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FOTOS: Destruyen 2.7 toneladas de cocaína confiscadas a nueve extranjeros
El ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chica y autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) participaron este lunes del proceso de destrucción de las 2.7 toneladas de cocaína valuada en $67.5 millones que fue incautada el pasado 19 de noviembre a 852 kilómetros de la costa salvadoreña.
El procedimiento se realizó en el predio policial Shangallo situado en el municipio de Ilopango.
El ministro Merino Monroy destacó que la autorización de destrucción del narcótico se realizó en tiempo récord gracias al trabajo entre las diferentes instituciones.
“Es importante dar a conocer la articulación de los diferentes Órganos de Estado, porque en un corto tiempo ha sido posible la autorización judicial para la destrucción de esta incautación de droga”, dijo el funcionario.
Además, destacó que el decomiso de droga es un duro golpe a las finanzas del narcotráfico nacional e internacional y un mensaje claro por parte del Plan Control Territorial (PCT).
El jefe castrense informó que, en lo que va del año, se han incautado 7.4 toneladas de diferentes drogas, de las cuales 5.9 toneladas han sido de cocaína y el resto de otros estupefacientes como marihuana, crack, metanfetaminas.
Por su parte el director de la PNC, Arriaza Chicas, afirmó que la incautación y posterior destrucción de cocaína es parte de uno de los grandes logros del PCT, que solo en este 2021 ha arrebatado más de $160 millones a las estructuras criminales.
Las autoridades de Seguridad explicaron que la operación duró 11 días, la incautación se realizó a 460 millas náuticas al suroeste de Acajutla y se convirtió en el decomiso más grande de narcóticos en la historia de El Salvador.
De acuerdo con las estadísticas de la División Antinarcóticos (DAN), de la PNC, entre el 1 de enero y el 19 de noviembre se han decomisado 6.3 toneladas de cocaína en el país, arriba de las 1.7 toneladas requisadas en el mismo periodo; y la casi una tonelada localizada en 2019.
Lo anterior significa que los decomisos de este 2021 ha sido 3.6 veces más que las registradas en el mismo periodo de 2020; y 6.3 en comparación con 2019.
Esto es parte de los resultados del fortalecimiento tecnológico y operativo de las instituciones de seguridad, tal como lo establece desde su diseño inicial la fase 3 del PCT impulsado por el Gobierno del presidente Nayib desde el 2019.
El Gabinete de Seguridad registra que en dos años se ha capturado a 86 extranjeros por tráfico ilícito de drogas, solo en lo que va del año la PNC y la Fuerza Armada de El Salvador han detenido 32 personas provenientes de ochos países de la región.
Entre los capturados de este año, hay 32 extranjeros originarios de Brasil, Colombia, Ecuador, Costa Rica, México, Guatemala, Estados Unidos, Honduras y Nicaragua.
Tres mujeres se desmayaron al interior del cementerio Santa Isabel, en el distrito de Santa Ana, según informaron voceros de Cruz Azul Salvadoreña.
De acuerdo con la institución de socorro, una de las afectadas es una menor de 17 años, mientras que las otras dos mujeres tienen 18 y 65 años de edad.
Socorristas de Cruz Azul Salvadoreña brindaron primeros auxilios a las tres mujeres en el lugar y posteriormente las trasladaron al hospital más cercano para recibir atención médica.
Los voceros añadieron que dos de las víctimas fueron llevadas al centro asistencial aún en estado inconsciente.
Nacionales
Atención: ANDA prevé interrupciones temporales en el servicio de agua potable en Usulután Este
La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) informó que el servicio de agua potable se verá afectado temporalmente en varios sectores del distrito de Concepción Batres, municipio de Usulután Este, debido a labores de mantenimiento programadas por la distribuidora eléctrica.
La interrupción está prevista para mañana, domingo 21 de junio, en el horario comprendido entre las 6:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde. Durante ese período, el sistema de distribución de agua potable podría presentar afectaciones mientras se ejecutan los trabajos en la red eléctrica.
Las zonas que podrían experimentar inconvenientes en el suministro son los barrios El Calvario, Candelaria, El Centro, La Parroquia y San Antonio. Asimismo, la medida afectará al caserío Santa Lucía, la colonia El Progreso y la lotificación El Paraisal II.
ANDA explicó que la afectación está vinculada directamente a la suspensión temporal del servicio eléctrico, indispensable para el funcionamiento de los sistemas de bombeo y distribución de agua potable.
La institución indicó que, una vez sea restablecido el suministro de energía eléctrica, los sistemas retomarán su operación habitual.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, afirmó que la empresa donde ocurrió el accidente laboral que dejó un trabajador fallecido ya había sido inspeccionada previamente por la institución debido a incumplimientos en materia de seguridad ocupacional.
Según el funcionario, durante visitas anteriores se detectó que la compañía no contaba con un comité de seguridad y que las observaciones realizadas por los técnicos del Ministerio de Trabajo no fueron atendidas. “Además de las recomendaciones que brindamos con nuestros técnicos, ninguna cumplieron”, señaló.
Castro lamentó la muerte del trabajador y advirtió que la empresa deberá responder por las irregularidades encontradas. “Hoy lamentamos la pérdida de vidas humanas. Van a tener que indemnizar a sus familias y también tendrán que responder todos los hallazgos encontrados”, sostuvo.
El accidente ocurrió en una obra de construcción ubicada en la colonia Villas de San Rafael, sector del puente El Trébol, en Santa Ana, donde un derrumbe de tierra dejó soterrados a dos trabajadores.
Equipos de socorro lograron rescatar con vida a uno de ellos, quien fue trasladado a un centro asistencial. Sin embargo, la segunda víctima fue encontrada sin signos vitales durante las labores de búsqueda.
Las autoridades iniciaron una investigación para determinar responsabilidades y esclarecer las causas del colapso. La obra está vinculada a la empresa AYM Ingenieros, la cual formará parte de las investigaciones para establecer si existieron incumplimientos en las medidas de seguridad ocupacional que pudieron influir en el accidente.
Las autoridades buscan determinar las responsabilidades correspondientes tras la muerte del trabajador.
