Judicial
UCA pide a FGR investigar a magistrados Roberto Argueta y Manuel Bolaños por cerrar caso Jesuitas
La Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador por medio del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), contra los magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia que ordenaron el cierre del proceso contra los autores intelectuales y materiales de la masacre de seis padres jesuitas, cinco de ellos españoles, un salvadoreño y dos de sus colaboradoras.
Los demandados son los magistrados José Roberto Argueta Manzano y Juan Manuel Bolaños Sandoval, porque a juicio de la UCA ambos profesionales en derecho cometieron el delito de prevaricato, cometido en el último inciso del artículo 310 del Código Penal y que dice de la siguiente manera: “El juez que por negligencia o ignorancia inexcusable, dictare sentencia manifiestamente injusta, será sancionado con prisión de dos a cuatro años”.
La Sala de lo Penal resolvió tres recursos de casación a favor de los vinculados al crimen, incluido el expresidente Alfredo Félix Cristiani que gobernó El Salvador entre junio de 1989 y mayo de 1994, el pasado 8 de septiembre, sin embargo, uno de esos fallos se dio a conocer el 29 de octubre.
En dicha resolución se ordenaba el cierre de la causa contra los autores intelectuales, misma que en 2017 reabrió un juzgado de Paz y cuya decisión apoyó una corte de apelaciones.
De acuerdo con la UCA, «los magistrados habrían incurrido en tal delito» porque en su fallo «omitieron cualquier referencia» a una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró esta y otras masacres como crímenes de lesa humanidad, por lo que no prescriben, al anular una ley de amnistía de 1993.
«Esta denuncia es la primera acción legal que se emprende con el propósito de que se corrijan los retrocesos observados en la implementación de la justicia transicional en El Salvador. El próximo año se emprenderán otras acciones más, a nivel nacional e internacional», concluye la misiva.
Tras recibir la solicitud del Ministerio Público, el órgano Legislativo debe formar una comisión especial para que dictamine si existen los elementos para que los jueces sean desaforados y enfrenten el proceso penal. Solo se necesitan 43 votos de los 84 diputados para retirar la inmunidad.
El 16 de noviembre de 1989, un escuadrón del batallón elite Atlácatl del Ejército asesinó a los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno, y al salvadoreño Joaquín López. También a Elba Ramos y su hija Celina Ramos, colaboradoras de los religiosos.
Los señalados por los asesinatos son el expresidente Alfredo Cristiani, los generales Humberto Larios, Juan Bustillo, Francisco Fuentes y Juan Orlando Zepeda, el fallecido René Emilio Ponce y el coronel Inocente Orlando Montano, recientemente condenado en España.
Judicial
¡35 AÑOS DE CÁRCEL! Dos hombres son condenados por asesinar a su compañero de tragos tras una discusión en La Libertad
Dos hombres fueron condenados a 35 años de prisión por el asesinato de una persona con quien compartían bebidas alcohólicas en el distrito de Chiltiupán, municipio de La Libertad Costa. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los responsables fueron identificados como Germán Majano y Rubis Misael Palma Escobar, quienes enfrentaron un proceso judicial por el crimen.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, los condenados se encontraban departiendo con la víctima cuando se produjo una fuerte discusión. El altercado escaló hasta convertirse en una agresión física, luego de que ambos hombres se abalanzaran sobre su acompañante y lo inmovilizaran, impidiéndole defenderse.
La Fiscalía estableció que, durante el ataque, los agresores utilizaron una piedra para golpear repetidamente a la víctima, provocándole lesiones que le ocasionaron la muerte. Tras cometer el crimen, los responsables huyeron del lugar con la intención de evitar su captura. Sin embargo, las investigaciones permitieron identificarlos y posteriormente fueron detenidos para enfrentar el proceso penal correspondiente.
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla impuso una pena de 35 años de cárcel a los responsables, luego de valorar las pruebas presentadas durante el juicio. Con esta resolución, la Fiscalía logró una sentencia condenatoria por el homicidio ocurrido en Chiltiupán, cerrando una etapa del proceso judicial relacionado con este hecho de violencia.
Judicial
¡BIENES DEL EXFISCAL LUIS MARTÍNEZ PODRÍAN PASAR AL ESTADO! Juzgado admite pruebas por presunto origen ilícito
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio de San Salvador admitió las pruebas presentadas en un proceso judicial que busca transferir al Estado varios bienes vinculados al exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González. La Fiscalía General de la República (FGR) pretende demostrar que las propiedades y vehículos investigados están relacionados con presuntas actividades ilícitas cometidas durante la administración del exfuncionario, quien dirigió la institución entre diciembre de 2012 y diciembre de 2015.
De acuerdo con la información del proceso, la acción de extinción de dominio comprende seis inmuebles y 11 vehículos relacionados con ocho personas afectadas. Entre las propiedades señaladas figuran dos inmuebles ubicados en La Libertad y un automóvil Chevrolet registrados a nombre de Martínez. La investigación también incluye otros cuatro inmuebles situados en La Libertad, San Salvador y Sonsonate, además de diez vehículos de diferentes marcas, entre ellos tres BMW y dos Porsche, algunos vinculados a exfuncionarios de la Fiscalía.
La FGR sostiene que los bienes podrían tener relación con delitos como lavado de dinero y activos, enriquecimiento ilícito y la utilización de recursos de procedencia irregular. Según las investigaciones, durante la gestión de Martínez habría funcionado una presunta estructura de corrupción integrada por funcionarios y particulares que supuestamente participaron en operaciones para ocultar el origen de determinados bienes. Las indagaciones también señalan posibles irregularidades en el manejo de fondos provenientes de decomisos, gastos institucionales y beneficios recibidos de terceros.
La admisión de las pruebas representa un avance en el proceso, pero no significa que los bienes hayan pasado definitivamente a manos del Estado. Será durante la audiencia de sentencia cuando el tribunal valore los elementos presentados por las partes y determine si procede la extinción de dominio. La resolución establecerá el destino de las propiedades y vehículos investigados, en un expediente relacionado con las presuntas irregularidades atribuidas a la administración del exfiscal general.
Judicial
¡CREYÓ PASAR DESAPERCIBIDO! Capturan en Soyapango a presunto pandillero de la MS-13 con antecedentes desde el año 2000
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un hombre señalado de pertenecer a la Mara Salvatrucha (MS-13) durante un procedimiento desarrollado en la comunidad 22 de Abril, en el distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este. Según las autoridades, el detenido intentaba pasar desapercibido, pero fue identificado durante las labores de seguridad realizadas en la zona.
El capturado fue identificado como Jesús Baltazar Carballo Guerra, de 45 años, quien, de acuerdo con el reporte policial, presenta tatuajes relacionados con la estructura criminal MS-13. Durante un registro preventivo, los agentes descubrieron las marcas, entre ellas un tatuaje ubicado en la parte interna de su labio inferior.
La PNC también informó que Carballo Guerra registra antecedentes desde el año 2000 por los delitos de intento de homicidio y hurto. Esta información forma parte de su historial policial y fue dada a conocer por la institución tras confirmar su detención en Soyapango.
Las autoridades indicaron que el sospechoso será remitido ante las instancias judiciales correspondientes por el delito de pertenencia a una organización terrorista. El procedimiento se enmarca en las acciones de seguridad que desarrolla la Policía Nacional Civil contra las estructuras de pandillas en diferentes sectores del territorio salvadoreño.
