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Ecuador extiende por 30 días estado de excepción declarado tras arremetida narco
Ecuador extendió el jueves por 30 días el estado de excepción, que permite movilizar a los militares para mantener el orden en calles y cárceles, decretado en enero ante una violenta arremetida de grupos narcotraficantes, informó el gobierno.
El presidente Daniel Noboa, autoproclamado de centro-izquierda y que asumió en noviembre, emitió un decreto mediante el cual decidió «renovar por treinta días adicionales» el estado de emergencia en todo el país, que dispuso el 8 de enero pasado.
La medida, que incluye al sistema penitenciario convertido por las organizaciones narco en centros de operaciones para enviar droga hacia Estados Unidos y Europa, se debe a la «grave conmoción interna» y al «conflicto armado interno» que enfrenta la nación, según el documento.
La Constitución permite al mandatario mantener el estado de excepción hasta por 90 días continuos.
Noboa impuso el estado de excepción el 8 de enero a raíz de que Adolfo «Fito» Macías, jefe de una de las principales agrupaciones criminales del país, se fugó de una cárcel de Guayaquil (suroeste) en la que cumplía 34 años de prisión por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato.
Tras el escape de Fito, que aún no ha sido recapturado, grupos narco volvieron a embestir con violencia y dejaron una veintena de muertos, más de 200 policías y guardias penitenciarios secuestrados temporalmente en cárceles y calles y ataques con explosivos.
El gobernante incluso declaró el 9 de enero al país en «conflicto armado interno» y ordenó a las Fuerzas Armadas neutralizar a una veintena de bandas con nexos con carteles de México y Colombia, a las que tildó de «terroristas» y «beligerantes».
La Corte Constitucional consideró que la declaratoria del «conflicto armado interno» puede ser por tiempo indefinido en virtud de que no está vinculada al estado de excepción.
El estado de excepción también faculta al presidente a suspender derechos, lo que mantiene para la inviolabilidad de la correspondencia con miras a identificar «conductas ilícitas».
Con estas medidas, Ecuador -ubicado entre Colombia y Perú, los principales productores mundiales de cocaína- ha logrado decomisar unas 65 toneladas de drogas desde enero.
Los militares también están a cargo de las prisiones, escenario de cruentos choques armados entre bandas que dejan más de 460 reos muertos desde 2021, en matanzas que han pasado a figurar entre las peores de Latinoamérica.
Debido al narcotráfico, los homicidios pasaron de 6 al récord de 46 por cada 100,000 habitantes entre 2018 y 2023, convirtiendo al país en uno de los más violentos del mundo.
El estado de emergencia permitió reducir la tasa de homicidios de 28 diarios durante la primera semana de enero a 11 después de dos semanas, de acuerdo a datos oficiales.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hizo un llamado a la coordinación entre las autoridades para combatir al crimen organizado, luego de la masiva operación policial realizada el martes en las favelas de Penha y Alemão, en la zona norte de Río de Janeiro, que dejó 130 muertos.
“No podemos aceptar que el crimen organizado continúe destruyendo familias, oprimiendo a los vecinos y esparciendo droga y violencia por las ciudades”, escribió Lula en la red social X.
El mandatario enfatizó la importancia de trabajar de manera coordinada para atacar la “espina dorsal” del crimen sin poner en riesgo a policías y civiles. Asimismo, recordó la reforma de la ley de seguridad presentada por su Gobierno, que busca la actuación conjunta de todas las fuerzas policiales.
La operación tenía como objetivo capturar a los principales cabecillas del Comando Vermelho, considerada una de las organizaciones criminales más antiguas y poderosas de Río de Janeiro.
El paso del huracán Melissa por Jamaica ha causado estragos, dejando miles de viviendas sin techo y carreteras intransitables, además de afectar el suministro eléctrico de aproximadamente 500 mil hogares.
Hugh Grant, presidente y director ejecutivo de la Jamaica Public Service (JPS), informó que los municipios más afectados son Saint Elizabeth, Manchester, Hanover y Saint James, donde cerca del 75 % de los clientes permanecen sin electricidad.
El jefe de la Policía, Kevin Blake, indicó que varios sectores quedaron inundados y muchas calles bloqueadas tras la caída de árboles y postes eléctricos a causa de los fuertes vientos.
Hasta el momento, las autoridades reportan más de 40 personas fallecidas en distintos países del Caribe como consecuencia del fenómeno meteorológico.
El periodista Miguel Ángel Beltrán fue asesinado el 25 de octubre en el poblado Río Chico, Durango, mientras transitaba por la carretera rumbo a Mazatlán, confirmaron autoridades locales. Con este crimen, suman nueve los comunicadores asesinados en México en lo que va de 2025.
El caso ha generado condenas nacionales e internacionales. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) reiteraron su preocupación por la violencia que enfrenta el gremio en el país, considerado uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de zonas de guerra.
Los ataques contra comunicadores incluyen asesinatos, amenazas, acoso judicial, espionaje y campañas de desprestigio en redes sociales, afectando el derecho ciudadano a la información. A pesar del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, diversos colectivos señalan fallas estructurales, ya que varios periodistas han sido asesinados incluso bajo resguardo oficial.
Amnistía Internacional y otros organismos exigieron al Estado mexicano una investigación exhaustiva y la intervención de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), así como garantizar condiciones seguras para los comunicadores, especialmente en zonas con alta presencia del crimen organizado.
La Fiscalía General del Estado de Durango abrió una carpeta de investigación, mientras RSF solicitó que la FEADLE conozca el caso, al existir indicios de que el asesinato está vinculado con la labor periodística de Beltrán.
La impunidad en casos de violencia contra periodistas en México supera el 90%, según organismos internacionales, lo que genera un clima de miedo y limita la labor informativa. El asesinato de Miguel Ángel Beltrán refleja la crisis de la libertad de expresión en el país y refuerza el llamado urgente para adoptar medidas efectivas de protección y justicia.
