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VIRAL: La Fiscalía colombiana dictó una orden de encarcelamiento contra «Popeye» por el magnicidio de Guillermo Cano
El ex jefe de sicarios de Pablo Escobar, Jhon Jairo Velásquez Vásquez, se encuentra privado de su libertad desde el 25 de mayo de 2018. Estuvo más de 20 años en la cárcel por el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán28 de mayo de 2019
La Fiscalía colombiana dictó este lunes orden de encarcelamiento contra el ex jefe de sicarios de Pablo Escobar, Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias «Popeye», por el magnicidio en 1986 del director del diario El Espectador, Guillermo Cano Isaza.
«Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias ‘Popeye’, como presunto coautor del delito de homicidio agravado«, indicó el ente judicial en un comunicado.
Según la Fiscalía, la decisión se tomó ante «la presencia de nuevos testimonios de confesos integrantes y colaboradores del extinto cartel de Medellín y otra evidencia recopilada».
Guillermo Cano Isaza, que encabezó una lucha frontal contra el narcotráfico y su penetración en las distintas esferas de la política y la economía colombiana, fue asesinado a tiros la noche del 17 de diciembre de 1986 por sicarios del cartel de Medellín que le dispararon cuando salía del diario en su vehículo.
La misma mafia atacó de nuevo a El Espectador el 2 de septiembre de 1989 cuando un camión bomba fue detonado al lado del periódico, dejando decenas de heridos y las instalaciones parcialmente destruidas.
La Fiscalía también dictó medida no privativa de la libertad contra Gustavo Adolfo Gutiérrez Arrubla, alias «Maxwell», señalado de ser uno de los hombres de confianza de Pablo Escobar.
Con base en las pruebas, la Fiscalía señaló que los procesados formaron parte del denominado brazo armado de la banda de Escobar y, al parecer, tuvieron conocimiento y habrían incidido en la planeación del atentado contra el entonces director del diario El Espectador.
En el caso de «Popeye» hay indicios de su participación en una reunión en la que los cabecillas del cartel de Medellín, entre ellos Escobar, conspiraron para atentar contra Cano Isaza por sus publicaciones contra la organización narcotraficante y definieron la forma y quiénes ejecutarían el crimen.
De «Maxwell» se indicó que supuestamente «hizo las labores de inteligencia en Bogotá e identificó los movimientos y rutinas del comunicador».
La decisión fue comunicada al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que la medida de aseguramiento se haga efectiva en el momento en el que «Popeye» cumpla su periodo de detención en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar.
Con respecto a «Maxwell», la fiscal del caso dispuso que cumpla presentaciones periódicas ante la autoridad competente, prohibición para salir del país, mantener buena conducta individual, familiar y social; no tener contacto ni comunicación con las víctimas, y pagar una caución equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
«Popeye» estuvo más de 23 años en la cárcel por el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, perpetrado el 18 de agosto de 1989, y tras salir manifestó en diversas entrevistas que se había reintegrado a la sociedad.
Sin embargo, el 9 de diciembre de 2017 la Fiscalía pidió revocar su libertad condicional acusado de extorsión y concierto para delinquir, por lo que fue detenido nuevamente el 25 de mayo del año pasado.
(Con información de EFE)
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Terremoto en el este de Afganistán deja más de 2.200 muertos y miles de viviendas destruidas
Un terremoto de magnitud 6 sacudió el domingo por la noche el este de Afganistán, dejando un saldo de más de 2.200 personas fallecidas y casi 4.000 heridas, según informó este jueves el Gobierno talibán. El sismo, el más mortífero en la historia reciente del país, destruyó alrededor de 7.000 viviendas en las provincias de Kunar, Laghman y Nangarhar.
Hamdullah Fitrat, portavoz adjunto del Gobierno, detalló que la mayoría de las víctimas se concentran en Kunar, cerca de la frontera con Pakistán, y que las operaciones de rescate continúan, aunque se enfrentan a dificultades por desprendimientos y deslizamientos de tierra en las zonas montañosas.
Cuatro días después del sismo, los habitantes de las aldeas afectadas esperan ayuda urgente. “Necesitamos carpas, agua, comida y medicinas de forma urgente”, declaró Zahir Jan Safi, un agricultor de 48 años desde el pueblo de Mazar Dara, uno de los más devastados.
El balance de víctimas podría aumentar, ya que aún se hallan cuerpos en casas derrumbadas. Las organizaciones humanitarias y la ONU advierten que la situación se agrava debido a los recortes en la asistencia internacional, justo cuando la ayuda resulta más necesaria.
El Senado de Texas, de mayoría republicana, aprobó un proyecto de ley que prohíbe prácticamente todas las interrupciones de embarazo, incluso en casos de incesto o violación, salvo cuando exista riesgo de muerte o discapacidad grave para la madre. La medida, que debe ser promulgada por el gobernador Greg Abbott para entrar en vigor, permite que cualquier ciudadano demande a quienes faciliten la entrega de la píldora abortiva, con indemnizaciones mínimas de 100.000 dólares.
La legislación, aprobada por 17 votos a favor y 9 en contra, no penaliza a las mujeres que intenten obtener las píldoras, pero sí prohíbe su prescripción, fabricación o envío dentro del estado.
El senador republicano Bryan Hughes justificó la norma asegurando que busca “proteger al bebé que crece en el vientre de su madre” y evitar que las farmacéuticas “envíen pastillas tóxicas a Texas para inflar sus ganancias”. En contraste, la senadora demócrata Carol Alvarado calificó la ley de “convertir a los texanos en cazarrecompensas”.
La medida se enmarca en la tendencia de los estados conservadores de limitar el aborto tras la decisión de la Corte Suprema de 2022 de revocar el fallo Roe contra Wade, que garantizaba el derecho al aborto a nivel federal. Desde entonces, una veintena de estados han restringido o prohibido el acceso al procedimiento.
Casos recientes reflejan la aplicación estricta de estas normas: un médico de Nueva York fue multado con 100.000 dólares en Texas y enfrenta cargos en Luisiana por recetar pastillas abortivas a distancia, mientras que un hombre demandó a un médico de California por enviar píldoras a su novia residente en Texas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que México “está gobernado por los carteles de droga” y aseguró que ofreció enviar tropas estadounidenses al país, propuesta que la presidenta Claudia Sheinbaum habría rechazado por “miedo”. Las declaraciones fueron publicadas el 2 de septiembre por el medio Daily Caller.
Trump elogió a Sheinbaum calificándola como “una mujer estupenda, elegante y hermosa”, pero insistió en que, pese a sus cualidades, México estaría controlado por organizaciones criminales. “Me he ofrecido a enviar al ejército, y ella no quiere que hagamos eso. Tiene miedo. Está muy asustada”, indicó.
Estas afirmaciones se producen tras declaraciones del asesor de seguridad interior de la Casa Blanca, Stephen Miller, quien comparó la violencia en algunas ciudades estadounidenses con la de Ciudad de México, a la que también describió como dirigida por carteles criminales.
Por su parte, Sheinbaum rechazó las declaraciones y aseguró en conferencia matutina que no son ciertas, subrayando que prefiere mantener una buena relación con Estados Unidos. “Respetamos mucho la relación México-Estados Unidos y al presidente Trump, y no es verdad esta afirmación que hace, pero nos quedamos con la buena relación”, señaló.
México ha mantenido cooperación con la administración de Trump, especialmente en temas migratorios, reforzando la vigilancia en zonas fronterizas en los últimos años. Según un comunicado del Departamento de Estado estadounidense, estas acciones buscan “desmantelar carteles, detener el tráfico de fentanilo, poner fin a la inmigración ilegal y promover la prosperidad económica”.
