Judicial
Juzgado realiza audiencia por accidente de rastra en bulevar Los Próceres
El Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador, realiza la audiencia por el caso del accidente de la rastra que dejó dos fallecidos, lesionados y daños en más de 30 vehículos.
Los procesados son: el conductor Carlos Alberto Portillo Vásquez, acusado de homicidio culposo, lesiones y conducción peligrosa, en perjuicio de 22 personas.
La Fiscalía General de la República también acusa a Álvaro Ibáñez Ticas, quien es representante legal de la empresa Andrade S.A. de C.V. y el propietario de la sociedad, Raúl Antonio Andrade Hernández.
El accidente ocurrió el 14 de marzo del año 2022 en horas del mediodía entre el bulevar Monseñor Romero y el bulevar Los Próceres de San Salvador, cuando Portillo Vásquez perdió el control por exceso de velocidad y la sobre carga de 7,9 toneladas que llevaba el trailer, llevándose a más de 30 vehículos que encontró a su paso, dos de los ocupantes de los automotores fallecieron y varias personas salieron lesionadas.
En el expediente judicializado el ministerio público le atribuye a Ibáñez Ticas, los delitos de resistencia, homicidio culposo y lesiones culposas; mientras que Andrade Hernández quien es el dueño de la empresa, es procesado por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. Para ambos la representación fiscal ha pedido al juzgado que se les decrete detención provisional. En el caso de Raúl Antonio Andrade Hernández, se encuentra residiendo en Estados Unidos.
Mientras que para Carlos Alberto Portillo Vásquez, la Fiscalía ha pedido que siga con medida alternas a la detención ya que fue puesto en libertad el pasado 17 de marzo.
Varias de las personas que resultaron afectadas por el accidente acudieron a la audiencia inicial ya que el juzgado los citó para que comparecieran, algunas portan cuello ortopédico a raiź de las lesiones con las que resultaron.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
