Internacionales
Los narcos que desafían al presidente brasileño Jair Bolsonaro
Tres líderes de la facción criminal paulista Primer Comando de la Capital (PCC) fueron degollados entre junio y julio de 2015 dentro una cárcel de Manaos. Era sólo el comienzo del conocido en la capital amazónica como «el fin de semana sangriento».
Entre la tarde del viernes 17 de julio y la mañana del lunes 20, se registraron otros 38 asesinatos de sicarios del PCC en las calles de la capital amazónica.
La orden de la matanza partió de la cárcel y se cree que varios Policías Militares fueron los ejecutores. Los mensajes de celular interceptados dejan claro el objetivo de la acción: «Mano, esses cara que vestiram a camisa do PCC aqui [no Amazonas] são uma vergonha para o crime (…) são todos safados. Esses nós vamos matar é tudo» (Hermano, esos muchachos que visten la camisa del PCC aquí [en Amazonas] son una vergüenza para el crimen (…) son todos unos h…de p…. Los vamos a matar, es todo). El ataque contra el PCC se habría producido por la decisión del grupo narco paulista de continuar ‘bautizando» (reclutando nuevos integrantes) a pesar de la desaprobación de la Familia del Norte, el cartel local y aliado del carioca Comando Vermelho (CV), el archienemigo del Primer Comando. Todos estos cárteles fueron creados en los últimos treinta años en la cárceles de todo el país y desde allí siguen operando los grandes capos.
El mensaje que desencadenó el baño de sangre partió del teléfono del traficante José Roberto Fernandes Barbosa, más conocido por los apodos de Z, Doido, Pertubado, Pertuba y Messi, uno de los fundadores de la facción criminal Familia del Norte.
Su grupo aliado a nivel nacional del poderoso CV tiene prácticamente el monopolio del narcotráfico y el dominio sobre el sistema carcelario de Amazonas y varios otros estados del nordeste de Brasil. Su principal negocio es la exportación a Europa de cocaína colombiana y peruana. Las investigaciones sobre el comportamiento de los cárteles brasileños indican que en la masacre de Manaos está el origen del rompimiento de la alianza de casi 20 años entre el PCC y el CV, que se formalizó en junio de 2015.
Desde entonces, distintas facciones se enfrentan por el control de las zonas de narcotráfico y particularmente las fronteras con Paraguay, Venezuela y Colombia. La guerra se trasladó ahora al estado de Ceará, en el nordeste, y los ataques amenazan con propagarse por el resto del país. Y no es sólo una lucha entre los cárteles.
Es, por sobre todo, un enfrentamiento con el Estado y un desafío directo al nuevo presidente, Jair Bolsonaro, que fue elegido con la promesa de terminar con la impunidad de los carteles del narcotráfico y pacificar al país. Los sicarios que Bolsonaro había asegurado que destruiría, le provocaban su primera crisis de gobierno.
Este escenario de caos surgió en Ceará el mismo día de la asunción de Bolsonaro en Brasilia. El 1° de enero de 2019 comenzaron los ataques a autobuses, comercios y las principales carreteras de entrada a Fortaleza, la capital del estado. Desde entonces, no cesan los atentados; ya son más de 200. Los sicarios volaron dos puentes, incendiaron autobuses de transporte y de escolares, destrozaron bancos, obligaron el cierre de las principales tiendas de decenas de ciudades, espantaron a los turistas y lanzaron videos en los que prometen una guerra total. Todo esto se produjo como reacción al anuncio del nuevo secretario de la Administración Penitenciaria de Ceará, Luis Mauro Albuquerque, de adoptar más rigor contra la entrada de celulares en las cárceles y acabar con la separación de detenidos en diferentes prisiones de acuerdo a las facciones a las que pertenecen.
Para controlar la situación, el gobierno envió a 300 agentes de la Fuerza Nacional y otros 200 están en camino. Pero veinte días más tarde, la situación no parece haber mejorado demasiado. «Hay un clima de pánico y la gente está aterrorizada de salir. Es como si estuvieras prisionero en tu casa y aun así no estás seguro», dijo un comerciante de Fortaleza a un diario local.
«Esta crisis fue completamente predecible. Este es el cuarto año que hemos tenido estos ataques. Estamos sentados en un barril de pólvora y solo necesitaba que alguien encendiera la mecha. La pobreza, las prisiones medievales, la guerra contra las drogas sin ninguna planificación y la inexistencia de políticas para los jóvenes marginados hacen que Ceará sea un campo de reclutamiento fértil para las pandillas criminales», explica Renato Roseno, diputado del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL).
«No se reforma el sistema carcelario desde hace 30 años. Las estadísticas nos dicen que apenas un 5% de los reclusos estudia y la reincidencia, una vez que salen, es de más del 90%».
La población carcelaria de Brasil es en este momento de 700.489 personas, la tercera más grande del mundo. De éstos, más del 34 % están en prisión preventiva y Ceará tiene el récord de la mayoría de presos sin condena. Hasta allí emigraron en la última década células de los cárteles de Río de Janeiro y San Pablo desde donde operan los puertos que les permite una ruta fácil a Europa.
Desde entonces, Ceará se convirtió en uno de los estados más violentos de un país que en 2017 rompió su propio récord de homicidios, casi 64.000; una tasa de 30,8 por cada 100.000 habitantes (un 50% más alta que la de México).
De acuerdo a los testigos, en estos días los cárteles están pagando a las pandillas 1.000 reales (268 dólares) para quemar un autobús y 5.000 reales (1.338 dólares) por el ataque a un banco o una tienda con un incendio importante. Algunos grupos de las favelas incluso cambian los ataques por la deuda que tienen por el consumo de drogas.
Hay pintadas por todo Fortaleza que dicen «esta vez no vamos a parar» y «seguiremos quemando hasta que Albuquerque (el secretario a cargo de las penitenciarías) no se vaya». Todas las órdenes de los objetivos a atacar, así como la de los pagos, emanan desde las cárceles donde unos 29.000 reclusos sobreviven en celdas diseñadas para no más de 11.000.
El hacinamiento hace casi imposible el control de las prisiones. Ahora, las fuerzas federales enviadas por el gobierno de Bolsonaro están trasladando fuera de Ceará a los capos que lideran los disturbios. Se confiscaron más de 400 celulares que habían entrado a las cárceles en forma clandestina.
El Comando Vermelho (Comando Rojo), de Río de Janeiro, perdió terreno en los últimos tres años, pero aún sigue siendo la organización criminal brasileña más poderosa.
Fue fundada en 1969 por Rogério Lemgruber en la prisión de Ilha Grande, con convictos comunes y militantes políticos de la Falange Vermelha que luchaba contra la dictadura militar. Desde entonces, controla las principales favelas de Río donde tiene como rivales a dos escisiones del propio CV, el Terceiro Comando Puro (TCP) y Amigos dos Amigos (ADA).
Hoy tiene una fuerza activa de más de 50.000 sicarios repartidos por todo el país y Paraguay, así como alianzas muy fuertes con los cárteles colombianos y células en Europa.
El Primeiro Comando da Capital (PCC), surgió a principios de los noventa en la cárcel de Taubaté, para presos de alta peligrosidad, a 130 km de São Paulo, más conocida como «Piranhão». Está organizado en células como las guerrillas y está regido por un estatuto de 16 puntos al que todos los integrantes deben obedecer y pagar, al mismo tiempo, una cuota mensual de 50 reales (14 dólares) para los que están presos y de 500 reales (134 dólares) para el resto. Su líder máximo es «Marcola», Marcos Willians Herbas Camacho, que cumple una condena de 44 años. Tiene unos 20.000 sicarios en las calles y otros 6.000 en las cárceles.
Domina territorio en la frontera paraguayo-brasileña, así como en Bolivia, Colombia y Perú. El PCC se reivindica como una organización que no sólo comete delitos y crímenes sino que tiene una función social de proteger a los habitantes de las favelas que controla. Actúa con la lógica del «Hood Robin», roba a los ricos para darle a los pobres. Pero en la mayoría de los casos, lo único que lleva a los morros es violencia extrema y muerte.
Estos pequeños ejércitos que durante muchos años mantuvieron un pacto de no agresión y dividían sus territorios sin disputas ahora vuelven a encontrar una causa común: enfrentar con todas sus fuerzas a Bolsonaro y su compromiso de guerra contra el narcotráfico.
Prometen una lucha sin cuartel. Es el mayor desafío que tiene el presidente de extrema derecha que llegó al Planalto de Brasilia para imponer la «mano dura» contra los sicarios.
Internacionales
Narco, apagones, bajo crecimiento: Ecuador en problemas antes de nuevas presidenciales
La peor sequía en seis décadas tiene en jaque a las hidroeléctricas que cubren un 70 % de la demanda, el suministro de agua potable y la producción agrícola. La vida cotidiana es una pesadilla para muchos ecuatorianos.
«Lo que está viviendo el Ecuador es una crisis multidimensional que se expresa en términos económicos, eléctricos y políticos», dijo a la AFP Fernando Carrión, investigador político de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Quito.
La nación de 17 millones de habitantes dejó hace varios años de ser una isla de paz entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de coca. Convertida en centro internacional de operaciones del narcotráfico y el crimen organizado, la tasa de homicidios escaló de seis por cada 100.000 habitantes en 2018 al récord de 47 en 2023.
Noboa aplicó una política de mano dura y logró bajarla a 33, pero la sensación de inseguridad persiste. Y el fantasma de las masacres carcelarias regresó, con 17 muertos en el último choque.
El mandatario gobierna desde hace un año sin mayoría en el Congreso y distanciado de su vicepresidenta Verónica Abad, que fungía como embajadora en Israel y a quien el ministerio de Trabajo suspendió por cinco meses por el «abandono injustificado» de sus funciones.
Esa decisión le impedirá reemplazar a Noboa en enero cuando inicie su campaña por la reelección. Abad, que acusa a Noboa de «persecución», regresó a Ecuador el miércoles en «un acto de rebeldía».
«Hay desafíos por todo lado», manifestó el analista político y económico Alberto Acosta Burneo, del consultor Grupo Spurrier.
«Época frustrante»
La economía ecuatoriana, dolarizada y dependiente de la estancada producción petrolera, es otro eslabón en vilo. Antes de los apagones que llevan dos meses continuos, el país ya registraba una «fase muy baja de crecimiento», anotó Acosta Burneo.
Los cortes de luz empezaron en abril y arreciaron en septiembre ante la escasez de lluvias, asociada al cambio climático de acuerdo con la ministra encargada de Energía, Inés Manzano.
El gobierno prevé extenderlos al menos hasta diciembre, a un «costo muy grande» para el país, explicó Acosta Burneo.
Ecuador calculó con anticipación un crecimiento de 0,9% en 2024, contra 2,4% de 2023. El FMI pronosticó apenas 0,3%.
Los apagones dejan pérdidas por 1.440 millones de dólares (1% del PIB), según gremios empresariales que calculan en 12 millones de dólares el costo por cada hora sin luz.
«Es una época muy frustrante», reconoció Noboa, un empresario que se autodefine de centro-izquierda.
La aprobación de Noboa cayó de 85% en enero a 42% en octubre de acuerdo con Perfiles de Opinión. Su mandato de 18 meses termina en mayo de 2025, como reemplazo del derechista Guillermo Lasso (2021-2023).
Sin completar sus cuatro años de mandato, Lasso disolvió el Congreso y llamó a elecciones anticipadas para evitar un juicio político que buscaba su destitución.
La más reciente encuesta de la empresa Comunicaliza señala que el mandatario ha caído al menos seis puntos en la intención de voto. Aunque sigue en el primer lugar con 27,5%, seguido de la izquierdista Luisa González (26,7%).
«Estas distintas crisis le están golpeando (a Noboa) y probablemente la que más le golpea (…) es la crisis de la energía», aseguró Carrión.
Popularidad golpeada
Tras una arremetida del narco en enero, el gobernante respondió con duras políticas contra una veintena de organizaciones vinculadas a cárteles internacionales.
Declaró al país en conflicto armado interno, desplegó militares en las calles y las cárceles, dio los estatus de «terroristas» y «beligerantes» a las bandas para enfrentarlas sin tregua.
Su estrategia disminuyó los homicidios y aumentó el decomiso de droga a 262 toneladas en lo que va del año, frente a las 219 toneladas de 2023.
Sin embargo, la población «tiene una percepción de inseguridad muy alta, lo cual hace que el presidente pierda apoyos», señaló Carrión.
Noboa admitió que la crisis eléctrica «sí ha afectado» su popularidad.
Los secuestros y extorsiones también desangran al país. «Todo eso hace mella en la legitimidad del presidente y sus aspiraciones» de reelección, consideró Carrión. Bajo el fantasma del magnicidio, algunos candidatos presidenciales denuncian amenazas.
Más de 30 políticos han sido asesinados desde el año pasado, entre ellos el candidato a la presidencia Fernando Villavicencio (centro), baleado al salir de un mitin en Quito en vísperas de la primera vuelta del 9 de agosto de 2023.
Internacionales
«Artefacto explosivo» estalla cerca de la sede de la autoridad carcelaria de Colombia
La Policía Metropolitana de Bogotá y el departamento local de bomberos «atienden la activación de un artefacto explosivo en inmediaciones del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario)», escribió el miércoles en la red social X el alcalde Carlos Fernando Galán, pasadas las 21H00 locales (02H00 GMT).
«No hay personas heridas y los daños materiales son menores», agregó.
El general José Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, aseguró más tarde a medios que el estallido se debió al «lanzamiento de un artefacto explosivo improvisado en una bolsa».
Técnicos de la institución analizan el material explosivo para determinar su composición, agregó Gualdrón.
Medios locales transmitieron imágenes captadas por una cámara de seguridad en las que se observa a un hombre manipulando un paquete y posteriormente abandonándolo a metros de las instalaciones del INPEC, a las 20H21 locales (01H21 GMT).
En los últimos meses, los ataques armados contra funcionarios penitenciarios en Colombia se han recrudecido.
«Llevamos, desafortunadamente, 22 atentados y 11 funcionarios muertos en el año 2024 (…) Hoy en día los funcionarios penitenciarios del INPEC no están siendo ajenos a los ataques del crimen organizado», aseguró el coronel Daniel Gutiérrez, director del INPEC, en una rueda de prensa la tarde del miércoles convocada tras el asesinato a un vigilante de la cárcel bogotana de La Picota.
Según Gutiérrez, los ataques se deben a que la autoridad carcelaria lleva a cabo «un trabajo fundamental conteniendo el delito desde las cárceles».
Expertos aseguran que varias organizaciones criminales manejan negocios ilegales como la extorsión desde el interior de las cárceles colombianas.
«¿Alguna duda de que el INPEC y sus trabajadores estamos siendo víctimas del conflicto armado y objetivo militar de los grupos al margen de la ley?», reaccionó el miércoles desde su cuenta de X Óscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios.
En mayo, el coronel retirado Elmer Fernández, director de la prisión de La Modelo, una de las principales de Colombia, fue asesinado a tiros luego de recibir varias amenazas de muerte.
Colombia, principal productor de cocaína del mundo, está no obstante lejos de la violencia de su vecino Ecuador, donde las cárceles son epicentro de masacres y tiroteos.
En las prisiones ecuatorianas, destino de buena parte de la droga que se produce en el lado colombiano de la frontera, reos han retenido a guardias durante días.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó el martes una vacuna contra la mpox de la farmacéutica japonesa KM Bilogics, la segunda en obtener la luz verde de la agencia de la ONU.
La OMS explicó que permitirá el uso de emergencia del inmunizante LC16m8 para «facilitar un mayor y rápido acceso a las vacunas en las comunidades donde se expanden los brotes de mpox».
Esta licencia allana el camino para que las autoridades estatales aprueben e importen rápidamente el fármaco para su distribución.
Esto «marca un paso significativo en nuestra respuesta a la emergencia actual, aportando una nueva opción para proteger a todas las poblaciones, incluidos los niños», dijo Yukiko Nakatani, subdirectora general de la OMS de acceso a medicamentos y productos de salud.
La agencia de la ONU declaró en agosto una emergencia de salud pública de importancia internacional por la mpox tras el aumento de casos del Clado 1b en República Democrática del Congo (RDC), que se extendió a otros países.
Esta y otras cepas de este virus se han detectado en 80 países en lo que va de año, según la OMS.
República Democrática del Congo es de largo el más afectado y donde se han registrado la mayoría de 39.000 casos sospechosos y casi mil muertos.
La OMS subrayó que el anuncio del martes es particularmente importante porque el gobierno japonés se comprometió a donar 3,05 millones de dosis de esta vacuna a RDC.
«Es el mayor paquete de donación anunciado hasta la fecha para la actual emergencia de mpox», afirmó.
Sin embargo, la agencia advirtió que la vacuna no debe usarse durante el embarazo o en personas inmunocomprometidas.
El mpox, antes conocido como viruela del mono, fue detectado por primera vez en humanos en 1970 en la actual RDC (ex Zaire).
Es una enfermedad viral que se transmite del animal al humano, así como por por contacto físico estrecho con una persona infectada por el virus.
Provoca fiebre, dolores musculares y lesiones cutáneas y en algunos casos puede ser mortal.
