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Juzgado realiza audiencia por accidente de rastra en bulevar Los Próceres

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El Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador, realiza la audiencia por el caso del accidente de la rastra que dejó dos fallecidos, lesionados y daños en más de 30 vehículos.

Los procesados son: el conductor Carlos Alberto Portillo Vásquez, acusado de homicidio culposo, lesiones y conducción peligrosa, en perjuicio de 22 personas.

La Fiscalía General de la República también acusa a Álvaro Ibáñez Ticas, quien es representante legal de la empresa Andrade S.A. de C.V. y el propietario de la sociedad, Raúl Antonio Andrade Hernández.

El accidente ocurrió el 14 de marzo del año 2022 en horas del mediodía entre el bulevar Monseñor Romero y el bulevar Los Próceres de San Salvador, cuando Portillo Vásquez perdió el control por exceso de velocidad y la sobre carga de 7,9 toneladas que llevaba el trailer, llevándose a más de 30 vehículos que encontró a su paso, dos de los ocupantes de los automotores fallecieron y varias personas salieron lesionadas.

En el expediente judicializado el ministerio público le atribuye a Ibáñez Ticas, los delitos de resistencia, homicidio culposo y lesiones culposas; mientras que Andrade Hernández quien es el dueño de la empresa, es procesado por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. Para ambos la representación fiscal ha pedido al juzgado que se les decrete detención provisional. En el caso de Raúl Antonio Andrade Hernández, se encuentra residiendo en Estados Unidos.

Mientras que para Carlos Alberto Portillo Vásquez,  la Fiscalía ha pedido que siga con medida alternas a la detención ya que fue puesto en libertad el pasado 17 de marzo.

Varias de las personas que resultaron afectadas por el accidente acudieron a la audiencia inicial ya que el juzgado los citó para que comparecieran, algunas portan cuello ortopédico a raiź de las lesiones con las que resultaron.

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314 años de cárcel para estructura que asesinó a profesora y policía

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Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.

De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.

A Luis Alonso Mejía Hernández, quien se encargaba de transportar a los miembros de la estructura hacia los lugares donde se cometerían los hechos, fue sentenciado a 192 años, por robo agravado y agrupaciones ilícitas.

Mientras que a Moisés Antonio Rivera y Aurelio Wilfredo Vásquez, el juez los condenó a 177 y 166 años de prisión, respectivamente, los otros 34 recibieron diversas penas por los mismos delitos.

La red de asaltantes y homicidas fue desarticulada la madrugada del 25 de octubre de 2022, tras una investigación de varios meses que fiscales y policías realizaron a la compleja banda que tenía una logística en todo el país para ejecutar los atracos entre enero de 2019 a mayo de 2021.

Los imputados tenían estrategias criminales hasta para descifrar los montos de dinero que los usuarios de los bancos retiraban de los cajeros automáticos (ATM).

Lograban determinar cuando una persona retiraba considerables sumas de dinero, se apostaban cerca de los ATM y según el sonido que se generaba al momento de procesarse el retiro los integrantes de la banda perfilaban a ese usuario y tras darle vigilancia y seguimiento, lo interceptaban y despojaban de los fondos, si la víctima se oponía, era asesinada.

A un agente de la PNC, lo asesinaron el 19 de mayo de 2019, en San Juan Nonualco, departamento de La Paz. Había retirado $1,500 de una agencia bancaria de ese distrito, producto de préstamo bancario.

También el 22 de mayo de 2021, asesinaron a una profesora que había salido de una agencia bancaria en Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, la siguieron para robarle $2,600 y como se opuso al asalto, le dieron un disparo en la cabeza.

Testimonios de víctimas fueron parte de la prueba que la Fiscalía General de la República presentó para probar los robos y casos de homicidio, mientras que en las agrupaciones ilícitas se acreditó que los miembros tenían asignada una función específica para consumar los hechos.

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22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.

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José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.

Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.

Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.

La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.

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Sujeto acusado de violación es condenado a 14 años de cárcel

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Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.

Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.

Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.

La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.

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