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EE.UU. negará “green cards” a migrantes que se vuelven una “carga pública”
La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) dio a conocer el reglamento de “carga pública” que complicará a inmigrantes la obtención de la Residencia Permanente y otro tipo de visas a partir del 15 de octubre, 60 días depués de su publicación.
La regla de 837 páginas se aplica a aquellos que buscan llegar o permanecer en los Estados Unidos a través de canales legales, considerando su posible riesgo para las finanzas del Gobierno federal, ya que la administración del presidente Donald Trump busca que todos los inmigrantes demuestren que pueden ser autosuficientes económicamente, indicó en conferencia de prensa, Ken Cuccinelli, director interino de la agencia.
“La carga pública ahora se define de una manera que garantiza que la ley se aplique de manera significativa y que los que están sujetos a ella sean autosuficientes”, dijo Cuccinelli.
El documento señala que los extranjeros que podrían ser afectados son aquellos que solicitan beneficios monetarios o en especia durante más de 12 meses durante un periodo de 36 meses. En conferencia de prensa telefónica, una funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que dos beneficios aplicados en un mes representarán dos meses a contar en contra del inmigrante que aplique por cambios de estatus.
A pesar de que el Gobierno estima importantes ahorros al implementar la medida, a funcionaria dijo que no hay un estimado de cuánta gente será afectada por esta regla, pero a pregunta expresa de este diario, USCIS reconoció según propios datos oficiales aproximadamente 4.6 millones de no ciudadanos (23% de todos los no ciudadanos) recibieron beneficios de al menos uno de los programas que se integran.
La agencia acotó que la población anual que sería sometida a esta normativa se estima en más de 380,000 extranjeros que solicitan un cambio de estatus.
“Dará como resultado una reducción en los pagos de transferencia del Gobierno federal a las personas que pueden optar por darse de baja o renunciar a la inscripción a un programa”, reconoce la Administración Trump, que estima ahorros de $2.47 mil millones de dólares anuales, cantidad que en 10 años sería de aproximadamente $21,000 millones de dólares considerando una tasa de descuento del tres por ciento, aunque la autoridad indica que no hay reducciones adicionales que no puede calcular.
La regla, que se publicará el oficialmente el próximo miércoles, modifica regulaciones del DHS para determinar si un extranjero que solicita admisión al país o una “green card” es inadmisible en el país bajo la sección 212 (a) (4) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, en inglés), bajo el argumento de que en cualquier momento se convierta en una carga pública.
“La regla final también aborda la autoridad del USCIS para emitir bonos de carga pública bajo la sección 213 de la Ley en el contexto de las solicitudes de ajuste de estado”, acota el documento.
Es decir, se pedirá a los extranjeros que buscan extender su estadía en el país o cambiar su estatus que no han aplicado a beneficios públicos de acuerdo a la nueva regla, además de precisar que los beneficios públicos no deben ser “un incentivo” para migrar a los Estados Unidos.
“La carga pública es motivo de inadmisibilidad”, se indica. “Esta regla no se aplica a ciudadanos estadounidenses, incluso si el ciudadano estadounidense está relacionado con un extranjero sujeto a la inadmisibilidad por carga pública”.
Agrega disposiciones especiales para casos de miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias y el acceso a Medicaid en ciertos contextos, especialmente de extranjeros menores de 21 años, mujeres embarazadas o hasta 60 días después de dar a luz, así como ciertos servicios financiados por Medicaid bajo el
“Esta regla final también aclara que el DHS solo considerará los beneficios públicos recibidos directamente por el extranjero (solicitante) para su beneficio propio o donde el extranjero es un beneficiario”, agrega. “No (se) considerarán los beneficios públicos recibidos en nombre de otro”.
La dispocisión también precisa una consideración especial para inmigrantes que son víctimas del crimen o ayudaron a resolver un delito y llevar a prisión a los culpables, es decir, aquellos que podrían obtener visas U o T, así como casos de asilo y refugiados, así como víctimas de violencia doméstica.
En un comunicado, el director interino Cuccinelli defendió la nueva disposición, al considerar que es parte de la INA, pero no tenía una definición clara.
“Durante más de un siglo, el motivo de inadmisibilidad de la carga pública ha sido parte de las leyes de inmigración de nuestra nación. El presidente Trump ha cumplido su promesa al pueblo estadounidense de aplicar la ley de inmigración al definir el motivo de inadmisibilidad de la carga pública que ha estado en los libros durante años”, expuso Kuccinelli. “La autosuficiencia ha sido un principio fundamental del sueño americano. La autosuficiencia, la laboriosidad y la perseverancia sentaron las bases de nuestra nación y desde entonces han definido a generaciones de inmigrantes trabajadores que buscan oportunidades en los Estados Unidos”.
El accidente ocurrió en el complejo comercial Real Plaza de Trujillo, la tercera ciudad del país ubicada unos 500 km al norte de la capital Lima.
Según medios locales, en el momento del accidente había decenas de familias en el patio de comidas del recinto, donde todavía pueden quedar personas atrapadas bajo los escombros.
«Hasta el momento tenemos tres fallecidos, dos caballeros y una dama», dijo el comandante Gelqui Gómez, inspector departamental del Cuerpo de Bomberos en declaraciones al canal América TV desde el lugar.
El ministerio del Interior también señaló a través de un mensaje en la red X que «hay tres fallecidos».
La cifra de heridos se incrementó a 74, según el Aníbal Morillo, gerente de Salud del gobierno regional de La Libertad, cuya capital es Trujillo.
«Son 74 heridos que hemos evacuados a las hospitales y clínicas, dentro de los cuales 10 son niños. Hay 11 heridos graves», dijo a la radio RPP Morillo.
En un primer reporte el Ministerio de Salud había cifrado en 20 los heridos.
Más de un centenar de bomberos y policías se encuentran en el centro comercial removiendo escombros en busca de supervivientes, según imágenes difundidas por las televisoras.
Varias ambulancias llegaron al lugar y salieron hacia los centros hospitalarios con los lesionados.
«¡Solo estoy aquí, ayuda!», gritaba una persona atrapada según imágenes en Facebook.
«Hay un niño que está atrapado» bajo las estructuras metálicas del techo, agregó Morillo citado por el canal de televisión Panamericana.
Según el Centro de Operaciones de Emergencia regional, la caída del techo ocurrió aproximadamente a las 20H41 (01H41 GMT del sábado), pero fue reportada solo hasta media hora después.
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez,estimó que el área del techo colapsada era de «entre 700 a 800 metros cuadrados».
«Necesitamos grúas hidráulicas para poder levantar parte del techo que aún no se ha podido retirar por lo pesado que es y poder continuar con las labores de rescate de las personas que estarían atrapadas», declaró el ministro al canal N de televisión
Mientras tanto, la Fiscalía de Trujillo inició diligencias contra los que resulten responsables del presunto delito contra la vida.
«El papa Francisco descansó bien», afirmó la Santa Sede en un escueto comunicado el sábado por la mañana. Aún así, no está «fuera de peligro» y permanecerá ingresado «al menos toda la próxima semana», indicaron sus médicos el viernes.
El pontífice no pronunciará la tradicional oración del Ángelus el domingo, pero si enviará un texto que será publicado, al igual que la semana pasada, declaró el sábado Matteo Bruni, portavoz del Vaticano.
Francisco ingresó en el hospital Gemelli de Roma por una bronquitis el 14 de febrero y este martes la Santa Sede anunció que padecía una neumonía bilateral, una infección del tejido pulmonar potencialmente mortal.
La hospitalización del jefe de la Iglesia católica ha atizado las conjeturas sobre su futuro, aunque los médicos aseguraron el viernes que se ha podido parar y no está conectado a ninguna máquina.
En los últimos días el papa ha recibido en el hospital a sus colaboradores más cercanos, lee, firma documentos y hace llamadas telefónicas.
A inicios de semana recibió la visita de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien afirmó que lo vio «alerta», «receptivo» y que incluso «bromearon».
Los cardenales se mostraron positivos asegurando que iba «por el buen camino».
«Noticias alentadoras»
Esta hospitalización, la cuarta desde 2021, reavivó la preocupación por la salud del líder de la Iglesia católica, ya debilitado por una serie de problemas en los últimos años, desde operaciones de colon y del abdomen hasta dificultades para andar.
La inquietud sobre la salud del papa fue en aumento tras la difusión de falsas informaciones en las redes sociales, sobre todo en X, que reportaban la muerte del papa en varios idiomas.
«Sé que algunos por ahí dicen que ha llegado mi hora, ¡siempre me traen mala suerte!», le dijo Francisco, según la prensa italiana, a Giorgia Meloni durante su visita.
La hospitalización de Jorge Bergoglio, líder espiritual de 1.300 millones de católicos y jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, avivó las especulaciones sobre su capacidad para continuar en el cargo, pese a que el derecho canónico no prevé ninguna disposición en caso de problema grave que alterase su lucidez.
También reavivan las especulaciones sobre una posible renuncia del papa, alimentadas por los opositores a Francisco, sobre todo en los círculos conservadores.
«Tengo la impresión de que se trata de especulaciones inútiles», comentó el sábado el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado y número dos del Vaticano, en una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera.
«Gracias a Dios, las noticias que llegan de Gemelli son alentadoras, se está recuperando», añadió.
A pesar de los reiterados problemas de salud de los últimos años, el papa Francisco, conocido por su fuerza de carácter, ha mantenido una cargada agenda, aunque sus médicos insisten en que tendría que frenar un poco sus actividades.
Ortega elogió la «lealtad» del general Avilés, en un acto militar en Managua también presidido por su poderosa esposa Rosario Murillo, y al que asistieron delegados de países aliados como Cuba, Venezuela, Rusia y Honduras.
Investigaciones de medios de comunicación nicaragüenses como Confidencial, que trabajan desde el exilio en Costa Rica, señalan que Ortega ha aumentado los millonarios negocios de los militares para «comprar su fidelidad».
Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, está en el poder desde 2007 y sus críticos lo acusan de instaurar una «dictadura familiar», junto a su esposa, de 73 años.
El fallecido hermano del presidente, el general Humberto Ortega, exjefe del Ejército, había asegurado en una entrevista con el portal de noticias argentino Infobae que los militares serán fundamentales en una transición o sucesión cuando muera Daniel Ortega.
El presidente rompió con Avilés, un exguerrillero de 68 años, el tradicional relevo militar de cada cinco años, y a fines de noviembre pasado el Congreso, controlado por el gobierno, amplió a seis años el mandato del jefe del Ejército y la Policía Nacional, también fiel.
Esa modificación se dio como parte de una vasta reforma constitucional que según la oposición prepara el camino para la sucesión del poder de Ortega a Murillo o a alguno de sus hijos.
La nueva Constitución creó el cargo de «copresidenta» para Murillo y dio a ella y a Ortega un poder absoluto con el control de todos los órganos del Estado, amplió el mandato de gobierno de cinco a seis años y estableció la vigilancia de la prensa y la Iglesia.
También creó la «Policía Voluntaria», integrada por civiles encapuchados en apoyo a las fuerzas de seguridad, lo que hace referencia a los paramilitares de rostro oculto que reprimieron las protestas contra Ortega de 2018, con saldo de unos 300 muertos según la ONU.
Avilés, quien realizó estudios militares en Cuba, fue sancionado en 2020 por Washington señalado de corrupción, y es acusado por organismos de derechos humanos de tolerar y ayudar, de forma encubierta, a policías y paramilitares a atacar a los manifestantes en 2018.
