Elmer Antonio Argueta Bachez y Edin Ernesto Sánchez Sánchez, miembros de la MS, se mantendrán tras las rejas de una prisión mientras dura el proceso penal en su contra por exigir con amenazas a muerte $500.00 a una víctima, que además huyó con su familia del lugar donde vivía.

El Fiscal del caso de la Unidad de Patrimonio Privado de la oficina de Cojutepeque, aseguró que la resolución de Instrucción Formal con Detención Provisional la emitió el Juzgado de Paz del municipio de San Rafael Cedros, departamnento de Cuscatlán, por los delitos de Extorsión Agravada y Limitación Ilegal a la Libertad de Circulación.

Las exigencias de dinero se dieron el 9 de mayo del presente año, aproximadamente a las 6:00 de la mañana, cuando un grupo de mareros llegó a la casa de la víctima y le demandó la entrega del dinero en efectivo.

Entre los imputados hay una menor de edad, que será procesada con la Ley Penal Juvenil, en el Juzgado de Menores de Cojutepeque.

La Fiscalía General de la República (FGR), dio a conocer la resolución emitida este martes en contra de dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), y cinco miembros de estructuras terroristas, quienes están relacionados en el ingreso y uso de objetos prohibidos en las bartolinas de un puesto policial.

La audiencia fue realizada por el Juzgado Especializado de Instrucción A, de San Salvador, instancia que valoró los diferentes elementos iniciales de prueba que le fueron sometidos a valoración.

Se trata de una investigación conjunta entre personal de la Oficina Fiscal de San Marcos y de la Unidad Especializada Antipandillas y Delitos de Homicidios que determinará la responsabilidad de diferentes ilícitos ocurridos en el puesto policial conocido como El Cenizal, en San Marcos, al sur de San Salvador.

Los delitos que se determinará responsabilidad para los pandilleros son: Proposición y conspiración en el delito de Homicidio Agravado, Trafico de objetos prohibidos en centros penitenciarios de detención o reeducativos, uso de aparatos, componentes y accesorios electrónicos y de telecomunicaciones, en centros penitenciarios, centro de detención o reeducativos y Agrupaciones ilícitas.

Mientras que, los agentes policiales responderán por cargos como: Tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios de detención o reeducativos en su calidad de Autores Directos y Uso de aparatos, componentes y accesorios electrónicos y de telecomunicaciones, en centros penitenciarios, centro de detención o reeducativos, en calidad de Cómplices necesarios.

A los dos miembros de la Corporación Policial, se les ordenó las capturas al tener suficiente elemento probatorio que los relaciona en este proceso y por ello la Jueza dio por admitido toda la prueba inicial y al final emitió la referida resolución.

Se estableció, en esta primera etapa, que desde el área de las bartolinas se planificaban acciones criminales y principalmente un atentado contra personal del sistema de justicia, por los cual se autorizó a que se amplíe la investigación.

Los acusados en este caso son: Fermín Enrique Chicas Aquino, Carlos Edgardo Velásquez Veliz, Juan Javier Hernández Parada, Víctor Andrés Urías Cabrera, Carlos Antonio Molina Rivera, Luis Alonso González Deras y Óscar Armando López.

Este día inició la audiencia de sentencia a cargo del Juzgado Especializado de Extinción de Dominio en la que deberá resolver si despoja de 12 inmuebles y cinco productos financieros registrados a titularidad del diputado Reynaldo Antonio López Cardoza y de su esposa Alma Yaneth Gutiérrez de López.

Un equipo de fiscales de la Unidad Especializada de Extinción de Dominio se presentó desde esta mañana a la audiencia de sentencia para demostrar, con abundante prueba, el origen injustificado que los bienes han tenido y en consecuencia deberán pasar a favor del Estado, según sea la resolución judicial.

“La acción de extinción de dominio se ha incoado en 10 inmuebles en titularidad del señor Cardoza y 2 a nombre de la señora de López. De igual forma, se tienen 3 depósitos bancarios a nombre de él y 2 registrados a nombre de la señora de López y los cuales suman un total de $134,800.35”, explicó el fiscal del caso.

Afirmó que durante la audiencia se demostrará que los bienes tienen un origen ilícito, durante el periodo del año 2,000 al 2,015, provenientes de la tipología de los delitos de Lavado de dinero, Tráfico ilegal de personas y un enriquecimiento que no fue establecido por actividades lícitas.

Hasta esta tarde, se han centrado en que el juez deba resolver algunos incidentes propuestos por la parte defensora.