado su documento y pueda ejercer su voto.
«Es fundamental que la gente esté en orden para aparecer en los padrones electorales. Si alguien no aparece en el padrón electoral, no puede ejercer el sufragio. Hemos solicitado, como Junta de Vigilancia Electoral, una audiencia para reunirnos con la junta directiva del RNPN para ver el plan de acción [de duización masiva]», indicó Zepeda.
Por otra parte, señaló que como JVE están verificando que se cumplan los tiempos establecidos en el calendario electoral publicado por el TSE
Zepeda comentó que las coordinaciones con el organismo colegiado y la JVE «son excelentes», y permiten desarrollar un proceso de fiscalización apegado a la ley
«Por mandato de ley se establece que verificamos el calendario electoral. Vamos viendo por tiempos cómo se va realizando todo el proceso en que se está organizando una elección. La relación que tenemos con el actual Tribunal Supremo Electoral, para mí, es una de las mejores de la historia», aseveró.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reiteró que participará en las elecciones legislativas del 28 de febrero de 2027 con el objetivo de buscar un tercer período como diputado del partido Nuevas Ideas.
Castro señaló que su decisión responde a que aún considera que hay muchas cosas por hacer en el país, aunque aclaró que primero deberán cumplirse los procesos correspondientes, como las elecciones internas del partido y el proceso electoral.
Indicó que mantendría su forma de trabajo con puertas abiertas a la población, comunicadores y creadores de contenido, y aseguró que no permitirá el regreso de prácticas del pasado, como la corrupción y el despilfarro.
Además, afirmó que la historia ha mostrado las razones por las que, según él, la población no apoya a la oposición en la Asamblea Legislativa.
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la operación militar para detener a Nicolás Maduro, acusado por Washington de dirigir un cartel de narcotráfico.
«El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su ac El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su actuación se dirige contra una organización criminal transnacional. Combatir el narcotráfico es una preocupación legítima y compartida por las democracias. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando el poder se ejerce sin límites democráticos, incluso frente a enemigos reales, se corre el riesgo de reproducir aquello que se dice combatir», reaccionó en X.
La legisladora sostuvo que el desafío para la región no es solo combatir el crimen organizado, «sino hacerlo sin convertir la excepción en regla ni debilitar el Estado de derecho. Sin instituciones activas no hay democracia que resista».
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reaccionó a la publicación de la legisla dora. «Entiendo, entonces, lo siguiente: Usted rechaza las acciones gracias a las cuales EE. UU. ha capturado a Nicolás Maduro. Además, condena el “poder sin límites” refiriéndose al presidente Trump».
«También deja claro que DESLEGITIMA todo lo que hará el presidente Trump en Venezuela», agregó Castro. Sin embargo, Maduro y sus aliados han convertido las instituciones venezolanas en un semillero de corrupción.
