Judicial
MOP denuncia grandes anomalías en baipás del Puerto de La Libertad por empresa ganadora de licitación
Las nuevas autoridades del Ministerio de Obras Públicas (MOP) denunciaron y elevaron al nivel de la Fiscalía la situación que han encontrado en el baipás de La Libertad, donde han señalado presunta corrupción con una empresa que ganó una licitación de más de $60 millones, pero que tiene récord de problemas con trabajos de menor envergadura.
Además, los denunciantes aseguraron que fueron ignorados reparos de Corte de Cuentas de la República (CCR) y hablan hasta de una amistad entre jefes del ministerio con la empresa ganadora de la licitación.
La construcción del proyecto que ha sido denunciado se realiza en la carretera al Puerto de La Libertad donde se divide en tres segmentos, uno es la apertura de calle, el segundo es la construcción de un puente y el tercer segmento —que es donde existen los señalamientos— es el empalme de la vía con la carretera Litoral.
El titular del MOP, Romeo Rodríguez Herrera, manifestó que les quisieron “esconder” la situación.
“En el segmento tres es donde encontramos las anomalías, de hecho al principio nos escondieron qué es lo que estaba sucediendo dentro del proyecto. Nuestro abogado y nosotros empezamos a indagar y encontramos que estaba a punto de vencer la fianza y ahí fue que actuamos y procedimos a la caducidad del contrato”, indicó.
«Hicieron ganar» a la empresa la licitación
El ministro relató que todo se inició desde el proceso de licitación, ya que desde el ministerio, en ese entonces a cargo de Eliud Ayala, “hicieron ganar” a la empresa Eben Ezer para hacerse cargo de las obra, esto a pesar de que la empresa tiene un amplio récord negativo con proyectos de menor envergadura.
“La empresa había participado en diferentes contratos con el FISDL (Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local) Fovial (Fondo de Conservación Vial) en el MOP y no había tenido capacidad de reacción, de hecho había solicitado en diferentes ocasiones prórrogas en contratos mucho más pequeños: de tres millones, un millón de dólares, 500 mil… y en esta obra solo el segmento tres anda por los $17 millones”, denunció Rodríguez.
Agregó que incluso hubo personas de la institución que le recomendaron a Eliud Ayala no contratar a la empresa por los problemas que había tenido. De acuerdo a las leyes salvadoreñas, un titular de una entidad no puede influir para la adjudicación de un proyecto.
“Dicen que le recomendaron al ministro no adjudicarle a la empresa por los problemas que había tenido, pero al parecer —según lo que dicen— es que hay una relación de amistad con estas personas. A pesar de ello se le adjudica a la empresa. Al menos en papeles cumplió con los porcentajes, cumplió la parte técnica y luego llevó la oferta económica más baja y por eso se le adjudicó. Obviamente hay indicios de que no se debía hacer adjudicado”, explicó.
Contrato firmado y múltiples retrasos
Luego de finalizado el proceso, en el contrato firmado entre la entidad del Estado y la empresa privada se establecía un período de seis meses para realizar el diseño y un año para ejecutar los trabajos.
“Se le enviaron diferentes informes al exministro por diferentes incumplimientos… la empresa empezó con retrasos con el diseño, no entregaba porque normalmente se tiene ciertas entregas parciales y se revisa con los equipos. Se crea una unidad ejecutora con el préstamo, normalmente están pendientes de supervisión entonces se estaban dando anomalías de que no cumplían ni siquiera con el diseño y no habían avances, se le estaba informado de esto (a Eliud Ayala), cuando se dio el retraso del diseño se enviaron informes para colocar multas y hacían caso omiso de estos documentos”, indicó.
De acuerdo a Romero Rodríguez, las autoridades de esa época solo le colocaron una multa a la empresa, a pesar de los recurrentes informes, pero solo porque “andaba por ahí” la Corte de Cuentas de la República (CCR).
“Imagino que se tuvo temor (por la CCR) y se puso la multa, pero de ahí se enviaron diferentes multas prácticamente cuando se había cumplido un año, seis meses de retraso del diseño porque llevaban un año y tuvieron una reunión, según comentaron los administradores del contrato, con el exministro y otras personas de alto nivel”, señaló.
$5 millones de anticipo que se utilizaron «para otro tipo de cosas»
En esa reunión, dijo el ministro, se les quitó los celulares a todos los que estaban dentro y se acordó “ayudarle” a la empresa a terminar porque no se había iniciado la construcción y solo les quedaba seis meses para cumplir con los 18 que se habían pactado.
Rodríguez añadió que en ese momento se podía haber terminado el contrato porque no se podía hacer en seis meses lo que estaba programado para un año.
“No aplicaron la caducidad del contrato, al contrario. Lo que hicieron fue poder dejar todo el panorama para poder entregar todo el anticipo de $5 millones a la empresa y continuar. Quedaron de acuerdo en apoyar lo más que podían a la empresa para poder terminar, al final como nadie se quería comprometer el administrador de contrato le envió informes al exministro”, relató Rodríguez Herrera.
La persona que administraba el contrato, dijo, envió un memorándum a Eliud Ayala, en el que se le informaba que necesitaban entregar el anticipo y que de no contestar en un tiempo estipulado, se iba a entregar.
“Justo no contestaron el documento y procedieron a entregar el anticipo. Se hizo un plan del anticipo, de las obras que se tenían que hacer, pero al final el anticipo se utilizó para otro tipo de cosas. Se enviaron informes del uso inadecuado del anticipo y de igual manera no se tuvo respuesta de las autoridades, nadie decía nada y continuaron con lo mismo”, apuntó.
Debido a todos esos problemas que se habían presentado, la CCR envió durante todo el proyecto seis reparos e incluso en mayo de 2019, a pocos días del cambio de gobierno, la Corte envió un documento pidiendo la caducidad del contrato.
El historial de Eben Ezer
Romeo Rodríguez manifestó que Eben Ezer tiene adjudicados varios proyectos en el Ejecutivo, solo que es una empresa que actúa con varios nombres. Con el Fovial, por ejemplo, tenía adjudicados cinco proyectos.
“Básicamente en cada uno de los proyectos había tenido problemas para la ejecución de las obras y eso ya era de conocimiento dentro de toda la institución, se rumoraba entre las mismas personas de que no iban a cumplir, ya sabían ellos de que no iban a cumplir”, aseveró.
El ministro también señaló que las autoridades anteriores no quisieron hacer nada por resolver el problema porque “si hubieran querido” hubieran terminado el contrato antes del cambio de gobierno e informar de lo que estaba pasando.
Por todas las irregularidades que se dieron, según el ministro de Obras Públicas, es que acudió el miércoles a las instalaciones de la Fiscalía a interponer un aviso por posible corrupción para que sea el Ministerio Público el encargado de dirigir las investigaciones.
Por: El Salvador Times.
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En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
Juan José Díaz Salinas, integrante de la MS13, purgará 30 años de prisión por el homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil. La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.
De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio ocurrió el 23 de septiembre de 2017 en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, en La Paz.
«El agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar», reveló la investigación.
En el fallo, el tribunal impuso también el pago de $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
El ministerio público informó que el terrorista cumple otras penas de prisión por varios crímenes cometidos, entre estos, el homicidio de una mujer en el 2017; también por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en La Paz.
Entre otros casos, el mismo tribunal condenó recientemente a los hermanos Santos Samuel y Cecilio Rafael Domínguez González, perfilados como integrantes de la pandilla 18. Estos sujetos permanecerán 30 años en prisión por haber asesinado a un hombre con un arma de fuego.
El crimen lo cometieron el 22 de junio de 2021, aproximadamente a la 1:30 del mediodía, cuando la víctima caminaba en la carretera Panorámica, por el caserío El Matazano, cantón San José La Montaña, San Francisco Chinameca, La Paz Oeste.
La investigación determinó que los hermanos interceptaron al hombre y a la fuerza lo condujeron hasta una cervecería. La víctima intentó huir, pero Rafael Domínguez lo golpeó en la cara y cayó al suelo. De inmediato, Santos Domínguez le disparó.
