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Más del 80 % de las personas que forman parte de los grupos en riesgo están vacunados contra el COVID-19
Foto: Secretaria de Prensa de la Presidencia
El Plan Nacional de Vacunación impulsado por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele desde febrero de 2021, ha logrado que más del 80% de las personas de los grupos vulnerables estén vacunadas con al menos la primera y segunda dosis contra el COVID-19.
No obstante, es importante que toda la población, pero especialmente estos grupos se apliquen el refuerzo de una tercera y cuarta dosis para adquirir más protección ante el COVID-19 y sus variantes.
De acuerdo al análisis de los casos que ha hecho el Ministerio de Salud, las poblaciones que ya recibieron la cuarta dosis es poco probable que presenten una letalidad. Según las estadísticas, a la fecha 1,786,850 personas se han puesto una tercera dosis y 380,452 entre nacionales y extranjeros se han aplicado una cuarta dosis.
Aunque el grupo etario que reporta más contagios por esta enfermedad es el de los 20 a los 59 años, es el grupo de los 60 en adelante los que registran más letalidades, sobre todo, aquellos que padecen enfermedades crónico degenerativas.
“Aquellas personas que tienen incluso su cuarta dosis en la incidencia de los casos son prácticamente mínimos o inexistentes en el tema de la letalidad. Esto es un llamado para que la población ante la evidencia epidemiológica que estamos obteniendo haga uso de una de las estrategias más importantes que ha posicionado a El Salvador de manera más segura”, exhortó el ministro de Salud, Francisco Alabi.
Otra de las recomendaciones que le brinda el Gobierno para evitar complicaciones derivadas por el COVID-19 es que al presentar algún tipo de sintomatología consulte oportunamente en los centros de salud.
“Hay pacientes que seguimos observando que son los que generalmente tienen mayores complicaciones, adultos de 60, 70, 80 años que llegan a consultar cuando tienen 10 días, cuando pudieron ir en un inicio y comenzar a tomar el kit de medicamentos antiviral, con eso seguro no hubieran tenido la misma evolución”, indicó el funcionario.
Aunque la curva de casos positivos de COVID-19 presenta una nueva disminución, no se debe dejar de lado cada una de las medidas preventivas y se debe tener en consideración que es una enfermedad con potencial para afectar gravemente la salud.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
El Juzgado de Instrucción de Soyapango resolvió que Flor Marina Romero Orellana, acusada del delito de hurto en perjuicio de una empresa financiera, enfrente vista pública.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República, la mujer, quien fungía en la empresa como jefa de la agencia del distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este, se aprovechó de su cargo para sustraer una alta cantidad de dinero.
«Aprovechándose de su cargo, el 10 de octubre de 2025 la mujer sustrajo al menos $29,030 de la caja fuerte de la sociedad. Además, la imputada contrató un servicio de transporte, por medio de aplicación móvil, para mandarle una parte del dinero a otra persona, quién se presume es cómplice; el resto del monto total lo depositó en una cuenta de criptomonedas», mencionó el ministerio público.
La imputada fue detenida en flagrancia, luego de la denuncia de las autoridades de la empresa financiera. Posteriormente, este caso fue judicializado por el ministerio público en 2025.
