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EE.UU. negará “green cards” a migrantes que se vuelven una “carga pública”
La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) dio a conocer el reglamento de “carga pública” que complicará a inmigrantes la obtención de la Residencia Permanente y otro tipo de visas a partir del 15 de octubre, 60 días depués de su publicación.
La regla de 837 páginas se aplica a aquellos que buscan llegar o permanecer en los Estados Unidos a través de canales legales, considerando su posible riesgo para las finanzas del Gobierno federal, ya que la administración del presidente Donald Trump busca que todos los inmigrantes demuestren que pueden ser autosuficientes económicamente, indicó en conferencia de prensa, Ken Cuccinelli, director interino de la agencia.
“La carga pública ahora se define de una manera que garantiza que la ley se aplique de manera significativa y que los que están sujetos a ella sean autosuficientes”, dijo Cuccinelli.
El documento señala que los extranjeros que podrían ser afectados son aquellos que solicitan beneficios monetarios o en especia durante más de 12 meses durante un periodo de 36 meses. En conferencia de prensa telefónica, una funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que dos beneficios aplicados en un mes representarán dos meses a contar en contra del inmigrante que aplique por cambios de estatus.
A pesar de que el Gobierno estima importantes ahorros al implementar la medida, a funcionaria dijo que no hay un estimado de cuánta gente será afectada por esta regla, pero a pregunta expresa de este diario, USCIS reconoció según propios datos oficiales aproximadamente 4.6 millones de no ciudadanos (23% de todos los no ciudadanos) recibieron beneficios de al menos uno de los programas que se integran.
La agencia acotó que la población anual que sería sometida a esta normativa se estima en más de 380,000 extranjeros que solicitan un cambio de estatus.
“Dará como resultado una reducción en los pagos de transferencia del Gobierno federal a las personas que pueden optar por darse de baja o renunciar a la inscripción a un programa”, reconoce la Administración Trump, que estima ahorros de $2.47 mil millones de dólares anuales, cantidad que en 10 años sería de aproximadamente $21,000 millones de dólares considerando una tasa de descuento del tres por ciento, aunque la autoridad indica que no hay reducciones adicionales que no puede calcular.
La regla, que se publicará el oficialmente el próximo miércoles, modifica regulaciones del DHS para determinar si un extranjero que solicita admisión al país o una “green card” es inadmisible en el país bajo la sección 212 (a) (4) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, en inglés), bajo el argumento de que en cualquier momento se convierta en una carga pública.
“La regla final también aborda la autoridad del USCIS para emitir bonos de carga pública bajo la sección 213 de la Ley en el contexto de las solicitudes de ajuste de estado”, acota el documento.
Es decir, se pedirá a los extranjeros que buscan extender su estadía en el país o cambiar su estatus que no han aplicado a beneficios públicos de acuerdo a la nueva regla, además de precisar que los beneficios públicos no deben ser “un incentivo” para migrar a los Estados Unidos.
“La carga pública es motivo de inadmisibilidad”, se indica. “Esta regla no se aplica a ciudadanos estadounidenses, incluso si el ciudadano estadounidense está relacionado con un extranjero sujeto a la inadmisibilidad por carga pública”.
Agrega disposiciones especiales para casos de miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias y el acceso a Medicaid en ciertos contextos, especialmente de extranjeros menores de 21 años, mujeres embarazadas o hasta 60 días después de dar a luz, así como ciertos servicios financiados por Medicaid bajo el
“Esta regla final también aclara que el DHS solo considerará los beneficios públicos recibidos directamente por el extranjero (solicitante) para su beneficio propio o donde el extranjero es un beneficiario”, agrega. “No (se) considerarán los beneficios públicos recibidos en nombre de otro”.
La dispocisión también precisa una consideración especial para inmigrantes que son víctimas del crimen o ayudaron a resolver un delito y llevar a prisión a los culpables, es decir, aquellos que podrían obtener visas U o T, así como casos de asilo y refugiados, así como víctimas de violencia doméstica.
En un comunicado, el director interino Cuccinelli defendió la nueva disposición, al considerar que es parte de la INA, pero no tenía una definición clara.
“Durante más de un siglo, el motivo de inadmisibilidad de la carga pública ha sido parte de las leyes de inmigración de nuestra nación. El presidente Trump ha cumplido su promesa al pueblo estadounidense de aplicar la ley de inmigración al definir el motivo de inadmisibilidad de la carga pública que ha estado en los libros durante años”, expuso Kuccinelli. “La autosuficiencia ha sido un principio fundamental del sueño americano. La autosuficiencia, la laboriosidad y la perseverancia sentaron las bases de nuestra nación y desde entonces han definido a generaciones de inmigrantes trabajadores que buscan oportunidades en los Estados Unidos”.
Internacionales
Terremoto en el este de Afganistán deja más de 2.200 muertos y miles de viviendas destruidas
Un terremoto de magnitud 6 sacudió el domingo por la noche el este de Afganistán, dejando un saldo de más de 2.200 personas fallecidas y casi 4.000 heridas, según informó este jueves el Gobierno talibán. El sismo, el más mortífero en la historia reciente del país, destruyó alrededor de 7.000 viviendas en las provincias de Kunar, Laghman y Nangarhar.
Hamdullah Fitrat, portavoz adjunto del Gobierno, detalló que la mayoría de las víctimas se concentran en Kunar, cerca de la frontera con Pakistán, y que las operaciones de rescate continúan, aunque se enfrentan a dificultades por desprendimientos y deslizamientos de tierra en las zonas montañosas.
Cuatro días después del sismo, los habitantes de las aldeas afectadas esperan ayuda urgente. “Necesitamos carpas, agua, comida y medicinas de forma urgente”, declaró Zahir Jan Safi, un agricultor de 48 años desde el pueblo de Mazar Dara, uno de los más devastados.
El balance de víctimas podría aumentar, ya que aún se hallan cuerpos en casas derrumbadas. Las organizaciones humanitarias y la ONU advierten que la situación se agrava debido a los recortes en la asistencia internacional, justo cuando la ayuda resulta más necesaria.
El Senado de Texas, de mayoría republicana, aprobó un proyecto de ley que prohíbe prácticamente todas las interrupciones de embarazo, incluso en casos de incesto o violación, salvo cuando exista riesgo de muerte o discapacidad grave para la madre. La medida, que debe ser promulgada por el gobernador Greg Abbott para entrar en vigor, permite que cualquier ciudadano demande a quienes faciliten la entrega de la píldora abortiva, con indemnizaciones mínimas de 100.000 dólares.
La legislación, aprobada por 17 votos a favor y 9 en contra, no penaliza a las mujeres que intenten obtener las píldoras, pero sí prohíbe su prescripción, fabricación o envío dentro del estado.
El senador republicano Bryan Hughes justificó la norma asegurando que busca “proteger al bebé que crece en el vientre de su madre” y evitar que las farmacéuticas “envíen pastillas tóxicas a Texas para inflar sus ganancias”. En contraste, la senadora demócrata Carol Alvarado calificó la ley de “convertir a los texanos en cazarrecompensas”.
La medida se enmarca en la tendencia de los estados conservadores de limitar el aborto tras la decisión de la Corte Suprema de 2022 de revocar el fallo Roe contra Wade, que garantizaba el derecho al aborto a nivel federal. Desde entonces, una veintena de estados han restringido o prohibido el acceso al procedimiento.
Casos recientes reflejan la aplicación estricta de estas normas: un médico de Nueva York fue multado con 100.000 dólares en Texas y enfrenta cargos en Luisiana por recetar pastillas abortivas a distancia, mientras que un hombre demandó a un médico de California por enviar píldoras a su novia residente en Texas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que México “está gobernado por los carteles de droga” y aseguró que ofreció enviar tropas estadounidenses al país, propuesta que la presidenta Claudia Sheinbaum habría rechazado por “miedo”. Las declaraciones fueron publicadas el 2 de septiembre por el medio Daily Caller.
Trump elogió a Sheinbaum calificándola como “una mujer estupenda, elegante y hermosa”, pero insistió en que, pese a sus cualidades, México estaría controlado por organizaciones criminales. “Me he ofrecido a enviar al ejército, y ella no quiere que hagamos eso. Tiene miedo. Está muy asustada”, indicó.
Estas afirmaciones se producen tras declaraciones del asesor de seguridad interior de la Casa Blanca, Stephen Miller, quien comparó la violencia en algunas ciudades estadounidenses con la de Ciudad de México, a la que también describió como dirigida por carteles criminales.
Por su parte, Sheinbaum rechazó las declaraciones y aseguró en conferencia matutina que no son ciertas, subrayando que prefiere mantener una buena relación con Estados Unidos. “Respetamos mucho la relación México-Estados Unidos y al presidente Trump, y no es verdad esta afirmación que hace, pero nos quedamos con la buena relación”, señaló.
México ha mantenido cooperación con la administración de Trump, especialmente en temas migratorios, reforzando la vigilancia en zonas fronterizas en los últimos años. Según un comunicado del Departamento de Estado estadounidense, estas acciones buscan “desmantelar carteles, detener el tráfico de fentanilo, poner fin a la inmigración ilegal y promover la prosperidad económica”.
