Judicial
UCA pide a FGR investigar a magistrados Roberto Argueta y Manuel Bolaños por cerrar caso Jesuitas
La Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador por medio del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), contra los magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia que ordenaron el cierre del proceso contra los autores intelectuales y materiales de la masacre de seis padres jesuitas, cinco de ellos españoles, un salvadoreño y dos de sus colaboradoras.
Los demandados son los magistrados José Roberto Argueta Manzano y Juan Manuel Bolaños Sandoval, porque a juicio de la UCA ambos profesionales en derecho cometieron el delito de prevaricato, cometido en el último inciso del artículo 310 del Código Penal y que dice de la siguiente manera: “El juez que por negligencia o ignorancia inexcusable, dictare sentencia manifiestamente injusta, será sancionado con prisión de dos a cuatro años”.
La Sala de lo Penal resolvió tres recursos de casación a favor de los vinculados al crimen, incluido el expresidente Alfredo Félix Cristiani que gobernó El Salvador entre junio de 1989 y mayo de 1994, el pasado 8 de septiembre, sin embargo, uno de esos fallos se dio a conocer el 29 de octubre.
En dicha resolución se ordenaba el cierre de la causa contra los autores intelectuales, misma que en 2017 reabrió un juzgado de Paz y cuya decisión apoyó una corte de apelaciones.
De acuerdo con la UCA, «los magistrados habrían incurrido en tal delito» porque en su fallo «omitieron cualquier referencia» a una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró esta y otras masacres como crímenes de lesa humanidad, por lo que no prescriben, al anular una ley de amnistía de 1993.
«Esta denuncia es la primera acción legal que se emprende con el propósito de que se corrijan los retrocesos observados en la implementación de la justicia transicional en El Salvador. El próximo año se emprenderán otras acciones más, a nivel nacional e internacional», concluye la misiva.
Tras recibir la solicitud del Ministerio Público, el órgano Legislativo debe formar una comisión especial para que dictamine si existen los elementos para que los jueces sean desaforados y enfrenten el proceso penal. Solo se necesitan 43 votos de los 84 diputados para retirar la inmunidad.
El 16 de noviembre de 1989, un escuadrón del batallón elite Atlácatl del Ejército asesinó a los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno, y al salvadoreño Joaquín López. También a Elba Ramos y su hija Celina Ramos, colaboradoras de los religiosos.
Los señalados por los asesinatos son el expresidente Alfredo Cristiani, los generales Humberto Larios, Juan Bustillo, Francisco Fuentes y Juan Orlando Zepeda, el fallecido René Emilio Ponce y el coronel Inocente Orlando Montano, recientemente condenado en España.
Judicial
¡Condena insuficiente en Ciudad Delgado! 25 años de prisión por abusar de una mujer ebria y prenderle fuego en sus genitales
Un juez condenó a 25 años de prisión a Carlos Geovanni Castillo Clavel por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, tras abusar sexualmente de una mujer en estado de ebriedad y luego rociarla con gasolina para prenderle fuego en Ciudad Delgado, San Salvador.
De acuerdo con la investigación de Centros Judiciales El Salvador (CJES), la víctima y el agresor se conocían desde hacía varios años. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 26 de septiembre de 2025, en una vivienda de la colonia San Fernando, donde departían junto a una acompañante.
“Castillo Clavel, aprovechando que la víctima permanecía dormida, abusó de ella. Cuando esta recuperó el conocimiento e intentó retirarse, el agresor la detuvo por la fuerza, la amenazó con quemarla y luego roció gasolina sobre sus piernas y área genital, prendiéndole fuego con un encendedor”, detalló CJES.
La acompañante de la víctima despertó por los gritos, salió de la casa en llamas, pero regresó valientemente para rescatarla. La mujer sufrió quemaduras de segundo grado en el 25% de su cuerpo, lesiones compatibles con abuso sexual y permaneció hospitalizada más de un mes, con su vida en riesgo, según informes del Instituto de Medicina Legal (IML).
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación contra las Mujeres de San Salvador consideró en su sentencia que el agresor ejerció violencia previa y violencia simbólica al atacar específicamente el área genital de la víctima. Sin embargo, la intervención oportuna de la tercera persona fue clave para evitar una tragedia fatal.
Esta condena ha generado cuestionamientos sobre la proporcionalidad de las penas en casos de extrema violencia contra las mujeres en El Salvador.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
