Internacionales
«Obedecer y callar»: poblados colombianos bajo el yugo de grupos armados
El montañoso sur del departamento de Bolívar es una crónica trágica del calvario sin fin que padecen los civiles atrapados en las garras del conflicto armado colombiano. La AFP acompañó a una misión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), una de las pocas organizaciones que trabaja en la zona, y habló con los pobladores quienes pidieron mantener su identidad bajo reserva.
Bolívar es el tercer departamento más afectado por la violencia en el país, con casi 700.000 víctimas a lo largo del conflicto, según un informe oficial de junio. En 2020 se registraron 145 homicidios.
Ubicada en la región del Magdalena Medio, sus habitantes son blanco de guerrilleros del guevarista ELN, disidentes de las FARC que no firmaron la paz en 2016 y el Clan del Golfo, el mayor cartel del narcotráfico.
Las comunidades ingenian estrategias de supervivencia frente al cruce de disparos, asesinatos selectivos, confinamientos, campos minados, extorsiones y amenazas en uno de los países con más desplazados internos del mundo.
Cuando cesan las balas se impone su «mano invisible», pero omnipresente, «silenciosa y amenazadora», dice Javier, uno de los líderes comunitarios. «Rara vez se les ve de uniforme o con armas. Están ahí, vigilándonos sin dejar que los veamos».
Isla de oro
El sur de Bolívar tiene forma de «isla», rodeada por los brazos del río Magdalena, explica la delegada del CICR, Sara Lucchetta.
Sus montañas, que ocupan casi todo el territorio de 17.000 km2 (casi el tamaño de El Salvador), son corredores logísticos con la vecina Venezuela para el tráfico de oro de numerosas minas artesanales, contrabando y cocaína.
«Aislado y remoto, el sur de Bolívar ha sido históricamente un territorio de guerrilla y violencia. También es una zona de conflicto de la que se habla poco en comparación con otras regiones», describe Lucchetta.
Aparte de algunos grafitis en las paredes con sus siglas, la presencia de estas guerrillas y ejércitos del narco es casi imperceptible, constató la AFP en los municipios de Morales y Arenal. Los campesinos siguen trabajando en sus plantaciones de maíz, papa y cacao.
«Las consecuencias del conflicto sobre la población civil se han convertido en estructurales», remarca Lucchetta.
La coca, principal componente de la cocaína, ha dejado de ser rentable y se cultiva menos.
«El verdadero problema de la guerra ahora es el oro», dice el minero José.
En las últimas semanas el ELN y las AGC se enfrentaron de nuevo en la región y provocaron el desplazamiento de al menos 1.400 personas en un «clima de miedo y zozobra», según el gobierno.
Ratones y águilas
«La gente tiene miedo. Están constantemente en alerta, esperando la desgracia, (pendientes de) si vienen hombres armados a la puerta por la noche», describe Carlos, otro poblador.
Los grupos suelen tener aliados en las poblaciones. «Pero, sobre todo, las comunidades intentan mantenerse al margen. Es una cuestión de convivencia», subraya Javier.
«A causa del conflicto, hay normas con las que hemos aprendido a vivir. Por ejemplo, está prohibido caminar de noche», señala.
Con redes urbanas y colaboradores los tres grupos conocen y aprueban cada movimiento: para comprar una moto se necesita el permiso del comandante y justificar de dónde proviene el dinero, explica otro campesino.
La gente aquí está acostumbrada a hablar de una «tensa calma», pero en cuanto estallan las hostilidades «nos encontramos en medio del fuego cruzado, con las balas zumbando sobre nuestras cabezas», dice Wilson, otro líder local.
«Cuando sólo hay un actor (armado), más o menos sabes qué hacer, te adaptas. El problema es cuando son varios y te encuentras en medio», sostiene Juan.
«Nos encontramos como ratones asustados con un nido de águilas sobre nuestras cabezas», añade.
Siempre sospechoso
Carlos denuncia la «estigmatización» de los civiles, pues los grupos acaban sospechando que son «colaboradores» del bando contrario. La poca presencia del ejército detona la arremetida de las organizaciones, añade.
«Para unos, somos guerrilleros. Para otros, somos paracos (paramilitares) (…). Si uno se desplaza de un territorio a otro, es rápidamente acusado, interrogado, o incluso peor… Un extraño siempre es sospechoso», explica Juan.
Muchos viven cerca de campos con minas y otros artefactos explosivos sin detonar. Algunas de estas zonas peligrosas están identificadas con una calavera y huesos cruzados, firmada por el grupo responsable.
Según el CICR, al menos 10 personas fueron víctimas de estos artefactos en 2023, frente a 4 el año anterior.
La violencia sumada al aislamiento, hipoteca el acceso al agua potable, educación y salud.
«Si no fuera por el conflicto, estaríamos viviendo bastante bien. Las condiciones son duras, pero la tierra es generosa», sostiene Juan. «El problema es esta guerra, que es el cuento de nunca acabar».
Con enfrentamientos entre policías y manifestantes que dejaron 10 detenidos y 3 policías heridos, según el saldo oficial, sindicalistas y estudiantes protestaron el jueves en Quito en contra del gobierno de Daniel Noboa por la crisis energética y su política económica, en la segunda jornada de manifestaciones en menos de una semana.
Las protestas fueron convocadas por gremios de trabajadores, docentes, estudiantes y organizaciones sociales a pesar de la advertencia de la ministra del Interior, Mónica Palencia, hecha la víspera, sobre el estado de excepción que rige en la capital y “que limita de manera temporal los derechos la libertad de asociación y el derecho a la inviolabilidad”.
“El estado de excepción debe servir para combatir el narcotráfico y la delincuencia; los trabajadores, las organizaciones no somos delincuentes, no somos narcotraficantes”, dijo a The Associated Press José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores.
Horas antes la Corte Constitucional falló sobre la legalidad del estado de excepción a la que hizo alusión la ministra, y que fue decretada por Noboa a inicios de octubre. Aunque el organismo reconoció como constitucional el decreto, declaró inconstitucional la suspensión de libertad de reunión, además de la orden de requisición de armas y la movilización de las fuerzas del orden.
En las calles de Quito se escuchaba: “Fuera Noboa fuera”, “Noboa, muñeco de cartón, dejaste sin luz a todo el Ecuador”, mientras los manifestantes avanzaban desde el parque El Ejido en el centro norte de Quito — sitio clave para este tipo de concentraciones— buscando llegar a las inmediaciones del palacio presidencial, en pleno casco colonial.
La pretensión fue truncada por las vallas que cercaban el acceso al centro histórico y la fuerte presencia de la fuerza pública que, desde temprano, se preparó para evitar el avance de la protesta. Más de dos mil agentes policiales y militares se desplegaron en esta jornada, según el comandante de la policía, general Víctor Zárate.
En un intento de traspasar los bloqueos, los manifestantes lanzaron piedras e intentaron vulnerar algunas barreras. La policía reclamó en su cuenta de X que algunos participantes agredieron a servidores policiales y causaron daños a bienes públicos.
La ministra Palencia dijo posteriormente que esos “execrables acontecimientos”, que adjudicó a “infiltrados agresores”, no quedarán en la “impunidad”.
El llamado es “para demostrar en base a la protesta social nuestra inconformidad y rechazo a su política”, dijo Villavicencio. “Hay despidos, desempleo, crisis energética y la respuesta del gobierno es decir que van a reprimir a los ecuatorianos”, reprochó.
“No tener luz es violencia, no tener trabajo es violencia”, reclamó Cristina Cachaguay, de la misma organización “Mujeres por el cambio”, mientras Nelson Erazo, dirigente del Frente Popular, enfatizó que “el derecho a la protesta, el derecho al reclamo está vigente”.
Los dirigentes dijeron que volverán a las calles aunque no precisaron una fecha.
Ecuador atraviesa una de las peores crisis energéticas en más de una década por el déficit de generación hidroeléctrica que llevó al gobierno a imponer cortes de electricidad que llegaron hasta las 14 horas diarias.
Eso se suma a una ola de inseguridad que el gobierno no ha podido contrarrestar pese a que sostiene que las muertes violentas en el país han disminuido en un 17 % frente al año anterior.
Noboa asumió el poder en noviembre de 2023 para concluir el período de Guillermo Lasso, quien disolvió la Asamblea en medio de un juicio político en su contra y acortó su propio mandato. Ahora, Noboa es candidato para la reelección en los comicios de 2025.
Un autobús volcado del transporte público en la carretera federal México-Cuernavaca dejó 32 personas heridas, informó la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi).
El accidente ocurrió la mañana de este viernes 22 de noviembre a la altura del kilómetro 25 en la colonia San Andrés Totoltepec de la alcaldía Tlalpan.
El autobús pertenecía a la ruta 70 de transporte público. Al lugar llegaron servicios de emergencia para dar atención a los lesionados, dijo la Semovi.
La alcaldía Tlalpan informó en un comunicado que el vehículo circulaba a exceso de velocidad y se quedó sin frenos.
Un hombre de 41 años fue detenido por las autoridades tras haberle propinado cerca de 30 puñaladas a su expareja en una pizzería de la ciudad de Buenos Aires y haber intentado suicidarse.
El violento incidente, que quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento –donde trabaja la víctima–, ocurrió aproximadamente a las 08:45 hora local del 18 de noviembre.
Inicialmente, el agresor inició una discusión desde la calle, pero casi de inmediato ingresó al lugar, saltó el mostrador, interceptó a la mujer mientras ella intentaba huir y procedió a atacarla con un arma blanca hasta que consiguió lanzarla contra el piso.
Sus compañeros de trabajo intentaron auxiliarla lanzándole objetos a su perpetrador, pero esto no hizo que se detuviera. El ataque se frenó cuando uno de ellos lo amenazó con golpearlo con una barra de hierro y esa acción fue clave para que ella pudiera escapar.
El atacante, identificado como Sergio Sarria, no fue tras su expareja sino que se quedó dentro del restaurante hasta que llegó la Policía con intención de detenerlo. Al verse rodeado, gritó: «Mi hija no me quiere, me voy a matar» y se clavó un cuchillo en el cuello en dos oportunidades.
Tanto él como la mujer atacada fueron trasladados a un hospital.
