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INVESTIGACIÓN PARTE II / Caso Corruptela utiliza testigos que, bajo amenaza, aceptan ser criteriados para contruir el proceso en beneficio de Douglas Meléndez
El pasado 6 de marzo de este año, publicamos una Investigación especial denominada: Exfiscal Douglas Meléndez fabricó caso “Corruptela” obligando a seis testigos criteriados para que dieran testimonios falsos, la cuál hacía alusión a una denuncia de 17 páginas que puede traspapelarse fácilmente o pasar inadvertida para muchos, sin embargo, devela una posible trama de corrupción al interior de una de las principales instituciones públicas que combaten el delito, en la que un grupo de fiscales y personal administrativo fueron obligados a mentir, inventar testimonios y delitos para hundir a personas que posiblemente no eran del agrado del exfiscal Meléndez y así él (exfiscal) usar estos casos para hacer campaña mediática para su reelección al cargo.
La denuncia contra el El exfiscal Douglas Meléndez, el exdirector Anticorrupción, Jorge Orlando Cortez Díaz y los fiscales auxiliares que llevan el caso Corruptela Nefatlí Roberto Ábrego Rosales, Mario Antonio Huezo Cortez, Harold Iván Córdoba Solís, David Alfonso Ramírez Guevara, Héctor Nahúm Martínez García, Sergio Manrique Paredes Blanco, Noris Iván Quintanilla Navidad, Santos Inocente Seguro Mendoza y Carolina Beatriz Torres Hernández , en poder de Diario Digital Cronio, revela las arbitrariedades que fueron amenazados para oligarlos más tarde a aceptar ser testigos criteriados en el caso Corruptela.
El pasado 29 de enero, seis testigos criteriados en el caso «Corruptela» se llenaron de valor al acudir a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para exponer las amenazas, vejámenes y violación a sus derechos fundamentales a los que fueron sometidos por el exfiscal y los fiscales auxiliares que han sido denunciados.
Los testigos denunciaron la forma arbitraria con la que fueron obligados a declarar sin respetar sus integridades. Asimismo, denuncian la inadecuada forma en que eran citados y amenazados para admitir hechos falsos y rendir testimonios falsos.
En la denuncia-documento al que Diario Digital Cronio tiene acceso se manifiesta cómo sucedieron los hechos, en los que fueron obligados a dar testimonios falsos y luego a admitir echos para aceptar el benefio de testigos criteriados, a cambio de no encarcelarlos o detenerlos, o cómo los mismos testigos dicen, a “no amarrarlos” y exponerlos a los medios para destruir sus imágenes y concecuentemente, perder sus empleos.
Lea la primera entrega sobre este caso
Publicada el 6 de marzo de 2019
Además, los denunciantes indicaron en la denuncia que las declaraciones de ellos, eran ajustadas a los intereses de los fiscales. Los fiscales alegaban que los testigos “no estaban confesando, sino defendiéndose”.
Sostienen que se les violentó su derecho de defensa, al negarles la participación de abogados particulares, ya que les dijeron que la Fiscalía General de la República (FGR) les pondría uno.
Por eso, aseguran que se les ha violentado sus derechos fundamentales contemplados en el artículo 11 y 12 de la Constitución de la República, Artículos 13 y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Artículos 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros.
Los denunciantes piden Procuraduría de Derechos Humanos, que se le dé trámite a la denuncia y deduzca responsabilidades y que se asigne un procurador para que se garantice el debido proceso.
A continuación dejamos íntegra la denuncia presentada ante la PDDH para que puedan leerla de primera mano y valoren la seriedad de nuestra investigación. Les recordamos que el caso tiene reserva, por esa situación, hemos omitido (tapado con negro) los nombres de los denunciantes para proteger su identidad.
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Esfuerzos articulados permiten que más de 42,800 terroristas capturados en régimen de excepción sigan en la cárcel
Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia
Los avances en proveer seguridad ciudadana requieren el trabajo coordinado de todas las instituciones, incluso aquellas que tienen autonomía en sus procesos. Esta es la eficiencia que los salvadoreños necesitan para solucionar sus necesidades.
Dentro del régimen de excepción que promovió el Presidente Nayib Bukele hay disposiciones para garantizar que los terroristas capturados permanezcan encerrados mientras el sistema de justicia resuelve sus procesos. En esta parte, el papel de Fiscalía General de la República (FGR) es fundamental, pues construye los casos para presentarlos a tribunales.
“Llegamos a más de 36 mil detenciones provisionales. Los equipos fiscales han presentado 767 requerimientos. Ganaremos esta batalla”, compartió el titular del FGR, Rodolfo Delgado, refiriéndose a los que han sido capturados en el contexto del régimen de excepción.
En otras palabras, ocho de cada 10 pandilleros que la Policía Nacional Civil (PNC) ha detenido, esperan el desarrollo de su proceso penal en la cárcel, es la ruta que seguirán todos. Esto es una muestra de la efectividad de las autoridades para encontrar a los criminales y recolectar las pruebas de los ilícitos cometidos.
Los diputados de la Asamblea Legislativa dieron sus votos para extender el régimen otros 30 días, un periodo que ampliará el margen para entregar más logros a favor de la población salvadoreña en la guerra contra las pandillas, tanto en sacarlos de las calles como en hacerlos cumplir las respectivas condenas.
La Fuerza Armada mantiene su apoyo a las tareas de seguridad pública que organiza la PNC para terminar con el flagelo de las organizaciones terroristas. El apoyo que han provisto ha facilitado llegar a sitios remotos o de difícil acceso, e incluso han posibilitado encontrar a delincuentes que habían escalado en la jerarquía de sus grupos.
En total, El Salvador continúa viviendo el periodo más seguro de la posguerra, con índices históricamente bajos en la tasa de homicidios. Las actividades gubernamentales de prevención de la violencia siguen activas en todo el territorio, para romper el ciclo vicioso y seguir transformando al país, respaldados por fondos públicos y con apoyo de la cooperación internacional.
Como ha dicho el Presidente Bukele, “digan lo que digan, hagan lo que hagan, escriban lo que escriban, ataquen una y otra vez, les digo: No nos van a detener. Tenemos a Dios, y al pueblo salvadoreño, de nuestro lado”.
Foto: COMCAVIS TRANS
La comunidad LGBTIQ+ pidió al gobierno y a la población, creación de espacios y condiciones de desarrollo educativo y laboral donde se pueda expresar el talento de este sector de la ciudadanía, según indicaron las miembros de la Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans (COMCAVIS TRANS).
Además, solicitaron que se brinde mayores garantías de salud para personas trans.
Según dijeron, en el país prevalece “un discurso estigmatizante, incitando al odio y en contra de los derechos humanos”.
Sin embargo, destacan que, a pesar del rechazo continuo en temas de diversidad sexual, continuarán insistiendo por leyes que dignifiquen su identidad y derechos. Además, continuarán exigiendo que se hagan verdaderos esfuerzos para proteger a las personas trans en el país.
Por otra parte, señalaron que las violaciones a sus derechos humanos se han profundizado.
Hasta el 17 de junio, se registran cinco denuncias de capturas a personas LGBTIQ+ y 10 casos de personas que sufrieron agresiones.
El pasado 25 de junio la población LGTBIQ+ salió a las calles de El Salvador para mostrar su orgullo, así como reivindicar una serie de derechos para la protección y la identidad. La marcha inició desde la 25 avenida norte, en las cercanías de la Universidad de El Salvador, hacia la plaza Salvador del Mundo.
Foto: PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) informó de la captura de María Elena Miranda Orellana, alias «Sirena», en la colonia Cruz Roja en Apopa.
De acuerdo con las autoridades, Miranda Orellana se encargaba de cobrar el dinero de las extorsiones para una pandilla.
La PNC agregó que la detenida pasará al menos 30 años en prisión por sus delitos.
«María Elena Miranda Orellana, alias Sirena, fue capturada en la colonia Cruz Roja en Apopa, por agrupaciones ilícitas. Esta mujer era la encargada de cobrar el dinero de las extorsiones. Pasará décadas tras las rejas por su delito», añadió.
