Judicial
«Artis» el testigo criteriado que confesó cómo operaba la estructura criminal ligada a Pamela Posada
Con la ausencia de la exlocutora Pamela Posada, un testigo criteriado detalló la forma en la que operaba una estructura de narcotráfico que operaba desde el mar salvadoreño hasta las tierras guatemaltecas. La Fiscalía General de la República (FGR) dice que Posada sigue en la lista de acusados.
El testigo con régimen de protección «Artis” describió la forma cómo se movilizaba cocaína y grandes sumas de dinero entre Guatemala y El Salvador por la estructura “Los Cheros”, quienes se hacían pasar por pescadores en La Libertad.
A preguntas de la FGR y la defensa, el testigo alegó que había trabajado para la organización por las sumas de dinero que estos narcotraficantes pagaban a cambio de su colaboración entre los años 2015 y 2016.
¿Cómo ingresó a la estructura?
Según la declaración, una mujer de nombre Ana Lucrecia fue quien se contactó con “Artis” para ofrecerle dinero a cambio de llevar dinero o ser un simple vigía de la estructura en la que aprovechó sus condiciones para forjar un lazo de amistad y negocios con las esposas de estos.
En agosto del 2015, Marlon Monroy Meono, un exmilitar mejor conocido como “El teniente”, le encomendó al delator mover de Guatemala a El Salvador $5,500 para que Milton Ernesto Cuellar Valencia, alias “Pepe”, comprara motores de lancha para mover droga.
La confianza de los narcos con el testigo creció y para el 4 de noviembre de 2015 fueron $70,000 los que transportó a playas de La Libertad, siempre con el mismo objetivo: Mover droga.
“Artís” señaló que sus jefes aprovecharon sus rasgos físicos para que se hiciera pasar como turista, además, montaba fiestas estridentes en ranchos privados a los que llevaba prostitutas para no levantar sospechas.
El trabajo para la estructura le permitió ascender al rango de “bandera”, paso a ser los ojos de los capos y avisaba cualquier movimiento extraño durante los traslados de armas y drogas.
La desarticulación de la estructura
El 23 de diciembre de 2015, la esposa del cabecilla de la organización fue capturada junto con otras siete personas cuando trasladaban cocaína de Guatemala a El Salvador.
Para abril de 2016, “Artis” logró escapar de un fuerte operativo realizado en Antigua Guatemala, donde “El Teniente” –que fue capturado en ese momento- le entregó $120,000 para que lo sacara de la cárcel.
Sin embargo, esta última orden no fue cumplida ya que el 7 de febrero de 2017, “Artis” también fue detenido junto con otros vinculados al Cartel de Sinaloa, estructura con la que Posada ha sido ligada como la coordinadora de logística de 10 operativos por los cuales recibió $20,000.
Fiscalía sin dar razón de Posada
Durante la audiencia, la representación del ministerio público explicó que Posada aún es uno de los imputados del caso pero se limitaron a explicar su paradero.»Ella está en un proceso abierto atado a este mismo proceso», declaró la representación fiscal tras finalizar la vista pública.
Al cuestionarlo el paradero de la expresentadora puntualizó que no daría más detalles porque «tiene reserva sobre ese punto, no le puedo dar más información».
La imputada estaba resguardada en Cárcel de Mujeres, en Ilopanago; sin embargo, a finales de noviembre de 2018 fue trasladada a las bartolinas de la División de Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC).
Los pescadores se declaran inocentes
Luego de dos días de vista pública, los 10 imputados en el caso, entre ellos Cuellar Valencia, se declararon inocentes de los cargos que se le acusan. Con sus uniformes blancos y esposados de pies y manos se excusaron frente al juez al momento de hacer uso de su última palabra.
Junto a «Pepe» caminó su hermano, Jaime Cuellar, quien remarcó que se había entregado voluntariamente el 24 de marzo del 2017. «Yo no debo nada. Aquí (en la sala de audiencias) se han dicho muchas cosas que no son ciertas», señaló molesto.
La representación fiscal consideró que es normal que cada imputado diga que es inocente; pero puntualizan que tienen las suficientes pruebas para darles una condena máxima a los imputados.
Al filo de las 5:00 de la tarde, el juez dio por cerrado los debates entre las partes y fijo el 30 de enero como fecha para dar el fallo del caso.
NOTA DE El Salvador TIMES
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
Judicial
Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador
Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
