Internacionales
Salen a la luz inconsistencias en manejo de «los papeles de Biden»
El iceberg de «los papeles de Biden» sigue despuntando cada vez con más inconsistencias y con lo que parece favoritismo de parte del Departamento de Justicia (DOJ, en inglés). El presidente Joe Biden alega desconocer por completo el contenido del material clasificado. Hasta esta semana, parte de los archivos secretos del Gobierno han sido encontrados desperdigados en una antigua oficina del entonces vicepresidente Biden en Pensilvania y en su residencia privada de Delaware.
The New York Post pone bajo sospecha que el presidente Biden haya enviado a un equipo de abogados a vaciar su antigua oficina en el Penn Biden Center, la cual ocupó entre 2017 y abril de 2019. Al parecer, Biden no solo tardó más de tres años en limpiar su antiguo lugar de trabajo, sino que también mandó a un equipo bien preparado para mover papeles que, según defiende, lo han sorprendido a él mismo.
Los documentos «Top Secret» relacionados con Biden se encontraron por primera vez en su oficina privada en el Penn Biden Center el 2 de noviembre, a una semana de las elecciones de medio mandato del Congreso. Pero la Casa Blanca lo hizo público el 9 de enero pasado.
James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, dijo que desde el Congreso iniciarán su propia investigación. La prensa reportó que Comer ya envió una carta a los Archivos Nacionales para exigir más información. «Durante meses, [la Administración Nacional de Archivos y Registros] no reveló a los republicanos del Comité ni al público estadounidense que el presidente Biden, después de desempeñarse como vicepresidente, almacenó documentos altamente clasificados en un armario en su oficina personal. [Archivos Nacionales] se enteró de estos documentos días antes de las elecciones de mitad de período de 2022 y no alertó al público de que el presidente Biden estaba potencialmente violando la ley», dijo Comer.
A partir del primer hallazgo, los abogados del presidente también localizaron documentos secretos en la casa de Biden, en Delaware, en tres ocasiones diferentes. La primera en el garaje de la casa, el 20 de diciembre; la segunda, en el estudio del presidente, el 11 de enero; y la tercera ocasión, también en su estudio, el mismo día.
Los republicanos reclaman el favoritismo con el que el DOJ ha tratado a Biden, en contraposición al manejo que se le dio al expresidente Donald Trump. En agosto pasado, el DOJ, instruido por el fiscal general de Biden, Merrick Garland, allanó la vivienda de Trump en Mar-a-Lago para recuperar una gran cantidad de material clasificado que el republicano había luchado por retener.
En el caso de Biden, el Departamento de Justicia le permitió usar sus propios abogados para buscar más documentos en su casa de Delaware para evitar «complicaciones», aun después de los primeros hallazgos. The Wall Street Journal constató que las autoridades vieron «buena voluntad» ya que los abogados de Biden informaron todo de inmediato. Aunque de forma interna.
Los republicanos también quieren que Biden entregue los registros de visitas a su residencia en Delaware. Su equipo legal alega que estos archivos no existen. Garland nombró un fiscal especial para indagar los dos casos. Tanto Trump como Biden tienen intención de volver a lanzarse por la presidencia en 2024.
Joe Biden ganó casi un millón de dólares de la Universidad de Pensilvania, donde se encontró el primer cúmulo de documentos clasificados. Fue profesor honorario de 2017 a 2019. The Washington Post dice que solo se supo de nueve compromisos con estudiantes.
La universidad recibió $54,6 millones en donaciones de China desde 2014 hasta junio de 2019, incluidos $23.1 millones en obsequios anónimos a partir de 2016, según registros públicos.
CNN reportó que diez documentos clasificados fechados entre 2013 y 2016 estaban junto a un puñado de papeles personales en el Penn Biden Center. Estos documentos familiares contenían información del funeral de Beau, en 2015; uno de los hijos de Biden. Aquí se encontraron también papeles con la marca de «Top Secret», el nivel más alto de confidencialidad:
De acuerdo a The New York Post, entre estos tres años (2013-2016) se funden eventos importantes en el Gobierno de Obama, entre ellos, el pacto nuclear con Irán, y la toma de Crimea por Rusia.
En ese tiempo también se inició la relación de Hunter Biden con Burisma, una compañía ucraniana de gas natural. El hijo del presidente fue contratado por la firma en 2014 en la junta directiva, a pesar de no tener experiencia.
The New York Post reveló en 2020 que Hunter presentó a un ejecutivo de Burisma con su padre, quien en ese momento era vicepresidente y se encargaba de la política hacia Ucrania.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
