Internacionales
Encuesta coloca a Honduras y Nicaragua como los peor calificados de Centroamérica en la lucha contra el COVID-19
Honduras y Nicaragua ha sido ubicados a través de una encuesta como los que peor han manejado la emergencia generada por el covid -19.
Honduras ocupa el primer lugar como peor calificado, según la encuesta de Borge y Asociados, que recoge las opiniones de 1.246 personas a las que consultaron vía telefónica en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, sobre la percepción sobre el coronavirus y su impacto en la vida cotidiana.
El 37.3 % por ciento de la población nicaragüense calificó de “muy mala, mala” la gestión del presidente Ortega, según la encuesta denominada “El Covid en Centroamérica”, realizada por la consultora Borge y Asociados, entre el 20 de abril y el 19 de junio.
Al reaccionar a esta encuesta, los médicos independientes dicen que una de las muestras de la mala gestión gubernamental ha sido el despido de profesionales de la salud en medio de la crisis sanitaria.
El gobierno de Nicaragua ordenó el mes de junio el despido de al menos diez médicos del sistema de salud pública sin que en ninguno de los casos se especificara el motivo. Los doctores afectados consideran que se debió haber firmado un documento que demandaba medidas de seguridad para el gremio médico y por haber distribuido medios de protección al personal de salud.
Los médicos despedidos exigieron ante los juzgados de lo laboral el reintegro a sus labores y el doctor Ignacio Molina, que es uno de los demandantes, aseguró que están tratando “de hacer los pasos legales que nos corresponden antes esta situación, buscando un reintegro y reordenando nuestras actividades laborales”.
El 60% de nicaragüenses tiene críticas sobre gestión
Al dato mencionado inicialmente se suma que el 60.3% por ciento de los encuestados en Nicaragua, el más alto de la región, percibe que el país va en una dirección equivocada. Mientras que el 39.6 % de los consultados considera que las autoridades de la salud no están haciendo un buen trabajo.
Por su parte, el 58.6 por ciento, el porcentaje más alto entre todos los países del istmo asegura estar en desacuerdo con respecto a que las medidas para enfrentar la COVID-19 son efectivas en Nicaragua. Mientras que un 31.7 por ciento dijo estar de acuerdo en que estas sí funcionan.
Sin embargo, el Ministerio de Salud presenta semanalmente las estadísticas oficiales del avance de la pandemia, y asegura mantener bajo control la emergencia sanitaria.
Este martes la ministra de salud, Martha Reyes Álvarez, especificó que durante la última semana han atendido y dado seguimiento “a 349 nicaragüenses con COVID-19 confirmados o probables por clínica. De la misma forma 261 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el período establecido. Desde el inicio de la Pandemia hasta el día de hoy, hemos atendido y dado Seguimiento Responsable y Cuidadoso a 2.182 personas”.
Pese a las dudas de la población las autoridades de salud sostienen que todos los brotes han sido a través de contactos claramente establecidos y que el gobierno pone en práctica las medidas pertinentes para contener la pandemia.
No obstante, la Organización Panamericana de la Salud aseguró en su conferencia del martes, que aún sigue sin saber cuántas pruebas para identificar el SARS-CoV-2, que produce la COVID-19, ha realizado Nicaragua. La realización de pruebas es clave para conocer el impacto y podr controlar la pandemia.
El doctor Marcos Espinal, Director del Departamento de Enfermedades Transmisibles, OPS, dijo que “todavía hoy no sabemos el número de test que hace Nicaragua”, al referirse a la necesidad de acelerar la aplicación de pruebas en otros países de la región.
En Nicaragua el Ministerio de Salud ha sido señalado por ocultar la información relacionada a la pandemia, además de ignorar las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para contener el avance de la enfermedad.
El gobierno además es señalado de actuar de forma arbitraria contra médicos independientes que han demandado claridad en la información y equipos de protección necesarios, al despedirlos del sistema de salud pública.
Una oficinista japonesa de 32 años, identificada como Kano, asegura haberse enamorado y casado con un chatbot de inteligencia artificial en el distrito de Kita, en Okayama.
Kano explicó que, tras romper su compromiso el año pasado con su pareja de más de tres años, comenzó a interactuar con ChatGPT, con quien —según dijo— encontró comprensión. La mujer nombró al chatbot como “Lune Klaus”, lo entrenó para que adoptara la personalidad y el estilo de comunicación que deseaba, e incluso creó una ilustración para representarlo.
Con el tiempo, afirmó haberse enamorado del personaje. En mayo le confesó sus sentimientos y, según su relato, la IA “le correspondió”. Un mes después, el chatbot supuestamente le propuso matrimonio y ambos “decidieron casarse”.
Un bebé fue encontrado abandonado en un basurero del sector de Rancho Guanacaste, en Costa Rica, según reportaron medios locales.
De acuerdo con la Policía, el menor habría permanecido dos días en el lugar, donde las condiciones eran insalubres. Tras ser rescatado, fue trasladado al Hospital Nacional de Niños, donde los médicos confirmaron que su estado de salud es estable.
“El niño se encuentra en el servicio de emergencias, viene en buena condición, venía un poco frío, ya se calentó, ya se alimentó y el examen físico inicial es totalmente normal”, declaró el director del hospital, Carlos Jiménez Herrera, citado por el medio CR Hoy.
El Gobierno de Perú reforzó las medidas del estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao para combatir la delincuencia y el crimen organizado. El Ejecutivo estableció más restricciones penales, prohibió la circulación de dos personas a bordo de una motocicleta, creó equipos para coordinar operativos y patrullajes, y aumentó la presencia policial en las calles, según el Decreto Supremo N.º 127-2025-PCM.
La norma entró en vigencia el 22 de octubre por 30 días; sin embargo, el presidente interino José Jerí anunció, el 7 de noviembre, la ampliación de las restricciones para restaurar la seguridad en las ciudades más afectadas.
«Estamos actualizando el estado de emergencia con medidas complementarias, basadas en los resultados obtenidos y en la realidad de nuestro país. Estamos corrigiendo y mejorando lo necesario», afirmó el presidente.
Con el decreto se creó el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), que es presidido por la Policía Nacional del Perú (PNP), para restablecer y mantener el orden interno con patrullajes y operativos en la vía pública. Este cuenta con el apoyo de cuatro comités y de las fuerzas de seguridad, que contribuyen con la tecnología en el monitoreo.
Su principal objetivo es reducir los índices de criminalidad y garantizar los derechos fundamentales de la población en Lima Metropolitana y Callao.
El presidente detalló que el puesto de control, con vigilancia las 24 horas los siete días de la semana, permitirá enfrentar a la delincuencia.
Fiscalía alerta sobre homicidios y extorsiones
Perú atraviesa una de sus peores crisis por el crimen organizado.
El lunes, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público (Fiscalía) reportó que entre enero y la primera semana de noviembre de 2025 se registraron 56 homicidios de choferes y 30 mil extorsiones fueron denunciadas, en Lima Metropolitana y el Callao.
El estudio reveló que la mayoría de víctimas fueron atacadas por sicarios en motocicleta, una manera cada vez más frecuente para cometer los crímenes contra los transportistas en las zonas urbanas. Al menos ocho de cada 10 ataques se producen bajo esta modalidad, compartió la fiscalía.
Ante este contexto, el Ejecutivo ya había prohibido desde el viernes el tránsito de dos personas en una motocicleta. «Se encuentra prohibido el uso de cualquier elemento o accesorio adicional al casco que impida o limite la identificación del conductor», aclara en el decreto.
El documento señala también que habrá «intervención e internamiento de vehículos en los depósitos autorizados si exhiben documentación adulterada y/o placas ilegibles, deterioradas, adulteradas, dañadas, laminadas o con objetos que no permitan la identificación correcta del vehículo».
Más control en las prisiones
En cuanto a las cárceles, habrá apagones eléctricos en las celdas, desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicación ilícitas, y operativos permanentes de incautación de tarjetas SIM (chips) telefónicos, armas blancas, y demás artículos prohibidos.
Las autoridades agregaron el monitoreo aéreo con drones donde están los establecimientos penitenciarios y zonas aledañas, y se permitió el traslado a otras cárceles a los reos que pongan en riesgo la seguridad de las prisiones o atenten contra la integridad de los guardias penitenciarios.
RECOMPENSAS
Intensificarán la difusión del sistema de recompensas para realizar capturas mediante la información que compartan los ciudadanos y que permita identificar y capturar personas
de la lista de los más buscados, integrantes de organizaciones criminales, extorsionadores y sicarios.
