Política
Aprobación de ley contra el nepotismo se ve frenada por un artículo considerado como inconstitucional
Desde que el aspirante a la presidencia por el partido ARENA, Carlos Calleja, presentó la propuesta a la Asamblea Legislativa de una ley contra el nepotismo, los diputados de la comisión de legislación y puntos constitucionales han estudiado el proyecto. ARENA está de acuerdo con la aprobación tal como la presentó su candidato, mientras que las autoridades advierten que un artículo podría vulnerar la Constitución de la República.
En diciembre, los legisladores solicitaron el pronunciamiento de Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) y de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia (UTE) sobre el proyecto de ley. El TEG dio su opinión antes de las vacaciones de diciembre y la UTE hasta enero. Ambas hicieron algunas recomendaciones, pero la UTE advirtió que podría haber una incostitucionalidad.
La propuesta de Calleja pretendía un nuevo cuerpo normativo para evitar la contratación de familiares por parte de los funcionarios públicos o que estos, de alguna u otra, se valieran de su cargo para dar favores a conocidos o socios. Algunas de las prácticas ya están contempladas dentro de la Ley de Ética Gubernamental, otras no, de acuerdo con el propio TEG.
El artículo en cuestión que ha detenido la aprobación es 11, que reza de la siguiente manera: «Las contrataciones o nombramientos temporales realizados con anterioridad a la promulgación de la ley no podrán ser renovados». GANA, FMLN, TEG y UTE advierten de la posible inconstitucionalidad.
«Las observaciones que hizo la UTE y el TEG ya las tiene el técnico, de ahí se va hacer una adhesión a los artículos de la ley. Una de las cosas más preocupantes que señalaron es que no se ha establecido un procedimiento administrativo sancionatorio, se recomienda también al análisis del artículo 11 de la ley porque, a criterio de la UTE, es inconstitucional», explicó el diputado de GANA, Mario Tenorio.
Por su parte, el legislador del partido ARENA René Portillo Cuadra consideró que la ley que está en discusión es una herramienta valiosa para atacar la corrupción y añadió que en el proceso se han topado con la negativa de los partidos GANA y FMLN. Sin embargo, espera que acerquen posturas antes del lunes 14 de enero, día en que se debe reunir la comisión de legislación.
«Le pedimos a la UTE que enviara una opinión y ellos hicieron las observaciones de que la ley no puede ser retroactiva, dijimos que estamos de acuerdo, que por un artículo no vamos a detener una ley tan importante. Le hemos pedido al presidente de la comisión que incorporemos ambas recomendaciones y que el próximo lunes lo aprobemos. Sería una ley que viene a frenar una ley contra la corrupción», valoró el tricolor.
Para el diputado de la comisión de legislación del FMLN, Javier Valdez, hay muchos elementos que ya están legislados como la contratación de parientes que cuenta con las sanciones respectivas y secundaron lo que la UTE manifestó sobre la posible inconstitucionalidad del artículo 11.
«Nosotros estamos en contra de la corrupción, lo hemos dicho y además a la hora de revisar estos cuerpos normativos lo tenemos que hacer con responsabilidad y apegado a los lineamientos y sentencias de la Sala de lo Constitucional que ya tenemos», valoró. Agregó que la propuesta de ley que los tricolores presentaron es «una copia de una ley argentina».
Réditos políticos
ARENA pide que se agilice la ley para combatir con la corrupción, mientras que efemelenistas y celestes advierten que no se puede prohibir lo que ya está prohibido en las leyes.
Por otro lado, diputado no partidario Leonardo Bonilla dijo que una de las dificultades en este tema ha sido que los partidos políticos quieren sacar ganancia de la situación manejando el tema del nepotismo como como algo que les pueda o no generar votos de cara a las elecciones presidenciales de febrero.
«Algunos están pensando de que si esto se aprobara son réditos que gana el candidato presidencial que lo presentó. Después del análisis es algo que se vuelve necesario porque no está, algunas cosas, en nuestra legislatura. Hay reformas que se le pueden hacer, por supuesto, pero hay que aprovechar este momento porque puede que después de la elección presidencial se pierda el interés», dijo Bonilla.
Las recomendaciones del TEG y de la UTE
De entrada y ante la consulta de los partidos, el TEG les sugirió incorporar a la Ley de Ética Gubernamental las modalidades de nepotismo para fortalecerla, pero les hizo una serie de observaciones en caso de que quisieran continuar con una legislación independiente.
Les expuso que deberían considerar prohibir la contratación de personas que tengan vínculos comerciales, de amistad notoria y con los partidos políticos. Asimismo, establecer una autoridad encargada de imponer las sanciones y determinar consecuencias para quienes traten de influir en el nombramiento o contratación de parientes, socios o correligionarios.
En cambio, la UTE propuso a los legisladores eliminar el artículo en discordia porque va contra lo establecido en la Carta Magna referente a que las leyes no pueden ser retroactivas. Así como inhabilitar a los que incurran en la práctica del nepotismo o multarlos dependiendo del caso.
Finalmente, será hasta la próxima comisión de legislación que se retome en el tema en el que se darán luces de cómo quedaría la nueva normativa.
Por: El Salvador Times.
La Asamblea Legislativa aprobó este martes la 42ª prórroga del régimen de excepción, que estará vigente hasta el 2 de octubre próximo. La medida, solicitada por el Ejecutivo a través del Consejo de Ministros, fue avalada con los votos de las bancadas de Nuevas Ideas, PCN y PDC.
Durante la sesión plenaria, la solicitud fue ingresada con modificación de agenda propuesta por el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, y aprobada con dispensa de trámites. La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, votó en contra, mientras que los legisladores de ARENA, Marcela Villatoro y Francisco Lira, no participaron en la votación.
Según la petición del Ejecutivo, la extensión del régimen busca mantener el combate contra remanentes de pandillas que aún operan en algunas comunidades y garantizar la seguridad ciudadana.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la medida señalando que gracias al régimen de excepción y al Plan Control Territorial, El Salvador cerró 2024 con una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes, y proyecta finalizar 2025 con un índice entre 1 y 1.3.
El régimen de excepción fue decretado por primera vez el 27 de marzo de 2022 y desde entonces ha sido prorrogado de manera continua.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
