Internacionales
La historia de la mujer que se suicidó en Medellín tras denunciar abusos dentro de su propia familia: “Estaba mal, muy mal”
Se siguen conociendo nuevos detalles sobre la trágica muerte de Karen Castaño, una empresaria paisa que decidió acabar con su vida en días pasados al lanzarse desde el último piso de la Clínica Medellín. Además, la noticia de su suicidio conmovió a todo el país al conocerse el motivo por el que decidió terminar con su vida a través de un texto que le dejó a su pequeña hija, Gabriela.
En ese texto, Castaño deja claro que lo que la orilló a lanzarse desde la Clínica fue ser víctima de abuso sexual, esto por una persona cercana a ella y a su familia, y con el que su hija desde muy pequeña dormía. Meses después de “abrir los ojos”, Castaño señaló que hizo los respectivos reclamos a su familia, pero no recibió el apoyo que esperaba y, a pesar de haber ido a terapia psicológica, nada le quitó sus ganas de acabar con todo.
Según señaló, en junio de este año, su vida se partió en dos al darse cuenta de estas atrocidades. Karen Castaño estaba muy bien, su negocio propio empezaba a generar muy buenos ingresos en el Valle de Aburrá, lo que le permitía no solo pagar nómina, sino asegurarle a su hija calidad de vida. “Estaba por tan buen camino que nuestra vida ecónomica iba a cambiar de manera abundante, estaba haciendo dinero por 3 cosas diferentes, pero que necesitaban mi 100%”, señaló.
“Todos contamos las cosas según nuestro punto de vista, daré el mio dado que no quiero que a Gabriela le cuenten algo que no es o tenga una idea errónea de lo sucedido”, insistió la mujer expresando que su último deseo era que su hija conociera ese texto que dejó en su red social.
Además, la joven mujer no solo estaba triunfando profesionalmente, llevaba unos meses de relación amorosa con un hombre muy bueno. “Lo amé con el alma ¡que suerte la que comparta la vida con él! Si no odiara tanto vivir hubiera sido la compañia perfecta para nosotras y los muchachos, te quiso mucho y fue muy bueno con nosotras, espero que no pierdas contacto con él”, le dice Castaño a su hija en el texto.
El texto que Karen Castaño escribió y publicó minutos antes de lanzarse al vació en horas de la noche el pasado martes 4 de octubre describe que al ver el rostro de la persona que le había causado tanto daño a ella, su hija y otras niñas y darse cuenta que recibía el amparo de sus familiares, empezó a padecer problemas de salud mental.
“Me doy cuenta que mi familia estaba mal, muy mal. No entraré en detalles. Todo lo peor fue que permitieron, y también permití gracias a cosas que desconocía, que durmieras a tus 2 años más de una noche en la misma cama que mi abusador y el abusador de otras niñas de la familia y amigas cercanas”.
La empresaria no dormía, no comía y dejó de confiar en las personas que estaban cerca de ella; de hecho, por esto dejó la carta pública en redes sociales, porque según detalló no confiaba en que sus conocidos transmitieran el motivo real de su muerte a su hija y, además, se atrevieran a denunciar al abusador, de quien ella tampoco dio detalles.
“Desde que me abrieron los ojos no duermo bien, es pesadilla tras pesadilla, siento mucho dolor y mucha rabia, intenté perdonar, pero es algo difícil, y no tanto por él sino por las personas que yo amaba y que sabían pero simplemente decidieron dejar que lo siguiera haciendo y permitiendo que siguiera en la familia … Dejé de salir para no encontrarme con él y cometer algún error (igual tocó a mi puerta y sufrí mi primer ataque de pánico), comencé a comer mucho y aveces muy poco, vomitaba sin razón, volvió la migraña, no me bañaba”, describe entre muchas otras cosas que pasó durante los últimos meses.
Karen Castaño lo intentó todo. En la carta detalla que fue a psicología y señaló indicios de ansiedad, ataques de pánico y, dentro de todo lo expresado, fue diagnosticada con trastorno de estrés postraumático. A pesar de sus esfuerzos por olvidar y hasta pedonar no lo podía lograr. Entonces tomó la decisión de acabar con la vida del agresor sexual.
“Se supone que el pueblo mata a todo aquel que la debe (un amigo nuestro nos iba a hacer el favor, pero lo mataron primero) y entiendo que él sigue vivo por que a los que sabian les encantaban sus acciones, por algo en ninguno de los casos hicieron absolutamente nada, solo seguir abrazandolo y hablando con él. Gas”, detalló en el texto.
Ante la impotencia de no poder solucionar su salud mental, no poder acabar con la vida del abusador, Castaño contempló nuevamente aquella ‘solución’ que ya rondaba por su mente meses anteriores: el suicidio. “Aún quedaba algo de mi, te lo juro, pero sentí como se rompia el día que fueron por mi y empacaron nuestra ropa, desordenaron lo que habia hecho para ti y vaciaron nuestro hogar … tenía muchas cosas por hacer aún, mucho dinero por generar, muchas personas que ayudar, pero el tiempo se adelantó, ahora soy una inutil más”.
Finalmente, Castaño se dirige a otra persona de su familia, Susana, y la invita a cuidar de Gabriela -aunque la niña, según explicó, quedará al cuidado de su padre- y prepararse ambas para los momentos difíciles de la vida y concluyó con indicaciones económicas para que su hija siga a futuro.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
