Internacionales
Encuesta coloca a Honduras y Nicaragua como los peor calificados de Centroamérica en la lucha contra el COVID-19
Honduras y Nicaragua ha sido ubicados a través de una encuesta como los que peor han manejado la emergencia generada por el covid -19.
Honduras ocupa el primer lugar como peor calificado, según la encuesta de Borge y Asociados, que recoge las opiniones de 1.246 personas a las que consultaron vía telefónica en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, sobre la percepción sobre el coronavirus y su impacto en la vida cotidiana.
El 37.3 % por ciento de la población nicaragüense calificó de “muy mala, mala” la gestión del presidente Ortega, según la encuesta denominada “El Covid en Centroamérica”, realizada por la consultora Borge y Asociados, entre el 20 de abril y el 19 de junio.
Al reaccionar a esta encuesta, los médicos independientes dicen que una de las muestras de la mala gestión gubernamental ha sido el despido de profesionales de la salud en medio de la crisis sanitaria.
El gobierno de Nicaragua ordenó el mes de junio el despido de al menos diez médicos del sistema de salud pública sin que en ninguno de los casos se especificara el motivo. Los doctores afectados consideran que se debió haber firmado un documento que demandaba medidas de seguridad para el gremio médico y por haber distribuido medios de protección al personal de salud.
Los médicos despedidos exigieron ante los juzgados de lo laboral el reintegro a sus labores y el doctor Ignacio Molina, que es uno de los demandantes, aseguró que están tratando “de hacer los pasos legales que nos corresponden antes esta situación, buscando un reintegro y reordenando nuestras actividades laborales”.
El 60% de nicaragüenses tiene críticas sobre gestión
Al dato mencionado inicialmente se suma que el 60.3% por ciento de los encuestados en Nicaragua, el más alto de la región, percibe que el país va en una dirección equivocada. Mientras que el 39.6 % de los consultados considera que las autoridades de la salud no están haciendo un buen trabajo.
Por su parte, el 58.6 por ciento, el porcentaje más alto entre todos los países del istmo asegura estar en desacuerdo con respecto a que las medidas para enfrentar la COVID-19 son efectivas en Nicaragua. Mientras que un 31.7 por ciento dijo estar de acuerdo en que estas sí funcionan.
Sin embargo, el Ministerio de Salud presenta semanalmente las estadísticas oficiales del avance de la pandemia, y asegura mantener bajo control la emergencia sanitaria.
Este martes la ministra de salud, Martha Reyes Álvarez, especificó que durante la última semana han atendido y dado seguimiento “a 349 nicaragüenses con COVID-19 confirmados o probables por clínica. De la misma forma 261 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el período establecido. Desde el inicio de la Pandemia hasta el día de hoy, hemos atendido y dado Seguimiento Responsable y Cuidadoso a 2.182 personas”.
Pese a las dudas de la población las autoridades de salud sostienen que todos los brotes han sido a través de contactos claramente establecidos y que el gobierno pone en práctica las medidas pertinentes para contener la pandemia.
No obstante, la Organización Panamericana de la Salud aseguró en su conferencia del martes, que aún sigue sin saber cuántas pruebas para identificar el SARS-CoV-2, que produce la COVID-19, ha realizado Nicaragua. La realización de pruebas es clave para conocer el impacto y podr controlar la pandemia.
El doctor Marcos Espinal, Director del Departamento de Enfermedades Transmisibles, OPS, dijo que “todavía hoy no sabemos el número de test que hace Nicaragua”, al referirse a la necesidad de acelerar la aplicación de pruebas en otros países de la región.
En Nicaragua el Ministerio de Salud ha sido señalado por ocultar la información relacionada a la pandemia, además de ignorar las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para contener el avance de la enfermedad.
El gobierno además es señalado de actuar de forma arbitraria contra médicos independientes que han demandado claridad en la información y equipos de protección necesarios, al despedirlos del sistema de salud pública.
Internacionales
Diputados aprueban tratado entre Costa Rica y El Salvador que permitirá a los condenados cumplir sus penas en el país de origen
Un total de 37 diputados de la Asamblea Legislativa costarricense aprobaron en segundo debate el Proyecto de Ley 24.857, que ratifica un tratado bilateral entre Costa Rica y El Salvador para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero.
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La iniciativa establece el marco legal que permitirá a personas privadas de libertad de ambas nacionalidades cumplir el resto de su sentencia en su país de origen, siempre que se cumplan una serie de requisitos previamente definidos.
El tratado tiene como principal objetivo facilitar los procesos de reinserción social de las personas condenadas, al permitirles finalizar su pena en un entorno cultural, social y familiar más cercano.
Además, el acuerdo busca fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y justicia penal, en un contexto en el que ambos países enfrentan retos importantes relacionados con el sistema penitenciario y el hacinamiento carcelario.
Según lo aprobado, el traslado solo será posible para personas con sentencia firme y con el consentimiento expreso del condenado. Asimismo, se establece como requisito que al momento del traslado resten al menos seis meses de condena por cumplir.
El tratado excluye a quienes hayan sido condenados por delitos políticos, militares o contra la seguridad del Estado, limitando su aplicación a delitos de carácter común.
El acuerdo fue ratificado por El Salvador en octubre de 2023, mientras que en Costa Rica fue aprobado por el Plenario Legislativo en febrero de 2026, tras completar su trámite legislativo ordinario.
¿Quiénes votaron por el proyecto 24,857?
Pese a que durante la votación hubo 15 diputados ausentes, el proyecto logró reunir los 37 votos necesarios para su aprobación definitiva. El respaldo provino de seis de las siete bancadas representadas en la Asamblea Legislativa, evidenciando un amplio apoyo político, con la única excepción del Frente Amplio.
En el caso del Partido Liberación Nacional (PLN), 14 diputados votaron a favor, uno lo hizo en contra y tres se ausentaron. El Partido Progreso Social Democrático (PPSD) aportó ocho votos afirmativos, con un legislador ausente. Por su parte, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) registró seis votos a favor y dos ausencias.
La bancada de Nueva República apoyó el proyecto con tres votos afirmativos, mientras que otros tres diputados estuvieron ausentes. En contraste, el Frente Amplio se manifestó en contra de la iniciativa, con tres votos negativos y tres ausencias. Finalmente, el Partido Liberal Progresista registró un voto a favor y una ausencia.
En cuanto a los diputados independientes, cinco votaron a favor del tratado, uno en contra y dos estuvieron ausentes. La distribución de los votos reflejó un consenso mayoritario en torno a la cooperación internacional en materia penitenciaria, aunque también dejó en evidencia diferencias ideológicas sobre el alcance y las implicaciones del acuerdo.
En Costa Rica, la entidad responsable de velar por el cumplimiento del tratado será la Dirección de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz. Esta institución tendrá a su cargo la coordinación de los traslados, la verificación de los requisitos legales y el seguimiento de las personas condenadas que sean repatriadas o enviadas al extranjero.
En el caso de El Salvador, la responsabilidad recaerá en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, específicamente en la Dirección General de Centros Penales. Para que el traslado de una persona condenada pueda concretarse, será indispensable el consentimiento de ambos Estados, así como el cumplimiento estricto de los procedimientos administrativos y de seguridad establecidos en el tratado.
Uno de los compromisos clave dentro del mecanismo de traslado de personas privadas de libertad es el intercambio oportuno y transparente de información entre las autoridades de ambos países. El trámite podrá ser solicitado tanto por los Estados como por los propios reos, sus familiares o representantes legales, aunque la decisión final siempre quedará en manos de las autoridades competentes.
El acuerdo también establece que los países definirán de manera conjunta los mecanismos de seguridad que se utilizarán durante los traslados.
Además, se garantiza que los condenados no podrán ser juzgados nuevamente por el mismo delito y que deberán respetarse los plazos y condiciones de la sentencia original. En los casos en que el reo padezca una enfermedad crónica o degenerativa, las autoridades deberán agilizar el análisis y resolución de las solicitudes de traslado.
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La fiscalía francesa cita a declarar a Elon Musk en el marco de una investigación sobre X
La fiscalía de París indicó este martes que citó a declarar en abril al propietario de la plataforma X, Elon Musk, y a su ex directora general Linda Yaccarino, en el marco de una investigación sobre esta red social.
«Se han enviado citaciones para audiciones voluntarias el 20 de abril de 2026, en París, al señor Elon Musk y a la señora Linda Yaccarino», señaló el ministerio público en un comunicado.
La justicia francesa abrió una investigación en 2025 a raíz de denuncias de diputados sobre el presunto sesgo en los algoritmos de X, que podría haber alterado su funcionamiento.
Las pesquisas se ampliaron a otros delitos como complicidad en la difusión de imágenes de pornografía infantil, y al rol de Grok, su IA, en la difusión de contenidos negacionistas e imágenes falsas de carácter sexual.
Esta citación a declarar debe «permitirles exponer su posición sobre los hechos y, en su caso, las medidas para cumplir [con la legislación] previstas», apuntó la fiscal de París, Laure Beccuau.
La fiscalía también anunció el allanamiento este martes de los locales en Francia de la plataforma X y el llamado a declarar de sus trabajadores, en calidad de testigos, entre el 20 y el 24 de abril de 2026.
A diferencia de la investigación sobre la plataforma australiana Kick, la justicia optó por llamar a declarar voluntariamente a Musk y Yaccarino con un «enfoque constructivo», según el comunicado.
A finales de enero, la justicia emitió órdenes de detención contra tres gerentes de Kick, en el marco de la investigación por la muerte en directo del «streamer» Jean Pormanove, al no presentarse a las primeras citaciones.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó el domingo que su país ha exportado, por primera vez en su historia, un primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
A través de la aplicación Telegram, Rodríguez se manifestó orgullosa de compartir el momento en que zarpó desde Venezuela el buque Chrysopigi Lady, sin especificar el destino, con el primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo.
«Junto a la clase trabajadora marcamos este hito histórico al exportar la primera molécula de gas del país, un logro para el bienestar del pueblo venezolano», manifestó Rodríguez.
La histórica exportación forma parte de una serie de esfuerzos del Gobierno venezolano por incrementar su producción energética, en medio de restricciones internacionales.
El pasado 16 de enero y sin especificar detalles del negocio, la presidenta encargada anunció que Venezuela había firmado un contrato internacional de comercialización de GLP. Rodríguez integró ayer en su gabinete a la hija del poderoso ministro de Interior de Venezuela, en un nuevo cambio ministerial al cumplirse casi un mes de la captura de Nicolás Maduro.
Daniella Cabello -sancionada por Estados Unidos- fue designada ministra de Turismo. Es hija del ministro Diosdado Cabello, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por su captura.
Rodríguez asumió la presidencia tras el derrocamiento de Maduro en una incursión militar de Estados Unidos, que incluyó bombardeos a Caracas y varias regiones vecinas.
Al frente de la presidencia, ha cambiado varios ministros y a altos cargos militares.
Daniella Cabello asumirá la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional, publicó la presidenta interina en Telegram.
