Internacionales
Salen a la luz inconsistencias en manejo de «los papeles de Biden»
El iceberg de «los papeles de Biden» sigue despuntando cada vez con más inconsistencias y con lo que parece favoritismo de parte del Departamento de Justicia (DOJ, en inglés). El presidente Joe Biden alega desconocer por completo el contenido del material clasificado. Hasta esta semana, parte de los archivos secretos del Gobierno han sido encontrados desperdigados en una antigua oficina del entonces vicepresidente Biden en Pensilvania y en su residencia privada de Delaware.
The New York Post pone bajo sospecha que el presidente Biden haya enviado a un equipo de abogados a vaciar su antigua oficina en el Penn Biden Center, la cual ocupó entre 2017 y abril de 2019. Al parecer, Biden no solo tardó más de tres años en limpiar su antiguo lugar de trabajo, sino que también mandó a un equipo bien preparado para mover papeles que, según defiende, lo han sorprendido a él mismo.
Los documentos «Top Secret» relacionados con Biden se encontraron por primera vez en su oficina privada en el Penn Biden Center el 2 de noviembre, a una semana de las elecciones de medio mandato del Congreso. Pero la Casa Blanca lo hizo público el 9 de enero pasado.
James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, dijo que desde el Congreso iniciarán su propia investigación. La prensa reportó que Comer ya envió una carta a los Archivos Nacionales para exigir más información. «Durante meses, [la Administración Nacional de Archivos y Registros] no reveló a los republicanos del Comité ni al público estadounidense que el presidente Biden, después de desempeñarse como vicepresidente, almacenó documentos altamente clasificados en un armario en su oficina personal. [Archivos Nacionales] se enteró de estos documentos días antes de las elecciones de mitad de período de 2022 y no alertó al público de que el presidente Biden estaba potencialmente violando la ley», dijo Comer.
A partir del primer hallazgo, los abogados del presidente también localizaron documentos secretos en la casa de Biden, en Delaware, en tres ocasiones diferentes. La primera en el garaje de la casa, el 20 de diciembre; la segunda, en el estudio del presidente, el 11 de enero; y la tercera ocasión, también en su estudio, el mismo día.
Los republicanos reclaman el favoritismo con el que el DOJ ha tratado a Biden, en contraposición al manejo que se le dio al expresidente Donald Trump. En agosto pasado, el DOJ, instruido por el fiscal general de Biden, Merrick Garland, allanó la vivienda de Trump en Mar-a-Lago para recuperar una gran cantidad de material clasificado que el republicano había luchado por retener.
En el caso de Biden, el Departamento de Justicia le permitió usar sus propios abogados para buscar más documentos en su casa de Delaware para evitar «complicaciones», aun después de los primeros hallazgos. The Wall Street Journal constató que las autoridades vieron «buena voluntad» ya que los abogados de Biden informaron todo de inmediato. Aunque de forma interna.
Los republicanos también quieren que Biden entregue los registros de visitas a su residencia en Delaware. Su equipo legal alega que estos archivos no existen. Garland nombró un fiscal especial para indagar los dos casos. Tanto Trump como Biden tienen intención de volver a lanzarse por la presidencia en 2024.
Joe Biden ganó casi un millón de dólares de la Universidad de Pensilvania, donde se encontró el primer cúmulo de documentos clasificados. Fue profesor honorario de 2017 a 2019. The Washington Post dice que solo se supo de nueve compromisos con estudiantes.
La universidad recibió $54,6 millones en donaciones de China desde 2014 hasta junio de 2019, incluidos $23.1 millones en obsequios anónimos a partir de 2016, según registros públicos.
CNN reportó que diez documentos clasificados fechados entre 2013 y 2016 estaban junto a un puñado de papeles personales en el Penn Biden Center. Estos documentos familiares contenían información del funeral de Beau, en 2015; uno de los hijos de Biden. Aquí se encontraron también papeles con la marca de «Top Secret», el nivel más alto de confidencialidad:
De acuerdo a The New York Post, entre estos tres años (2013-2016) se funden eventos importantes en el Gobierno de Obama, entre ellos, el pacto nuclear con Irán, y la toma de Crimea por Rusia.
En ese tiempo también se inició la relación de Hunter Biden con Burisma, una compañía ucraniana de gas natural. El hijo del presidente fue contratado por la firma en 2014 en la junta directiva, a pesar de no tener experiencia.
The New York Post reveló en 2020 que Hunter presentó a un ejecutivo de Burisma con su padre, quien en ese momento era vicepresidente y se encargaba de la política hacia Ucrania.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hizo un llamado a la coordinación entre las autoridades para combatir al crimen organizado, luego de la masiva operación policial realizada el martes en las favelas de Penha y Alemão, en la zona norte de Río de Janeiro, que dejó 130 muertos.
“No podemos aceptar que el crimen organizado continúe destruyendo familias, oprimiendo a los vecinos y esparciendo droga y violencia por las ciudades”, escribió Lula en la red social X.
El mandatario enfatizó la importancia de trabajar de manera coordinada para atacar la “espina dorsal” del crimen sin poner en riesgo a policías y civiles. Asimismo, recordó la reforma de la ley de seguridad presentada por su Gobierno, que busca la actuación conjunta de todas las fuerzas policiales.
La operación tenía como objetivo capturar a los principales cabecillas del Comando Vermelho, considerada una de las organizaciones criminales más antiguas y poderosas de Río de Janeiro.
El paso del huracán Melissa por Jamaica ha causado estragos, dejando miles de viviendas sin techo y carreteras intransitables, además de afectar el suministro eléctrico de aproximadamente 500 mil hogares.
Hugh Grant, presidente y director ejecutivo de la Jamaica Public Service (JPS), informó que los municipios más afectados son Saint Elizabeth, Manchester, Hanover y Saint James, donde cerca del 75 % de los clientes permanecen sin electricidad.
El jefe de la Policía, Kevin Blake, indicó que varios sectores quedaron inundados y muchas calles bloqueadas tras la caída de árboles y postes eléctricos a causa de los fuertes vientos.
Hasta el momento, las autoridades reportan más de 40 personas fallecidas en distintos países del Caribe como consecuencia del fenómeno meteorológico.
El periodista Miguel Ángel Beltrán fue asesinado el 25 de octubre en el poblado Río Chico, Durango, mientras transitaba por la carretera rumbo a Mazatlán, confirmaron autoridades locales. Con este crimen, suman nueve los comunicadores asesinados en México en lo que va de 2025.
El caso ha generado condenas nacionales e internacionales. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) reiteraron su preocupación por la violencia que enfrenta el gremio en el país, considerado uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de zonas de guerra.
Los ataques contra comunicadores incluyen asesinatos, amenazas, acoso judicial, espionaje y campañas de desprestigio en redes sociales, afectando el derecho ciudadano a la información. A pesar del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, diversos colectivos señalan fallas estructurales, ya que varios periodistas han sido asesinados incluso bajo resguardo oficial.
Amnistía Internacional y otros organismos exigieron al Estado mexicano una investigación exhaustiva y la intervención de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), así como garantizar condiciones seguras para los comunicadores, especialmente en zonas con alta presencia del crimen organizado.
La Fiscalía General del Estado de Durango abrió una carpeta de investigación, mientras RSF solicitó que la FEADLE conozca el caso, al existir indicios de que el asesinato está vinculado con la labor periodística de Beltrán.
La impunidad en casos de violencia contra periodistas en México supera el 90%, según organismos internacionales, lo que genera un clima de miedo y limita la labor informativa. El asesinato de Miguel Ángel Beltrán refleja la crisis de la libertad de expresión en el país y refuerza el llamado urgente para adoptar medidas efectivas de protección y justicia.
