Internacionales
«Obedecer y callar»: poblados colombianos bajo el yugo de grupos armados
El montañoso sur del departamento de Bolívar es una crónica trágica del calvario sin fin que padecen los civiles atrapados en las garras del conflicto armado colombiano. La AFP acompañó a una misión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), una de las pocas organizaciones que trabaja en la zona, y habló con los pobladores quienes pidieron mantener su identidad bajo reserva.
Bolívar es el tercer departamento más afectado por la violencia en el país, con casi 700.000 víctimas a lo largo del conflicto, según un informe oficial de junio. En 2020 se registraron 145 homicidios.
Ubicada en la región del Magdalena Medio, sus habitantes son blanco de guerrilleros del guevarista ELN, disidentes de las FARC que no firmaron la paz en 2016 y el Clan del Golfo, el mayor cartel del narcotráfico.
Las comunidades ingenian estrategias de supervivencia frente al cruce de disparos, asesinatos selectivos, confinamientos, campos minados, extorsiones y amenazas en uno de los países con más desplazados internos del mundo.
Cuando cesan las balas se impone su «mano invisible», pero omnipresente, «silenciosa y amenazadora», dice Javier, uno de los líderes comunitarios. «Rara vez se les ve de uniforme o con armas. Están ahí, vigilándonos sin dejar que los veamos».
Isla de oro
El sur de Bolívar tiene forma de «isla», rodeada por los brazos del río Magdalena, explica la delegada del CICR, Sara Lucchetta.
Sus montañas, que ocupan casi todo el territorio de 17.000 km2 (casi el tamaño de El Salvador), son corredores logísticos con la vecina Venezuela para el tráfico de oro de numerosas minas artesanales, contrabando y cocaína.
«Aislado y remoto, el sur de Bolívar ha sido históricamente un territorio de guerrilla y violencia. También es una zona de conflicto de la que se habla poco en comparación con otras regiones», describe Lucchetta.
Aparte de algunos grafitis en las paredes con sus siglas, la presencia de estas guerrillas y ejércitos del narco es casi imperceptible, constató la AFP en los municipios de Morales y Arenal. Los campesinos siguen trabajando en sus plantaciones de maíz, papa y cacao.
«Las consecuencias del conflicto sobre la población civil se han convertido en estructurales», remarca Lucchetta.
La coca, principal componente de la cocaína, ha dejado de ser rentable y se cultiva menos.
«El verdadero problema de la guerra ahora es el oro», dice el minero José.
En las últimas semanas el ELN y las AGC se enfrentaron de nuevo en la región y provocaron el desplazamiento de al menos 1.400 personas en un «clima de miedo y zozobra», según el gobierno.
Ratones y águilas
«La gente tiene miedo. Están constantemente en alerta, esperando la desgracia, (pendientes de) si vienen hombres armados a la puerta por la noche», describe Carlos, otro poblador.
Los grupos suelen tener aliados en las poblaciones. «Pero, sobre todo, las comunidades intentan mantenerse al margen. Es una cuestión de convivencia», subraya Javier.
«A causa del conflicto, hay normas con las que hemos aprendido a vivir. Por ejemplo, está prohibido caminar de noche», señala.
Con redes urbanas y colaboradores los tres grupos conocen y aprueban cada movimiento: para comprar una moto se necesita el permiso del comandante y justificar de dónde proviene el dinero, explica otro campesino.
La gente aquí está acostumbrada a hablar de una «tensa calma», pero en cuanto estallan las hostilidades «nos encontramos en medio del fuego cruzado, con las balas zumbando sobre nuestras cabezas», dice Wilson, otro líder local.
«Cuando sólo hay un actor (armado), más o menos sabes qué hacer, te adaptas. El problema es cuando son varios y te encuentras en medio», sostiene Juan.
«Nos encontramos como ratones asustados con un nido de águilas sobre nuestras cabezas», añade.
Siempre sospechoso
Carlos denuncia la «estigmatización» de los civiles, pues los grupos acaban sospechando que son «colaboradores» del bando contrario. La poca presencia del ejército detona la arremetida de las organizaciones, añade.
«Para unos, somos guerrilleros. Para otros, somos paracos (paramilitares) (…). Si uno se desplaza de un territorio a otro, es rápidamente acusado, interrogado, o incluso peor… Un extraño siempre es sospechoso», explica Juan.
Muchos viven cerca de campos con minas y otros artefactos explosivos sin detonar. Algunas de estas zonas peligrosas están identificadas con una calavera y huesos cruzados, firmada por el grupo responsable.
Según el CICR, al menos 10 personas fueron víctimas de estos artefactos en 2023, frente a 4 el año anterior.
La violencia sumada al aislamiento, hipoteca el acceso al agua potable, educación y salud.
«Si no fuera por el conflicto, estaríamos viviendo bastante bien. Las condiciones son duras, pero la tierra es generosa», sostiene Juan. «El problema es esta guerra, que es el cuento de nunca acabar».
Una oficinista japonesa de 32 años, identificada como Kano, asegura haberse enamorado y casado con un chatbot de inteligencia artificial en el distrito de Kita, en Okayama.
Kano explicó que, tras romper su compromiso el año pasado con su pareja de más de tres años, comenzó a interactuar con ChatGPT, con quien —según dijo— encontró comprensión. La mujer nombró al chatbot como “Lune Klaus”, lo entrenó para que adoptara la personalidad y el estilo de comunicación que deseaba, e incluso creó una ilustración para representarlo.
Con el tiempo, afirmó haberse enamorado del personaje. En mayo le confesó sus sentimientos y, según su relato, la IA “le correspondió”. Un mes después, el chatbot supuestamente le propuso matrimonio y ambos “decidieron casarse”.
Un bebé fue encontrado abandonado en un basurero del sector de Rancho Guanacaste, en Costa Rica, según reportaron medios locales.
De acuerdo con la Policía, el menor habría permanecido dos días en el lugar, donde las condiciones eran insalubres. Tras ser rescatado, fue trasladado al Hospital Nacional de Niños, donde los médicos confirmaron que su estado de salud es estable.
“El niño se encuentra en el servicio de emergencias, viene en buena condición, venía un poco frío, ya se calentó, ya se alimentó y el examen físico inicial es totalmente normal”, declaró el director del hospital, Carlos Jiménez Herrera, citado por el medio CR Hoy.
El Gobierno de Perú reforzó las medidas del estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao para combatir la delincuencia y el crimen organizado. El Ejecutivo estableció más restricciones penales, prohibió la circulación de dos personas a bordo de una motocicleta, creó equipos para coordinar operativos y patrullajes, y aumentó la presencia policial en las calles, según el Decreto Supremo N.º 127-2025-PCM.
La norma entró en vigencia el 22 de octubre por 30 días; sin embargo, el presidente interino José Jerí anunció, el 7 de noviembre, la ampliación de las restricciones para restaurar la seguridad en las ciudades más afectadas.
«Estamos actualizando el estado de emergencia con medidas complementarias, basadas en los resultados obtenidos y en la realidad de nuestro país. Estamos corrigiendo y mejorando lo necesario», afirmó el presidente.
Con el decreto se creó el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), que es presidido por la Policía Nacional del Perú (PNP), para restablecer y mantener el orden interno con patrullajes y operativos en la vía pública. Este cuenta con el apoyo de cuatro comités y de las fuerzas de seguridad, que contribuyen con la tecnología en el monitoreo.
Su principal objetivo es reducir los índices de criminalidad y garantizar los derechos fundamentales de la población en Lima Metropolitana y Callao.
El presidente detalló que el puesto de control, con vigilancia las 24 horas los siete días de la semana, permitirá enfrentar a la delincuencia.
Fiscalía alerta sobre homicidios y extorsiones
Perú atraviesa una de sus peores crisis por el crimen organizado.
El lunes, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público (Fiscalía) reportó que entre enero y la primera semana de noviembre de 2025 se registraron 56 homicidios de choferes y 30 mil extorsiones fueron denunciadas, en Lima Metropolitana y el Callao.
El estudio reveló que la mayoría de víctimas fueron atacadas por sicarios en motocicleta, una manera cada vez más frecuente para cometer los crímenes contra los transportistas en las zonas urbanas. Al menos ocho de cada 10 ataques se producen bajo esta modalidad, compartió la fiscalía.
Ante este contexto, el Ejecutivo ya había prohibido desde el viernes el tránsito de dos personas en una motocicleta. «Se encuentra prohibido el uso de cualquier elemento o accesorio adicional al casco que impida o limite la identificación del conductor», aclara en el decreto.
El documento señala también que habrá «intervención e internamiento de vehículos en los depósitos autorizados si exhiben documentación adulterada y/o placas ilegibles, deterioradas, adulteradas, dañadas, laminadas o con objetos que no permitan la identificación correcta del vehículo».
Más control en las prisiones
En cuanto a las cárceles, habrá apagones eléctricos en las celdas, desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicación ilícitas, y operativos permanentes de incautación de tarjetas SIM (chips) telefónicos, armas blancas, y demás artículos prohibidos.
Las autoridades agregaron el monitoreo aéreo con drones donde están los establecimientos penitenciarios y zonas aledañas, y se permitió el traslado a otras cárceles a los reos que pongan en riesgo la seguridad de las prisiones o atenten contra la integridad de los guardias penitenciarios.
RECOMPENSAS
Intensificarán la difusión del sistema de recompensas para realizar capturas mediante la información que compartan los ciudadanos y que permita identificar y capturar personas
de la lista de los más buscados, integrantes de organizaciones criminales, extorsionadores y sicarios.
