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Más del 80 % de las personas que forman parte de los grupos en riesgo están vacunados contra el COVID-19
Foto: Secretaria de Prensa de la Presidencia
El Plan Nacional de Vacunación impulsado por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele desde febrero de 2021, ha logrado que más del 80% de las personas de los grupos vulnerables estén vacunadas con al menos la primera y segunda dosis contra el COVID-19.
No obstante, es importante que toda la población, pero especialmente estos grupos se apliquen el refuerzo de una tercera y cuarta dosis para adquirir más protección ante el COVID-19 y sus variantes.
De acuerdo al análisis de los casos que ha hecho el Ministerio de Salud, las poblaciones que ya recibieron la cuarta dosis es poco probable que presenten una letalidad. Según las estadísticas, a la fecha 1,786,850 personas se han puesto una tercera dosis y 380,452 entre nacionales y extranjeros se han aplicado una cuarta dosis.
Aunque el grupo etario que reporta más contagios por esta enfermedad es el de los 20 a los 59 años, es el grupo de los 60 en adelante los que registran más letalidades, sobre todo, aquellos que padecen enfermedades crónico degenerativas.
“Aquellas personas que tienen incluso su cuarta dosis en la incidencia de los casos son prácticamente mínimos o inexistentes en el tema de la letalidad. Esto es un llamado para que la población ante la evidencia epidemiológica que estamos obteniendo haga uso de una de las estrategias más importantes que ha posicionado a El Salvador de manera más segura”, exhortó el ministro de Salud, Francisco Alabi.
Otra de las recomendaciones que le brinda el Gobierno para evitar complicaciones derivadas por el COVID-19 es que al presentar algún tipo de sintomatología consulte oportunamente en los centros de salud.
“Hay pacientes que seguimos observando que son los que generalmente tienen mayores complicaciones, adultos de 60, 70, 80 años que llegan a consultar cuando tienen 10 días, cuando pudieron ir en un inicio y comenzar a tomar el kit de medicamentos antiviral, con eso seguro no hubieran tenido la misma evolución”, indicó el funcionario.
Aunque la curva de casos positivos de COVID-19 presenta una nueva disminución, no se debe dejar de lado cada una de las medidas preventivas y se debe tener en consideración que es una enfermedad con potencial para afectar gravemente la salud.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
