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FOTOS + 18 AÑOS: Un general, otros tres militares y dos policías fueron asesinados en una emboscada en Venezuela
Jackson Silva Zapata, general de la Guardia Nacional Bolivariana, lideró esta madrugada un operativo conformado por 25 militares y cinco policías en La Guacamaya, en el municipio Zamora del estado de Aragua. Fue en respuesta a un presunto «atentado terrorista» registrado en una hacienda.
No se había registrado heridos, pero la misión de los uniformados era inspeccionar la zona en busca de los responsables. No encontraron nada fuera de lugar, pero al emprender el regreso fueron emboscados por grupo armado cuya identidad no fue revelada.
Silva Zapata, otros tres militares y dos policías fueron asesinados en el ataque, según un parte de la Policía de Aragua, difundido por El Universal. Los guardias nacionales fueron identificados como el sargento primero Robert León Castellano, el sargento segundo Ángel Brito y el cabo primero Robinson Vizcaya Sojo. Los agentes eran el oficial jefe Bruno Benavides y el oficial jefe Jesús Arraiz.
«Al retornar fueron interceptados por sujetos fuertemente armados aún por identificar, quienes sin mediar palabras y aprovechándose del relieve de la zona dispararon en contra la comisión.
Se originó un intercambio de disparos volcándose una unidad y dejando a cuatro funcionarios castrenses y dos funcionarios policiales sin signos vitales en el hecho, mientras que fueron trasladados dos funcionarios policiales y dos funcionarios castrenses lesionados a las instalaciones del hospital Militar Coronel Elbano Paredes Vivas en la ciudad de Maracay», sostiene el parte policial.
El mayor Bitriago Jauristi, uno de los heridos, se encuentra en estado crítico por una lesión hipogástrica. «Está siendo intervenido quirúrgicamente y su condición de salud es delicada», reveló la fuerza.
El teniente Soler Hernández está estable. También están fuera de peligro el supervisor Manuel Balsa y el oficial Oswaldo Oviedo.
Por el momento, ningún funcionario de gobierno se ha referido a lo ocurrido.
Presencia de grupos armados
Múltiples organizaciones armadas tienen presencia en Venezuela. La gran mayoría están políticamente alineadas con el régimen de Nicolás Maduro y actúan en el oeste y en el sudoeste del país, en torno a la frontera con Colombia.
Días atrás, 12 viviendas del municipio Junín, del estado Táchira, amanecieron marcadas con «+ ELN» y un panfleto del Ejército de Liberación Nacional, de origen colombiano. No hacía falta mayor explicación. Era una amenaza de muerte contra 11 dirigentes opositores y un sacerdote, con la advertencia de que ellos y sus familias estaban sentenciados si acudían al llamado que hizo el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, de salir a marchar el 1 de mayo.
Desde 2014, cuando las protestas opositoras en Venezuela incluyeron trancas de vías, quema de cauchos, fuertes enfrentamientos con la Guardia Nacional e incluso muertos y heridos, la región del país que mayor éxito tuvo con esas manifestaciones fue la población fronteriza del Táchira, cuya capital está a unos 800 kilómetros de Caracas. Desde entonces, los habitantes de esa región andina, a quienes llaman Gochos, se convirtieron en la referencia más fuerte de la resistencia.
De Rubio, la capital del municipio, es la actual gobernadora del estado, Laidy Gómez. Una de las diputadas de la Asamblea Constituyente, María Gabriela Vega, también lo es. También es la tierra del fallecido y dos veces presidente de la República, Carlos Andrés Pérez. Ahí nació Leonardo Ruiz Pineda, uno de los líderes más destacados contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.
El diputado de la Asamblea Nacional, Franklin Duarte, es uno de los parlamentarios más frontales contra el Gobierno y está en la lista de los amenazados. Es de Rubio.
Las marcas del ELN llegaron a la iglesia Santa Lucía, en el sector Santa Bárbara de Rubio, contra el sacerdote Richard García. El 23 de febrero, logró llegar a la Aduana en San Antonio del Táchira, tratando de acercarse al puente Internacional Simón Bolívar, con la sotana llena de perdigones luego de que en la alcabala Las Dantas, en la vía Rubio-San Antonio, el grupo que acompañaba fuera interceptado por una comisión de militares al mando del capitán Palacios Crespo, quienes inútilmente intentaron cerrarles el paso.
Los otros amenazados fueron Mariela Betancourt, una profesora y activista en defensa de los derechos de los ciudadanos, del Frente Amplio y del partido Acción Democrática; Jacson Carrillo, quien fue candidato de la oposición en las pasadas elecciones municipales, dirigente de Copei y es profesor; Osmey Correa es el prefecto del municipio y profesor universitario; Francisco Gamboa, quien ha sido dirigente de la oposición, ex director de la alcaldía, ingeniero, profesor de la Universidad Experimental del Táchira y coordinador municipal de Primero Justicia; Ana Velazco, reconocida líder de Voluntad Popular y profesora; Grey Hernández, un destacado activista político y profesor universitario; Valentín Durán, docente y dirigente de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel) y directivo del Frente Amplio; Danny Carrillo, quien se destacó desde que asumió la concejalía, Josué Córdoba, un dirigente de Copei, bastante persistente en las protestas. Y a quien identifican en el panfleto como «Izaac resistencia», quien es un dirigente de la juventud.
El siniestro arrasó el lunes los edificios de una agencia de decoradores y una empresa de comida rápida, detalló a la AFP el ministro del gobierno del estado de Bengala Occidental a cargo de los bomberos, Sujit Bose.
«El incendio se declaró a primera hora de la mañana y sorprendió a quienes dormían en el edificio, antes de propagarse rápidamente a otro inmueble», explicó.
El balance del siniestro sigue siendo provisional, prosiguió Bose, ya que el viernes las familias de 27 personas seguían sin noticias de sus seres queridos.
El director de los servicios locales de emergencia, Ranvir Kumar, señaló que los edificios destruidos no estaban equipados con todos los dispositivos de seguridad exigidos por la ley.
Los incendios son frecuentes en India, debido al mal estado de las infraestructuras y a normas de seguridad y evacuación que no siempre se aplican.
En el atraco, los ladrones utilizaron gas pimienta para hacerse con el dinero alrededor de las 21H30 locales (12H30 GMT) del jueves cerca de la estación de Ueno, una zona muy popular entre los turistas, dijo a la AFP una portavoz de la policía capitalina bajo anonimato.
La vocera se negó a dar más detalles, pero la prensa japonesa asegura que las víctimas fueron cinco ciudadanos chinos y japoneses que intentaban subir a un vehículo las maletas, con unos 420 millones de yenes (2,7 millones de dólares) en su interior.
Aún no está claro por qué el grupo llevaba consigo tal cantidad de dinero.
La cadena Fuji Television informó que las víctimas dijeron a los investigadores que el efectivo iba destinado a casas de cambio.
En otros hechos, un hombre con 190 millones de yenes en efectivo (1,2 millones de dólares) también fue atacado con un espray de gas pimienta por tres hombres en la madrugada del viernes en un estacionamiento del aeropuerto Haneda de Tokio, según los medios.
La policía está investigando la relación entre los dos ataques, reportó la cadena TBS
Un cierre parcial del gobierno de Estados Unidos parece inminente, después de que un proyecto presupuestario fracasara en el Senado en medio de la indignación demócrata por las muertes de manifestantes contrarios a las redadas antinmigrantes ordenadas por Donald Trump.
La oposición expresó así su indignación por el asesinato en Mineápolis de dos personas que se manifestaban contra la política migratoria del presidente.
El fracaso en la aprobación de un paquete de gasto compuesto por seis proyectos de ley destinados a financiar más de tres cuartas partes del gobierno federal hace casi imposible evitar un cierre parcial a partir del sábado.
De todos modos, los demócratas y la Casa Blanca seguían buscando frenéticamente un acuerdo de última hora.
Sería el segundo cierre o «shutdown» -cuando la financiación de todo o de diferentes áreas del gobierno estadounidense se congela temporalmente- desde que Trump asumió nuevamente la presidencia hace un año.
Los demócratas habían prometido bloquear la medida a menos que se separara y renegociara la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para incluir salvaguardas sobre la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la agencia de seguridad pública mejor financiada de Estados Unidos.
El ICE, encargado de las redadas antinmigrantes con fines de deportación, está en la picota por las muertes de manifestantes en Mineápolis.
Falta de acuerdo
La situación dejó a los 53 republicanos de la cámara cortos en votos: necesitaban 60 voluntades para que la legislación avanzara hacia su aprobación final.
Ahora Washington se prepara para otro cierre disruptivo de servicios a la medianoche del viernes.
«Lo que está haciendo ICE (…) es brutalidad avalada por el Estado y debe detenerse. Y el Congreso tiene la autoridad -y la obligación moral- de actuar», dijo el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, antes de la votación.
Una modesta rebelión republicana se unió a los demócratas.
Debido a las normas vigentes en el Senado, se necesitan 60 votos de 100 para aprobar un texto presupuestario, y los republicanos, aunque tengan la mayoría, necesitarían el apoyo de varios miembros de la oposición para poder aspirar a sacar adelante su propuesta de presupuesto. Los números no les alcanzan.
Los demócratas han explicado que están dispuestos a aprobar cinco de los seis apartados del texto, pero quieren separar el último -que concierne al DHS- para debatir las reformas que desean que se implementen.
Dado que la Cámara de Representantes había aprobado los seis apartados en un solo bloque, separar el DHS del texto implicaría de facto una paralización a medianoche del viernes al sábado, ya que la cámara baja tendría que votar de nuevo la versión aprobada por el Senado.
El «shutdown» podría ser de corta duración. En un consejo de ministros el jueves, Trump dijo a la prensa que esperaba que se encontrara un compromiso con la oposición para evitar una parálisis.
Si la financiación caduca, cientos de miles de empleados públicos podrían ser enviados a casa u obligados a trabajar sin paga.
En tanto, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió el jueves «moderación» a las autoridades hacia los manifestantes en Estados Unidos, tras las muertes de dos ciudadanos estadounidenses que protestaban contra redadas en Mineápolis.
