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Presentan nueva denuncia contra exfiscal general, Douglas Meléndez, por delitos de fraude y falsedad contra Enrique Rais durante su administración en la FGR

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La mañana del lunes, trascendió que abogados del empresario Enrique Rais, interpusieron una denuncia en la Fiscalía General de la República, sobre documentación falsa que fue incorporada en un expediente judicial por los agentes Fiscales Marisol Carolina Ramírez y Elenilson Flores Flores, éste último sobrino de la Ex Fiscal Adjunta Noris Marlene Flores, quien es comadre del ex Fiscal General Douglas Meléndez.

Precisamente el licenciado Flores Flores, se encontraba en la oficina Fiscal de Cojutepeque, de donde fue trasladado con el fin de ver el caso de Rais, a la Unidad de Crimen Organizado dirigida por Wil Walter Ruiz, primo hermano del Ex Fiscal General.

La denuncia fue interpuesta a fin que se investigue la presunta comisión de los delitos de Fraude Procesal y Falsedad Documental Agravada vía cometimiento del delito de falsedad material, expuso el abogado Carlos Miranda, quien representa los intereses del empresario Enrique Rais en el proceso penal.

De acuerdo a los abogados de Rais, se está denunciando un hecho, que es como mínimo irregular, el cual consiste en la incorporación por parte de los Fiscales del Caso, de un memorando, en apariencia suscrito por el entonces Jefe de la Unidad Especializada Anticorrupción, licenciado Andrés Amaya, que en su forma y contenido, no coincide con otros documentos que si fueron suscritos por el relacionado Jefe de Unidad y que además contiene información puesta con el fin de poder hacer la falsa imputación al empresario.

Según los abogados del empresario, se cuenta con un memorando, que sí da certeza de legitimidad, el cual en su encabezado relaciona su correspondiente referencia, ser de fecha 18 de mayo de 2016, con sello y rúbrica por parte del licenciado Amaya, en el que adjunta su informe; no obstante a continuación en el proceso judicial, aparece incorporado por Fiscalía, otro memorando de la misma fecha 18 de mayo de 2016, que en el encabezado también aparece suscrito por el Jefe Anticorrupción, de aquella época, sin número de referencia, sin sello de la unidad y sin su rúbrica, donde se relatan varios hechos supuestamente obtenidos de intervenciones telefónicas efectuadas al abogado Ernesto Gutiérrez, de las que habría tenido conocimiento el licenciado Amaya y que a su vez informaba al Fiscal General, Douglas Meléndez.

Sin embargo, afirman los abogados de Rais, que a los fiscales del caso, se les olvidó probablemente que en el caso que se identificó públicamente como “RAIS-MARTINEZ”, el lic. Andrés Amaya, rindió entrevista ante los fiscales de la Unidad de Crimen Organizado a fecha 21 de septiembre de 2017, la cual fue incorporada al Dictamen de Acusación de ese caso, donde expresamente el Jefe de la Unidad Anticorrupción declara no haber tenido conocimiento alguno, sobre las escuchas telefónicas que originaron el mencionado caso, sino únicamente respecto de escuchas relacionadas con unos casos de corrupción de Alcaldías, que además cumplió el plazo legal de seis meses que indica el Art. 23 LEIT, sin haberse utilizado, sin embargo fueron utilizados por orden del Ex Fiscal General Melendez fuera del plazo.

Entonces, se cuestionan los abogados de Rais, cómo es posible qué si en el 2017 afirmó no conocer de ciertos hechos, aparezca junto a un Requerimiento Fiscal presentado el día 13 de enero de 2019, un supuesto memorando del año 2016, que no tiene ni rúbrica del lic Amaya, ni sello de la Unidad Anticorrupción en su contenido, y señala hechos totalmente contrarios a los que éste si declaró expresamente.

Cabe recordar que de forma previa, también los abogados del empresario, han señalado que los distintos procesos contra éste, han surgido de pruebas ilegales utilizadas por la Fiscalía durante la administración de Douglas Meléndez, señalamiento que ha quedado al descubierto con la solicitud de seis testigos criteriados en el conocido como “CASO CORRUPTELA” quienes renunciaron a esa calidad, por haber sido coaccionados a declarar falsamente en contra de varias personas, entre ellos Enrique Rais.

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Exsecretario privado de Funes y su esposa condenados a devolver $3.87 millones por enriquecimiento ilícito

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La Fiscalía General de la Republica (FGR) logró que el exfuncionario Francisco José Cáceres Zaldaña y su esposa, Reyna Guadalupe Flores de Cáceres sean declarados culpables de enriquecimiento ilícito y deberán restituir al Estado $3,872,095.46 dólares.

Como parte de la condena civil, la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla resolvió que Francisco Cáceres deberá devolver $3,539,407.87 dólares, asimismo, lo inhabilitó por 10 años para ejercer cualquier cargo público.

En cuanto a su esposa, Reina Guadalupe Flores de Cáceres debe reintegrar US$332,687.59.

Cáceres fue secretario privado de la presidencia, durante la gestión de Mauricio Funes, entre el 1 de junio 2009 al 31 de mayo del 2014.
La condena civil ha sido impuesta por la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla.

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Abusadores de menor reciben 32 y 20 años de cárcel; madre permitió los ataques

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La Fiscalía General de la Republica (FGR) hizo justicia a favor de una menor logrando que Nelson Salmerón Rosales sea condenado a 32 años de prisión y Jaqueline Felicita Navarro Cruz a 20 años de cárcel.

Los abusos ocurrieron desde que la menor tenía 6 años hasta los 11. Salmerón se aprovechó de la confianza que tenía con la mamá de ella para agredirla sexualmente. La menor le contó a su madre, pero ella permitió que eso ocurriera y nunca hizo nada para evitarlo.

A raíz de la situación, la víctima tuvo cambios en su comportamiento, las autoridades del centro educativo lo notaron y ella les contó lo que sucedía. Los profesores alertaron a un familiar de la niña e inmediatamente interpusieron la denuncia.

Las condenas han sido impuestas por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

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Continúa juicio contra Muyshondt y otros exfuncionarios

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Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.

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