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Detalles del negocio del expresidente de ARENA con el Ministerio de Defensa
La Unidad Penal de la Dirección de Intereses del Estado ordenó la captura de dos exministros de la Defensa Nacional y tres particulares o empresarios por los delitos de Peculado, Actos Arbitrarios y Falsedad Documental Agravada en perjuicio del Ministerio de la Defensa Nacional.
Según la información proporcionada, la empresa Cetrum, propiedad de Gustavo López Davidson, realizó negocios con el Ministerio de Defensa en 2013 y 2016, por la permuta de armas de fuego, cargadores y repuestos para fusil por un valor de $2,051,893.00
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, informó que el gobierno desconoce el paradero de más de 14 mil armas y el uso que le dieron, y agregó que se dará toda la cooperación para castigar a quienes cometieron estos delitos contra la Patria.
“Este día hemos dado un duro golpe a las estructuras que se lucraban de crimen organizado que se lucraban de dinero del pueblo salvadoreño (…), según las investigaciones esta persona forma parte de una red a la que pertenecían exfuncionarios del Ministerio de Defensa, esta red se dedicó a obtener lucro personal a costa de las arcas del Estado”, informó Rivas.
En la operación fueron capturados el exministro, David Munguía Payes, el exviceministro de Defensa Nacional José Atilio Benítez, por los delitos de Peculado, Actos Arbitrarios y Falsedad Documental Agravada en perjuicio del Ministerio de la Defensa Nacional.
Además, fue detenidos los empresarios Gustavo López Davidson, expresidente del Consejo Ejecutivo de ARENA. Además, fue detenidos Héctor Abel Herrera Mejía, acusados de los delitos de Peculado, en su calidad de Cómplices Necesarios.
Así mismo, se ha girado orden de captura en contra de Manuel de Jesús Romero, señalado por el delito de Peculado, en su calidad de Cómplice Necesario y por Falsedad Documental Agravada.
El ministro detalló que los imputados, mediante un contrato de permuta con el Ministerio de Defensa, obtenían armas en buen estado y entregaban armamento defectuoso. “Los peritos evaluadores les colocaban un costo de $30 a $50 y por tanto estafaron al Estado Salvadoreños en un ponto que asciende a más de $2 millones”, añadió Rivas.
Las detenciones ocurrieron, tras una investigación de más de nueve meses, después que el presidente de la República, Nayib Bukele, ordenara en noviembre del 2019 al ministro de la Defensa Nacional, René Merino Monroy, acudiera a la FGR a establecer una demanda, por los delitos en perjuicio de la administración pública, tras la firma de contratos de permutas con la sociedad CENTRUM, cuyo representante legal era Gustavo López.
El detalle ofrecido por la FGR sobre el equipo armamentístico estima que Defensa entregó a CETRUM:
- 14,930 armas de fuego
- 27,721 cargadores
- 2,706,472 cartuchos calibre 7.62
- 9,800 repuestos para fusil G-3 en mal estado
A cambio, CETRUM entregaría a Defensa
- 2 Obuses M71 de 155 mm
- 1 sistema de control de tiro
- 1 sistema de adquisición de blancos
- Equipo de medición
- 1 jack de 20 toneladas
- 1 engrasadora automática a presión
Sin embargo, el Ministerio de Defensa entregó armas nuevas: 2,670 pistolas ametralladoras marca FMK-TRES, calibre 9 milímetros, así como diversas armas en buen estado, como fusiles G-3.
Un ciclista fue trasladado de emergencia a un hospital la mañana de este jueves, luego de ser atropellado por un microbús del transporte colectivo en Santa Ana.
El accidente se registró en las cercanías de la ex escuela Guatemala, sobre la calle Aldea San Antonio, según informaron las autoridades que atendieron la emergencia.
Testigos señalaron que el ciclista, cuya identidad aún no ha sido confirmada, circulaba por la zona cuando fue embestido por una unidad de la ruta 5.
Al lugar también se presentaron elementos de la Fuerza Armada Salvadoreña (FAES), quienes colaboraron con la regulación del tráfico y brindaron apoyo para garantizar la seguridad en el área. Las autoridades investigan las causas del incidente.
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, afirmó que El Salvador está abierto a compartir su experiencia en materia de seguridad pública con gobiernos e instituciones internacionales que estén interesados en conocer el modelo que ha permitido al país salir de la lista de las naciones más violentas del mundo.
En una entrevista concedida a la revista francesa Le Grand Continent, Ulloa aclaró que el objetivo no es exportar el modelo salvadoreño, sino explicar su funcionamiento a quienes lo soliciten. “No estamos interesados en exportar nuestro modelo. Lo que sí estamos es abiertos para compartir nuestra experiencia con los gobiernos o instituciones que nos lo pidan”, manifestó el vicemandatario.
Durante la entrevista, Ulloa reveló que recientemente sostuvo una reunión con el ministro del Interior de Francia, Bruno Retailleau, a quien explicó los detalles del Plan Control Territorial (PCT), la política de seguridad implementada desde junio de 2019 por el presidente Nayib Bukele. Como parte de ese acercamiento, se compartió documentación oficial sobre el desarrollo y resultados del plan.
El PCT consta de siete fases, de las cuales seis ya han sido ejecutadas, e incluye acciones tanto de prevención como de represión del delito. En marzo de 2022, el plan fue reforzado con la implementación del régimen de excepción, medida que ha permitido la captura de más de 86,900 presuntos pandilleros, según datos del Ejecutivo.
Ulloa subrayó el contraste entre la situación actual y la que vivía el país en 2015, cuando El Salvador registraba más de 30 homicidios diarios. “Después de ser el país más violento del mundo, ahora es el más seguro del hemisferio occidental”, afirmó.
El vicepresidente también aseguró que El Salvador registra actualmente una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes, por debajo de países como Canadá, cuya tasa es de 2.5, lo que posicionaría al país como el más seguro de América.
Según Ulloa, el éxito del modelo salvadoreño ha despertado el interés de otras naciones. Recientemente, representantes de Ecuador y de cuerpos de seguridad locales de Perú han visitado El Salvador para conocer de cerca la estrategia implementada por el Gobierno salvadoreño.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
