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Rolando Castro: “Falta de herramientas legales e incremento de casos de covid-19 no permiten reapertura económica”
El ministro de Trabajo Rolando Castro enfatizó que el aumento de casos positivos de Covid-19 y la falta de una herramienta legal que le permita al Gobierno del Presidente Nayib Bukele contener la propagación del virus, está retrasando la fase II del plan de reapertura económica en El Salvador.
El funcionario señaló que la situación es “bastante complicada” en términos sanitarios, en este momento, debido a que la cadena de transmisión se ha triplicado desde que inició el pasado 16 junio la fase 1 de la reanudación de las actividades comerciales.
El Presidente Nayib Bukele ha insistido en reiteradas ocasiones en la necesidad de una cuarentena estricta de 15 días que permita estabilizar la curva de la pandemia; sin embargo, los diputados han dejado de lado las discusiones de una nueva normativa que permita bajar el número de caso positivos de coronavirus.
“La Asamblea Legislativa nos mantiene inactivos en el marco jurídico y la concientización de nuestro pueblo nos cuesta bastante. La cantidad de contagiados es sumamente fuerte”, lamentó el titular de Trabajo en la entrevista de Noticiero Hechos de canal 12.
Sobre la emergencia que generó la pandemia de Covid-19 en El Salvador, Castro aseguró que hasta la fecha no existe un parámetro estadístico real de desempleo y desmintió publicaciones de algunos medios de comunicación que brindan cifras irreales.
“Sí sabemos que el achicamiento de las fuentes de empleo ha sido real, no podemos decir lo contrario a partir de la pandemia que ha lacerado a todo el mundo entero”, expresó el funcionario. Además, criticó esas publicaciones que “no gozan de ningún nivel de responsabilidad institucional”.
El titular de Trabajo también destacó el diálogo que ha realizado con empresas que habían suspendido contratos a trabajadores durante la emergencia por Covid-19 y el reinstalo de miles de trabajadores, así como la generación nuevas fuentes de empleo.
“Reinstalamos a más de 40 mil personas a quienes les habían suspendido su contrato y adicional a ello, las empresas se comprometieron en ubicar mayores fuentes de empleo, con un promedio de entre 15 y 20 mil, de ahora a diciembre”, afirmó.
De igual forma recalcó, que el Ministerio de Trabajo continúa desarrollando inspecciones exhaustivas para verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en las empresas y que los derechos de los trabajadores no sean vulnerados.
Rolando Castro añadió que diariamente la institución que dirige está realizando cerca de 50 inspecciones a empresas en turnos mañana, día y noche, para verificar si se está cumpliendo con las medidas de seguridad a fin de evitar que los empleados se contagien de coronavirus.
Con respecto al respaldo que el Estado está brindado a las micro y pequeñas empresas por medio del Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), el ministro indicó que esa cartera de Estado cuenta con un diagnóstico de la realidad de las MIPYMES para que se les pueda brindar apoyo crediticio, que en medio de la emergencia han querido ayudar a sus trabajadores y no han podido.
“Para la micro y pequeña empresa siempre va a estar el brazo del Estado ayudándola con un apalancamiento muy fuerte, con un empuje para levantar la economía a través de BANDESAL”, reiteró.
Finalmente descartó que tiene una incidencia en la campaña del 2021, ya que su trabajo se enfoca en la cartera del Estado que dirige.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
