Nacionales
FOTOS: Destruyen 2.7 toneladas de cocaína confiscadas a nueve extranjeros
El ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chica y autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) participaron este lunes del proceso de destrucción de las 2.7 toneladas de cocaína valuada en $67.5 millones que fue incautada el pasado 19 de noviembre a 852 kilómetros de la costa salvadoreña.
El procedimiento se realizó en el predio policial Shangallo situado en el municipio de Ilopango.
El ministro Merino Monroy destacó que la autorización de destrucción del narcótico se realizó en tiempo récord gracias al trabajo entre las diferentes instituciones.
“Es importante dar a conocer la articulación de los diferentes Órganos de Estado, porque en un corto tiempo ha sido posible la autorización judicial para la destrucción de esta incautación de droga”, dijo el funcionario.
Además, destacó que el decomiso de droga es un duro golpe a las finanzas del narcotráfico nacional e internacional y un mensaje claro por parte del Plan Control Territorial (PCT).
El jefe castrense informó que, en lo que va del año, se han incautado 7.4 toneladas de diferentes drogas, de las cuales 5.9 toneladas han sido de cocaína y el resto de otros estupefacientes como marihuana, crack, metanfetaminas.
Por su parte el director de la PNC, Arriaza Chicas, afirmó que la incautación y posterior destrucción de cocaína es parte de uno de los grandes logros del PCT, que solo en este 2021 ha arrebatado más de $160 millones a las estructuras criminales.
Las autoridades de Seguridad explicaron que la operación duró 11 días, la incautación se realizó a 460 millas náuticas al suroeste de Acajutla y se convirtió en el decomiso más grande de narcóticos en la historia de El Salvador.
De acuerdo con las estadísticas de la División Antinarcóticos (DAN), de la PNC, entre el 1 de enero y el 19 de noviembre se han decomisado 6.3 toneladas de cocaína en el país, arriba de las 1.7 toneladas requisadas en el mismo periodo; y la casi una tonelada localizada en 2019.
Lo anterior significa que los decomisos de este 2021 ha sido 3.6 veces más que las registradas en el mismo periodo de 2020; y 6.3 en comparación con 2019.
Esto es parte de los resultados del fortalecimiento tecnológico y operativo de las instituciones de seguridad, tal como lo establece desde su diseño inicial la fase 3 del PCT impulsado por el Gobierno del presidente Nayib desde el 2019.
El Gabinete de Seguridad registra que en dos años se ha capturado a 86 extranjeros por tráfico ilícito de drogas, solo en lo que va del año la PNC y la Fuerza Armada de El Salvador han detenido 32 personas provenientes de ochos países de la región.
Entre los capturados de este año, hay 32 extranjeros originarios de Brasil, Colombia, Ecuador, Costa Rica, México, Guatemala, Estados Unidos, Honduras y Nicaragua.
El Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador ordenó detención provisional contra Patricia Lissette L. de I., de 53 años, acusada de estafa agravada en perjuicio de ocho personas. Según el requerimiento fiscal, el supuesto fraude asciende a $57,283.50, entregados como inversión en un negocio de distribución de comida preparada.
Los hechos investigados ocurrieron entre 2022 y 2026. De acuerdo con la acusación, la mujer ofrecía ganancias a quienes aportaran dinero al supuesto emprendimiento, una propuesta con la que habría convencido a las víctimas de entregar distintas cantidades.
La investigación señala que la imputada no pagaba los rendimientos prometidos y posteriormente interrumpía la comunicación con los afectados. La promesa de obtener ganancias y la posterior falta de contacto forman parte del mecanismo de engaño descrito en el expediente fiscal.
Durante la audiencia inicial, el juez consideró que existían indicios suficientes sobre el delito y la probable participación de la acusada, por lo que ordenó que el proceso continuara a la etapa de instrucción. La mujer permanecerá detenida provisionalmente mientras avanza el caso; esta resolución no constituye una condena.
Judicial
Cadena perpetua para cinco integrantes de La Mirada Loca Sureños 13 en San Miguel; otros cuatro reciben 45 años
El Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso cadena perpetua a cinco integrantes de la estructura criminal conocida como La Mirada Loca Sureños 13. Los condenados son Josué Odir Granados Zapata, identificado como cabecilla y palabrero encargado de zona, junto a los homeboys Edwin Omar Nájera Ventura, Carlos Humberto Velásquez Blanco, Eliú Ismael Pineda Portillo y Celso Alvarado Gálvez.
En el mismo proceso, el tribunal sentenció a 45 años de prisión a Carlos Alberto Hernández Vásquez, José Joel Castillo Guevara, Yesenia Guadalupe Segovia Guevara y Nicolás Arístides Montoya Ríos por el delito de agrupaciones ilícitas. La Fiscalía General de la República acreditó que los nueve imputados formaban parte de esta estructura que operaba principalmente en el distrito de San Miguel, en la zona oriental del país, y que mantenía atemorizada a la población.
La resolución se basó en las evidencias presentadas por la Fiscalía, que validó la pertenencia de los acusados a la organización. Algunos de los condenados a 45 años mantienen otros procesos judiciales pendientes.
La estructura La Mirada Loca Sureños 13 es una de las clicas de la Mara Salvatrucha que ha sido objeto de múltiples procesos judiciales en el departamento de San Miguel.
Dos personas resultaron gravemente lesionadas después de que un vehículo cayera a un río en la carretera que conecta Ilobasco con Tejutepeque, en el departamento de Cabañas. El accidente fue reportado la tarde de este martes 20 de octubre en el sector del caserío Los Frailes, según información preliminar publicada por El Blog.
De acuerdo con reportes ciudadanos recogidos por ese medio, el conductor perdió el control del automóvil y se precipitó hacia el cauce. Hasta la publicación consultada, no se había establecido qué provocó la salida de la carretera ni se habían precisado las condiciones en las que circulaba el vehículo.
Las dos personas lesionadas fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica. El reporte no identifica a los afectados, sus edades ni el hospital al que fueron llevados. Tampoco incluye una actualización médica posterior al traslado.
Elementos de la Policía Nacional Civil acudieron a la escena para investigar las circunstancias del percance y determinar responsabilidades. Por el momento, la información disponible no permite atribuir el accidente a exceso de velocidad, fallas mecánicas u otra causa específica.
