Nacionales
El 78% de pandilleros fichados ya han sido capturados a 8 meses del Régimen de Excepción
Entre el 27 de marzo y el 5 de diciembre de este año, las autoridades han reportado la captura de 59,307 pandilleros de los más de 76,000 que se tenían fichados antes del régimen de excepción. La cifra representa el 78 % de los mareros de quienes la Policía tenía registro previo a la medida de seguridad.
Cabe destacar que antes del régimen de excepción la cantidad de pandilleros que permanecían en prisión era de 16,000 una cifra muy por debajo de los más de 59,300 detenidos durante la medida de seguridad que fue avalada desde marzo anterior por los diputados de la Asamblea Legislativa con base en la Constitución.
La efectividad del régimen quedó de manifiesto desde las primeras 24 horas en que las autoridades reportaron la captura de más de 600 mareros. Para el 30 de marzo, en 96 horas, la Policía y Fuerza Armada tenían tras las rejas a 3,000 pandilleros.
Ese día el presidente de la República, Nayib Bukele, aseguró que los 3,000 capturados durante el régimen más los 16,000 que ya permanecían en prisión se mantenían encerrados en los centros penales, donde la comida se les estaba racionando.
«Desde el domingo [27 de marzo], la comida es racionada y los 16,000 pandilleros encarcelados no han salido de sus celdas, ni han visto el sol. En estos días hemos arrestado 3,000 más (y seguimos). Así que cada vez habrá menos espacio y tendremos que racionar aún más», publicó el mandatario en su cuenta de Twitter.
En cinco días del régimen, las autoridades informaron sobre la captura de 3,873 delincuentes. Tras las detenciones, el presidente Bukele se dirigió a la oposición que había generado rumores sobre supuestas liberaciones de pandilleros.
«Por cierto, no se ha liberado a ningún pandillero. Un juez intentó liberar 42 de un caso del 2019, pero todos continúan en prisión y el caso pasará a una instancia superior. Hago un llamado a la Corte Suprema de Justicia a remover a los jueces cómplices del crimen organizado», indicó Bukele.
Para el 30 de abril, tras un mes de la medida de seguridad, la cantidad de pandilleros tras las rejas ascendía a 22,115.
«Desde el domingo [27 de marzo], la comida es racionada y los 16,000 pandilleros encarcelados no han salido de sus celdas, ni han visto el sol. En estos días hemos arrestado 3,000 más (y seguimos). Así que cada vez habrá menos espacio y tendremos que racionar aún más», publicó el mandatario en su cuenta de Twitter.
En cinco días del régimen, las autoridades informaron sobre la captura de 3,873 delincuentes. Tras las detenciones, el presidente Bukele se dirigió a la oposición que había generado rumores sobre supuestas liberaciones de pandilleros.
«Por cierto, no se ha liberado a ningún pandillero. Un juez intentó liberar 42 de un caso del 2019, pero todos continúan en prisión y el caso pasará a una instancia superior. Hago un llamado a la Corte Suprema de Justicia a remover a los jueces cómplices del crimen organizado», indicó Bukele.
Para el 30 de abril, tras un mes de la medida de seguridad, la cantidad de pandilleros tras las rejas ascendía a 22,115.
«533 terroristas fueron capturados el sábado 30 de abril, gracias al trabajo conjunto con la Fuerza Armada. Desde que inició la Guerra Contra Pandillas, hemos sacado de las calles a 22,115 criminales», informó la Policía.
En mayo, dos meses después de la aprobación del régimen, la Policía registraba un total de 35,009 pandilleros y colaboradores capturados.
El 16 de agosto, justo el día que las autoridades de Seguridad Pública presentaron ante la Asamblea Legislativa la solicitud para la quinta ampliación del régimen de excepción, la cantidad de detenidos bajo esta medida alcanzó los 50,000 pandilleros y colaboradores.
La cifra de los 50,000 capturados fue compartida por Casa Presidencial, «Nadie puede negar la transformación que estamos realizando en El Salvador. El Régimen de Excepción ha permitido intensificar la Guerra Contra Pandillas y sacar de las calles a miles de terroristas que ya no atemorizan a los salvadoreños. Seguimos», publicó Casa Presidencial en su cuenta de Twitter.
Para el 28 de octubre, la cifra de mareros encarcelados llegaba hasta los 56,190. «No vamos a dar un paso atrás en esta Guerra Contra Pandillas. Estamos haciendo justicia en nombre de millones de salvadoreños», indicó el Ministerio de Seguridad.
Un mes después y tras ocho meses de implementación del régimen, las autoridades reportaron el 28 de noviembre la cifra de 59,307 pandilleros capturados.
«A las estructuras terroristas les llegó su fin. Seguimos capturando criminales que tendrán que pagar con años de cárcel. La Guerra Contra Pandillas continúa», señaló en su cuenta de Twitter el Ministerio de Seguridad.
El pasado 24 de noviembre, el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, participó en el programa 8 En Punto, de canal 33, ante la pregunta del entrevistador de ¿cuántos pandilleros podrían estar libres todavía?, el funcionario respondió: «no tengo el dato exacto, pero sí podrían ser más de 20,000 que aún están fuera de las cárceles, algunos se han ido del país, otros están escondidos en los campos, en la ciudad y tras de ellos es que vamos».
Merino Monroy aseguró que pueden hacer la cuenta de los pandilleros que restan por capturar cada vez que realizan nuevas detenciones y verifican en los datos de la Policía.
«Hay un respaldo de parte de la Policía que durante todos estos años vinieron fichando a los delincuentes y vamos descontando los que se van capturando de este programa, y vemos que de esta clica ya solo quedan tantos, es así como sacamos cuentas», explicó el ministro.
A finales de octubre, el director de Centros Penales, Osiris Luna confirmó la construcción de dos penales destinados para albergar a pandilleros detenidos durante el régimen de excepción. «Dos cárceles están en construcción, la más grande que es el Centro de Confinamiento Contra el Terrorismo, que el señor presidente lo ha mencionado, va a estar lista dentro de poco».
Según Luna, ese centro tendrá las características para confinar a grupos terroristas y reducirá el hacinamiento. Ahí serán destinados gatilleros, palabreros u otros miembros de estructuras terroristas con rango dentro de esos grupos criminales.
El funcionario detalló que en esa cárcel se incrementará el número de custodios y se ha entrenado a fuerzas especiales para mantener el orden, control y disciplina.
El Centro de Confinamiento Contra el Terrorismo albergará a 20,000 pandilleros, contará con dos muros perimetrales, con una extensión total de cerca de 2,000 metros, con una distancia de 20 metros entre uno y otro.
Además, tendrá 37 torres de vigilancia, con una visión de 360 grados, 14 de ellas con una altura superior a los 10 metros.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
