Judicial
UCA pide a FGR investigar a magistrados Roberto Argueta y Manuel Bolaños por cerrar caso Jesuitas
La Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador por medio del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), contra los magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia que ordenaron el cierre del proceso contra los autores intelectuales y materiales de la masacre de seis padres jesuitas, cinco de ellos españoles, un salvadoreño y dos de sus colaboradoras.
Los demandados son los magistrados José Roberto Argueta Manzano y Juan Manuel Bolaños Sandoval, porque a juicio de la UCA ambos profesionales en derecho cometieron el delito de prevaricato, cometido en el último inciso del artículo 310 del Código Penal y que dice de la siguiente manera: “El juez que por negligencia o ignorancia inexcusable, dictare sentencia manifiestamente injusta, será sancionado con prisión de dos a cuatro años”.
La Sala de lo Penal resolvió tres recursos de casación a favor de los vinculados al crimen, incluido el expresidente Alfredo Félix Cristiani que gobernó El Salvador entre junio de 1989 y mayo de 1994, el pasado 8 de septiembre, sin embargo, uno de esos fallos se dio a conocer el 29 de octubre.
En dicha resolución se ordenaba el cierre de la causa contra los autores intelectuales, misma que en 2017 reabrió un juzgado de Paz y cuya decisión apoyó una corte de apelaciones.
De acuerdo con la UCA, «los magistrados habrían incurrido en tal delito» porque en su fallo «omitieron cualquier referencia» a una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró esta y otras masacres como crímenes de lesa humanidad, por lo que no prescriben, al anular una ley de amnistía de 1993.
«Esta denuncia es la primera acción legal que se emprende con el propósito de que se corrijan los retrocesos observados en la implementación de la justicia transicional en El Salvador. El próximo año se emprenderán otras acciones más, a nivel nacional e internacional», concluye la misiva.
Tras recibir la solicitud del Ministerio Público, el órgano Legislativo debe formar una comisión especial para que dictamine si existen los elementos para que los jueces sean desaforados y enfrenten el proceso penal. Solo se necesitan 43 votos de los 84 diputados para retirar la inmunidad.
El 16 de noviembre de 1989, un escuadrón del batallón elite Atlácatl del Ejército asesinó a los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno, y al salvadoreño Joaquín López. También a Elba Ramos y su hija Celina Ramos, colaboradoras de los religiosos.
Los señalados por los asesinatos son el expresidente Alfredo Cristiani, los generales Humberto Larios, Juan Bustillo, Francisco Fuentes y Juan Orlando Zepeda, el fallecido René Emilio Ponce y el coronel Inocente Orlando Montano, recientemente condenado en España.
A cumplir una condena de 12 años de cárcel ha sido sentenciado José Alfredo Gómez Ramírez, quien fue declarado culpable por el delito de robo en perjuicio de una víctima, a quien despojó de sus objetos de valor.
El hecho ocurrió la tarde del 18 de enero de este año. La víctima transitaba sobre 12ª. calle poniente, entre la 1ª. avenida sur y la avenida Isidro Ménendez, en el centro de esta capital, cuando fue interceptada por Gómez Ramírez, quien la amenazó de muerte y de forma rápida la despojó de sus prendas de valor.
La víctima luego de entregar sus pertenencias huyó de la zona y buscó apoyo policial.
El sujeto fue ubicado y detenido por agentes de autoridad a los pocos minutos de la acción delincuencial. La Fiscalía presentó toda la prueba ante el Juzgado Noveno de Paz y al finalizar de la denominada audiencia de vista pública sumaria fue encontrado responsable penalmente por el mencionado delito.
Gómez Ramírez ya cumplió dos condenas carcelarias por igual número de robos que cometió en 2015 y 2020, respectivamente.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), realizaron un operativo para capturar a Miguel Ángel Renderos Teo, quien será procesado por generar material de abuso sexual infantil.
La investigación contra el sujeto inició luego que la Fiscalía recibió un aviso en el que se alertaba que el hombre creaba material de abuso sexual de dos menores.
El registro se realizó en Soyapango, San Salvador Este y durante el procedimiento se logró la incautación de tres dispositivos celulares que ayudarán a robustecer las investigaciones en su contra.
Además se logró identificar a las víctimas, quienes fueron asistidas por el equipo multidisciplinario de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia (UAEMNA).
La FGR presentará al imputado en los próximos días ante las autoridades competentes.
Al hombre se le atribuyen los delitos de utilización de niñas/os, adolescentes o personas con discapacidad a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS), violación en menor e incapaz agravada y continuada, y agresión sexual en menor e incapaz agravada continuada.
Obed Abraham Ruiz Campos fue condenado a 23 años de prisión por los delitos de suicidio feminicida por inducción o ayuda y violación agravada en perjuicio de una mujer en La Libertad. La sentencia fue emitida por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el 10 de diciembre de 2024 en una vivienda ubicada en Lourdes, Colón, La Libertad Oeste. El ministerio público estableció que la víctima y el imputado mantenían una relación de pareja marcada por episodios de violencia psicológica, emocional y física.
La investigación también determinó que, en reiteradas ocasiones, Ruiz Campos coaccionó a la víctima mediante amenazas cuando consumía bebidas alcohólicas, llegando incluso a utilizar un arma blanca para obligarla a ingerir alcohol.
Según la Fiscalía, el día de los hechos el condenado consumió bebidas alcohólicas y forzó a la mujer a beber hasta que perdió el conocimiento. Posteriormente, habría abusado sexualmente de ella.
Las investigaciones señalan que la víctima presentó convulsiones y sangrado en diferentes partes del cuerpo. La Fiscalía indicó que el imputado abandonó el lugar y dejó el cuerpo durante un día. Posteriormente, presuntamente intentó alterar la escena al cambiar y lavar la ropa de la víctima antes de informar a las autoridades que la había encontrado sin vida.
Al llegar al inmueble, las autoridades observaron indicios de limpieza reciente y encontraron el cuerpo con señales de violencia física.
Durante el juicio, un informe forense concluyó que la causa de muerte fue una intoxicación alcohólica aguda. Asimismo, otras pericias determinaron la existencia de lesiones genitales compatibles con abuso sexual.
La Fiscalía presentó pruebas relacionadas con el vínculo entre el imputado y la víctima, los antecedentes de violencia y el contexto de coacción constante al que, según la investigación, fue sometida la mujer. Con base en estos elementos, la jueza impuso una pena de siete años de prisión por suicidio feminicida por inducción o ayuda y 16 años por violación agravada.
