Judicial
Presentan nueva denuncia contra exfiscal general, Douglas Meléndez, por delitos de fraude y falsedad contra Enrique Rais durante su administración en la FGR
La mañana del lunes, trascendió que abogados del empresario Enrique Rais, interpusieron una denuncia en la Fiscalía General de la República, sobre documentación falsa que fue incorporada en un expediente judicial por los agentes Fiscales Marisol Carolina Ramírez y Elenilson Flores Flores, éste último sobrino de la Ex Fiscal Adjunta Noris Marlene Flores, quien es comadre del ex Fiscal General Douglas Meléndez.
Precisamente el licenciado Flores Flores, se encontraba en la oficina Fiscal de Cojutepeque, de donde fue trasladado con el fin de ver el caso de Rais, a la Unidad de Crimen Organizado dirigida por Wil Walter Ruiz, primo hermano del Ex Fiscal General.
La denuncia fue interpuesta a fin que se investigue la presunta comisión de los delitos de Fraude Procesal y Falsedad Documental Agravada vía cometimiento del delito de falsedad material, expuso el abogado Carlos Miranda, quien representa los intereses del empresario Enrique Rais en el proceso penal.
De acuerdo a los abogados de Rais, se está denunciando un hecho, que es como mínimo irregular, el cual consiste en la incorporación por parte de los Fiscales del Caso, de un memorando, en apariencia suscrito por el entonces Jefe de la Unidad Especializada Anticorrupción, licenciado Andrés Amaya, que en su forma y contenido, no coincide con otros documentos que si fueron suscritos por el relacionado Jefe de Unidad y que además contiene información puesta con el fin de poder hacer la falsa imputación al empresario.
Según los abogados del empresario, se cuenta con un memorando, que sí da certeza de legitimidad, el cual en su encabezado relaciona su correspondiente referencia, ser de fecha 18 de mayo de 2016, con sello y rúbrica por parte del licenciado Amaya, en el que adjunta su informe; no obstante a continuación en el proceso judicial, aparece incorporado por Fiscalía, otro memorando de la misma fecha 18 de mayo de 2016, que en el encabezado también aparece suscrito por el Jefe Anticorrupción, de aquella época, sin número de referencia, sin sello de la unidad y sin su rúbrica, donde se relatan varios hechos supuestamente obtenidos de intervenciones telefónicas efectuadas al abogado Ernesto Gutiérrez, de las que habría tenido conocimiento el licenciado Amaya y que a su vez informaba al Fiscal General, Douglas Meléndez.
Sin embargo, afirman los abogados de Rais, que a los fiscales del caso, se les olvidó probablemente que en el caso que se identificó públicamente como “RAIS-MARTINEZ”, el lic. Andrés Amaya, rindió entrevista ante los fiscales de la Unidad de Crimen Organizado a fecha 21 de septiembre de 2017, la cual fue incorporada al Dictamen de Acusación de ese caso, donde expresamente el Jefe de la Unidad Anticorrupción declara no haber tenido conocimiento alguno, sobre las escuchas telefónicas que originaron el mencionado caso, sino únicamente respecto de escuchas relacionadas con unos casos de corrupción de Alcaldías, que además cumplió el plazo legal de seis meses que indica el Art. 23 LEIT, sin haberse utilizado, sin embargo fueron utilizados por orden del Ex Fiscal General Melendez fuera del plazo.
Entonces, se cuestionan los abogados de Rais, cómo es posible qué si en el 2017 afirmó no conocer de ciertos hechos, aparezca junto a un Requerimiento Fiscal presentado el día 13 de enero de 2019, un supuesto memorando del año 2016, que no tiene ni rúbrica del lic Amaya, ni sello de la Unidad Anticorrupción en su contenido, y señala hechos totalmente contrarios a los que éste si declaró expresamente.
Cabe recordar que de forma previa, también los abogados del empresario, han señalado que los distintos procesos contra éste, han surgido de pruebas ilegales utilizadas por la Fiscalía durante la administración de Douglas Meléndez, señalamiento que ha quedado al descubierto con la solicitud de seis testigos criteriados en el conocido como “CASO CORRUPTELA” quienes renunciaron a esa calidad, por haber sido coaccionados a declarar falsamente en contra de varias personas, entre ellos Enrique Rais.
Este martes se instaló en el Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María el juicio contra tres ex altos mandos militares salvadoreños, acusados del asesinato de cuatro periodistas holandeses durante una emboscada ocurrida el 17 de marzo de 1982, en plena guerra civil.
Se trata del primer juicio con jurado en el país por crímenes de guerra, y marca un hito en los esfuerzos de justicia transicional en El Salvador.
Los imputados son José Guillermo García, exministro de la Defensa (91 años); Francisco Morán, exdirector de la extinta Policía de Hacienda (93); y Mario Adalberto Reyes Mena, excomandante de la Cuarta Brigada de Infantería en Chalatenango (85). Según las investigaciones, los tres habrían tenido participación directa o conocimiento previo del ataque perpetrado en el caserío La Lomona, jurisdicción de Santa Rita.
Las víctimas —Koos Jacobus Andries Koster, Jan Cornelius Kuiper Joop, Hans Lodewijk Ter Laag y Hohannes Jan Wilemsen— trabajaban para la televisora holandesa Ikon TV. El día de su asesinato se dirigían hacia un campamento guerrillero del FMLN, con el propósito de realizar un reportaje sobre el conflicto armado salvadoreño. Fueron emboscados y ejecutados mientras eran guiados por miembros del movimiento insurgente.
El caso fue reabierto en 2018, luego de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, que había protegido durante décadas a responsables de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.
La Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, en su informe de 1993, concluyó que el crimen fue resultado de «una emboscada planificada» por el coronel Reyes Mena, con el conocimiento de otros mandos militares.
Durante la apertura del juicio, se leyeron declaraciones de familiares de las víctimas. Saskia ter Laag, hermana de Hans Lodewijk, expresó su esperanza de que, más de cuatro décadas después, finalmente se conozca la verdad:
“Para mí y para mis seres queridos, lo más importante es obtener la respuesta a la pregunta: ¿Por qué motivo tuvieron que ser ejecutados?”, dijo.
El juicio es observado de cerca tanto por organizaciones nacionales como internacionales, que consideran este proceso un paso decisivo para romper la impunidad que ha rodeado los crímenes de la guerra civil salvadoreña.
Luis René Rivera González enfrenta cargos por feminicidio agravado, acusado de haber asesinado a su compañera de vida a golpes en la cabeza y posteriormente incinerar el cuerpo para intentar ocultar el crimen, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en un terreno baldío ubicado sobre la carretera a Punta Mango, en el caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, tras cometer el homicidio, Rivera González regresó a su vivienda en Chirilagua, San Miguel, y minutos más tarde volvió a la escena del crimen para prender fuego al cadáver.
La desaparición de la víctima fue reportada por familiares el 21 de abril. Gracias a las diligencias realizadas por la FGR, el cuerpo fue localizado el 30 de abril. La institución también señaló que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del acusado.
Rivera González fue capturado mediante orden administrativa el 15 de mayo. La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz de Chirilagua que el proceso avance a la etapa de instrucción con régimen de detención provisional mientras continúan las investigaciones.
Judicial
Mujer es acusada de homicidio agravado por la muerte de su pareja y otro hombre en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel en contra de Dilcia Alejandra Navarro Umaña, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos hombres, entre ellos su compañero de vida.
Según el informe fiscal, los hechos ocurrieron luego de una reunión en la que Navarro Umaña, su pareja sentimental, de 39 años, y un amigo de ambos, compartían bebidas alcohólicas. Durante el encuentro surgió una discusión que continuó cuando los tres se trasladaron a la vivienda de la pareja.
“Al llegar a la casa, los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, la mujer tomó un cuchillo e hirió de gravedad a ambos. Una tercera persona que intentó intervenir resultó con lesiones leves”, detalló la FGR en su comunicado oficial.
La pareja de Navarro Umaña falleció en el lugar a causa de dos heridas en el tórax y una en el cuello, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde murió la mañana del 19 de mayo mientras recibía atención médica.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que se decrete detención provisional contra la acusada y que el caso pase a la fase de instrucción, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
