Judicial
«Artis» el testigo criteriado que confesó cómo operaba la estructura criminal ligada a Pamela Posada
Con la ausencia de la exlocutora Pamela Posada, un testigo criteriado detalló la forma en la que operaba una estructura de narcotráfico que operaba desde el mar salvadoreño hasta las tierras guatemaltecas. La Fiscalía General de la República (FGR) dice que Posada sigue en la lista de acusados.
El testigo con régimen de protección «Artis” describió la forma cómo se movilizaba cocaína y grandes sumas de dinero entre Guatemala y El Salvador por la estructura “Los Cheros”, quienes se hacían pasar por pescadores en La Libertad.
A preguntas de la FGR y la defensa, el testigo alegó que había trabajado para la organización por las sumas de dinero que estos narcotraficantes pagaban a cambio de su colaboración entre los años 2015 y 2016.
¿Cómo ingresó a la estructura?
Según la declaración, una mujer de nombre Ana Lucrecia fue quien se contactó con “Artis” para ofrecerle dinero a cambio de llevar dinero o ser un simple vigía de la estructura en la que aprovechó sus condiciones para forjar un lazo de amistad y negocios con las esposas de estos.
En agosto del 2015, Marlon Monroy Meono, un exmilitar mejor conocido como “El teniente”, le encomendó al delator mover de Guatemala a El Salvador $5,500 para que Milton Ernesto Cuellar Valencia, alias “Pepe”, comprara motores de lancha para mover droga.
La confianza de los narcos con el testigo creció y para el 4 de noviembre de 2015 fueron $70,000 los que transportó a playas de La Libertad, siempre con el mismo objetivo: Mover droga.
“Artís” señaló que sus jefes aprovecharon sus rasgos físicos para que se hiciera pasar como turista, además, montaba fiestas estridentes en ranchos privados a los que llevaba prostitutas para no levantar sospechas.
El trabajo para la estructura le permitió ascender al rango de “bandera”, paso a ser los ojos de los capos y avisaba cualquier movimiento extraño durante los traslados de armas y drogas.
La desarticulación de la estructura
El 23 de diciembre de 2015, la esposa del cabecilla de la organización fue capturada junto con otras siete personas cuando trasladaban cocaína de Guatemala a El Salvador.
Para abril de 2016, “Artis” logró escapar de un fuerte operativo realizado en Antigua Guatemala, donde “El Teniente” –que fue capturado en ese momento- le entregó $120,000 para que lo sacara de la cárcel.
Sin embargo, esta última orden no fue cumplida ya que el 7 de febrero de 2017, “Artis” también fue detenido junto con otros vinculados al Cartel de Sinaloa, estructura con la que Posada ha sido ligada como la coordinadora de logística de 10 operativos por los cuales recibió $20,000.
Fiscalía sin dar razón de Posada
Durante la audiencia, la representación del ministerio público explicó que Posada aún es uno de los imputados del caso pero se limitaron a explicar su paradero.»Ella está en un proceso abierto atado a este mismo proceso», declaró la representación fiscal tras finalizar la vista pública.
Al cuestionarlo el paradero de la expresentadora puntualizó que no daría más detalles porque «tiene reserva sobre ese punto, no le puedo dar más información».
La imputada estaba resguardada en Cárcel de Mujeres, en Ilopanago; sin embargo, a finales de noviembre de 2018 fue trasladada a las bartolinas de la División de Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC).
Los pescadores se declaran inocentes
Luego de dos días de vista pública, los 10 imputados en el caso, entre ellos Cuellar Valencia, se declararon inocentes de los cargos que se le acusan. Con sus uniformes blancos y esposados de pies y manos se excusaron frente al juez al momento de hacer uso de su última palabra.
Junto a «Pepe» caminó su hermano, Jaime Cuellar, quien remarcó que se había entregado voluntariamente el 24 de marzo del 2017. «Yo no debo nada. Aquí (en la sala de audiencias) se han dicho muchas cosas que no son ciertas», señaló molesto.
La representación fiscal consideró que es normal que cada imputado diga que es inocente; pero puntualizan que tienen las suficientes pruebas para darles una condena máxima a los imputados.
Al filo de las 5:00 de la tarde, el juez dio por cerrado los debates entre las partes y fijo el 30 de enero como fecha para dar el fallo del caso.
NOTA DE El Salvador TIMES
Un total de 428 miembros de estructuras criminales han sido condenados a penas que en algunos casos superan los 800 años de cárcel, como resultado de investigaciones conjuntas entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Las sentencias fueron emitidas por los Tribunales Contra el Crimen Organizado entre el 28 de abril y el 25 de julio.
Las autoridades detallaron que las pruebas presentadas lograron demostrar la participación de estos individuos en delitos como homicidio, extorsión, desaparición de personas, violaciones y otros crímenes cometidos en distintos puntos del país.
Uno de los casos más relevantes es el de Herbert Luis Sánchez Cruz, alias Cuchara, quien fue condenado a 807 años de prisión por 20 homicidios cometidos como parte de la clica Saylor Locos Salvatruchos de la MS-13. Otros pandilleros de la misma estructura recibieron penas similares: Gerber López Mejía (Aliens), 727 años; y Melquisidec Jiménez Zavala (Yaspers), 663 años, por crímenes cometidos entre 2017 y 2019 en San Miguel.
En total, 66 pandilleros de esa estructura fueron sentenciados. A ellos se suman otros 23 terroristas que operaban en San Miguel, La Unión y La Libertad, incluyendo a Douglas Isaac Urías Hernández, condenado a 230 años de prisión.
En el occidente del país, 56 pandilleros más fueron condenados a penas de hasta 180 años por delitos cometidos en municipios como Tamanique, Chiltiupán y Teotepeque. La mayor sentencia fue para Henry Giovanni Lobos Pérez.
Finalmente, 15 mareros que delinquían en Usulután, Morazán y La Unión también recibieron penas de hasta 155 años. Entre ellos figura Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias Satánico, señalado por múltiples homicidios cometidos entre 2015 y 2018.
Las autoridades sostienen que estos resultados son parte del combate frontal al crimen organizado en el marco del régimen de excepción y las estrategias de seguridad impulsadas en el país.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
