Judicial
Fiscalía presenta dictamen de acusación en Caso “El Chaparral”
La Fiscalía General de la República (FGR), presentará el dictamen de acusación en el caso conocido como “El Chaparral”, en el que se procesa al expresidente Mauricio Funes Cartagena y a 5 involucrados más por hechos de corrupción, este día, a las 2 de la tarde.
En esta etapa, figuran como imputados Carlos Mauricio Funes Cartagena, Jose Leopoldo Samour Gómez, José Miguel Antonio Menéndez Avelar, Mario Pieragostini Maiocchi, José Efraín Quinteros y Ada Mitchell Guzmán Sigüenza y será ventilado en el Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador.
Los delitos que se les atribuyen son: Peculado, Cohecho activo, Lavado de dinero y de activos y Agrupaciones ilícitas.
Conforme a los plazos establecidos por ley, la Jueza del caso determinó que la etapa de instrucción ha finalizado.
La etapa de instrucción está prorrogada, para los peritos, hasta el 7 de diciembre del 2020.
Relación de los hechos
El día 26 de septiembre de 2008, se suscribió entre CEL y la empresa constructora italiana ASTALDI, el contrato número CEL-4143-S, con la finalidad de ejecutar la construcción de la presa Hidroeléctrica El Chaparral, cuyo costo fue fijado en la cantidad de US$219,900,509.90.
La empresa constructora ASTALDI incumplió el contrato al cometer atrasos significativos en la obra desde sus inicios, hasta llegar a la suspensión unilateral de los trabajos.
Esto constituía motivo suficiente para que CEL caducara el contrato, les impusiera multas e hiciera efectivas las fianzas contractuales.
Por otra parte, la constructora ASTALDI, representada por el señor Mario Pieragostini MaiocchI, interpuso ante la CEL, una serie de reclamos donde se alegaba la existencia de situaciones geológicas no comprobadas, como el movimiento de la margen derecha del cauce del río, que denominaron “imprevistos imprevisibles”. Con esto, pretendían justificar un incremento o ajuste del precio del contrato.
Al presentarse los reclamos por parte de ASTALDI, el señor Carlos Mauricio Funes Cartagena, ya había asumido la presidencia de la República de El Salvador.
Con fecha 22 de agosto de 2010, CEL contrata a la firma legal internacional, CURTIS, MALLET-PREVOST, COLT & MOSLE, S.C., expertos en arbitrajes internacionales, con el objetivo de prevenir un posible litigio con la empresa ASTALDI.
La firma recomienda un peritaje común técnico para verificar las situaciones geológicas planteadas por ASTALDI.
CEL contrata a la empresa NOVOTEC, para que realice un peritaje en el sitio de la obra, emitiendo un dictamen técnico que sustenta las argumentaciones de CEL ante un posible arbitraje.
José Miguel Antonio Menéndez Avelar (Mecafé), ordena a los asesores legales locales buscar el arreglo directo con ASTALDI y evitar el arbitraje a toda costa.
Posteriormente Mauricio Funes nombra a José Leopoldo Samour Gómez como presidente de CEL y este, con fecha 11 de julio de 2011, ejecuta la orden previa de llegar a un arreglo directo con ASTALDI. Se les paga el costo de la obra ejecutada hasta ese momento, más una suma adicional de US$45,244,418.00, sin existir base legal ni técnica para pagar un monto adicional.
Paralelamente, cuando se daban las negociaciones para llegar al Arreglo Directo con ASTALDI, Miguel Menéndez en compañía de Leopoldo Samour y otras personas más, viajaron a la república de Panamá, entre el 10 y el 12 de junio de 2012, un mes antes de formalizarse el Arreglo Directo.
En este viaje, se adquiere una sociedad fachada denominada HEADFORD BUSINESS y se abre una cuenta bancaria en el FPB BANK INC de Panamá, a nombre de HEADFORD BUSINESS que se utilizó recibir las dádivas o retribuciones que entregó ASTALDI a MAURICIO FUNES y MIGUEL MENENDEZ por el arreglo directo que benefició a ASTALDI en más de cuarenta y cinco millones de dólares.
Una vez se comenzaron a ejecutar los desembolsos de CEL hacía ASTALDI, el señor Miguel Menéndez en acuerdo con Mario Pieragostini y la participación del testigo clave “Mateo”, elaboraron unos contratos falsos donde simulaban el pago o retribución de servicios supuestamente brindados por la sociedad HEADFORD, recién adquirida por Miguel Menéndez, y dos sociedades fachadas relacionadas con ASTALDI, RAILWAY INTERNATIONAL TRADING CORP. y RIFT INTERNATIONAL, S.A. Estos contratos fueron presentados al FPB BANK en Panamá. A su vez, MIGUEL MENENDEZ adquirió otra sociedad panameña denominada RAYNE SERVICES y le abrió una cuenta en el FPB BANK.
Según uno de los testigos del caso, Miguel Menéndez logó conseguir 3.5 millones de dólares de ASTALDI en beneficio del expresidente, Mauricio Funes.
Este monto ingresó a las Cuentas Bancarias de HEADFORD BUSINESS y RAYNE SERVICES, según las Asistencias Internacionales.
En el peritaje las cuentas bancarias de las dos sociedades adquiridas por el señor MENÉNDEZ AVELAR en Panamá, se constató que la Sociedad RAYNE SERVICES CORP. recibió depósitos por la cantidad total de US$1,500,000.00, y HEADFORD BUSINESS la cantidad de US$2,000,000.00, sumando ambas cantidades en un total de US$3,500,000.00, lo que concuerda con el último incremento negociado con ASTALDI para liquidar el Arreglo Directo, gestionado por José Leopoldo Samour.
Según las diferentes asistencias internacionales, se logra establecer vínculos comunes entre las diversas personas naturales y jurídicas en la trazabilidad de fondos ilícitos.
En total, ASTALDI transfirió US$3,500,000.00, a las empresas fachadas de Mauricio Funes y Miguel Menéndez.
Se comprueba que una parte de este dinero se utilizó para la creación y funcionamiento de la franquicia de sociedades LATIN AMERICA SPAS, constituyéndose en El Salvador, Panamá y Suiza, propiedad de Mauricio Funes.
En El Salvador, LATIN AMERICA SPA tenía un negocio de masajes, peluquería y Spa que era administrado por Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, compañera de vida de MAURICIO FUNES.
Esta sociedad adquirió dos inmuebles de alto valor comercial, uno en la colonia Maquilishuat, San Salvador, donde funcionaba el negocio del Spa, y otro en Sierra de Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, destinado como residencia de Mitchell Guzmán. El señor José Efraín Quinteros trabajaba en un despacho que llevó la contabilidad de LATIN AMERICA SPA, y esta persona era la encargada de nombrar la estructura de testaferros para ocultar a los verdaderos propietarios de los inmuebles y los fondos ilícitos.
La otra parte de las dádivas entregadas por ASTALDI a Mauricio Funes y Miguel Menéndez fueron transferidas a la sociedad WARTILA ENGINEERING PROCESS LT, sociedad controlada por Miguel Menéndez constituida en Islas Marshall y con cuenta bancaria en Curacao.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
