Nacionales
El 78% de pandilleros fichados ya han sido capturados a 8 meses del Régimen de Excepción
Entre el 27 de marzo y el 5 de diciembre de este año, las autoridades han reportado la captura de 59,307 pandilleros de los más de 76,000 que se tenían fichados antes del régimen de excepción. La cifra representa el 78 % de los mareros de quienes la Policía tenía registro previo a la medida de seguridad.
Cabe destacar que antes del régimen de excepción la cantidad de pandilleros que permanecían en prisión era de 16,000 una cifra muy por debajo de los más de 59,300 detenidos durante la medida de seguridad que fue avalada desde marzo anterior por los diputados de la Asamblea Legislativa con base en la Constitución.
La efectividad del régimen quedó de manifiesto desde las primeras 24 horas en que las autoridades reportaron la captura de más de 600 mareros. Para el 30 de marzo, en 96 horas, la Policía y Fuerza Armada tenían tras las rejas a 3,000 pandilleros.
Ese día el presidente de la República, Nayib Bukele, aseguró que los 3,000 capturados durante el régimen más los 16,000 que ya permanecían en prisión se mantenían encerrados en los centros penales, donde la comida se les estaba racionando.
«Desde el domingo [27 de marzo], la comida es racionada y los 16,000 pandilleros encarcelados no han salido de sus celdas, ni han visto el sol. En estos días hemos arrestado 3,000 más (y seguimos). Así que cada vez habrá menos espacio y tendremos que racionar aún más», publicó el mandatario en su cuenta de Twitter.
En cinco días del régimen, las autoridades informaron sobre la captura de 3,873 delincuentes. Tras las detenciones, el presidente Bukele se dirigió a la oposición que había generado rumores sobre supuestas liberaciones de pandilleros.
«Por cierto, no se ha liberado a ningún pandillero. Un juez intentó liberar 42 de un caso del 2019, pero todos continúan en prisión y el caso pasará a una instancia superior. Hago un llamado a la Corte Suprema de Justicia a remover a los jueces cómplices del crimen organizado», indicó Bukele.
Para el 30 de abril, tras un mes de la medida de seguridad, la cantidad de pandilleros tras las rejas ascendía a 22,115.
«Desde el domingo [27 de marzo], la comida es racionada y los 16,000 pandilleros encarcelados no han salido de sus celdas, ni han visto el sol. En estos días hemos arrestado 3,000 más (y seguimos). Así que cada vez habrá menos espacio y tendremos que racionar aún más», publicó el mandatario en su cuenta de Twitter.
En cinco días del régimen, las autoridades informaron sobre la captura de 3,873 delincuentes. Tras las detenciones, el presidente Bukele se dirigió a la oposición que había generado rumores sobre supuestas liberaciones de pandilleros.
«Por cierto, no se ha liberado a ningún pandillero. Un juez intentó liberar 42 de un caso del 2019, pero todos continúan en prisión y el caso pasará a una instancia superior. Hago un llamado a la Corte Suprema de Justicia a remover a los jueces cómplices del crimen organizado», indicó Bukele.
Para el 30 de abril, tras un mes de la medida de seguridad, la cantidad de pandilleros tras las rejas ascendía a 22,115.
«533 terroristas fueron capturados el sábado 30 de abril, gracias al trabajo conjunto con la Fuerza Armada. Desde que inició la Guerra Contra Pandillas, hemos sacado de las calles a 22,115 criminales», informó la Policía.
En mayo, dos meses después de la aprobación del régimen, la Policía registraba un total de 35,009 pandilleros y colaboradores capturados.
El 16 de agosto, justo el día que las autoridades de Seguridad Pública presentaron ante la Asamblea Legislativa la solicitud para la quinta ampliación del régimen de excepción, la cantidad de detenidos bajo esta medida alcanzó los 50,000 pandilleros y colaboradores.
La cifra de los 50,000 capturados fue compartida por Casa Presidencial, «Nadie puede negar la transformación que estamos realizando en El Salvador. El Régimen de Excepción ha permitido intensificar la Guerra Contra Pandillas y sacar de las calles a miles de terroristas que ya no atemorizan a los salvadoreños. Seguimos», publicó Casa Presidencial en su cuenta de Twitter.
Para el 28 de octubre, la cifra de mareros encarcelados llegaba hasta los 56,190. «No vamos a dar un paso atrás en esta Guerra Contra Pandillas. Estamos haciendo justicia en nombre de millones de salvadoreños», indicó el Ministerio de Seguridad.
Un mes después y tras ocho meses de implementación del régimen, las autoridades reportaron el 28 de noviembre la cifra de 59,307 pandilleros capturados.
«A las estructuras terroristas les llegó su fin. Seguimos capturando criminales que tendrán que pagar con años de cárcel. La Guerra Contra Pandillas continúa», señaló en su cuenta de Twitter el Ministerio de Seguridad.
El pasado 24 de noviembre, el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, participó en el programa 8 En Punto, de canal 33, ante la pregunta del entrevistador de ¿cuántos pandilleros podrían estar libres todavía?, el funcionario respondió: «no tengo el dato exacto, pero sí podrían ser más de 20,000 que aún están fuera de las cárceles, algunos se han ido del país, otros están escondidos en los campos, en la ciudad y tras de ellos es que vamos».
Merino Monroy aseguró que pueden hacer la cuenta de los pandilleros que restan por capturar cada vez que realizan nuevas detenciones y verifican en los datos de la Policía.
«Hay un respaldo de parte de la Policía que durante todos estos años vinieron fichando a los delincuentes y vamos descontando los que se van capturando de este programa, y vemos que de esta clica ya solo quedan tantos, es así como sacamos cuentas», explicó el ministro.
A finales de octubre, el director de Centros Penales, Osiris Luna confirmó la construcción de dos penales destinados para albergar a pandilleros detenidos durante el régimen de excepción. «Dos cárceles están en construcción, la más grande que es el Centro de Confinamiento Contra el Terrorismo, que el señor presidente lo ha mencionado, va a estar lista dentro de poco».
Según Luna, ese centro tendrá las características para confinar a grupos terroristas y reducirá el hacinamiento. Ahí serán destinados gatilleros, palabreros u otros miembros de estructuras terroristas con rango dentro de esos grupos criminales.
El funcionario detalló que en esa cárcel se incrementará el número de custodios y se ha entrenado a fuerzas especiales para mantener el orden, control y disciplina.
El Centro de Confinamiento Contra el Terrorismo albergará a 20,000 pandilleros, contará con dos muros perimetrales, con una extensión total de cerca de 2,000 metros, con una distancia de 20 metros entre uno y otro.
Además, tendrá 37 torres de vigilancia, con una visión de 360 grados, 14 de ellas con una altura superior a los 10 metros.
Principal
Corte de Cuentas y la SRS apuestan por la excelencia en la formación de servidores públicos
La Corte de Cuentas de la República (CCR) y la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) firmaron una Carta de Entendimiento para establecer un marco de cooperación interinstitucional orientado a fortalecer las capacidades técnicas y profesionales del personal de ambas instituciones, en especial de los auditores y profesionales jurídicos de la Entidad Fiscalizadora Superior.
El acuerdo fue suscrito por el presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa, y el superintendente de Regulación Sanitaria, Noe Geovanni García Iraheta, en un acto que contó con la presencia de los magistrados Julio Guillermo Bendek y José Rodrigo Flores.
Como parte de este entendimiento, la SRS brindará capacitación al personal de la CCR en materia de Derecho Sanitario, así como en la aplicación de la Ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria y su normativa relacionada. Estas acciones buscan fortalecer el conocimiento técnico especializado en el ámbito de la salud.
Por su parte, la CCR, a través de su Centro de Instrucción y Capacitación (CINCAP), incorporará en su oferta formativa contenidos orientados a la función fiscalizadora, los cuales serán impartidos por un banco de formadores con experiencia en diversas especialidades, con el objetivo de capacitar al talento humano de la SRS.
Durante el acto de firma, el presidente de la CCR destacó que este acuerdo “fortalece el ecosistema de gobernanza democrática y reafirma nuestra determinación de impulsar una gestión pública moderna, íntegra y orientada a resultados”.
Con esta Carta de Entendimiento, la CCR y la SRS reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada en el fortalecimiento del talento humano del sector público, contribuyendo a una administración pública más profesional, transparente y eficiente.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
