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FOTOS + 18 AÑOS: Un general, otros tres militares y dos policías fueron asesinados en una emboscada en Venezuela
Jackson Silva Zapata, general de la Guardia Nacional Bolivariana, lideró esta madrugada un operativo conformado por 25 militares y cinco policías en La Guacamaya, en el municipio Zamora del estado de Aragua. Fue en respuesta a un presunto «atentado terrorista» registrado en una hacienda.
No se había registrado heridos, pero la misión de los uniformados era inspeccionar la zona en busca de los responsables. No encontraron nada fuera de lugar, pero al emprender el regreso fueron emboscados por grupo armado cuya identidad no fue revelada.
Silva Zapata, otros tres militares y dos policías fueron asesinados en el ataque, según un parte de la Policía de Aragua, difundido por El Universal. Los guardias nacionales fueron identificados como el sargento primero Robert León Castellano, el sargento segundo Ángel Brito y el cabo primero Robinson Vizcaya Sojo. Los agentes eran el oficial jefe Bruno Benavides y el oficial jefe Jesús Arraiz.
«Al retornar fueron interceptados por sujetos fuertemente armados aún por identificar, quienes sin mediar palabras y aprovechándose del relieve de la zona dispararon en contra la comisión.
Se originó un intercambio de disparos volcándose una unidad y dejando a cuatro funcionarios castrenses y dos funcionarios policiales sin signos vitales en el hecho, mientras que fueron trasladados dos funcionarios policiales y dos funcionarios castrenses lesionados a las instalaciones del hospital Militar Coronel Elbano Paredes Vivas en la ciudad de Maracay», sostiene el parte policial.
El mayor Bitriago Jauristi, uno de los heridos, se encuentra en estado crítico por una lesión hipogástrica. «Está siendo intervenido quirúrgicamente y su condición de salud es delicada», reveló la fuerza.
El teniente Soler Hernández está estable. También están fuera de peligro el supervisor Manuel Balsa y el oficial Oswaldo Oviedo.
Por el momento, ningún funcionario de gobierno se ha referido a lo ocurrido.
Presencia de grupos armados
Múltiples organizaciones armadas tienen presencia en Venezuela. La gran mayoría están políticamente alineadas con el régimen de Nicolás Maduro y actúan en el oeste y en el sudoeste del país, en torno a la frontera con Colombia.
Días atrás, 12 viviendas del municipio Junín, del estado Táchira, amanecieron marcadas con «+ ELN» y un panfleto del Ejército de Liberación Nacional, de origen colombiano. No hacía falta mayor explicación. Era una amenaza de muerte contra 11 dirigentes opositores y un sacerdote, con la advertencia de que ellos y sus familias estaban sentenciados si acudían al llamado que hizo el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, de salir a marchar el 1 de mayo.
Desde 2014, cuando las protestas opositoras en Venezuela incluyeron trancas de vías, quema de cauchos, fuertes enfrentamientos con la Guardia Nacional e incluso muertos y heridos, la región del país que mayor éxito tuvo con esas manifestaciones fue la población fronteriza del Táchira, cuya capital está a unos 800 kilómetros de Caracas. Desde entonces, los habitantes de esa región andina, a quienes llaman Gochos, se convirtieron en la referencia más fuerte de la resistencia.
De Rubio, la capital del municipio, es la actual gobernadora del estado, Laidy Gómez. Una de las diputadas de la Asamblea Constituyente, María Gabriela Vega, también lo es. También es la tierra del fallecido y dos veces presidente de la República, Carlos Andrés Pérez. Ahí nació Leonardo Ruiz Pineda, uno de los líderes más destacados contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.
El diputado de la Asamblea Nacional, Franklin Duarte, es uno de los parlamentarios más frontales contra el Gobierno y está en la lista de los amenazados. Es de Rubio.
Las marcas del ELN llegaron a la iglesia Santa Lucía, en el sector Santa Bárbara de Rubio, contra el sacerdote Richard García. El 23 de febrero, logró llegar a la Aduana en San Antonio del Táchira, tratando de acercarse al puente Internacional Simón Bolívar, con la sotana llena de perdigones luego de que en la alcabala Las Dantas, en la vía Rubio-San Antonio, el grupo que acompañaba fuera interceptado por una comisión de militares al mando del capitán Palacios Crespo, quienes inútilmente intentaron cerrarles el paso.
Los otros amenazados fueron Mariela Betancourt, una profesora y activista en defensa de los derechos de los ciudadanos, del Frente Amplio y del partido Acción Democrática; Jacson Carrillo, quien fue candidato de la oposición en las pasadas elecciones municipales, dirigente de Copei y es profesor; Osmey Correa es el prefecto del municipio y profesor universitario; Francisco Gamboa, quien ha sido dirigente de la oposición, ex director de la alcaldía, ingeniero, profesor de la Universidad Experimental del Táchira y coordinador municipal de Primero Justicia; Ana Velazco, reconocida líder de Voluntad Popular y profesora; Grey Hernández, un destacado activista político y profesor universitario; Valentín Durán, docente y dirigente de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel) y directivo del Frente Amplio; Danny Carrillo, quien se destacó desde que asumió la concejalía, Josué Córdoba, un dirigente de Copei, bastante persistente en las protestas. Y a quien identifican en el panfleto como «Izaac resistencia», quien es un dirigente de la juventud.
La influencer mexicana Valeria Márquez, de 23 años, fue asesinada la tarde del martes dentro de su salón de belleza, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco, según confirmaron autoridades estatales.
La joven, conocida por compartir contenidos sobre belleza y estilo de vida en redes sociales, algunos con hasta 800,000 reproducciones, fue atacada a tiros alrededor de las 18:30 horas locales (00:30 GMT del miércoles) por un sujeto que ingresó al local y disparó directamente en su contra, informó la fiscalía estatal en un comunicado.
“La víctima es una persona con presencia activa e influencia en redes sociales”, destacó la institución, que añadió que el caso está siendo investigado bajo el protocolo de feminicidio.
Elementos de la policía municipal llegaron al establecimiento tras una llamada de emergencia y confirmaron el fallecimiento de Márquez en el lugar. Agentes del Ministerio Público permanecieron en la escena recabando pruebas y testimonios para esclarecer el crimen.
La violencia de género continúa siendo una grave preocupación en México. De acuerdo con ONU Mujeres, 7 de cada 10 mexicanas mayores de 15 años han sufrido algún tipo de agresión, y diariamente se registran en promedio 10 asesinatos de mujeres, sumando homicidios dolosos y feminicidios.
Las autoridades no han reportado hasta el momento detenidos por este hecho.
El asesinato de Luis Armando Córdova Díaz, exdiputado y exsecretario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Jalisco, se suma a una serie de ataques contra figuras políticas ocurridos recientemente en México, en medio del proceso electoral que culminará el 2 de junio.
Córdova, quien fue legislador entre 2012 y 2015, fue atacado en Zapopan, Jalisco, parte del área metropolitana de Guadalajara. Según informó la Fiscalía del Estado, ya se abrió una investigación para esclarecer el crimen. “Se revisan cámaras de videovigilancia, entrevistas y otros indicios para identificar a los agresores, quienes habrían huido a bordo de una motocicleta”, señaló la institución en un comunicado.
El PRI condenó el homicidio a través de la red social X, donde exigió justicia y alertó sobre la creciente inseguridad. “¡El pueblo no merece vivir con miedo!”, expresó el partido.
Jalisco, considerado bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más poderosos del país, es escenario frecuente de violencia, desapariciones y enfrentamientos armados. Zapopan, donde ocurrió el ataque, es además una de las sedes seleccionadas para el Mundial de Fútbol 2026 que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.
El homicidio de Córdova ocurre en un contexto de creciente violencia política en el país. El pasado lunes fue asesinado Esteban Alfonseca, exalcalde de Actopan, Veracruz. Un día antes, Yesenia Lara, candidata a la alcaldía de Texistepec por el partido oficialista Morena, resultó herida tras ser atacada a balazos mientras marchaba en caravana junto a simpatizantes.
Veracruz, donde se celebrarán elecciones locales el próximo 1 de junio para renovar 212 alcaldías, ha sido identificado como un territorio estratégico para el crimen organizado por su ubicación en la costa del Golfo de México.
De acuerdo con analistas, los asesinatos de candidatos y exfuncionarios suelen intensificarse en periodos electorales como una forma en que los grupos delictivos buscan controlar gobiernos locales y ejercer influencia sobre los procesos democráticos.
Un sargento del ejército colombiano perdió la vida tras quedar atrapado en el baño de un autobús que fue incendiado por presuntos guerrilleros disidentes de las FARC en una carretera del departamento de Caquetá, al sur del país. El hecho se registró la noche del martes, informó el Ejército Nacional mediante un comunicado.
Según el reporte oficial, hombres armados interceptaron el autobús que había partido del municipio de San Vicente del Caguán, obligaron a los pasajeros a descender y luego prendieron fuego al vehículo. La víctima, un militar vestido de civil, no logró salir a tiempo y murió calcinado dentro del automotor.
“El ataque constituye una flagrante violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario”, denunció el Ejército, que atribuye la acción a un grupo disidente de la extinta guerrilla de las FARC, sin especificar cuál.
En el departamento de Caquetá operan dos facciones del denominado Estado Mayor Central (EMC), la principal agrupación de disidencias de las FARC. Una de ellas, bajo el mando de alias Calarcá, participa en diálogos de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro; mientras que la otra, liderada por alias Iván Mordisco, se apartó del proceso en 2023 y ha intensificado su accionar violento contra las fuerzas estatales.
Ambas estructuras se disputan el control de actividades ilegales como el narcotráfico, la extorsión y la deforestación en esa región selvática.
Colombia vive actualmente el pico más alto de violencia en la última década. El presidente Petro ha denunciado la implementación de un “plan pistola” por parte de grupos armados, que consiste en asesinatos sistemáticos de policías y militares. Según cifras oficiales, entre el 15 de abril y el 5 de mayo, esta ofensiva ha dejado más de 30 uniformados muertos.
El «plan pistola» recuerda la estrategia empleada por el narcotraficante Pablo Escobar en los años noventa, cuando ofrecía recompensas por cada miembro de la fuerza pública asesinado.
Como medida preventiva, el Ministerio de Defensa recomendó a principios de mayo que los integrantes de las fuerzas armadas se desplacen vestidos de civil para reducir el riesgo de ser atacados.
Colombia continúa sumida en un conflicto armado interno que, a lo largo de seis décadas, ha dejado más de 9,5 millones de víctimas entre muertos, desplazados y desaparecidos, de acuerdo con registros oficiales.
