Internacionales
«Obedecer y callar»: poblados colombianos bajo el yugo de grupos armados
El montañoso sur del departamento de Bolívar es una crónica trágica del calvario sin fin que padecen los civiles atrapados en las garras del conflicto armado colombiano. La AFP acompañó a una misión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), una de las pocas organizaciones que trabaja en la zona, y habló con los pobladores quienes pidieron mantener su identidad bajo reserva.
Bolívar es el tercer departamento más afectado por la violencia en el país, con casi 700.000 víctimas a lo largo del conflicto, según un informe oficial de junio. En 2020 se registraron 145 homicidios.
Ubicada en la región del Magdalena Medio, sus habitantes son blanco de guerrilleros del guevarista ELN, disidentes de las FARC que no firmaron la paz en 2016 y el Clan del Golfo, el mayor cartel del narcotráfico.
Las comunidades ingenian estrategias de supervivencia frente al cruce de disparos, asesinatos selectivos, confinamientos, campos minados, extorsiones y amenazas en uno de los países con más desplazados internos del mundo.
Cuando cesan las balas se impone su «mano invisible», pero omnipresente, «silenciosa y amenazadora», dice Javier, uno de los líderes comunitarios. «Rara vez se les ve de uniforme o con armas. Están ahí, vigilándonos sin dejar que los veamos».
Isla de oro
El sur de Bolívar tiene forma de «isla», rodeada por los brazos del río Magdalena, explica la delegada del CICR, Sara Lucchetta.
Sus montañas, que ocupan casi todo el territorio de 17.000 km2 (casi el tamaño de El Salvador), son corredores logísticos con la vecina Venezuela para el tráfico de oro de numerosas minas artesanales, contrabando y cocaína.
«Aislado y remoto, el sur de Bolívar ha sido históricamente un territorio de guerrilla y violencia. También es una zona de conflicto de la que se habla poco en comparación con otras regiones», describe Lucchetta.
Aparte de algunos grafitis en las paredes con sus siglas, la presencia de estas guerrillas y ejércitos del narco es casi imperceptible, constató la AFP en los municipios de Morales y Arenal. Los campesinos siguen trabajando en sus plantaciones de maíz, papa y cacao.
«Las consecuencias del conflicto sobre la población civil se han convertido en estructurales», remarca Lucchetta.
La coca, principal componente de la cocaína, ha dejado de ser rentable y se cultiva menos.
«El verdadero problema de la guerra ahora es el oro», dice el minero José.
En las últimas semanas el ELN y las AGC se enfrentaron de nuevo en la región y provocaron el desplazamiento de al menos 1.400 personas en un «clima de miedo y zozobra», según el gobierno.
Ratones y águilas
«La gente tiene miedo. Están constantemente en alerta, esperando la desgracia, (pendientes de) si vienen hombres armados a la puerta por la noche», describe Carlos, otro poblador.
Los grupos suelen tener aliados en las poblaciones. «Pero, sobre todo, las comunidades intentan mantenerse al margen. Es una cuestión de convivencia», subraya Javier.
«A causa del conflicto, hay normas con las que hemos aprendido a vivir. Por ejemplo, está prohibido caminar de noche», señala.
Con redes urbanas y colaboradores los tres grupos conocen y aprueban cada movimiento: para comprar una moto se necesita el permiso del comandante y justificar de dónde proviene el dinero, explica otro campesino.
La gente aquí está acostumbrada a hablar de una «tensa calma», pero en cuanto estallan las hostilidades «nos encontramos en medio del fuego cruzado, con las balas zumbando sobre nuestras cabezas», dice Wilson, otro líder local.
«Cuando sólo hay un actor (armado), más o menos sabes qué hacer, te adaptas. El problema es cuando son varios y te encuentras en medio», sostiene Juan.
«Nos encontramos como ratones asustados con un nido de águilas sobre nuestras cabezas», añade.
Siempre sospechoso
Carlos denuncia la «estigmatización» de los civiles, pues los grupos acaban sospechando que son «colaboradores» del bando contrario. La poca presencia del ejército detona la arremetida de las organizaciones, añade.
«Para unos, somos guerrilleros. Para otros, somos paracos (paramilitares) (…). Si uno se desplaza de un territorio a otro, es rápidamente acusado, interrogado, o incluso peor… Un extraño siempre es sospechoso», explica Juan.
Muchos viven cerca de campos con minas y otros artefactos explosivos sin detonar. Algunas de estas zonas peligrosas están identificadas con una calavera y huesos cruzados, firmada por el grupo responsable.
Según el CICR, al menos 10 personas fueron víctimas de estos artefactos en 2023, frente a 4 el año anterior.
La violencia sumada al aislamiento, hipoteca el acceso al agua potable, educación y salud.
«Si no fuera por el conflicto, estaríamos viviendo bastante bien. Las condiciones son duras, pero la tierra es generosa», sostiene Juan. «El problema es esta guerra, que es el cuento de nunca acabar».
La justicia estadounidense condenó este miércoles a cadena perpetua al hombre acusado de intentar asesinar a Donald Trump en su campo de golf en Florida en 2024, dos meses antes de las elecciones presidenciales ganadas por el republicano.
En septiembre, un jurado lo había declarado culpable de cinco cargos, entre ellos el de intento de asesinato de un candidato presidencial. Al oír el veredicto, el acusado intentó entonces apuñalarse con un bolígrafo, pero unos guardias se lo impidieron.
La jueza Aileen Cannon siguió este miércoles la petición de la fiscalía y le aplicó a Routh el mayor castigo posible «para proteger a la gente de futuros delitos cometidos por él».
Routh también fue declarado culpable de posesión ilegal de un arma debido a sus antecedentes penales, posesión de un arma con el número de serie borrado, posesión de un arma de fuego con el fin de cometer un delito violento y agresión a un agente federal.
El 15 de septiembre de 2024, un agente del Servicio Secreto estadounidense -encargado de proteger a las altas figuras políticas del país- vio el cañón de un rifle asomando entre arbustos del campo de golf de West Palm Beach, donde Trump estaba jugando una partida.
El agente abrió fuego y Routh, que huyó en un vehículo, fue detenido poco después por la policía.
La policía encontró un rifle semiautomático cargado, equipado con una mira telescópica y un cargador con munición adicional en el lugar de los hechos.
«Un cascarón vacío»
Tras permanecer en silencio, con el ceño fruncido y sin mostrar ninguna emoción aparente durante la audiencia, Routh tomó la palabra. Se colocó unas gruesas gafas negras y comenzó a leer un discurso de 20 páginas que traía preparado.
«Mi sentencia es totalmente insignificante. Ante ustedes no hay nada; no soy más que un cascarón vacío», declaró, antes de definirse como una buena persona, trabajadora y entregada a su país.
La jueza Cannon lo interrumpió varias veces y le pidió que acortara un discurso que consideró irrelevante para el caso. Routh llegó a decir, por ejemplo, que cambiaría su vida por la de palestinos víctimas del conflicto con Israel.
El condenado volvió a mostrar su fijación por la invasión rusa de Ucrania, adonde había viajado para unirse a voluntarios extranjeros, y lamentó la pasividad del mundo ante esa guerra.
Frente a él, el fiscal John Shipley trató de desmontar la imagen de buen ciudadano defendida por Routh y su abogado, Martin Roth.
«Intentó llevar a cabo una matanza a sangre fría», con el «objetivo de subvertir la democracia estadounidense» matando al entonces candidato republicano y actual presidente, Donald Trump, dijo Shipley.
Internacionales
Un documental de Netflix repasa el caso de Lucy Letby, enfermera británica condenada por matar a bebés
«La investigación sobre Lucy Letby» suscitó la indignación de los padres de la enfermera de 36 años, que además de los 7 homicidios fue acusada de otros siete intentos, todos entre 2015 y 2016.
En un comunicado publicado el sábado en el sitio web del Sunday Times, John y Susan Letby calificaron la película como una «violación total de la vida privada», subrayando la constante presión mediática a la que se han visto sometidas estos años.
La queja de los padres de la enfermera se debe a las imágenes inéditas de la detención de su hija en su domicilio, grabadas por un policía.
La película se abre con esa escena, mostrando a la joven en su cama, en pijama, confundida, casi aturdida.
Letby es esposada, en bata, y es trasladada en auto a la comisaría.
«No mires mamá, vuelve (a casa)», le dice la joven a su madre, cuyos sollozos se escuchan.
Este documental de una hora y medios busca ofrecer al público las versiones de ambas partes.
— «¿La persona equivocada?» —
Letby fue condenada en agosto de 2023 a cadena perpetua sin posibilidad de reducción de pena, un castigo poco frecuente, tras ser declarada culpable de haber matado a siete recién nacidos inyectándoles aire por vía intravenosa o utilizando sus sondas nasogástricas para introducir aire o una sobredosis de leche en sus estómagos.
La enfermera también fue declarada culpable de intento de asesinato de otros siete bebés en su unidad de cuidados intensivos del hospital Countess of Chester, en el noroeste de Inglaterra.
Letby siempre ha defendido su inocencia, pero la justicia británica le ha negado en dos ocasiones la posibilidad de apelar.
El caso está siendo examinado actualmente por la Comisión de Revisión de Casos Penales (CCRC), un organismo independiente que se ocupa de posibles errores judiciales.
Por otra parte, las causas de la muerte de seis bebés serán examinadas a partir del 5 de mayo por un forense, cuyas conclusiones pueden ser transmitidas a la fiscalía.
En el séptimo caso, la investigación no permitió determinar si la muerte del bebé fue natural o no.
El documental también incluye imágenes inéditas extraídas de los vídeos de los interrogatorios de Lucy Letby, así como el testimonio de la madre de una de las víctimas.
El reportaje destaca elementos inquietantes, como cuando Lucy Letby responde «sin comentarios» a las preguntas de los policías, o muestra extractos de su diario íntimo en los que las fechas que coinciden con la muerte de los bebés están marcadas con un asterisco.
Por el contrario, la película incluye el testimonio del médico canadiense Shoo Lee, quien cuestionó los peritajes presentados en el juicio y afirma estar convencido de la inocencia de Lucy Letby.
El documental concluye con el testimonio del doctor John Gibbs, expediatra del hospital donde trabajó la joven.
«Vivo con dos culpas. Una es haber fallado a los bebés. La otra es ¿hemos detenido a la persona equivocada?. No creo que haya habido un error judicial, pero nos preocupa que nadie la haya visto cometer esos actos», declaró Gibbs.
Entrevistado el miércoles en la radio LBC News, el ministro británico de Salud, Wes Streeting, afirmó «seguir confiando en las decisiones de los tribunales», salvo que sean invalidadas por la propia justicia.
Tal como anunció días previos al inicio de su mandato al frente del Ejecutivo, Nasry Asfura, envío la propuesta de ley al Órgano Legislativo, para implementar una reforma en el sistema de salud hondureño, el cual padece de una deuda en cirugías en el sistema público de aproximadamente de 13,000 a 15,000 pacientes en espera, según medios hondureños.
La legislación, denominada «Ley de Medidas Excepcionales Para la Atención Prioritaria en Materia de Salud de la Población» entró el pasado lunes a debate por los diputados, en su mayoría del oficialista Partido Nacional. La misma noche fue aprobada (sin especificar en el pleno con cuantos votos a favor) por el Legislativo.
La «ley tiene como objetivo primordial poner fin a la mora quirúrgica, garantizar que cada hospital esté abastecido y que cada hondureño tenga un trato digno y justo en el sistema de salud pública», afirmó el Congreso Nacional de Honduras en su cuenta de X.
Por su parte, el jefe de bancada del opositor Partido Liberal, Jorge Cálix, enfatizó que como instituto político «reconocemos que existe una emergencia en el sistema de salud. Hay personas que se han muerto engusanados, literalmente engusanados, esperando ser atendidos en los hospitales públicos de Honduras. Esa es una realidad que no vamos a desconocer».
El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, aseguró que tras la discusión con todas las bancadas se recogieron observaciones para dicha ley.
El artículo 1 de la referida ley decreta «estado de emergencia en el sector salud a nivel nacional, ante la precariedad de atención integral de la salud de la población en general»; la misma tendrá una vigencia de un año, la cual podrá prorrogarse por el Órgano Legislativo a petición del Ejecutivo, especifica la misma.
Para poder saldar la deuda en el retraso de las cirugías de los hondureños, el recién aprobado decreto establece en su artículo 3 que se pueden suscribir convenios o contratos con instituciones tanto públicas, como privadas, así como ONG, cooperantes nacionales o extranjeros. El Gobierno ha dicho que esto no significa que se esté privatizando el sistema de salud.
Así también, la nueva ley detalla en su artículo 3 que es posible la contratación directa o vía procedimiento especial —especificado en el artículo 4 de dicha legislación— de bienes, servicios, suministros, alquiler de bienes y adquisición de consultorías necesarias para «afrontar la crisis en el sistema de salud pública».
Otro aspecto que se busca subsanar en el sistema de salud público es el abastecimiento de medicamentos, mediante «un proceso directo y simplificado en base a la necesidad»; también se ampliarán las jornadas laborales, sin interferir los horarios ya establecidos; se contratará personal asistencial y administrativo «de preferencia especializado» que sea requerido.
La «Ley de Medidas Excepcionales Para la Atención Prioritaria en Materia de Salud de la Población» aún no ha sido sancionada por el presidente Nasry Asfura, por lo que queda pendiente su publicación en el diario «La Gaceta» (Diario Oficial) para que la misma entre en vigencia.
