Judicial
UCA pide a FGR investigar a magistrados Roberto Argueta y Manuel Bolaños por cerrar caso Jesuitas
La Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador por medio del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), contra los magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia que ordenaron el cierre del proceso contra los autores intelectuales y materiales de la masacre de seis padres jesuitas, cinco de ellos españoles, un salvadoreño y dos de sus colaboradoras.
Los demandados son los magistrados José Roberto Argueta Manzano y Juan Manuel Bolaños Sandoval, porque a juicio de la UCA ambos profesionales en derecho cometieron el delito de prevaricato, cometido en el último inciso del artículo 310 del Código Penal y que dice de la siguiente manera: “El juez que por negligencia o ignorancia inexcusable, dictare sentencia manifiestamente injusta, será sancionado con prisión de dos a cuatro años”.
La Sala de lo Penal resolvió tres recursos de casación a favor de los vinculados al crimen, incluido el expresidente Alfredo Félix Cristiani que gobernó El Salvador entre junio de 1989 y mayo de 1994, el pasado 8 de septiembre, sin embargo, uno de esos fallos se dio a conocer el 29 de octubre.
En dicha resolución se ordenaba el cierre de la causa contra los autores intelectuales, misma que en 2017 reabrió un juzgado de Paz y cuya decisión apoyó una corte de apelaciones.
De acuerdo con la UCA, «los magistrados habrían incurrido en tal delito» porque en su fallo «omitieron cualquier referencia» a una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró esta y otras masacres como crímenes de lesa humanidad, por lo que no prescriben, al anular una ley de amnistía de 1993.
«Esta denuncia es la primera acción legal que se emprende con el propósito de que se corrijan los retrocesos observados en la implementación de la justicia transicional en El Salvador. El próximo año se emprenderán otras acciones más, a nivel nacional e internacional», concluye la misiva.
Tras recibir la solicitud del Ministerio Público, el órgano Legislativo debe formar una comisión especial para que dictamine si existen los elementos para que los jueces sean desaforados y enfrenten el proceso penal. Solo se necesitan 43 votos de los 84 diputados para retirar la inmunidad.
El 16 de noviembre de 1989, un escuadrón del batallón elite Atlácatl del Ejército asesinó a los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno, y al salvadoreño Joaquín López. También a Elba Ramos y su hija Celina Ramos, colaboradoras de los religiosos.
Los señalados por los asesinatos son el expresidente Alfredo Cristiani, los generales Humberto Larios, Juan Bustillo, Francisco Fuentes y Juan Orlando Zepeda, el fallecido René Emilio Ponce y el coronel Inocente Orlando Montano, recientemente condenado en España.
El Juzgado Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a 17 años de cárcel a Josué Eduardo Platero Mina, acusado de asesinar a su pareja, José Antonio Hernández Paz, en medio de una discusión por supuestas infidelidades.
El crimen ocurrió a inicios de enero de 2024 en el cantón El Matazano, distrito de San Juan Opico, en el departamento de La Libertad. Platero Mina, quien tenía 20 años al momento de los hechos, atacó a la víctima con golpes y un arma blanca, según determinó la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las autoridades señalaron que la noche del 31 de diciembre de 2023, Platero Mina llegó a la vivienda de Hernández Paz alrededor de las 11:00 p. m., pero se retiró sin previo aviso. Luego, Hernández Paz le comunicó que llegaría a su casa más tarde. Testigos afirmaron que ambos discutieron en al menos dos ocasiones antes del homicidio.
Según la FGR, Platero Mina golpeó e hirió con arma blanca a Hernández Paz y posteriormente arrojó su cuerpo cerca de la quebrada conocida como cuesta Los Conacastes, en el mismo cantón. El cadáver fue localizado el 2 de enero por un ciudadano que recolectaba leña en la zona.
Tras ser identificado como principal sospechoso, Platero Mina fue detenido por el delito de resistencia, mientras las investigaciones continuaban. Durante un registro en su vivienda, las autoridades encontraron en una fosa séptica el teléfono, la cartera y los documentos personales de la víctima, además del arma utilizada en el crimen.
Con base en estas evidencias, la Fiscalía formalizó la acusación por homicidio simple. El tribunal validó los elementos presentados y emitió la condena contra el imputado.
Judicial
Motorista que condujo en sentido contrario y amenazó con un corvo es condenado a trabajo comunitario
Hugo Antonio Flores Rivas, motorista de la ruta 106, fue condenado a un año de prisión por el delito de conducción peligrosa de vehículos automotores, luego de ser captado en video manejando en sentido contrario sobre una carretera en el departamento de La Libertad Oeste.
El hecho ocurrió el pasado 27 de abril en la vía que conduce hacia Quezaltepeque. En las imágenes que circularon en redes sociales, se observa a Flores Rivas conduciendo de forma temeraria. Al notar que estaba siendo grabado, el imputado sacó un arma blanca tipo corvo y amenazó al ciudadano que lo filmaba.
Tras la difusión del video, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal ante el tribunal correspondiente. Durante la audiencia preliminar, el procesado aceptó los hechos y se sometió a un procedimiento abreviado, lo que permitió al juez imponer una pena alternativa.
En lugar de cumplir el año de cárcel, la pena fue sustituida por trabajo de utilidad pública, medida contemplada en la legislación salvadoreña para ciertos delitos y bajo condiciones específicas. Las autoridades no precisaron en qué consistirán las labores comunitarias que deberá realizar el condenado.
El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque condenó a Nefthaly Adonay Muñoz Pérez y Fredy Antonio Hidalgo Azucena a 20 años de cárcel por el delito de extorsión agravada contra un comerciante en el departamento de Cuscatlán.
Según informó la Fiscalía General de la República, los imputados amenazaban de muerte a la víctima para obligarla a entregar dinero de forma mensual, además de mercadería que comercializaba. “La coacción en la entrega de dinero y productos, así como la falta de utilidades en su negocio, obligaron a la víctima a cerrar su única fuente de ingresos”, explicó el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Santa Cruz Michapa entre diciembre de 2022 y 2023. Las investigaciones establecieron que ambos sujetos exigían pagos regulares como parte de su actividad delictiva.
Esta es la segunda condena por extorsión que enfrentan los acusados. En febrero de este mismo año, ya habían sido sentenciados a 15 años de prisión por extorsionar a otra víctima.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales que permitieron al tribunal declarar culpables a los dos acusados.
