Internacionales
Salen a la luz inconsistencias en manejo de «los papeles de Biden»
El iceberg de «los papeles de Biden» sigue despuntando cada vez con más inconsistencias y con lo que parece favoritismo de parte del Departamento de Justicia (DOJ, en inglés). El presidente Joe Biden alega desconocer por completo el contenido del material clasificado. Hasta esta semana, parte de los archivos secretos del Gobierno han sido encontrados desperdigados en una antigua oficina del entonces vicepresidente Biden en Pensilvania y en su residencia privada de Delaware.
The New York Post pone bajo sospecha que el presidente Biden haya enviado a un equipo de abogados a vaciar su antigua oficina en el Penn Biden Center, la cual ocupó entre 2017 y abril de 2019. Al parecer, Biden no solo tardó más de tres años en limpiar su antiguo lugar de trabajo, sino que también mandó a un equipo bien preparado para mover papeles que, según defiende, lo han sorprendido a él mismo.
Los documentos «Top Secret» relacionados con Biden se encontraron por primera vez en su oficina privada en el Penn Biden Center el 2 de noviembre, a una semana de las elecciones de medio mandato del Congreso. Pero la Casa Blanca lo hizo público el 9 de enero pasado.
James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, dijo que desde el Congreso iniciarán su propia investigación. La prensa reportó que Comer ya envió una carta a los Archivos Nacionales para exigir más información. «Durante meses, [la Administración Nacional de Archivos y Registros] no reveló a los republicanos del Comité ni al público estadounidense que el presidente Biden, después de desempeñarse como vicepresidente, almacenó documentos altamente clasificados en un armario en su oficina personal. [Archivos Nacionales] se enteró de estos documentos días antes de las elecciones de mitad de período de 2022 y no alertó al público de que el presidente Biden estaba potencialmente violando la ley», dijo Comer.
A partir del primer hallazgo, los abogados del presidente también localizaron documentos secretos en la casa de Biden, en Delaware, en tres ocasiones diferentes. La primera en el garaje de la casa, el 20 de diciembre; la segunda, en el estudio del presidente, el 11 de enero; y la tercera ocasión, también en su estudio, el mismo día.
Los republicanos reclaman el favoritismo con el que el DOJ ha tratado a Biden, en contraposición al manejo que se le dio al expresidente Donald Trump. En agosto pasado, el DOJ, instruido por el fiscal general de Biden, Merrick Garland, allanó la vivienda de Trump en Mar-a-Lago para recuperar una gran cantidad de material clasificado que el republicano había luchado por retener.
En el caso de Biden, el Departamento de Justicia le permitió usar sus propios abogados para buscar más documentos en su casa de Delaware para evitar «complicaciones», aun después de los primeros hallazgos. The Wall Street Journal constató que las autoridades vieron «buena voluntad» ya que los abogados de Biden informaron todo de inmediato. Aunque de forma interna.
Los republicanos también quieren que Biden entregue los registros de visitas a su residencia en Delaware. Su equipo legal alega que estos archivos no existen. Garland nombró un fiscal especial para indagar los dos casos. Tanto Trump como Biden tienen intención de volver a lanzarse por la presidencia en 2024.
Joe Biden ganó casi un millón de dólares de la Universidad de Pensilvania, donde se encontró el primer cúmulo de documentos clasificados. Fue profesor honorario de 2017 a 2019. The Washington Post dice que solo se supo de nueve compromisos con estudiantes.
La universidad recibió $54,6 millones en donaciones de China desde 2014 hasta junio de 2019, incluidos $23.1 millones en obsequios anónimos a partir de 2016, según registros públicos.
CNN reportó que diez documentos clasificados fechados entre 2013 y 2016 estaban junto a un puñado de papeles personales en el Penn Biden Center. Estos documentos familiares contenían información del funeral de Beau, en 2015; uno de los hijos de Biden. Aquí se encontraron también papeles con la marca de «Top Secret», el nivel más alto de confidencialidad:
De acuerdo a The New York Post, entre estos tres años (2013-2016) se funden eventos importantes en el Gobierno de Obama, entre ellos, el pacto nuclear con Irán, y la toma de Crimea por Rusia.
En ese tiempo también se inició la relación de Hunter Biden con Burisma, una compañía ucraniana de gas natural. El hijo del presidente fue contratado por la firma en 2014 en la junta directiva, a pesar de no tener experiencia.
The New York Post reveló en 2020 que Hunter presentó a un ejecutivo de Burisma con su padre, quien en ese momento era vicepresidente y se encargaba de la política hacia Ucrania.
Internacionales
Narco, apagones, bajo crecimiento: Ecuador en problemas antes de nuevas presidenciales
La peor sequía en seis décadas tiene en jaque a las hidroeléctricas que cubren un 70 % de la demanda, el suministro de agua potable y la producción agrícola. La vida cotidiana es una pesadilla para muchos ecuatorianos.
«Lo que está viviendo el Ecuador es una crisis multidimensional que se expresa en términos económicos, eléctricos y políticos», dijo a la AFP Fernando Carrión, investigador político de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Quito.
La nación de 17 millones de habitantes dejó hace varios años de ser una isla de paz entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de coca. Convertida en centro internacional de operaciones del narcotráfico y el crimen organizado, la tasa de homicidios escaló de seis por cada 100.000 habitantes en 2018 al récord de 47 en 2023.
Noboa aplicó una política de mano dura y logró bajarla a 33, pero la sensación de inseguridad persiste. Y el fantasma de las masacres carcelarias regresó, con 17 muertos en el último choque.
El mandatario gobierna desde hace un año sin mayoría en el Congreso y distanciado de su vicepresidenta Verónica Abad, que fungía como embajadora en Israel y a quien el ministerio de Trabajo suspendió por cinco meses por el «abandono injustificado» de sus funciones.
Esa decisión le impedirá reemplazar a Noboa en enero cuando inicie su campaña por la reelección. Abad, que acusa a Noboa de «persecución», regresó a Ecuador el miércoles en «un acto de rebeldía».
«Hay desafíos por todo lado», manifestó el analista político y económico Alberto Acosta Burneo, del consultor Grupo Spurrier.
«Época frustrante»
La economía ecuatoriana, dolarizada y dependiente de la estancada producción petrolera, es otro eslabón en vilo. Antes de los apagones que llevan dos meses continuos, el país ya registraba una «fase muy baja de crecimiento», anotó Acosta Burneo.
Los cortes de luz empezaron en abril y arreciaron en septiembre ante la escasez de lluvias, asociada al cambio climático de acuerdo con la ministra encargada de Energía, Inés Manzano.
El gobierno prevé extenderlos al menos hasta diciembre, a un «costo muy grande» para el país, explicó Acosta Burneo.
Ecuador calculó con anticipación un crecimiento de 0,9% en 2024, contra 2,4% de 2023. El FMI pronosticó apenas 0,3%.
Los apagones dejan pérdidas por 1.440 millones de dólares (1% del PIB), según gremios empresariales que calculan en 12 millones de dólares el costo por cada hora sin luz.
«Es una época muy frustrante», reconoció Noboa, un empresario que se autodefine de centro-izquierda.
La aprobación de Noboa cayó de 85% en enero a 42% en octubre de acuerdo con Perfiles de Opinión. Su mandato de 18 meses termina en mayo de 2025, como reemplazo del derechista Guillermo Lasso (2021-2023).
Sin completar sus cuatro años de mandato, Lasso disolvió el Congreso y llamó a elecciones anticipadas para evitar un juicio político que buscaba su destitución.
La más reciente encuesta de la empresa Comunicaliza señala que el mandatario ha caído al menos seis puntos en la intención de voto. Aunque sigue en el primer lugar con 27,5%, seguido de la izquierdista Luisa González (26,7%).
«Estas distintas crisis le están golpeando (a Noboa) y probablemente la que más le golpea (…) es la crisis de la energía», aseguró Carrión.
Popularidad golpeada
Tras una arremetida del narco en enero, el gobernante respondió con duras políticas contra una veintena de organizaciones vinculadas a cárteles internacionales.
Declaró al país en conflicto armado interno, desplegó militares en las calles y las cárceles, dio los estatus de «terroristas» y «beligerantes» a las bandas para enfrentarlas sin tregua.
Su estrategia disminuyó los homicidios y aumentó el decomiso de droga a 262 toneladas en lo que va del año, frente a las 219 toneladas de 2023.
Sin embargo, la población «tiene una percepción de inseguridad muy alta, lo cual hace que el presidente pierda apoyos», señaló Carrión.
Noboa admitió que la crisis eléctrica «sí ha afectado» su popularidad.
Los secuestros y extorsiones también desangran al país. «Todo eso hace mella en la legitimidad del presidente y sus aspiraciones» de reelección, consideró Carrión. Bajo el fantasma del magnicidio, algunos candidatos presidenciales denuncian amenazas.
Más de 30 políticos han sido asesinados desde el año pasado, entre ellos el candidato a la presidencia Fernando Villavicencio (centro), baleado al salir de un mitin en Quito en vísperas de la primera vuelta del 9 de agosto de 2023.
Internacionales
«Artefacto explosivo» estalla cerca de la sede de la autoridad carcelaria de Colombia
La Policía Metropolitana de Bogotá y el departamento local de bomberos «atienden la activación de un artefacto explosivo en inmediaciones del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario)», escribió el miércoles en la red social X el alcalde Carlos Fernando Galán, pasadas las 21H00 locales (02H00 GMT).
«No hay personas heridas y los daños materiales son menores», agregó.
El general José Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, aseguró más tarde a medios que el estallido se debió al «lanzamiento de un artefacto explosivo improvisado en una bolsa».
Técnicos de la institución analizan el material explosivo para determinar su composición, agregó Gualdrón.
Medios locales transmitieron imágenes captadas por una cámara de seguridad en las que se observa a un hombre manipulando un paquete y posteriormente abandonándolo a metros de las instalaciones del INPEC, a las 20H21 locales (01H21 GMT).
En los últimos meses, los ataques armados contra funcionarios penitenciarios en Colombia se han recrudecido.
«Llevamos, desafortunadamente, 22 atentados y 11 funcionarios muertos en el año 2024 (…) Hoy en día los funcionarios penitenciarios del INPEC no están siendo ajenos a los ataques del crimen organizado», aseguró el coronel Daniel Gutiérrez, director del INPEC, en una rueda de prensa la tarde del miércoles convocada tras el asesinato a un vigilante de la cárcel bogotana de La Picota.
Según Gutiérrez, los ataques se deben a que la autoridad carcelaria lleva a cabo «un trabajo fundamental conteniendo el delito desde las cárceles».
Expertos aseguran que varias organizaciones criminales manejan negocios ilegales como la extorsión desde el interior de las cárceles colombianas.
«¿Alguna duda de que el INPEC y sus trabajadores estamos siendo víctimas del conflicto armado y objetivo militar de los grupos al margen de la ley?», reaccionó el miércoles desde su cuenta de X Óscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios.
En mayo, el coronel retirado Elmer Fernández, director de la prisión de La Modelo, una de las principales de Colombia, fue asesinado a tiros luego de recibir varias amenazas de muerte.
Colombia, principal productor de cocaína del mundo, está no obstante lejos de la violencia de su vecino Ecuador, donde las cárceles son epicentro de masacres y tiroteos.
En las prisiones ecuatorianas, destino de buena parte de la droga que se produce en el lado colombiano de la frontera, reos han retenido a guardias durante días.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó el martes una vacuna contra la mpox de la farmacéutica japonesa KM Bilogics, la segunda en obtener la luz verde de la agencia de la ONU.
La OMS explicó que permitirá el uso de emergencia del inmunizante LC16m8 para «facilitar un mayor y rápido acceso a las vacunas en las comunidades donde se expanden los brotes de mpox».
Esta licencia allana el camino para que las autoridades estatales aprueben e importen rápidamente el fármaco para su distribución.
Esto «marca un paso significativo en nuestra respuesta a la emergencia actual, aportando una nueva opción para proteger a todas las poblaciones, incluidos los niños», dijo Yukiko Nakatani, subdirectora general de la OMS de acceso a medicamentos y productos de salud.
La agencia de la ONU declaró en agosto una emergencia de salud pública de importancia internacional por la mpox tras el aumento de casos del Clado 1b en República Democrática del Congo (RDC), que se extendió a otros países.
Esta y otras cepas de este virus se han detectado en 80 países en lo que va de año, según la OMS.
República Democrática del Congo es de largo el más afectado y donde se han registrado la mayoría de 39.000 casos sospechosos y casi mil muertos.
La OMS subrayó que el anuncio del martes es particularmente importante porque el gobierno japonés se comprometió a donar 3,05 millones de dosis de esta vacuna a RDC.
«Es el mayor paquete de donación anunciado hasta la fecha para la actual emergencia de mpox», afirmó.
Sin embargo, la agencia advirtió que la vacuna no debe usarse durante el embarazo o en personas inmunocomprometidas.
El mpox, antes conocido como viruela del mono, fue detectado por primera vez en humanos en 1970 en la actual RDC (ex Zaire).
Es una enfermedad viral que se transmite del animal al humano, así como por por contacto físico estrecho con una persona infectada por el virus.
Provoca fiebre, dolores musculares y lesiones cutáneas y en algunos casos puede ser mortal.
