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Presentan nueva denuncia contra exfiscal general, Douglas Meléndez, por delitos de fraude y falsedad contra Enrique Rais durante su administración en la FGR

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La mañana del lunes, trascendió que abogados del empresario Enrique Rais, interpusieron una denuncia en la Fiscalía General de la República, sobre documentación falsa que fue incorporada en un expediente judicial por los agentes Fiscales Marisol Carolina Ramírez y Elenilson Flores Flores, éste último sobrino de la Ex Fiscal Adjunta Noris Marlene Flores, quien es comadre del ex Fiscal General Douglas Meléndez.

Precisamente el licenciado Flores Flores, se encontraba en la oficina Fiscal de Cojutepeque, de donde fue trasladado con el fin de ver el caso de Rais, a la Unidad de Crimen Organizado dirigida por Wil Walter Ruiz, primo hermano del Ex Fiscal General.

La denuncia fue interpuesta a fin que se investigue la presunta comisión de los delitos de Fraude Procesal y Falsedad Documental Agravada vía cometimiento del delito de falsedad material, expuso el abogado Carlos Miranda, quien representa los intereses del empresario Enrique Rais en el proceso penal.

De acuerdo a los abogados de Rais, se está denunciando un hecho, que es como mínimo irregular, el cual consiste en la incorporación por parte de los Fiscales del Caso, de un memorando, en apariencia suscrito por el entonces Jefe de la Unidad Especializada Anticorrupción, licenciado Andrés Amaya, que en su forma y contenido, no coincide con otros documentos que si fueron suscritos por el relacionado Jefe de Unidad y que además contiene información puesta con el fin de poder hacer la falsa imputación al empresario.

Según los abogados del empresario, se cuenta con un memorando, que sí da certeza de legitimidad, el cual en su encabezado relaciona su correspondiente referencia, ser de fecha 18 de mayo de 2016, con sello y rúbrica por parte del licenciado Amaya, en el que adjunta su informe; no obstante a continuación en el proceso judicial, aparece incorporado por Fiscalía, otro memorando de la misma fecha 18 de mayo de 2016, que en el encabezado también aparece suscrito por el Jefe Anticorrupción, de aquella época, sin número de referencia, sin sello de la unidad y sin su rúbrica, donde se relatan varios hechos supuestamente obtenidos de intervenciones telefónicas efectuadas al abogado Ernesto Gutiérrez, de las que habría tenido conocimiento el licenciado Amaya y que a su vez informaba al Fiscal General, Douglas Meléndez.

Sin embargo, afirman los abogados de Rais, que a los fiscales del caso, se les olvidó probablemente que en el caso que se identificó públicamente como “RAIS-MARTINEZ”, el lic. Andrés Amaya, rindió entrevista ante los fiscales de la Unidad de Crimen Organizado a fecha 21 de septiembre de 2017, la cual fue incorporada al Dictamen de Acusación de ese caso, donde expresamente el Jefe de la Unidad Anticorrupción declara no haber tenido conocimiento alguno, sobre las escuchas telefónicas que originaron el mencionado caso, sino únicamente respecto de escuchas relacionadas con unos casos de corrupción de Alcaldías, que además cumplió el plazo legal de seis meses que indica el Art. 23 LEIT, sin haberse utilizado, sin embargo fueron utilizados por orden del Ex Fiscal General Melendez fuera del plazo.

Entonces, se cuestionan los abogados de Rais, cómo es posible qué si en el 2017 afirmó no conocer de ciertos hechos, aparezca junto a un Requerimiento Fiscal presentado el día 13 de enero de 2019, un supuesto memorando del año 2016, que no tiene ni rúbrica del lic Amaya, ni sello de la Unidad Anticorrupción en su contenido, y señala hechos totalmente contrarios a los que éste si declaró expresamente.

Cabe recordar que de forma previa, también los abogados del empresario, han señalado que los distintos procesos contra éste, han surgido de pruebas ilegales utilizadas por la Fiscalía durante la administración de Douglas Meléndez, señalamiento que ha quedado al descubierto con la solicitud de seis testigos criteriados en el conocido como “CASO CORRUPTELA” quienes renunciaron a esa calidad, por haber sido coaccionados a declarar falsamente en contra de varias personas, entre ellos Enrique Rais.

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22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.

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José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.

Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.

Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.

La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.

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Sujeto acusado de violación es condenado a 14 años de cárcel

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Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.

Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.

Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.

La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.

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15 años de cárcel para dos extorsionistas

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En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.

Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.

Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).

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