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FOTOS: Destruyen 2.7 toneladas de cocaína confiscadas a nueve extranjeros
El ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chica y autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) participaron este lunes del proceso de destrucción de las 2.7 toneladas de cocaína valuada en $67.5 millones que fue incautada el pasado 19 de noviembre a 852 kilómetros de la costa salvadoreña.
El procedimiento se realizó en el predio policial Shangallo situado en el municipio de Ilopango.
El ministro Merino Monroy destacó que la autorización de destrucción del narcótico se realizó en tiempo récord gracias al trabajo entre las diferentes instituciones.
“Es importante dar a conocer la articulación de los diferentes Órganos de Estado, porque en un corto tiempo ha sido posible la autorización judicial para la destrucción de esta incautación de droga”, dijo el funcionario.
Además, destacó que el decomiso de droga es un duro golpe a las finanzas del narcotráfico nacional e internacional y un mensaje claro por parte del Plan Control Territorial (PCT).
El jefe castrense informó que, en lo que va del año, se han incautado 7.4 toneladas de diferentes drogas, de las cuales 5.9 toneladas han sido de cocaína y el resto de otros estupefacientes como marihuana, crack, metanfetaminas.
Por su parte el director de la PNC, Arriaza Chicas, afirmó que la incautación y posterior destrucción de cocaína es parte de uno de los grandes logros del PCT, que solo en este 2021 ha arrebatado más de $160 millones a las estructuras criminales.
Las autoridades de Seguridad explicaron que la operación duró 11 días, la incautación se realizó a 460 millas náuticas al suroeste de Acajutla y se convirtió en el decomiso más grande de narcóticos en la historia de El Salvador.
De acuerdo con las estadísticas de la División Antinarcóticos (DAN), de la PNC, entre el 1 de enero y el 19 de noviembre se han decomisado 6.3 toneladas de cocaína en el país, arriba de las 1.7 toneladas requisadas en el mismo periodo; y la casi una tonelada localizada en 2019.
Lo anterior significa que los decomisos de este 2021 ha sido 3.6 veces más que las registradas en el mismo periodo de 2020; y 6.3 en comparación con 2019.
Esto es parte de los resultados del fortalecimiento tecnológico y operativo de las instituciones de seguridad, tal como lo establece desde su diseño inicial la fase 3 del PCT impulsado por el Gobierno del presidente Nayib desde el 2019.
El Gabinete de Seguridad registra que en dos años se ha capturado a 86 extranjeros por tráfico ilícito de drogas, solo en lo que va del año la PNC y la Fuerza Armada de El Salvador han detenido 32 personas provenientes de ochos países de la región.
Entre los capturados de este año, hay 32 extranjeros originarios de Brasil, Colombia, Ecuador, Costa Rica, México, Guatemala, Estados Unidos, Honduras y Nicaragua.
Enero cerró con más eventos de vientos nortes de lo habitual y un descenso de temperaturas hacia finales del mes, especialmente durante las noches y madrugadas, así lo informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
De acuerdo con el resumen meteorológico, en enero se registraron 6 eventos de vientos y la temperatura más baja fue de 5 °C en la estación Las Pilas, Chalatenango.
Mientras que, el 24 de enero se registró la temperatura más alta del mes con 39.9 °C en la estación de Santa Rosa de Lima, La Unión.
En cuanto al acumulado de lluvias, se reportó un 26 % arriba de lo normal, pues fue de 3.1 milímetros; y el acumulado máximo del mes fue de 17 milímetros en la estación de Ilobasco, Cabañas.
Por otra parte, en enero, se registraron 213 sismos en El Salvador, tanto por fallas locales como frente a la costa. De los cuales 26 fueron sentidos por la población.
El 77 % ocurrió en la costa de El Salvador o países vecinos y el 23 % dentro del territorio por activación de fallas geológicas locales.
El sismo regional de mayor magnitud fue de 5.8 y ocurrió el 16 de enero en el territorio de Honduras. Mientras que, el sismo local de mayor intensidad fue de 3.3 en el distrito de Juayúa, en Sonsonate Centro, el 9 de enero; y en el distrito El Carmen, La Unión, el 23 del mismo mes.
Entre los sismos por fallas geológicas locales, 15 ocurrieron entre la zona de Los Naranjos, Apaneca y Juayúa; 13 entre la zona de Tecapa, Berlín y Alegría; y 9 en San Lorenzo y alrededores.
El clima de negocios impulsado por las estrategias estatales se vio materializado en la constitución de 8,373 nuevas empresas en 2025, así lo informó el director ejecutivo del Centro Nacional de Registros (CNR), Camilo Trigueros.
De esa cifra, 4,551 fueron Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS), y 2,742 sociedades jurídicas, y 1,080 sociedades individuales.
El funcionario señaló que esta cantidad de nuevas unidades de negocios supera el récord alcanzado en 2024 cuando se tuvo 6,042; y que solo la sumatoria de esos dos años supera la cantidad de registros que tenía el país en los gobiernos del pasado.
«En dos años llevamos alrededor de 15,000 empresas creadas. En 2024 y 2025, del segundo mandato del presidente Nayib Bukele, se ha logrado más que en 10 años de gobierno del FMLN», dijo.
«Esto es importante enmarcarlo porque habla del compromiso del Gobierno de El Salvador, eso incluye a la Asamblea Legislativa que ha facilitado y ha permitido materializar cambios normativos que ahora se ven reflejados en el número de empresas», agregó.
Para Trigueros es importante analizar que estos no son números fríos, sino que son indicativos de creación de empleos, de inversión, y de consolidación de metas.
Por otro lado, mencionó que, en general 2025, fue un año destacable en cuanto a dinamización económica relacionada con los servicios que ofrece el CNR, lo que se refleja en el incremento del 11.1 % en la demanda de atenciones que la institución brinda.
Con datos hasta el 31 de enero de este año, El Salvador contabiliza 7,274 Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS), detalló Trigueros. Este modelo se implementó en febrero de 2022.
Esta modalidad fue creada para incentivar la formalización empresarial, y consiste en un proceso simplificado que no requiere de servicios notariales, puede ser inscrita con un solo socio, y requiere de $1 para ser constituida.
Trigueros afirmó que este despliegue de formalización de negocios representa un capital social total de $18.4 millones, inversiones que materializan la visión del Gobierno del presidente Nayib Bukele de empujar el desarrollo económico de El Salvador.
«En el país está sucediendo un cambio de visión a partir de que el presidente Bukele nos dice ‘vamos a centrarnos en la reactivación económica’», comentó.
El funcionario ahondó que la implementación de las SAS brindó a la matriz económica salvadoreña una forma ágil y rápida de construir empresas formales, y que esta visión antiburocrática se ha convertido en un incentivo para la inversión.
«Cuando los trámites demoran demasiado, o son muy complejos desincentivan las iniciativas de crear empresas, por el contrario, períodos cortos de tiempo, siendo efectivos en el mismo, permiten como país atraer a inversionistas nacionales y extranjeros que quieren abrir su empresa», acotó.
Con 56 votos, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Creación de la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul, con la que se establece una nueva institución responsable de planificar y ejecutar políticas públicas de pesca, acuicultura y actividades conexas, orientadas al aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y de agua dulce.
La normativa da paso a la creación de la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul (ASEA), una institución autónoma, con patrimonio propio y adscrita al Ministerio de Economía, que ejercerá la rectoría del sector pesquero y acuícola del país.
El enfoque de economía azul se refiere a integrar la sostenibilidad y la gestión responsable de los océanos con el desarrollo económico, utilizando la tecnología y la innovación para maximizar los beneficios de los recursos marinos y costeros sin agotarlos.
El objetivo de la ley es diseñar e implementar políticas públicas de pesca, acuicultura y actividades conexas con enfoque de economía azul; garantizar la seguridad alimentaria y nutricional; fomentar el crecimiento del sector; asegurar el uso racional de los recursos hidrobiológicos y promover la sostenibilidad ambiental, la innovación y la cooperación entre los sectores público, privado y académico.
El diputado de Nuevas Ideas, Ricardo Rivas, expuso que con el marco legal se busca impulsar la inversión, proteger los recursos marinos y agrícolas, modernizar y hacer más sostenible la pesca, dinamizando la economía de quienes dependen de este rubro. “Hay más de 5,000 acuicultores en el país, además de 30,000 pescadores de mar abierto que serán beneficiados con la creación de esta Autoridad Salvadoreña de Economía Azul”, manifestó.
Añadió que dicha autoridad impulsará el desarrollo productivo del sector, a través del fortalecimiento de la cadena de valores, el acceso a los distintos mercados, la innovación y la transferencia de tecnología.
La ley establece la creación de la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul como el ente rector de la política, planificación y regulación de la pesca, la acuicultura y las actividades conexas con enfoque de economía azul, responsable de aplicar la normativa nacional en la materia y de coordinar las relaciones del sector a nivel nacional e internacional.
La ASEA asumirá las funciones que, actualmente, desempeñan el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura (CENDEPESCA). Además, ejercerá la rectoría y gobernanza del sector pesquero y acuícola, velando por el cumplimiento de la normativa vigente y de la Ley General de Ordenación y Promoción de la Pesca y Acuicultura.
Asimismo, regulará el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos, promoviendo su uso sostenible y la conservación de los ecosistemas. Para ello, autorizará, supervisará e inspeccionará las actividades del sector, con el propósito de garantizar la trazabilidad, la calidad y la inocuidad de los productos pesqueros, impulsando prácticas responsables y sostenibles.
De igual manera, la ASEA fomentará la investigación científica, la transferencia tecnológica y el fortalecimiento de capacidades, mediante la coordinación con instituciones públicas, el sector privado y organismos internacionales. La entidad se financiará con fondos del Presupuesto General del Estado, ingresos por servicios, cooperación internacional, donaciones y otros recursos. Su gestión estará sujeta a la fiscalización de la Corte de Cuentas, además de auditorías externas cuando se considere necesario.
