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Ecuador extiende por 30 días estado de excepción declarado tras arremetida narco
Ecuador extendió el jueves por 30 días el estado de excepción, que permite movilizar a los militares para mantener el orden en calles y cárceles, decretado en enero ante una violenta arremetida de grupos narcotraficantes, informó el gobierno.
El presidente Daniel Noboa, autoproclamado de centro-izquierda y que asumió en noviembre, emitió un decreto mediante el cual decidió «renovar por treinta días adicionales» el estado de emergencia en todo el país, que dispuso el 8 de enero pasado.
La medida, que incluye al sistema penitenciario convertido por las organizaciones narco en centros de operaciones para enviar droga hacia Estados Unidos y Europa, se debe a la «grave conmoción interna» y al «conflicto armado interno» que enfrenta la nación, según el documento.
La Constitución permite al mandatario mantener el estado de excepción hasta por 90 días continuos.
Noboa impuso el estado de excepción el 8 de enero a raíz de que Adolfo «Fito» Macías, jefe de una de las principales agrupaciones criminales del país, se fugó de una cárcel de Guayaquil (suroeste) en la que cumplía 34 años de prisión por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato.
Tras el escape de Fito, que aún no ha sido recapturado, grupos narco volvieron a embestir con violencia y dejaron una veintena de muertos, más de 200 policías y guardias penitenciarios secuestrados temporalmente en cárceles y calles y ataques con explosivos.
El gobernante incluso declaró el 9 de enero al país en «conflicto armado interno» y ordenó a las Fuerzas Armadas neutralizar a una veintena de bandas con nexos con carteles de México y Colombia, a las que tildó de «terroristas» y «beligerantes».
La Corte Constitucional consideró que la declaratoria del «conflicto armado interno» puede ser por tiempo indefinido en virtud de que no está vinculada al estado de excepción.
El estado de excepción también faculta al presidente a suspender derechos, lo que mantiene para la inviolabilidad de la correspondencia con miras a identificar «conductas ilícitas».
Con estas medidas, Ecuador -ubicado entre Colombia y Perú, los principales productores mundiales de cocaína- ha logrado decomisar unas 65 toneladas de drogas desde enero.
Los militares también están a cargo de las prisiones, escenario de cruentos choques armados entre bandas que dejan más de 460 reos muertos desde 2021, en matanzas que han pasado a figurar entre las peores de Latinoamérica.
Debido al narcotráfico, los homicidios pasaron de 6 al récord de 46 por cada 100,000 habitantes entre 2018 y 2023, convirtiendo al país en uno de los más violentos del mundo.
El estado de emergencia permitió reducir la tasa de homicidios de 28 diarios durante la primera semana de enero a 11 después de dos semanas, de acuerdo a datos oficiales.
El siniestro arrasó el lunes los edificios de una agencia de decoradores y una empresa de comida rápida, detalló a la AFP el ministro del gobierno del estado de Bengala Occidental a cargo de los bomberos, Sujit Bose.
«El incendio se declaró a primera hora de la mañana y sorprendió a quienes dormían en el edificio, antes de propagarse rápidamente a otro inmueble», explicó.
El balance del siniestro sigue siendo provisional, prosiguió Bose, ya que el viernes las familias de 27 personas seguían sin noticias de sus seres queridos.
El director de los servicios locales de emergencia, Ranvir Kumar, señaló que los edificios destruidos no estaban equipados con todos los dispositivos de seguridad exigidos por la ley.
Los incendios son frecuentes en India, debido al mal estado de las infraestructuras y a normas de seguridad y evacuación que no siempre se aplican.
En el atraco, los ladrones utilizaron gas pimienta para hacerse con el dinero alrededor de las 21H30 locales (12H30 GMT) del jueves cerca de la estación de Ueno, una zona muy popular entre los turistas, dijo a la AFP una portavoz de la policía capitalina bajo anonimato.
La vocera se negó a dar más detalles, pero la prensa japonesa asegura que las víctimas fueron cinco ciudadanos chinos y japoneses que intentaban subir a un vehículo las maletas, con unos 420 millones de yenes (2,7 millones de dólares) en su interior.
Aún no está claro por qué el grupo llevaba consigo tal cantidad de dinero.
La cadena Fuji Television informó que las víctimas dijeron a los investigadores que el efectivo iba destinado a casas de cambio.
En otros hechos, un hombre con 190 millones de yenes en efectivo (1,2 millones de dólares) también fue atacado con un espray de gas pimienta por tres hombres en la madrugada del viernes en un estacionamiento del aeropuerto Haneda de Tokio, según los medios.
La policía está investigando la relación entre los dos ataques, reportó la cadena TBS
Un cierre parcial del gobierno de Estados Unidos parece inminente, después de que un proyecto presupuestario fracasara en el Senado en medio de la indignación demócrata por las muertes de manifestantes contrarios a las redadas antinmigrantes ordenadas por Donald Trump.
La oposición expresó así su indignación por el asesinato en Mineápolis de dos personas que se manifestaban contra la política migratoria del presidente.
El fracaso en la aprobación de un paquete de gasto compuesto por seis proyectos de ley destinados a financiar más de tres cuartas partes del gobierno federal hace casi imposible evitar un cierre parcial a partir del sábado.
De todos modos, los demócratas y la Casa Blanca seguían buscando frenéticamente un acuerdo de última hora.
Sería el segundo cierre o «shutdown» -cuando la financiación de todo o de diferentes áreas del gobierno estadounidense se congela temporalmente- desde que Trump asumió nuevamente la presidencia hace un año.
Los demócratas habían prometido bloquear la medida a menos que se separara y renegociara la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para incluir salvaguardas sobre la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la agencia de seguridad pública mejor financiada de Estados Unidos.
El ICE, encargado de las redadas antinmigrantes con fines de deportación, está en la picota por las muertes de manifestantes en Mineápolis.
Falta de acuerdo
La situación dejó a los 53 republicanos de la cámara cortos en votos: necesitaban 60 voluntades para que la legislación avanzara hacia su aprobación final.
Ahora Washington se prepara para otro cierre disruptivo de servicios a la medianoche del viernes.
«Lo que está haciendo ICE (…) es brutalidad avalada por el Estado y debe detenerse. Y el Congreso tiene la autoridad -y la obligación moral- de actuar», dijo el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, antes de la votación.
Una modesta rebelión republicana se unió a los demócratas.
Debido a las normas vigentes en el Senado, se necesitan 60 votos de 100 para aprobar un texto presupuestario, y los republicanos, aunque tengan la mayoría, necesitarían el apoyo de varios miembros de la oposición para poder aspirar a sacar adelante su propuesta de presupuesto. Los números no les alcanzan.
Los demócratas han explicado que están dispuestos a aprobar cinco de los seis apartados del texto, pero quieren separar el último -que concierne al DHS- para debatir las reformas que desean que se implementen.
Dado que la Cámara de Representantes había aprobado los seis apartados en un solo bloque, separar el DHS del texto implicaría de facto una paralización a medianoche del viernes al sábado, ya que la cámara baja tendría que votar de nuevo la versión aprobada por el Senado.
El «shutdown» podría ser de corta duración. En un consejo de ministros el jueves, Trump dijo a la prensa que esperaba que se encontrara un compromiso con la oposición para evitar una parálisis.
Si la financiación caduca, cientos de miles de empleados públicos podrían ser enviados a casa u obligados a trabajar sin paga.
En tanto, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió el jueves «moderación» a las autoridades hacia los manifestantes en Estados Unidos, tras las muertes de dos ciudadanos estadounidenses que protestaban contra redadas en Mineápolis.
