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Los narcos que desafían al presidente brasileño Jair Bolsonaro
Tres líderes de la facción criminal paulista Primer Comando de la Capital (PCC) fueron degollados entre junio y julio de 2015 dentro una cárcel de Manaos. Era sólo el comienzo del conocido en la capital amazónica como «el fin de semana sangriento».
Entre la tarde del viernes 17 de julio y la mañana del lunes 20, se registraron otros 38 asesinatos de sicarios del PCC en las calles de la capital amazónica.
La orden de la matanza partió de la cárcel y se cree que varios Policías Militares fueron los ejecutores. Los mensajes de celular interceptados dejan claro el objetivo de la acción: «Mano, esses cara que vestiram a camisa do PCC aqui [no Amazonas] são uma vergonha para o crime (…) são todos safados. Esses nós vamos matar é tudo» (Hermano, esos muchachos que visten la camisa del PCC aquí [en Amazonas] son una vergüenza para el crimen (…) son todos unos h…de p…. Los vamos a matar, es todo). El ataque contra el PCC se habría producido por la decisión del grupo narco paulista de continuar ‘bautizando» (reclutando nuevos integrantes) a pesar de la desaprobación de la Familia del Norte, el cartel local y aliado del carioca Comando Vermelho (CV), el archienemigo del Primer Comando. Todos estos cárteles fueron creados en los últimos treinta años en la cárceles de todo el país y desde allí siguen operando los grandes capos.
El mensaje que desencadenó el baño de sangre partió del teléfono del traficante José Roberto Fernandes Barbosa, más conocido por los apodos de Z, Doido, Pertubado, Pertuba y Messi, uno de los fundadores de la facción criminal Familia del Norte.
Su grupo aliado a nivel nacional del poderoso CV tiene prácticamente el monopolio del narcotráfico y el dominio sobre el sistema carcelario de Amazonas y varios otros estados del nordeste de Brasil. Su principal negocio es la exportación a Europa de cocaína colombiana y peruana. Las investigaciones sobre el comportamiento de los cárteles brasileños indican que en la masacre de Manaos está el origen del rompimiento de la alianza de casi 20 años entre el PCC y el CV, que se formalizó en junio de 2015.
Desde entonces, distintas facciones se enfrentan por el control de las zonas de narcotráfico y particularmente las fronteras con Paraguay, Venezuela y Colombia. La guerra se trasladó ahora al estado de Ceará, en el nordeste, y los ataques amenazan con propagarse por el resto del país. Y no es sólo una lucha entre los cárteles.
Es, por sobre todo, un enfrentamiento con el Estado y un desafío directo al nuevo presidente, Jair Bolsonaro, que fue elegido con la promesa de terminar con la impunidad de los carteles del narcotráfico y pacificar al país. Los sicarios que Bolsonaro había asegurado que destruiría, le provocaban su primera crisis de gobierno.
Este escenario de caos surgió en Ceará el mismo día de la asunción de Bolsonaro en Brasilia. El 1° de enero de 2019 comenzaron los ataques a autobuses, comercios y las principales carreteras de entrada a Fortaleza, la capital del estado. Desde entonces, no cesan los atentados; ya son más de 200. Los sicarios volaron dos puentes, incendiaron autobuses de transporte y de escolares, destrozaron bancos, obligaron el cierre de las principales tiendas de decenas de ciudades, espantaron a los turistas y lanzaron videos en los que prometen una guerra total. Todo esto se produjo como reacción al anuncio del nuevo secretario de la Administración Penitenciaria de Ceará, Luis Mauro Albuquerque, de adoptar más rigor contra la entrada de celulares en las cárceles y acabar con la separación de detenidos en diferentes prisiones de acuerdo a las facciones a las que pertenecen.
Para controlar la situación, el gobierno envió a 300 agentes de la Fuerza Nacional y otros 200 están en camino. Pero veinte días más tarde, la situación no parece haber mejorado demasiado. «Hay un clima de pánico y la gente está aterrorizada de salir. Es como si estuvieras prisionero en tu casa y aun así no estás seguro», dijo un comerciante de Fortaleza a un diario local.

«Esta crisis fue completamente predecible. Este es el cuarto año que hemos tenido estos ataques. Estamos sentados en un barril de pólvora y solo necesitaba que alguien encendiera la mecha. La pobreza, las prisiones medievales, la guerra contra las drogas sin ninguna planificación y la inexistencia de políticas para los jóvenes marginados hacen que Ceará sea un campo de reclutamiento fértil para las pandillas criminales», explica Renato Roseno, diputado del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL).
«No se reforma el sistema carcelario desde hace 30 años. Las estadísticas nos dicen que apenas un 5% de los reclusos estudia y la reincidencia, una vez que salen, es de más del 90%».
La población carcelaria de Brasil es en este momento de 700.489 personas, la tercera más grande del mundo. De éstos, más del 34 % están en prisión preventiva y Ceará tiene el récord de la mayoría de presos sin condena. Hasta allí emigraron en la última década células de los cárteles de Río de Janeiro y San Pablo desde donde operan los puertos que les permite una ruta fácil a Europa.
Desde entonces, Ceará se convirtió en uno de los estados más violentos de un país que en 2017 rompió su propio récord de homicidios, casi 64.000; una tasa de 30,8 por cada 100.000 habitantes (un 50% más alta que la de México).
De acuerdo a los testigos, en estos días los cárteles están pagando a las pandillas 1.000 reales (268 dólares) para quemar un autobús y 5.000 reales (1.338 dólares) por el ataque a un banco o una tienda con un incendio importante. Algunos grupos de las favelas incluso cambian los ataques por la deuda que tienen por el consumo de drogas.
Hay pintadas por todo Fortaleza que dicen «esta vez no vamos a parar» y «seguiremos quemando hasta que Albuquerque (el secretario a cargo de las penitenciarías) no se vaya». Todas las órdenes de los objetivos a atacar, así como la de los pagos, emanan desde las cárceles donde unos 29.000 reclusos sobreviven en celdas diseñadas para no más de 11.000.
El hacinamiento hace casi imposible el control de las prisiones. Ahora, las fuerzas federales enviadas por el gobierno de Bolsonaro están trasladando fuera de Ceará a los capos que lideran los disturbios. Se confiscaron más de 400 celulares que habían entrado a las cárceles en forma clandestina.
El Comando Vermelho (Comando Rojo), de Río de Janeiro, perdió terreno en los últimos tres años, pero aún sigue siendo la organización criminal brasileña más poderosa.
Fue fundada en 1969 por Rogério Lemgruber en la prisión de Ilha Grande, con convictos comunes y militantes políticos de la Falange Vermelha que luchaba contra la dictadura militar. Desde entonces, controla las principales favelas de Río donde tiene como rivales a dos escisiones del propio CV, el Terceiro Comando Puro (TCP) y Amigos dos Amigos (ADA).
Hoy tiene una fuerza activa de más de 50.000 sicarios repartidos por todo el país y Paraguay, así como alianzas muy fuertes con los cárteles colombianos y células en Europa.

El Primeiro Comando da Capital (PCC), surgió a principios de los noventa en la cárcel de Taubaté, para presos de alta peligrosidad, a 130 km de São Paulo, más conocida como «Piranhão». Está organizado en células como las guerrillas y está regido por un estatuto de 16 puntos al que todos los integrantes deben obedecer y pagar, al mismo tiempo, una cuota mensual de 50 reales (14 dólares) para los que están presos y de 500 reales (134 dólares) para el resto. Su líder máximo es «Marcola», Marcos Willians Herbas Camacho, que cumple una condena de 44 años. Tiene unos 20.000 sicarios en las calles y otros 6.000 en las cárceles.
Domina territorio en la frontera paraguayo-brasileña, así como en Bolivia, Colombia y Perú. El PCC se reivindica como una organización que no sólo comete delitos y crímenes sino que tiene una función social de proteger a los habitantes de las favelas que controla. Actúa con la lógica del «Hood Robin», roba a los ricos para darle a los pobres. Pero en la mayoría de los casos, lo único que lleva a los morros es violencia extrema y muerte.
Estos pequeños ejércitos que durante muchos años mantuvieron un pacto de no agresión y dividían sus territorios sin disputas ahora vuelven a encontrar una causa común: enfrentar con todas sus fuerzas a Bolsonaro y su compromiso de guerra contra el narcotráfico.
Prometen una lucha sin cuartel. Es el mayor desafío que tiene el presidente de extrema derecha que llegó al Planalto de Brasilia para imponer la «mano dura» contra los sicarios.
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EE. UU. congela el procesamiento de visas para 75 países, entre ellos Guatemala y Nicaragua
Estados Unidos anunció el miércoles que suspenderá la tramitación de visados a solicitantes de 75 nacionalidades, una medida más del gobierno de Donald Trump para frenar la entrada de migrantes en el país.
«Estados Unidos congela la tramitación de todos los visados para 75 países, entre ellos Somalia, Rusia e Irán», publicó la secretaria de prensa Karoline Leavitt en X.
La medida comenzará a regir el 21 de enero y tendrá duración indefinida, según informó la cadena Fox News.
De acuerdo con un memorando interno del Departamento de Estado al que tuvo acceso Fox News Digital, los funcionarios consulares fueron instruidos a rechazar solicitudes de visa bajo la legislación vigente mientras el organismo revisa en profundidad los procedimientos de selección y verificación. El objetivo oficial es reforzar los criterios para impedir el ingreso de extranjeros que eventualmente dependan de asistencia estatal.
La lista de países afectados incluye, además de varias naciones de América Latina y el Caribe, a Afganistán, Rusia, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia, Somalia y Yemen, entre otros. Según la cadena estadounidense, las excepciones a la suspensión serán «muy limitadas» y solo se permitirán una vez que los solicitantes superen la evaluación vinculada a la condición de carga pública.
Otros países del continente americano que sufren esta suspensión son Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.
La decisión se apoya en una interpretación estricta de la llamada cláusula de «carga pública» de la ley migratoria estadounidense. Un cable enviado en noviembre de 2025 a consulados de todo el mundo ya había anticipado el giro: ordenaba aplicar reglas más severas para evaluar a los solicitantes, teniendo en cuenta factores como edad, estado de salud, dominio del inglés, situación financiera, antecedentes de asistencia social e incluso la posible necesidad de atención médica prolongada.
Según Fox News, el nuevo enfoque permitiría negar visas a personas mayores u obesas, así como a quienes hayan recibido en el pasado ayudas económicas del Estado o hayan sido internadas.
«El Departamento de Estado utilizará su autoridad histórica para declarar inadmisibles a potenciales inmigrantes que puedan convertirse en una carga para Estados Unidos y abusar de la generosidad del pueblo estadounidense», afirmó el vocero del organismo, Tommy Pigott, en un comunicado citado por la cadena. «La inmigración desde estos 75 países quedará en pausa mientras se revisan los procedimientos para evitar el ingreso de extranjeros que dependan del sistema de bienestar», agregó.
El endurecimiento se produce en un contexto de refuerzo general de la política migratoria del segundo mandato de Trump. Desde su regreso a la Casa Blanca, el gobierno estadounidense revocó más de 100.000 visas, una cifra récord, según datos oficiales. En paralelo, se ampliaron los controles, incluida la revisión de publicaciones en redes sociales de los solicitantes.
La cláusula de «carga pública» existe desde hace décadas, pero su aplicación varió según las administraciones. En 2019, durante su primer mandato, Trump amplió de manera significativa su alcance para incluir una gama más amplia de beneficios sociales, una medida que fue parcialmente bloqueada por los tribunales y luego revertida bajo el gobierno de Joe Biden. En 2022, la administración demócrata había limitado el criterio principalmente a ayudas en efectivo y cuidados institucionales de largo plazo, excluyendo programas como cupones de alimentos, Medicaid o asistencia para vivienda.
Con esta nueva pausa, la administración Trump vuelve a una interpretación más dura de la norma, en una señal clara de que la política migratoria será uno de los ejes centrales de su agenda en este nuevo período.
A continuación, la lista completa de las 75 naciones con suspensión de visas: Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bután, Bosnia, Brasil, Birmania, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Colombia, Costa de Marfil, Cuba, República Democrática del Congo, Dominica, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiyi, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Haití, Irán, Irak, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Macedonia, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, República del Congo, Rusia, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Tanzania, Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Uruguay, Uzbekistán y Yemen.
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La UE autoriza a Ucrania a destinar 60.000 millones de euros de un préstamo a gasto militar
Además se dará prioridad a los países europeos para suministrar el armamento necesario a Ucrania durante ese período, en el marco de esta financiación decidida en diciembre, añadió.
«Con 60.000 millones de euros de ayuda militar, Ucrania puede resistir frente a Rusia y, al mismo tiempo, integrarse más estrechamente en la base industrial de defensa europea», aseguró el dirigente alemán.
Si las industrias europeas no están en condiciones de responder a una demanda específica de Ucrania, será posible, «en determinadas ocasiones», adquirir ese armamento fuera de Europa, prosiguió Von der Leyen.
Explicó que estas sumas deben tener «un retorno de la inversión creando empleo y fomentando la investigación y el desarrollo que necesitamos. Para nosotros, se trata de mucho dinero. Son millas y millas de millones que se invierten».
Varios países de la UE insistieron en que estos fondos se destinan prioritariamente a la industria europea de defensa, condición cuestionada por Kiev u otros países europeos, preocupados por la eficacia en un momento en que Estados Unidos cubre una gran parte de las necesidades militares de Ucrania.
Esta preferencia europea es lo suficientemente flexible como para no excluir la financiación de compras de equipos a Estados Unidos, el único que por el momento puede responder a determinadas demandas del ejército ucraniano, especialmente en materia de defensa antiaérea, asegurando un responsable europeo bajo condición de anonimato.
Los 30.000 millones restantes de los 90.000 millones del préstamo europeo serán utilizados por Kiev para sus necesidades presupuestarias, bajo condiciones de reformas vinculadas al refuerzo del Estado de derecho oa la lucha contra la corrupción, precisó la Comisión Europea.
Los dirigentes de la UE decidieron en diciembre conceder un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania para financiar su presupuesto y su ejército este año y el próximo.
Los primeros diseños deben tener lugar a partir de abril, según Von der Leyen.
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El caso de tres bebés abandonados en Londres y ocho años de investigación
Entre 2017 y 2024, tres recién nacidos, que resultaron ser hermanos, fueron abandonados en parques de Londres. Tras años de investigación, el misterio sigue sin resolverse y la policía parece cerca de rendirse.
Los recién nacidos fueron encontrados por viandantes en septiembre de 2017, enero de 2019 y enero de 2024, en parques cercanos a East Ham, en la periferia este de Londres, barrios con población étnicamente diversa, en los que se mezclan elegantes casas victorianas y viviendas sociales.
La pequeña Elsa, como la llamó el personal del hospital que la acogió, fue encontrada el 18 de enero de 2024, menos de una hora después de su nacimiento, por un hombre que paseaba a su perro.
Roman fue encontrada el 31 de enero de 2019, en otro parque situado a menos de dos kilómetros de distancia.
Envuelta en una manta, antes de una nevada, sus llantos llamaron la atención de los transeúntes.
Harry, el primer bebé, fue descubierto el 17 de septiembre de 2017, a un kilómetro del lugar donde se encontró a Roman.
La investigación comenzó en 2017 y se intensificó tras el hallazgo del tercer bebé.
Pero la policía de Londres considera que ha agotado «todas las pistas».
– ¿Un cuarto bebé? –
Las fuerzas del orden tocaron las puertas de 400 hogares, revisaron cientos de horas de imágenes de videovigilancia y ofrecieron una recompensa de 20.000 libras (casi 27.000 dólares), sin resultados.
El hallazgo principal se produjo en junio de 2025, cuando las pruebas de ADN confirmaron que los tres bebés eran hermanos.
El investigador a cargo del caso, Jamie Humm, declaró temer que pronto se descubra un cuarto bebé.
El caso genera preocupación por el destino de la madre.
«Como madre, me pregunto cómo alguien puede abandonar a su hijo», comentó a la AFP Charlotte Mallett, residente de East Ham, recordando el frío que hacía el día que la televisión local informó del hallazgo de Roman. El abandono puede ser el resultado de una «situación forzada» y «sin otra salida posible», añade.
Para Kevin Browne, un experto en psicología, que ha trabajado en casos de abandono infantil, la madre podría ser una migrante que, en un clima de hostilidad y expulsiones crecientes, prefiere evitar cualquier contacto con las autoridades.
El hecho de que diera a luz en secreto, arriesgando su vida y la de sus bebés, podría indicar que estaba «aterrada», añadió Brown a la AFP.
«Una niña maravillosa»
En este caso, tan «extraño» como «complejo», «al imaginar las circunstancias que podrían haber colocado a la madre en tal situación, uno se da cuenta de que quizá ella también está en peligro», subraya Lorraine Sherr, psicóloga y experta en salud mental del University College de Londres.
El abandono de bebés se ha vuelto tan raro que el gobierno británico ya no recopila estadísticas. Los últimos datos registran ocho recién nacidos abandonados entre 2008 y 2018 en Inglaterra y Gales, según la jueza a cargo del caso de la pequeña Elsa.
En algunos países, como Francia, una mujer puede dar a luz de forma anónima y entregar inmediatamente a su bebé en adopción.
Esa posibilidad no existe en Reino Unido, que tampoco cuenta con «cajas para bebés», a diferencia de algunos estados de Estados Unidos, que facilitan un abandono anónimo.
Harry y Roman, que hoy tienen ocho y seis años, han sido adoptados.
Por su parte, Elsa, que tiene casi dos años, se encuentra en una familia de acogida que recientemente inició un procedimiento de adopción.
Es «una niña maravillosa, rebosante de risas y entusiasmo», según la jueza de asuntos familiares Carol Atkinson, que sigue el proceso.
Las autoridades esperan que los tres niños mantengan vínculos entre ellos al crecer.
Pero probablemente nunca sabrán de sus padres. «Conservarán ese sufrimiento afectivo toda su vida», subraya el experto Kevin Browne.


