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Las redes sociales alimentan la violencia: Entérate como las pandillas utilizan las redes sociales hasta para asesinar
En lugar de etiquetar un graffiti, algunos miembros de pandillas rivales cargan videos de ellos mismos vociferando insultos en territorio enemigo. Los insultos y las peleas que alguna vez se jugaron en la calle, ahora se realizan en Twitter e Instagram. La agresión en línea puede traducirse rápidamente en brotes de violencia real: los adolescentes se matan entre sí a través de los emojis y transmiten señales características de las pandillas.
Las redes sociales han cambiado profundamente la actividad de las pandillas en Estados Unidos, según un nuevo informe de una organización sin fines de lucro de Chicago. Una preocupación particular, dicen los investigadores, es cómo las redes sociales, a menudo, parecen amplificar y acelerar el ciclo de agresión y violencia.
«No es necesario que llames a nadie más. Ni siquiera tienes que enviar un mensaje de texto. Todo está en Facebook Live», comentó Andrew Henning, asesor general de la Comisión del Crimen de Chicago, una organización sin fines de lucro financiada por compañías locales que busca formas de reducir la violencia de la ciudad. «Las redes sociales se han convertido en este vehículo rápido para la violencia, y hay consecuencias reales, además de vidas que se toman debido a eso».
El informe de 400 páginas de la comisión -llamado The Gang Book y publicado recientemente-, narra nuevas tendencias de pandillas a partir de datos recopilados de más de 100 departamentos de policía suburbanos en el área de Chicago y también se basa en entrevistas con unidades de inteligencia pandillera en ciudades.
Los hallazgos del informe en las redes sociales coinciden con una veta cada vez mayor de investigaciones realizadas por científicos sociales de todo el país que han comenzado en los últimos años a estudiar cómo las redes sociales han cambiado el panorama de las pandillas estadounidenses.
Lo llaman «ciberataque»
«No es nada nuevo que los jóvenes se burlen entre sí. Las redes sociales simplemente amplifican las cosas que ya están sucediendo en la comunidad», subrayó Demond Patton, un destacado experto que ha sido pionero en gran parte del estudio sobre el tema. Debido a que el campo de investigación es relativamente nuevo y existen pocos datos empíricos, la mayoría de las conclusiones hasta la fecha se basan principalmente en la observación.
Patton, que es profesor asistente de trabajo social y sociología en la Universidad de Columbia, aclara que la mayor diferencia con las redes sociales es cuánto más visible se hacen los intercambios de pandillas y cómo puede hacer que ciertas interacciones se vuelvan virales y se perpetren. «Estas publicaciones no desaparecen. Ves a personas sacando mensajes de hace dos meses, incluso de hace un año, y eso puede desencadenar conflictos entre pandillas».
Los investigadores advierten que los miembros de las pandillas rivales suelen seguirse e incluso se hacen amigos en las redes sociales para intercambiarse insultos. Los asesinados se conmemoran en línea y sus muertes se convierten en puntos de ignición.
Algunas pandillas utilizan grupos privados en plataformas como Facebook para comercializar sus drogas y armas de fuego, de acuerdo al nuevo informe de la comisión de Chicago.
La naturaleza pública del ciberataque ha sido, a veces, una gran ayuda para las redadas policiales. La mayoría de los principales departamentos de policía metropolitana ahora monitorean las redes sociales para combatir la violencia entre pandillas. Entre las redadas más famosas está la Opew Cut del Departamento de Policía de Nueva York. La policía de Nueva Orleans terminó hace poco una colaboración secreta de seis años con la compañía tecnológica Palantir después de que un medio revelara que la ciudad había utilizado un programa de inteligencia artificial predictiva para identificar posibles perpetradores de violencia, basado en parte en la minería de datos de la empresa de cuentas de redes sociales.
Al mismo tiempo, el uso de las redes sociales en las pandillas presenta dilemas para la aplicación de la ley y los defensores de la comunidad. Muchas plataformas de medios sociales ya tienen monitores de contenido responsables de eliminar publicaciones incendiarias que violan las reglas.
Patton cree que los defensores de la comunidad, los grupos de intervención de pandillas y otros, en realidad, están perdiendo una gran oportunidad para aprovechar las plataformas en línea.
«Cuando hablamos de redes sociales y pandillas, solo hablamos sobre la violencia y lo negativo, pero estos adolescentes también son increíblemente vulnerables y están abiertos en internet de una manera que no son en la vida real», dijo. «Hablan de no poder dormir, de sentirse impulsados a usar sustancias… Podríamos usarlo para comprender lo que está sucediendo en sus vidas».
Patton, que fundó un programa en Columbia llamado SAFE lab, ha convocado a un grupo de expertos en informática, investigadores de trabajo social y grupos contra la violencia en Chicago. Juntos están trabajando para desarrollar un programa que utilizará datos en tiempo real de las redes sociales para interpretar y enviar alertas sobre señales de violencia inminente a los trabajadores sociales ya integrados en los vecindarios.
La esperanza es que los que están en el terreno puedan intervenir antes de que estalle la violencia.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
