Internacionales
Perú, sumido en el peor brote de dengue de los últimos tiempos
Hace dos meses que la cancha rústica de fútbol de Catacaos se inundó y el agua verduzca sigue estancada. Alrededor, mujeres lidian con enfermos en sus casas y otras lloran a sus niños en cementerios. En el norte de Perú, nadie recuerda un brote de dengue tan letal.
Cerca de la frontera con Ecuador, la región desértica de Piura enfrenta una nueva crisis sanitaria en este país que ya registró la mayor mortalidad por covid del mundo.
Pero esta vez el causante es el mosquito transmisor del dengue, que se reprodujo como plaga atraído por lluvias e inundaciones atípicas asociadas al ciclón Yaku, que impactó en marzo.
La mitad de los 416 centros de salud pública de la región fueron golpeados por el ciclón y el dengue paralizó la economía de miles de familias que sobreviven en la informalidad.
Al 13 de junio «tenemos 82 muertos» y más de 44.000 infectados en Piura, señala César Orrego, defensor del Pueblo de la región. La cifra representa poco más de un tercio de todos los fallecidos (248) y contagiados (146.588) a nivel nacional.
A diario las cifras se actualizan al alza. Perú, después de Brasil, registra la segunda tasa de mortalidad más alta en América Latina y sus números globales son 365% superiores respecto al promedio de los últimos cinco años, según la Organización Panamericana de la Salud.
Entre los muertos de Piura hay 11 niños. Desde que el dengue reapareció, en 1990, este es el brote «más fuerte», sostiene la doctora Valerie Paz Soldán, de la Universidad Cayetano Heredia.
La epidemia «se ha salido de nuestras manos», añade la experta en enfermedades infecciosas, y augura todavía algo peor: con el cambio climático y el fenómeno de El Niño, que de aquí a unos meses deben aumentar las precipitaciones y el virus «podría estar presente todo el año».
Secuencia fatídica
En la costa de Piura vive la mayor parte de los 1,8 millones de habitantes de la región. En Catacaos, un distrito agrícola, el dengue vuela por entre las casas de caña y techos de zinc.
María Francisca Sosa, un artesana de 45 años, cuida a su padre de 93. Desfallecido en una cama, con un mosquitero sin desplegar al costado, José Luciano apenas musita cuando la hija palpa su frente.
Desde que lo tumbó el virus hay que levantarlo como a un «bebito para darle su alimento», señala la mujer a la AFP.
María Francisca vive con seis familiares. Uno tras otro han caído enfermos. Ante la falta de respuesta en las casas de salud públicas, se endeudaron para que los atendiera un médico particular y comprar medicinas.
«Los que estaban buenos (…) se iban a buscar algo de trabajo mientras los otros estábamos tirados en la cama», dice.
Los pobladores relatan la misma secuencia fatídica. Yaku causó precipitaciones más intensas y prolongadas que las habituales, hubo inundaciones que convirtieron las vías en arenales y destruyeron el sistema de agua potable y alcantarillado, así como cultivos de mango, uva y arroz.
El agua se empozó y la gente la almacenó en depósitos abiertos que multiplicaron los criaderos del mosquito Aedes aegypti. Las fumigaciones no lograron detener la epidemia.
Dos meses después de que dejara de llover, la cancha de fútbol de Catacaos sigue encharcada.
Cerca, Teolinda Silva, una vendedora de pescado de 45 años, cuida en cama a su hijo Gabriel (27), a quien cada tanto se le dispara la fiebre. «No hay trabajo, el negocio está bajo, a veces se vende, a veces no. Solo Dios sabe cómo uno vive por acá», lamenta.
Colapso sanitario
El fin de semanana un cortejo de pobladores de blanco acompañó los restos de FerMaría Ancajima hasta un cementerio de Catacos. Tenía diez años, su cuadro de dengue se complicó en una semana y falleció poco después de ser llevada a Lima. Su familia tuvo que realizar una colecta para traerla de vuelta.
«Se hizo todo lo que se pudo al alcance de nosotros» pero fue imposible salvarla, lamenta su tío Julio Morales, de 52 años.
El hospital de Sullana, en Piura, colapsó por pacientes que también se agravaron.
«Tenemos una brecha de recursos humanos inmensa, nuestro primer nivel de atención está colapsado y nos faltan insumos, medicamentos», reconoce Luis Alfredo Venegas, de 44 años y coordinador de vigilancia clínica del dengue en el mismo centro.
Estima que dos de cada diez enfermos se complican cuando la fiebre y el dolor desaparecen.
«Los vasos sanguíneos se comienzan a agujerear y líquidos a salir por todos lados de forma caótica (…), los órganos se llenan de agua y comienzan a colapsar, el paciente se deshidrata sin verlo y eso produce la muerte», explica el médico.
Cada paciente que ingresa arrastra a su familia. La mamá o el papá o ambos dejan de trabajar. Y es por eso que el dengue se «transforma en una enfermedad social», subraya Venegas.
Los médicos incluso temen que el número de casos sea mayor, ya que muchos enfermos nunca pudieron recibir atención médica y murieron sin diagnóstico.
El número de muertos por el paso de dos poderosos tifones que azotaron recientemente Filipinas aumentó a 259, mientras millones de personas han sido desplazadas, informaron hoy miércoles las autoridades.
El Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres (Ndrrmc, por sus siglas en inglés) señaló que el tifón Fung-wong, que tocó tierra el domingo como supertifón antes de debilitarse al cruzar el norte-centro de Luzón, dejó al menos 27 muertos y dos desaparecidos.
En un informe separado, el organismo indicó que el tifón Kalmaegi, que impactó el 4 de noviembre, provocó graves inundaciones y deslizamientos de tierra en el centro del país, causando 232 muertes, 112 desaparecidos y más de 500 heridos.
La mayoría de las víctimas se registraron en la provincia de Cebú, que aún se recupera del terremoto de magnitud 6,9 ocurrido el 30 de septiembre, agregó el Ndrrmc.
Ambos fenómenos desplazaron a millones de residentes y provocaron una destrucción generalizada de viviendas, cultivos e infraestructura clave, incluidas carreteras y puentes, según el organismo.
Fung-wong fue el ciclón tropical número 21 que golpea Filipinas este año, superando el promedio anual de 20 tormentas del país.
Al menos 37 personas murieron y otras 24 resultaron heridas este miércoles cuando un autobús cayó a un abismo tras chocar con una camioneta en Arequipa, en el sur de Perú, según autoridades.
El autobús de dos pisos con más de 60 pasajeros, de la empresa Llamosas, chocó de frente con una camioneta pick up en una curva, en la vía Panamericana Sur que conecta con Chile.
«Tenemos una cifra de 37 fallecidos (…) además de 24 heridos», dijo a la AFP Walther Oporto, gerente regional de Salud de Arequipa.
Sin embargo, la cifra de muertos puede aumentar porque hay heridos graves, añadió por vía telefónica.
La gran cantidad de siniestros en Perú se asocia principalmente al exceso de velocidad, la embriaguez, entre otras imprudencias, además de la exigente topografía del país.
El autobús accidentado el miércoles había partido la noche del martes de la localidad de Chala, en provincia de Caravelí, con destino a Arequipa, la segunda ciudad de Perú.
Tras chocar en el km 780 de la carretera, rodó por un abismo de 200 metros y fue a parar a la orilla de un río, según reportes de prensa que citan a los bomberos.
El portavoz de bomberos Jack Páez indicó que el rescate de los heridos fue muy difícil debido al terreno rocoso.
«Es muy lamentable este accidente que enluta a muchas familias. Hay personas mayores y niños» entre los heridos, declaró al canal de televisión TV Perú.
La empresa de transporte Llamosas informó que «el conductor del bus falleció».
Un sacerdote llegó al lugar y oró junto a los cuerpos, puestos en fila a la orilla del río, según imágenes enviadas por la fiscalía.
Internacionales
Pandillero interpone recurso ante Corte Constitucional de Guatemala para anular Ley Antipandillas
Un miembro de grupos de pandillas que enfrenta un proceso de condena por el delito de extorsión interpuso ante la Corte Constitucional de Guatemala un recurso de amparo contra la Ley Antipandillas, aprobada y entrada en vigencia recientemente en el país centroamericano.
El recurso presentado por el pandillero, identificado como Dylan Smaily Archila García, asegura que la nueva ley viola sus derechos humanos fundamentales y, además, señala que hubo ciertas irregularidades en su aprobación, según medios locales en Guatemala.
El amparo fue presentado pocas horas después que entrara en vigencia la nueva ley, con la cual el Congreso de Guatemala aumentó las penas por delitos vinculados al accionar de los grupos terroristas, además de facilitar la construcción de una megacárcel similar a lo implementado con el Centro de Confinamiento de Terrorismo (Cecot) en El Salvador.
Medios guatemaltecos aseguran que, en el recurso, Archila García señala que la aprobación de ley no cumplió con todo lo establecido en la constitución, por lo que pide que se establezca una medida alternativa para su anulación, frenando así su entrada en vigencia.
De igual forma, rotativos locales citan el documento señalando que Archila García asegura que la Ley Antipandillas vulnera sus derechos humanos al no garantizar un proceso de juicio penal en el que pueda comprobar su inocencia, fallando en la garantía de certeza jurídica y seguridad en el debido proceso.
El amparo pretende que la ley sea congelada por medio de un recurso de la Corte Constitucional para, posteriormente, ser dejada sin efecto y que no pueda volver a discutirse al interior del congreso.
La Ley Antipandillas fue una iniciativa promovida por el presidente Bernardo Arévalo ante el incremento de la violencia y el accionar de las pandillas en el territorio de Guatemala. El cuerpo de ley busca establecer mecanismos que permitan un ataque frontal contra las estructuras terroristas que siguen operando en el país.
