Judicial
Hasta 25 años de prisión deberán purgar miembros de pandilla por homicidio y limitación ilegal a la circulación
La unidad de delitos relativos a la vida e integridad física de la oficina fiscal de San Salvador logró condenar a 10 miembros de estructura delincuencial (pandilla 18) por los delitos de homicidio agravado y limitación ilegal a la libre circulación.
Los imputados responden a los nombres de: Angélica María López Mejía, alias “Angélica”, Oscar Adonay Cruz Fuentes, ambos condenados por Homicidio Agravado a 25 años de prisión.
Mientras que Kevin Stelin Gomez Chávez, Elmer Enrique Morales López, Miguel Ángel Pozo Velásquez, Marlene Esperanza Cuéllar de Urrutia, Margarita Antonia Rodríguez, Fabio Marcelo Garcilazo Herrera, Roberto Antonio Henríquez Peña y César Alexis Carrillo Hernández fueron sentenciados a 8 años de cárcel por el delito de limitación ilegal a la ibre circulación.
Las investigaciones indican que el homicidio investigado fue cometido el 27 de noviembre de 2015, en el interior de una cervecería ubicada en el barrio Concepción, San Salvador, donde la víctima es una mujer.
Con relación al delito de limitación ilegal, se logró establecer la participación de los implicados en obligar a varias víctimas a abandonar sus negocios y viviendas, pues de lo contrario atentarían en contra de sus vidas o la de sus familiares. Los delincuentes operaban en los alrededores del mercado Tineti, en la zona oriental de la capital.
El juzgado 5º de sentencia de San Salvador validó toda la investigación realizada por los fiscales del caso y decidió imponer severas penas de prisión a los involucrados.
A través de llamadas telefónicas una víctima de San Miguel fue extorsionada y obligada con amenazas de muerte en el año 2018, a entregar mensualmente $50.00 en siete ocasiones.
En los chantajes a nombre de uno de los grupos de mareros que operaban en esa ciudad, la Fiscal del caso de la Unidad Antiextorsiones de la oficina de San Miguel demostró en juicio que César Sabino Rivera Sánchez, recibió el 13 de marzo y el 16 de abril del año 2018 el dinero mensual exigido.
Con base a las pruebas de cargo, el Juzgado Segundo de Sentencia de San Miguel le impuso una pena de 10 años de prisión por el delito de extorsión agravada.
Judicial
Empresario Enrique Rais pide a Sala de lo Penal abordar resolución de instancia de la ONU que califica de “arbitraria” su privación de libertad
El empresario Enrique Rais llamó a los magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia(CSJ) a ejercer el principio de “pronta y cumplida justicia” a su favor, a partir de la resolución emitida en su beneficio por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), organismo constituido por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En su Opinión 67-2020, el GTDA estableció que “la privación de libertad de José Aquiles Enrique Rais López es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
Al respecto de tal decisión del organismo de la ONU, el empresario hizo llegar una misiva a manos de los magistrados Doris Luz Rivas Galindo, José Roberto Argueta Manzano y Leonardo Ramírez Murcia, donde expone la opinión del Grupo de Trabajo.
“Hago a continuación un llamado a la Honorable Sala de lo Penal, para que atendiendo su deber de administrar ‘pronta y cumplida justicia’, y garantizar el derecho a la protección judicial y tutela judicial efectiva para toda persona víctima de delitos o de abuso de poder, no se vuelvan partícipes de las acciones intentadas por quienes han ocasionado graves perjuicios a mi persona, mi dignidad, mi familia y mi patrimonio, con la fabricación de persecuciones penales que desembocaron en la imposición de órdenes de prisión preventiva arbitrarias, y que ahora pretenden evadir sus responsabilidades por medio de obtener sentencias viciadas, por tener calidad de cosa juzgada fraudulenta”, manifestó en su misiva el empresario.
Rais explica que ante la ejecución de un proceso en su contra, “basado en pruebas ilícitas, espúreas y fraudes procesales”, interpuso ante la Fiscalía General de la República sendas denuncias en contra de Wil Walter Ruiz Ponce, ex jefe de Crimen Organizado de la FGR y primo hermano del ex fiscal general, Douglas Meléndez, así como contra un grupo de agentes y exagentes del Ministerio Público que recurrieron maniobras ilegales para incriminarlo.
También denunció a personal técnico de la Fiscalía por participar con acciones ilícitas en la presentación de pruebas.
“Los fiscales y exfiscales de crimen organizado, usando ‘testigos sin rostro’, ‘escuchas telefónicas Ilegales’ y ‘pruebas adulteradas’ violentaron mi derecho a un juicio justo, como reconoce el GTDA”, señaló el empresario.
Recordó Rais que en ese momento inició una batalla legal en favor de sus derechos humanos ante el atropello del que era objeto por parte de agentes fiscales, pero que el juez 5° de Paz de San Salvador consideró que todos los graves hechos en su contra eran “meros errores materiales” y sobreseyó definitivamente a todos los acusados.
“Ahora, Honorable Sala de lo Penal, el caso está en sus competencias y en sus manos queda que se cumpla con lo dictado en la resolución del GTDA, la cual establece en su numeral 64 lo siguiente: ‘El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del señor Rais y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos'”, instó el empresario
Dos hombres fueron condenados a 10 años y seis meses de prisión por el Tribunal Primero de Sentencia de Salvado por el delito de extorisón, informó el área de comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez.
Los ahora condenados fueron identificados como Oliver Edilberto Peralta Galindo y a Nelson Edgardo Trujillo López,
Los hechos sucedieron cuando los sujetos exigieron a su víctima 60 dólares mensuales a cambio de no atentar contra su vida o de un familiar.
El comerciante al no querer pagar la mal denominada “renta” realizó la denuncia correspondiente y colaboró las autoridades para llegar a la captura de los dos hombres.
La juzgadora en su fallo dijo que la prueba documental daba valor a lo dicho por los testigos, habiendo mención del álbum fotográfico que se habían anexado al expediente del seguimiento de la entrega controlada.
