Internacionales
EE.UU. negará “green cards” a migrantes que se vuelven una “carga pública”
La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) dio a conocer el reglamento de “carga pública” que complicará a inmigrantes la obtención de la Residencia Permanente y otro tipo de visas a partir del 15 de octubre, 60 días depués de su publicación.
La regla de 837 páginas se aplica a aquellos que buscan llegar o permanecer en los Estados Unidos a través de canales legales, considerando su posible riesgo para las finanzas del Gobierno federal, ya que la administración del presidente Donald Trump busca que todos los inmigrantes demuestren que pueden ser autosuficientes económicamente, indicó en conferencia de prensa, Ken Cuccinelli, director interino de la agencia.
“La carga pública ahora se define de una manera que garantiza que la ley se aplique de manera significativa y que los que están sujetos a ella sean autosuficientes”, dijo Cuccinelli.
El documento señala que los extranjeros que podrían ser afectados son aquellos que solicitan beneficios monetarios o en especia durante más de 12 meses durante un periodo de 36 meses. En conferencia de prensa telefónica, una funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que dos beneficios aplicados en un mes representarán dos meses a contar en contra del inmigrante que aplique por cambios de estatus.
A pesar de que el Gobierno estima importantes ahorros al implementar la medida, a funcionaria dijo que no hay un estimado de cuánta gente será afectada por esta regla, pero a pregunta expresa de este diario, USCIS reconoció según propios datos oficiales aproximadamente 4.6 millones de no ciudadanos (23% de todos los no ciudadanos) recibieron beneficios de al menos uno de los programas que se integran.
La agencia acotó que la población anual que sería sometida a esta normativa se estima en más de 380,000 extranjeros que solicitan un cambio de estatus.
“Dará como resultado una reducción en los pagos de transferencia del Gobierno federal a las personas que pueden optar por darse de baja o renunciar a la inscripción a un programa”, reconoce la Administración Trump, que estima ahorros de $2.47 mil millones de dólares anuales, cantidad que en 10 años sería de aproximadamente $21,000 millones de dólares considerando una tasa de descuento del tres por ciento, aunque la autoridad indica que no hay reducciones adicionales que no puede calcular.
La regla, que se publicará el oficialmente el próximo miércoles, modifica regulaciones del DHS para determinar si un extranjero que solicita admisión al país o una “green card” es inadmisible en el país bajo la sección 212 (a) (4) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, en inglés), bajo el argumento de que en cualquier momento se convierta en una carga pública.
“La regla final también aborda la autoridad del USCIS para emitir bonos de carga pública bajo la sección 213 de la Ley en el contexto de las solicitudes de ajuste de estado”, acota el documento.
Es decir, se pedirá a los extranjeros que buscan extender su estadía en el país o cambiar su estatus que no han aplicado a beneficios públicos de acuerdo a la nueva regla, además de precisar que los beneficios públicos no deben ser “un incentivo” para migrar a los Estados Unidos.
“La carga pública es motivo de inadmisibilidad”, se indica. “Esta regla no se aplica a ciudadanos estadounidenses, incluso si el ciudadano estadounidense está relacionado con un extranjero sujeto a la inadmisibilidad por carga pública”.
Agrega disposiciones especiales para casos de miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias y el acceso a Medicaid en ciertos contextos, especialmente de extranjeros menores de 21 años, mujeres embarazadas o hasta 60 días después de dar a luz, así como ciertos servicios financiados por Medicaid bajo el
“Esta regla final también aclara que el DHS solo considerará los beneficios públicos recibidos directamente por el extranjero (solicitante) para su beneficio propio o donde el extranjero es un beneficiario”, agrega. “No (se) considerarán los beneficios públicos recibidos en nombre de otro”.
La dispocisión también precisa una consideración especial para inmigrantes que son víctimas del crimen o ayudaron a resolver un delito y llevar a prisión a los culpables, es decir, aquellos que podrían obtener visas U o T, así como casos de asilo y refugiados, así como víctimas de violencia doméstica.
En un comunicado, el director interino Cuccinelli defendió la nueva disposición, al considerar que es parte de la INA, pero no tenía una definición clara.
“Durante más de un siglo, el motivo de inadmisibilidad de la carga pública ha sido parte de las leyes de inmigración de nuestra nación. El presidente Trump ha cumplido su promesa al pueblo estadounidense de aplicar la ley de inmigración al definir el motivo de inadmisibilidad de la carga pública que ha estado en los libros durante años”, expuso Kuccinelli. “La autosuficiencia ha sido un principio fundamental del sueño americano. La autosuficiencia, la laboriosidad y la perseverancia sentaron las bases de nuestra nación y desde entonces han definido a generaciones de inmigrantes trabajadores que buscan oportunidades en los Estados Unidos”.
Un fuerte accidente se registró en el poblado El Pedregal, en la jurisdicción del municipio de Ocotlán, en Jalisco, México.
En este aparatoso incidente, una camioneta de color azul fue impactada por el tren que llevaba múltiples vagones.
De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se registró cuando el conductor de una camioneta intentó cruzar las vías del ferrocarril sin respetar el paso de la máquina pesada.
Esta maniobra provocó que la unidad fuera alcanzada e impactada por el ferrocarril, ocasionando daños destruyendo casi por completo el vehículo y dejando a una persona gravemente herida.
Hasta el momento, se informó que el lesionado permanece bajo cuidados médicos, debido a la severidad de las lesiones provocadas por el impacto.
Internacionales
Las primeras órdenes ejecutivas del nuevo alcalde y el mensaje a los inquilinos de la ciudad
l alto precio de la vivienda es una de las razones por la que miles de familias e individuos abandonan la ciudad de Nueva York todos los años, y se mudan a otros estados.
Durante los cuatro años del saliente alcalde, por ejemplo, la renta aumentó un 12 % en total, para inquilinos que viven en edificios con renta estabilizada. Para aquellos que viven en apartamentos con renta de mercado, la carga es aún más pesada. Un apartamento de un cuarto, por ejemplo, empieza a $4,200, segun Zumper.com
Así que para proteger a los millones de inquilinos en la ciudad y cumpliendo con las promesas de su campaña, Zohran Mamdani firmó tres órdenes ejecutivas destinadas a atacar el problema de accesibilidad y la falta de viviendas, desde varios ángulos.
Con la primera orden, el nuevo alcalde anunció la reapertura de la oficina para la protección de inquilinos. Esta oficina que había sido desmantelada por el alcalde saliente, Eric Adams, jugará un papel importante en facilitar acceso a los recursos que la ciudad ofrece para la prevención de desalojos, incluyendo representación legal a las familias que necesiten.
Las segunda y tercera órdenes consisten en la formación de comisiones para identificar terrenos municipales donde se puedan construir más edificios de viviendas. LIFT, por sus siglas en Inglés así como la eliminación de aquellas regulaciones burocráticas que tiendan a limitar la rápida construcción. SPEED
El impacto de estas medidas pondría fin a la escasez de viviendas, que es el principal problema en la ciudad de Nueva York. Los miembros de la LIFT y SPEED reportan sus investigaciones al nuevo alcalde para el primero de Julio de este año.
La seriedad con la que esta administración está atacando el problema de la escasez de vivienda, envía un mensaje alentador para los millones de inquilinos en los cinco condados.
Autoridades locales suizas admitieron el martes que en los últimos cinco años no se efectuaron las inspecciones periódicas de seguridad en caso de fuego en el bar donde un incendio mató a 40 personas.
«No se efectuaron inspecciones periódicas entre 2020 y 2025. Lo lamentamos profundamente», declaró en conferencia de prensa Nicolas Feraud, alcalde del resort de esquí Crans-Montana, cinco días después de la tragedia en el bar Le Constellation.
En su primera declaración pública desde que el sábado se abrió la investigación penal contra ellos, los dueños del bar, Jacques y Jessica Moretti, de nacionalidad francesa, se dijeron este martes «devastados e invadidos por el dolor».
«Confiamos plenamente en los investigadores para que arrojen luz y disipen los interrogantes. Estén seguros, a este respecto, de nuestra total colaboración y de que no buscaremos, de ninguna manera, zafarnos», aseguró la pareja en un comunicado.
Ambos están investigados por «homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio por negligencia».
En un comunicado, el Ayuntamiento de la ciudad indicó que había revisado todos los documentos sometidos a la oficina de la fiscalía del cantón de Valais después del incendio.
Aseguró que los documentos detallan los «procedimientos administrativos sobre el cumplimiento del establecimiento».
«Aunque solo en 2025 se efectuaron más de 1.400 inspecciones de incendio en el municipio, el concejo municipal lamenta profundamente descubrir que este establecimiento no se sometió a las inspecciones periódicas entre 2020 y 2025», agregó.
Dijo que decidió encargar a una agencia especializada externa la realización de inspecciones de todos los establecimientos públicos y prohibir el uso de aparatos pirotécnicos en interiores.
El municipio de Crans-Montana «continuará haciendo todo lo posible para asegurar que una tragedia como esta no vuelva a ocurrir».
La policía de Valais dijo el lunes que había identificado a las 116 personas heridas en el incendio, de las cuales 83 continúan hospitalizadas.
La edad promedio de los fallecidos es de 19 años.
