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VIRAL: La Fiscalía colombiana dictó una orden de encarcelamiento contra «Popeye» por el magnicidio de Guillermo Cano
El ex jefe de sicarios de Pablo Escobar, Jhon Jairo Velásquez Vásquez, se encuentra privado de su libertad desde el 25 de mayo de 2018. Estuvo más de 20 años en la cárcel por el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán28 de mayo de 2019
La Fiscalía colombiana dictó este lunes orden de encarcelamiento contra el ex jefe de sicarios de Pablo Escobar, Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias «Popeye», por el magnicidio en 1986 del director del diario El Espectador, Guillermo Cano Isaza.
«Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias ‘Popeye’, como presunto coautor del delito de homicidio agravado«, indicó el ente judicial en un comunicado.
Según la Fiscalía, la decisión se tomó ante «la presencia de nuevos testimonios de confesos integrantes y colaboradores del extinto cartel de Medellín y otra evidencia recopilada».
Guillermo Cano Isaza, que encabezó una lucha frontal contra el narcotráfico y su penetración en las distintas esferas de la política y la economía colombiana, fue asesinado a tiros la noche del 17 de diciembre de 1986 por sicarios del cartel de Medellín que le dispararon cuando salía del diario en su vehículo.
La misma mafia atacó de nuevo a El Espectador el 2 de septiembre de 1989 cuando un camión bomba fue detonado al lado del periódico, dejando decenas de heridos y las instalaciones parcialmente destruidas.
La Fiscalía también dictó medida no privativa de la libertad contra Gustavo Adolfo Gutiérrez Arrubla, alias «Maxwell», señalado de ser uno de los hombres de confianza de Pablo Escobar.
Con base en las pruebas, la Fiscalía señaló que los procesados formaron parte del denominado brazo armado de la banda de Escobar y, al parecer, tuvieron conocimiento y habrían incidido en la planeación del atentado contra el entonces director del diario El Espectador.
En el caso de «Popeye» hay indicios de su participación en una reunión en la que los cabecillas del cartel de Medellín, entre ellos Escobar, conspiraron para atentar contra Cano Isaza por sus publicaciones contra la organización narcotraficante y definieron la forma y quiénes ejecutarían el crimen.
De «Maxwell» se indicó que supuestamente «hizo las labores de inteligencia en Bogotá e identificó los movimientos y rutinas del comunicador».
La decisión fue comunicada al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que la medida de aseguramiento se haga efectiva en el momento en el que «Popeye» cumpla su periodo de detención en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar.
Con respecto a «Maxwell», la fiscal del caso dispuso que cumpla presentaciones periódicas ante la autoridad competente, prohibición para salir del país, mantener buena conducta individual, familiar y social; no tener contacto ni comunicación con las víctimas, y pagar una caución equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
«Popeye» estuvo más de 23 años en la cárcel por el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, perpetrado el 18 de agosto de 1989, y tras salir manifestó en diversas entrevistas que se había reintegrado a la sociedad.
Sin embargo, el 9 de diciembre de 2017 la Fiscalía pidió revocar su libertad condicional acusado de extorsión y concierto para delinquir, por lo que fue detenido nuevamente el 25 de mayo del año pasado.
(Con información de EFE)
Tres personas fueron detenidas por su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato de un niño de cinco años, en un caso que ha conmocionado a la opinión pública por la crueldad del crimen y el motivo que lo originó: una deuda de apenas 1,000 pesos (unos 54 dólares).
Según informó la Fiscalía del Estado de México, el menor fue raptado el pasado 28 de julio en el municipio de La Paz, luego de que su madre informara a dos mujeres que no podía pagar un préstamo. En represalia, las agresoras secuestraron al niño con la amenaza de no devolverlo hasta que la deuda fuera saldada.
Días después, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida del menor escondido en una vivienda vinculada a los presuntos responsables. La Fiscalía no ha revelado aún la causa de muerte, pero confirmó que las dos mujeres y un hombre fueron encarcelados en un penal estatal, acusados de delitos relacionados con la desaparición de personas.
El caso ocurre en medio de una creciente ola de extorsiones en México. Apenas en julio, el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció una estrategia nacional contra este delito, luego de reconocer que los esfuerzos anteriores no han logrado frenar su impacto.
La ofensiva se intensificó tras casos como el de una maestra jubilada, asesinada en el estado de Veracruz luego de ser extorsionada y aparecer en un video amarrada y rodeada por hombres armados.
La violencia vinculada a préstamos informales y redes de agiotistas ha afectado tanto a pequeños comerciantes como a ciudadanos comunes. En el Estado de México, las autoridades han desarticulado recientemente al menos dos bandas de extorsionadores.
El asesinato del niño ha reavivado el debate sobre la urgencia de medidas más efectivas para proteger a la población, especialmente a los sectores más vulnerables.
El gobierno del presidente Donald Trump anunció este jueves el aumento de la recompensa por información que conduzca al arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro, pasando de $25 a $50 millones. Así lo informó la fiscal general Pam Bondi a través de la red social X.
“Hoy, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado anuncian una recompensa de $50 millones por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro”, escribió Bondi.
Estados Unidos acusa al mandatario venezolano de narcotráfico, corrupción y vínculos con redes criminales transnacionales, como el Tren de Aragua, declarado organización terrorista global por Washington.
La administración del demócrata Joe Biden ya había elevado la recompensa a $25 millones. Tanto Biden como Trump han respaldado al opositor Edmundo González Urrutia, a quien reconocen como “presidente legítimo” tras las cuestionadas elecciones de 2024 en Venezuela.
Pese a las tensiones, la Casa Blanca ha sostenido contactos con altos funcionarios venezolanos para lograr acuerdos humanitarios. En julio, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses que estaban detenidos en Venezuela, como parte de un pacto negociado con apoyo de El Salvador.
Estados Unidos y Venezuela no mantienen relaciones diplomáticas desde 2019, cuando la administración Trump reconoció a Juan Guaidó como presidente interino y aplicó sanciones económicas en un intento fallido por propiciar la salida de Maduro. Ese gobierno interino fue disuelto por la propia oposición venezolana en enero de 2023.
La fiscalía de Aix-en-Provence informó este viernes la detención de dos personas acusadas de liderar una red criminal que reclutaba a jóvenes latinoamericanas bajo falsas promesas laborales, para luego obligarlas a prostituirse en varias ciudades del sureste de Francia.
Durante un operativo, agentes franceses capturaron a un hombre y una mujer e incautaron más de 200,000 euros, de los cuales 194,000 estaban en efectivo. Según las autoridades, los implicados operaban en localidades como Aix-en-Provence, Cannes y Menton.
Las víctimas, al menos 14 mujeres reclutadas durante los últimos dos años, afirmaron haber sido contactadas en sus países de origen a través de redes sociales encriptadas, donde se les ofrecía trabajo como “damas de compañía”. Sin embargo, al llegar al aeropuerto de Niza eran trasladadas directamente a apartamentos donde debían prostituirse hasta 16 horas al día.
Los testimonios revelan que las mujeres eran despojadas de sus documentos y ganancias, además de tener restringida su movilidad.
Ambos detenidos enfrentarán cargos por proxenetismo agravado, secuestro arbitrario, trata de seres humanos y lavado de dinero, y deberán comparecer ante un juez en las próximas horas.
