Opinet
La falta de poder de ejecución de la CPI limita su impacto real
Por: Jorge Sánchez
La Corte Penal Internacional (CPI) ha sido presentada como un símbolo de justicia global, un tribunal que se encarga de juzgar a los criminales más atroces del mundo. Sin embargo, su funcionamiento y efectividad han sido objeto de críticas que cuestionan su imparcialidad y su papel en el sistema internacional. A lo largo de los años, se ha generado un debate sobre si la CPI realmente cumple con su misión de justicia o si, por el contrario, se ha convertido en un instrumento de poder al servicio de intereses geopolíticos.
Desde su creación, la CPI ha sido percibida por algunos como un instrumento de poder que favorece a las naciones occidentales. En lugar de actuar como un árbitro neutral, se argumenta que la Corte ha sido utilizada para perseguir a aquellos que desafían los intereses geopolíticos de Occidente, mientras que los crímenes cometidos por gobiernos aliados a estas potencias han quedado en gran medida sin respuesta. Esta percepción ha llevado a la conclusión de que la CPI, tal como opera actualmente, no puede ser reformada y podría ser más efectiva si se disolviera.
Críticas a la imparcialidad de la CPI
Los defensores de la CPI sostienen que su enfoque en los crímenes cometidos en África refleja la realidad de donde ocurren estos delitos. Sin embargo, esta justificación ha sido cuestionada, especialmente en vista de la falta de acciones significativas contra naciones occidentales que han estado involucradas en conflictos y violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, Estados Unidos ha llevado a cabo operaciones militares y ha apoyado regímenes cuestionables, pero no ha enfrentado acciones judiciales en la CPI.
La respuesta de Estados Unidos a cualquier intento de la CPI de investigar sus acciones ha sido rápida y contundente. Cuando la Corte ha intentado investigar crímenes de guerra en Afganistán, por ejemplo, Washington no dudó en imponer sanciones a funcionarios de la CPI y presionar a sus aliados europeos para que hicieran lo mismo. Este tipo de reacción sugiere que la Corte no opera de manera independiente, sino que está sujeta a la presión de las potencias más influyentes, lo que socava su credibilidad.
La falta de jurisdicción sobre potencias globales
Una de las críticas más significativas hacia la CPI es su incapacidad para ejercer jurisdicción sobre las naciones más poderosas del mundo. Estados Unidos, Rusia y China han tomado medidas para evitar la autoridad de la Corte, lo que pone de manifiesto su falta de legitimidad. La negativa de estas naciones a someterse a la CPI resalta la percepción de que la Corte no es un organismo imparcial, sino un instrumento que sirve a intereses políticos específicos.
Por ejemplo, Estados Unidos ha promulgado leyes que permiten la intervención militar para liberar a cualquier miembro de su personal que sea detenido por la CPI. Esta acción no solo demuestra un desprecio por el Estado de derecho, sino que también revela la verdadera naturaleza de la CPI como un organismo que no puede desafiar a las potencias más fuertes.
Limitaciones en la capacidad de ejecución
Además de las cuestiones de imparcialidad y jurisdicción, la CPI enfrenta desafíos en su capacidad para hacer cumplir sus decisiones. Sin el apoyo de las grandes potencias, la Corte depende de la cooperación de los estados, que a menudo no tienen incentivos para cumplir con sus órdenes. Esto limita su efectividad y convierte sus sentencias en meros gestos simbólicos.
Las órdenes de arresto emitidas por la CPI son, en muchos casos, ignoradas por aquellos que tienen la fuerza para resistirlas. La Corte puede emitir tantas sentencias como quiera, pero sin la fuerza para hacerlas cumplir, estas decisiones carecen de impacto real. Esto plantea serias dudas sobre la capacidad de la CPI para cumplir con su misión de justicia.
Reflexiones sobre el futuro de la CPI
La crítica a la CPI no se basa en la idea de que no ha cumplido con sus ideales, sino en que esos ideales nunca fueron realmente alcanzables. La Corte fue diseñada con limitaciones que impiden su funcionamiento como una verdadera institución de justicia global. Para aquellos que buscan un sistema de justicia internacional genuino, es evidente que la CPI no es la solución.
Una verdadera corte global debería exigir jurisdicción universal, un poder de ejecución genuino y, sobre todo, libertad frente a la influencia política. La CPI no tiene ninguna de estas características. La reforma no es una opción porque sus defectos no son incidentales: son fundamentales.
En lugar de intentar reformar una institución que ha demostrado ser ineficaz y sesgada, podría ser más constructivo considerar la creación de un mecanismo de rendición de cuentas que no esté influenciado por las dinámicas de poder actuales. La abolición de la CPI podría abrir la puerta a un enfoque más efectivo y equitativo para abordar los crímenes internacionales y garantizar la justicia.
Jorge Sánchez
Periodista especializado en política internacional
Por: Mauricio Rodríguez
Hablar de cuentos de camino real, para quienes pasamos de los 50 o 60 años, nos evoca a una época de infancia, en la que nuestros abuelos nos entretenían por las noches con narrativas inventadas, muchas veces de forma espontánea. Eran los llamados «cuentos de camino real», que de realidad solo tenían el nombre, más bien eran formas de hacernos creer en un mundo que solo existía en sus mentes.
En nuestro país hay un grupo de personas que —por ponerle nombre, llamaré «oposición política», en alusión a una sociedad democrática donde debe existir— difiere con la forma de pensar de quien gobierna. No son propositivas e inteligentes, lo cual se nota hasta en sus discursos públicos. Esos conceptos están muy, pero muy lejos de que lo que ahora existe en nuestro país. Más bien son grupos dispersos de opositores políticos que evocan a un pasado que a la mayoría de la población salvadoreña duele recordar, pues es un período histórico agudizado por los gobiernos de ARENA y FMLN que se escribió con sangre, luto y dolor de quienes fueron víctimas de estos partidos que se desarrollaron pactando con pandillas, cuyos miembros utilizaron los polígonos de tiros de las fuerzas del orden para entrenar y luego asesinar a nuestra gente, quienes violaron a nuestras niñas, jóvenes y adolescentes, extorsionaron, cortaron cabezas, rentearon y humillaron a nuestra gente.
Esos no son cuentos de camino real; es tan verídico como la paz que ahora experimentamos en nuestro país, lo cual es innegable, pues ya se cuenta con más de 900 días sin homicidios, y eso de verdad les cala profundo a los opositores salvadoreños, pues solo se han quedado a publicar cuentos de camino real, cosas que existen en su imaginario, que les hace creer que pueden volver a acceder al poder político. Imaginan que la gente les cree. Solo el hecho de recordar que tanto ARENA como el FMLN junto con las pandillas generaron caos y terror, hasta llegar a ser reconocidos como el país más violento del mundo.
En pocos años, el presidente Bukele nos convierte en el país más seguro del hemisferio occidental, eso les duele, y en actos desesperados recurren a publicar cuentos de camino real; y detallo algunos: presos en Cecot del Tren de Aragua, minería, bitcóin, derechos humanos, salario mínimo, cierre de escuelas, declaraciones de un sociópata (el Charly), la construcción en Los Chorros, etcétera, y podría seguir presentando la larga lista de cuentos de camino real que solo existe en el mundo y en las mentes de quienes fanáticamente siguen creyendo que pueden detentar el poder político por medio del chantaje, la mentira, la difamación y la injuria.
Se puede uno encontrar con una jauría de personajes que en el pasado no dejaron un buen legado para el país; sin embargo, ahora los vemos rasgarse las vestiduras y llenándose la boca de buenas intenciones; más bien, dándose baños de pureza, sobre la base de la difamación. Es importante dejar claro que existen medios digitales con este tipo de agendas, que no son ocultas, más bien pretenden provocar a un gobierno que se mantiene incólume ante los embates de sus cuentos de camino real y pretendiendo victimizarse de ser perseguidos políticos. Nada más ridículo que eso es imposible.
Los sueños húmedos de la oposición política solo llegan a eso, y estos grupúsculos los narran como cuentos de camino real, esperando que alguien les crea, pero este pueblo, nuestra gente, las víctimas de las pandillas, saben que no podemos volver al pasado, pues pasaría lo de la estatua de sal. Estamos frente a una bestia herida que respira por esa herida.
Opinión | Mauricio Rodríguez
Sociólogo y analista
Opinet
«El proyecto Sitramss del FMLN fue emblemático, pero en materia de corrupción»: sociólogo Mauricio Rodríguez
Hace 10 años, el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, el segundo del FMLN, anunciaba el inicio de operaciones del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss), un proyecto que para los sociólogos Mauricio Rodríguez y René Martínez y el politólogo Óscar Peñate no modernizó el transporte masivo de pasajeros, sino que, por el contrario, representó «corrupción, mala administración pública y botar» sobre el pavimento $45 millones adquiridos mediante un crédito internacional.
El Sitramss inició operaciones con pasajeros formalmente el 12 de mayo de 2015, con una tarifa de $0.33 por un recorrido de casi seis kilómetros en carriles segregados construidos sobre el bulevar del Ejército y la alameda Juan Pablo II, que partían desde la terminal en Soyapango y llegaban hasta el hospital Médico Quirúrgico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), en San Salvador.
Mauricio Rodríguez, sociólogo que fungió como diputado en la Asamblea Legislativa cuando se debatía el proyecto, recuerda que previo a aprobarse el préstamo de $45 millones para el Sitramss hubo una oferta en México hacia el Gobierno de El Salvador para impulsar otro modelo de transporte de pasajeros en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), que fue rechazada por el Gobierno de Mauricio Funes.
«Casualmente yo tuve acceso, en un viaje que se hizo a Cancún, de un proyecto que fue ofrecido en México a El Salvador. Se llamaba Convenio de Yucatán», afirma Rodríguez, quien siendo legislador integró la comisión de obras públicas, transporte y vivienda de la Asamblea, mesa que siguió antes, durante y después el proyecto de transporte insigne de los gobiernos farabundistas.
El exdiputado recuerda que por medio del convenio se ofreció un préstamo por $40 millones, que al suscribirse se condonaba el 50 %, es decir, que «solo se pagarían $20 millones del monto con la única condición de que la flota de autobuses se comprara en México y se les diera a los transportistas».
El convenio, financiado por medio del Fondo de Yucatán, nació para mejorar la conectividad, el comercio y la competitividad de la región; sin embargo, Rodríguez asegura que «el FMLN ya tenía en su haber el negocio con Brasil […] y lo que hicieron fue endeudar al país con $45 millones y ofrecer muchas cosas. El negocio ya lo tenían hecho. No quisieron escuchar otras voces. Ya tenían los votos».
Fue en noviembre de 2011 cuando el congreso salvadoreño autorizó al Gobierno de Funes suscribir con el Banco Internacional de Desarrollo (BID) un contrato de préstamo por los $45 millones para financiar el Programa de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador, crédito que fue ratificado en enero de 2012.
«Ese sistema fracasó aparatosamente porque, desde el principio, fue visto por la dirigencia del FMLN como otra forma de corrupción y favoritismo político con sus allegados, dentro de los cuales estaban los empresarios más voraces del transporte público», recuerda, por su parte, el sociólogo René Martínez.
El proyecto inició su construcción durante la administración Funes, y previo a su operación oficial tuvo dos etapas: sin pasajeros, del 11 al 20 de enero de 2015, y con usuarios y pasaje gratis del 21 de enero al 21 de febrero de 2015. Más tarde el Sitramss amplió su recorrido hasta la Plaza Salvador del Mundo, al poniente de San Salvador, usando la red vial ya existente.
Según lo planteado en el programa del proyecto de movilidad masiva, se buscaba «mejorar las condiciones del transporte público de pasajeros y el tránsito en general en el Área Metropolitana de San Salvador».
Para Martínez, aquello que se pudo considerar como «buena idea» para mejorar la movilidad «terminó siendo un botín de $45 millones para los corruptos, razón por la que el proyecto del FMLN terminó siendo emblemático, pero en materia de corrupción».
Los gobiernos farabundistas buscaban con el Sitramss «estructurar una ciudad competitiva, eficiente y equitativa, que ofreciera oportunidades de movilidad sostenible a la población de menores recursos y facilitar el transporte hacia las oportunidades de trabajo y desarrollo económico y social», según la teoría sobre el proyecto.
El politólogo Óscar Peñate recuerda que al «proyecto Sipago-Sitramss se le considera, después de la represa El Chaparral, el segundo gran monumento a la corrupción cometida por altos funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y del Viceministerio de Transporte de los gobiernos de FMLN».
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió fallos sobre el Sitramss, que iban desde abrir el carril segregado a vehículos particulares, declarar inconstitucional el uso del carril segregado y dar un plazo de un año a la Asamblea Legislativa para que regulara la licitación y explotación de la obra, lo que no se cumplió.
Hoy, luego de 10 años del primer recorrido, el Sitramss tiene con juicios a varios exfuncionarios y empresarios relacionados con el proyecto, así como a su flota de autobuses articulados y «padrones», y sus estaciones de servicio (paradas) en completo abandono y deterioro por el correr del tiempo.
Opinión | Mauricio Rodríguez, Sociólogo y analista
Este artículo fue publicado originalmente por Diario El Salvador.
Analistas nacionales coinciden en que la política de seguridad implementada por el presidente Nayib Bukele no solo ha logrado una histórica reducción de homicidios y extorsiones en El Salvador, sino que también se ha convertido en un referente internacional para otros gobiernos que enfrentan altos niveles de criminalidad.
El analista Francisco Góchez aseguró que la estrategia salvadoreña, encabezada por el Plan Control Territorial (PCT), ha captado la atención mundial por su efectividad. “Ha logrado desarticular a las pandillas que, durante décadas, causaron sufrimiento a la población”, señaló. Góchez destacó que la baja sostenida en delitos como homicidios y extorsiones es “un logro objetivo e innegable” que podría ser adaptado por otras naciones.
Como parte del interés internacional, recientemente una delegación de funcionarios de Ecuador visitó El Salvador para conocer de cerca el modelo de seguridad salvadoreño. Además, países como Honduras, Chile y el mismo Ecuador han optado por implementar estados de excepción como medida para enfrentar el crimen organizado, inspirados en parte en la experiencia salvadoreña.
Desde marzo de 2022, el Gobierno salvadoreño ha mantenido vigente el régimen de excepción como complemento al PCT, con el respaldo mayoritario de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC en la Asamblea Legislativa. Según cifras oficiales, la medida ha permitido la captura de más de 85,900 presuntos pandilleros. Sin embargo, diputadas y diputados de ARENA y VAMOS han votado sistemáticamente en contra de su aprobación y prórrogas.
Para el sociólogo René Martínez, el modelo de seguridad de Bukele es ya un punto obligado en cualquier debate global sobre seguridad pública. “No se puede obviar el impacto de esta estrategia en foros internacionales”, expresó. Martínez también afirmó que Bukele es visto por muchos como un modelo de liderazgo político efectivo. “Es el tipo de mandatario que otros pueblos quisieran tener para resolver los problemas que los aquejan”, opinó.
Ambos expertos coinciden en que el enfoque del Gobierno salvadoreño prioriza los derechos de las víctimas por encima de los de los victimarios, un enfoque que ha marcado una diferencia sustancial respecto a políticas de seguridad anteriores en la región.
Retomado de Diario El Salvador
