Judicial
Sujetos que fueron capturados vestidos de policías y con armas de juguete fueron puestos en libertad
Fuentes judiciales informaron que el juzgado de Paz de Apopa dejó en libertad a tres pandilleros que fueron capturados cuando asaltaban con vestimenta similar al de la Policía Nacional Civil (PNC).
En la audiencia inicial celebrada esta mañana, los imputados fueron puestos en libertad y su caso pasa a la etapa de instrucción con medidas alternas a la detención, esto pese a que el hecho fue un robo.
Los sujetos detenidos fueron identificados como Carlos Rivas, de 25 años; René Antonio Valle, de 21, y Adonay Martínez, de 45. Al momento de la captura a los sujetos se les encontró abundante ropa oscura que era utilizada para delinquir.
Además, se les decomisó dos pistolas de juguete. seis teléfonos celulares, gorros pasa montañas, armas de fuego tipo pistolas, fundas, cargadores y munición para estas.
El ministerio público acusó a los imputados de los delitos de portación ilegal de arma de fuego, uso y tenencia indebido de traje o uniforme y organizaciones terroristas.
Según las investigaciones, los imputados son miembros de la mara Maquina que delinque en la zona norte del país.
En el Tribunal Especializado de Sentencia “A” de San Salvador se lleva a cabo la continuación del juicio contra 14 pandilleros de la MS, acusados de Lavado de Dinero y Activos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la investigación, los pandilleros utilizaban el dinero que recogían de la extorsión en la compra de carros, instalar negocios u otras actividades para el lavado del dinero.
De acuerdo a la fiscal del caso, los delincuentes además se captaban fondos provenientes de contrabando, además de la venta y distribución de drogas.
Así mismo, los imputados utilizaban a prestanombres o testaferros para realizar esta actividad ilícita, indicó la representación del Ministerio Público.
De ser encontrados culpables, los pandilleros podrían recibir condenas que van de los 8 a 15 años de prisión, de acuerdo al código penal.
Un total de 50 años de prisión deberá cumplir un miembro de estructura criminal luego de haber sido declarado culpable por el asesinato de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y el intento de homicidio en otra persona. Los hechos sucedieron el año pasado en Ahuachapán.
Fiscales de la Unidad Especializada Antipandillas y Delitos de Homicidio lograron que se impusiera la pena máxima en contra de Francisco Terán Pérez, quien fue declarado culpable de homicidio agravado en perjuicio de Salvador Alexander Ramírez Martínez, agente de la PNC y el delito de homicidio agravado tentado, en contra de otra víctima.
El Tribunal de Sentencia de Ahuachapán, a cargo de la vista pública, admitió toda la prueba expuesta en audiencia por la FGR y validó la investigación por lo que pronunció el fallo condenatorio.
Los hechos sucedieron el 28 de enero del año 2020 cuando las víctimas transitaban por la noche sobre la Carretera Panamericana que de Ahuachapán conduce hacia San Salvador en jurisdicción del cantón Izcanquillo, municipio de Atiquizaya.
Este lunes 18 de octubre, el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador desarrolló la audiencia preliminar en contra del exembajador de El Salvador en Honduras (2005-2009), Sigfredo Ochoa Pérez, quien junto al exministro consejero Walter Alfredo Anaya Escalante, es acusado de peculado (apropiación de fondos públicos).
Según la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), Ochoa Pérez es señalado de apropiarse $41,040 los cuales fueron erogados por el Ministerio de Relaciones Exteriores; mientras que en el caso de Anaya Escalante la suma fue de $59,840.
Una tercera persona de nacionalidad hondureña también resultó involucrada en estos hechos, ella es Soledad Funes de Ramírez señalada de apropiarse $6,000. En total, el monto por el cual son acusados suman más de $106,000 en concepto de arrendamiento.
De acuerdo con las investigaciones, las circunstancias bajo las cuales incurrió en el delito fue durante una suscripción de dos contratos de arrendamiento de los locales donde funcionaban las oficinas diplomáticas de El Salvador en Honduras, en 2005, cuando Ochoa Pérez era embajador.
Estas irregularidades fueron denunciadas en 2018 ante la Fiscalía por el embajador que sucedió a Ochoa Pérez y Anaya Escalante en 2016.
Estos señalamientos han sido negados por Ochoa Pérez, quien también fuera diputado del partido ARENA en el período 201-2015.
