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FOTOS: Destruyen 2.7 toneladas de cocaína confiscadas a nueve extranjeros
El ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chica y autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) participaron este lunes del proceso de destrucción de las 2.7 toneladas de cocaína valuada en $67.5 millones que fue incautada el pasado 19 de noviembre a 852 kilómetros de la costa salvadoreña.
El procedimiento se realizó en el predio policial Shangallo situado en el municipio de Ilopango.
El ministro Merino Monroy destacó que la autorización de destrucción del narcótico se realizó en tiempo récord gracias al trabajo entre las diferentes instituciones.
“Es importante dar a conocer la articulación de los diferentes Órganos de Estado, porque en un corto tiempo ha sido posible la autorización judicial para la destrucción de esta incautación de droga”, dijo el funcionario.
Además, destacó que el decomiso de droga es un duro golpe a las finanzas del narcotráfico nacional e internacional y un mensaje claro por parte del Plan Control Territorial (PCT).
El jefe castrense informó que, en lo que va del año, se han incautado 7.4 toneladas de diferentes drogas, de las cuales 5.9 toneladas han sido de cocaína y el resto de otros estupefacientes como marihuana, crack, metanfetaminas.
Por su parte el director de la PNC, Arriaza Chicas, afirmó que la incautación y posterior destrucción de cocaína es parte de uno de los grandes logros del PCT, que solo en este 2021 ha arrebatado más de $160 millones a las estructuras criminales.
Las autoridades de Seguridad explicaron que la operación duró 11 días, la incautación se realizó a 460 millas náuticas al suroeste de Acajutla y se convirtió en el decomiso más grande de narcóticos en la historia de El Salvador.
De acuerdo con las estadísticas de la División Antinarcóticos (DAN), de la PNC, entre el 1 de enero y el 19 de noviembre se han decomisado 6.3 toneladas de cocaína en el país, arriba de las 1.7 toneladas requisadas en el mismo periodo; y la casi una tonelada localizada en 2019.
Lo anterior significa que los decomisos de este 2021 ha sido 3.6 veces más que las registradas en el mismo periodo de 2020; y 6.3 en comparación con 2019.
Esto es parte de los resultados del fortalecimiento tecnológico y operativo de las instituciones de seguridad, tal como lo establece desde su diseño inicial la fase 3 del PCT impulsado por el Gobierno del presidente Nayib desde el 2019.
El Gabinete de Seguridad registra que en dos años se ha capturado a 86 extranjeros por tráfico ilícito de drogas, solo en lo que va del año la PNC y la Fuerza Armada de El Salvador han detenido 32 personas provenientes de ochos países de la región.
Entre los capturados de este año, hay 32 extranjeros originarios de Brasil, Colombia, Ecuador, Costa Rica, México, Guatemala, Estados Unidos, Honduras y Nicaragua.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
