Judicial
Presentan nueva denuncia contra exfiscal general, Douglas Meléndez, por delitos de fraude y falsedad contra Enrique Rais durante su administración en la FGR
La mañana del lunes, trascendió que abogados del empresario Enrique Rais, interpusieron una denuncia en la Fiscalía General de la República, sobre documentación falsa que fue incorporada en un expediente judicial por los agentes Fiscales Marisol Carolina Ramírez y Elenilson Flores Flores, éste último sobrino de la Ex Fiscal Adjunta Noris Marlene Flores, quien es comadre del ex Fiscal General Douglas Meléndez.
Precisamente el licenciado Flores Flores, se encontraba en la oficina Fiscal de Cojutepeque, de donde fue trasladado con el fin de ver el caso de Rais, a la Unidad de Crimen Organizado dirigida por Wil Walter Ruiz, primo hermano del Ex Fiscal General.
La denuncia fue interpuesta a fin que se investigue la presunta comisión de los delitos de Fraude Procesal y Falsedad Documental Agravada vía cometimiento del delito de falsedad material, expuso el abogado Carlos Miranda, quien representa los intereses del empresario Enrique Rais en el proceso penal.
De acuerdo a los abogados de Rais, se está denunciando un hecho, que es como mínimo irregular, el cual consiste en la incorporación por parte de los Fiscales del Caso, de un memorando, en apariencia suscrito por el entonces Jefe de la Unidad Especializada Anticorrupción, licenciado Andrés Amaya, que en su forma y contenido, no coincide con otros documentos que si fueron suscritos por el relacionado Jefe de Unidad y que además contiene información puesta con el fin de poder hacer la falsa imputación al empresario.
Según los abogados del empresario, se cuenta con un memorando, que sí da certeza de legitimidad, el cual en su encabezado relaciona su correspondiente referencia, ser de fecha 18 de mayo de 2016, con sello y rúbrica por parte del licenciado Amaya, en el que adjunta su informe; no obstante a continuación en el proceso judicial, aparece incorporado por Fiscalía, otro memorando de la misma fecha 18 de mayo de 2016, que en el encabezado también aparece suscrito por el Jefe Anticorrupción, de aquella época, sin número de referencia, sin sello de la unidad y sin su rúbrica, donde se relatan varios hechos supuestamente obtenidos de intervenciones telefónicas efectuadas al abogado Ernesto Gutiérrez, de las que habría tenido conocimiento el licenciado Amaya y que a su vez informaba al Fiscal General, Douglas Meléndez.
Sin embargo, afirman los abogados de Rais, que a los fiscales del caso, se les olvidó probablemente que en el caso que se identificó públicamente como “RAIS-MARTINEZ”, el lic. Andrés Amaya, rindió entrevista ante los fiscales de la Unidad de Crimen Organizado a fecha 21 de septiembre de 2017, la cual fue incorporada al Dictamen de Acusación de ese caso, donde expresamente el Jefe de la Unidad Anticorrupción declara no haber tenido conocimiento alguno, sobre las escuchas telefónicas que originaron el mencionado caso, sino únicamente respecto de escuchas relacionadas con unos casos de corrupción de Alcaldías, que además cumplió el plazo legal de seis meses que indica el Art. 23 LEIT, sin haberse utilizado, sin embargo fueron utilizados por orden del Ex Fiscal General Melendez fuera del plazo.
Entonces, se cuestionan los abogados de Rais, cómo es posible qué si en el 2017 afirmó no conocer de ciertos hechos, aparezca junto a un Requerimiento Fiscal presentado el día 13 de enero de 2019, un supuesto memorando del año 2016, que no tiene ni rúbrica del lic Amaya, ni sello de la Unidad Anticorrupción en su contenido, y señala hechos totalmente contrarios a los que éste si declaró expresamente.
Cabe recordar que de forma previa, también los abogados del empresario, han señalado que los distintos procesos contra éste, han surgido de pruebas ilegales utilizadas por la Fiscalía durante la administración de Douglas Meléndez, señalamiento que ha quedado al descubierto con la solicitud de seis testigos criteriados en el conocido como “CASO CORRUPTELA” quienes renunciaron a esa calidad, por haber sido coaccionados a declarar falsamente en contra de varias personas, entre ellos Enrique Rais.
Judicial
Condenan a 90 años de prisión a seis pandilleros por el asesinato de un agente policial en Sonsonate
El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana impuso una condena de 90 años de prisión a seis miembros de la clica San Cocos Salvatruchos, perteneciente a la MS-13, tras ser encontrados culpables de la desaparición y homicidio agravado de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), ocurrido en enero de 2022 en Sonsonate.
Los condenados fueron identificados como Eduardo José Cruz Hernández, David Eduardo Hernández Zeledón y Marco Daniel Cruz Hernández, quienes estuvieron presentes durante la vista pública. En tanto, Roberto Benjamín Rodríguez Padilla, Miguel Ángel Cortez Lozano y Nelson Alexánder Chacón Rivas fueron condenados en ausencia y deberán cumplir la pena una vez sean capturados.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el agente Nahúm Elías Hernández Escobar fue privado de libertad el 2 de enero de 2022 en la colonia Sensunapán, cuando se disponía a visitar a unos familiares. En ese momento fue interceptado por los pandilleros, quienes lo obligaron a bajar de su vehículo y lo trasladaron por la fuerza en otro automóvil.
Posteriormente, fue llevado a las orillas del río Sensunapán, donde fue asesinado y enterrado en una fosa clandestina. Su cuerpo fue localizado seis días después, el 8 de enero, e identificado mediante una prueba de ADN debido al avanzado estado de descomposición.
Los seis implicados fueron encontrados culpables de los delitos de homicidio agravado, desaparición de personas y agrupaciones ilícitas. Según la resolución judicial, cada uno recibió 60 años por homicidio agravado, 25 por desaparición y 5 por pertenecer a estructuras criminales.
La FGR reiteró su compromiso de llevar ante la justicia a quienes atenten contra la vida de servidores públicos y la seguridad de los salvadoreños.
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
Judicial
Prisión para pandilleros que asesinaron a una mujer tras saber que vivía en una zona controlada por otra estructura
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que tres miembros de la pandilla 18 Sureños fueran condenados a 25 años de prisión por el homicidio de una mujer ocurrido en el departamento de La Libertad.
Los condenados fueron identificados como Giovanni Stanley Santamaría Flores, alias Skipi; Giovanni Stanley Castillo Monjes, alias Saiper; y Alex Edgardo Guillén Zacatares, conocido como Orejón. Las investigaciones determinaron que los tres pertenecen a estructuras terroristas activas en la zona.
Según la FGR, el crimen ocurrió luego de que los pandilleros se encontraran con la víctima en un bar, donde uno de ellos entabló conversación y le ofreció una bebida alcohólica. Posteriormente, le propuso llevarla a su casa, pero al enterarse de que vivía en una zona dominada por una pandilla rival, cambiaron el destino.
La mujer subió al vehículo en el que viajaban los tres agresores y, al llegar al sitio acordado, fue atacada a balazos. Los delincuentes la abandonaron creyendo que había muerto.
Minutos después, agentes policiales la encontraron con vida, la auxiliaron y la trasladaron a un centro asistencial, donde falleció a causa de las graves heridas.
La FGR confirmó que los tres implicados ya guardan prisión y enfrentan además otro proceso penal por el delito de agrupaciones ilícitas.
