Judicial
Juzgado realiza audiencia por accidente de rastra en bulevar Los Próceres
El Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador, realiza la audiencia por el caso del accidente de la rastra que dejó dos fallecidos, lesionados y daños en más de 30 vehículos.
Los procesados son: el conductor Carlos Alberto Portillo Vásquez, acusado de homicidio culposo, lesiones y conducción peligrosa, en perjuicio de 22 personas.
La Fiscalía General de la República también acusa a Álvaro Ibáñez Ticas, quien es representante legal de la empresa Andrade S.A. de C.V. y el propietario de la sociedad, Raúl Antonio Andrade Hernández.
El accidente ocurrió el 14 de marzo del año 2022 en horas del mediodía entre el bulevar Monseñor Romero y el bulevar Los Próceres de San Salvador, cuando Portillo Vásquez perdió el control por exceso de velocidad y la sobre carga de 7,9 toneladas que llevaba el trailer, llevándose a más de 30 vehículos que encontró a su paso, dos de los ocupantes de los automotores fallecieron y varias personas salieron lesionadas.
En el expediente judicializado el ministerio público le atribuye a Ibáñez Ticas, los delitos de resistencia, homicidio culposo y lesiones culposas; mientras que Andrade Hernández quien es el dueño de la empresa, es procesado por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. Para ambos la representación fiscal ha pedido al juzgado que se les decrete detención provisional. En el caso de Raúl Antonio Andrade Hernández, se encuentra residiendo en Estados Unidos.
Mientras que para Carlos Alberto Portillo Vásquez, la Fiscalía ha pedido que siga con medida alternas a la detención ya que fue puesto en libertad el pasado 17 de marzo.
Varias de las personas que resultaron afectadas por el accidente acudieron a la audiencia inicial ya que el juzgado los citó para que comparecieran, algunas portan cuello ortopédico a raiź de las lesiones con las que resultaron.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
