Internacionales
Corte Suprema invalida medida de Biden para cancelar parte de la deuda estudiantil
La Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, invalidó este viernes una medida clave del presidente demócrata Joe Biden para cancelar parte de la colosal deuda estudiantil.
El gobierno anuló «unos 430.000 millones en préstamos federales, borrando por completo la deuda de 20 millones de prestatarios y rebajando la cantidad media adeudada por otros 23 millones, de 29.400 dólares a 13.600 dólares», señala el magistrado conservador John Roberts en nombre de la mayoría.
«El tema aquí no es si debe hacerse algo, es quién tiene autoridad para hacerlo», estima.
«Entre las competencias más importantes del Congreso está su control del monedero», escribió Roberts.
Este fallo supone un duro revés para el presidente de 80 años, que aspira a su reelección en 2024 y cuenta para ello con el apoyo de las clases populares.
Biden discrepa «fuertemente» con este fallo y «lo dejará claro» más tarde, afirmó una fuente de la Casa Blanca que pidió el anonimato.Pero sobre la sentencia apunta un golpe al bolsillo de millones de estadounidenses.
En Estados Unidos la enseñanza superior es muy cara y casi 43 millones de personas piden préstamos estudiantiles federales por un total de 1,630 billones de dólares.
Al comienzo de la pandemia, el gobierno del expresidente republicano Donald Trump congeló el reembolso de estos préstamos en virtud de una ley de 2003 que le permite «aliviar» a los titulares de deudas estudiantiles en caso de «emergencia nacional».
Esta medida, que se ha prorrogado ininterrumpidamente hasta la fecha, expira el 31 de agosto.
Anticipándose a este plazo, Biden anunció en agosto pasado su intención de anular 10.000 dólares de las deudas de los prestatarios que ganaran menos de 125.000 dólares al año y 20.000 dólares de antiguos beneficiarios de becas.
Se presentaron 26 millones de solicitudes, según la Casa Blanca.
Los tribunales bloquearon la aplicación de este plan después de que una coalición de estados republicanos y dos estudiantes que no podían acogerse a la condonación de 20.000 dólares presentaran una demanda.
Acusaban al gobierno demócrata de usar el dinero de los contribuyentes sin la aprobación del Congreso. Estiman que la ley de 2003, invocada por el presidente Biden, cubre la congelación de la deuda y no su cancelación.
El Ejército mexicano desplegó 2,500 efectivos en el oeste de México como medida disuasiva tras la muerte del capo narco Nemesio «El Mencho» Oseguera el domingo en un operativo militar, informó este lunes el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla.
«Se encontraban destacamentados en Jalisco alrededor de 7.000 efectivos, entonces se va a reforzar» la presencia militar en la zona de operación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Oseguera, dijo Trevilla en rueda de prensa.
«La intención es, más que nada, tener un efecto disuasivo», añadió el secretario de Defensa, tras cientos de bloqueos el domingo en 20 estados del país.
La Fuerza Aérea de Perú (FAP) halló 15 personas muertas este lunes tras el accidente de un helicóptero militar desaparecido el domingo en la región Arequipa, al sur del país, informó la autoridad militar.
La FAP precisó que el helicóptero realizaba labores rescate de víctimas de las inundaciones registradas en Arequipa.
«El personal de rescate ha confirmado el fallecimiento de los cuatro tripulantes (..), así como los 11 pasajeros que se encontraban a bordo», señaló la FAP.
«Tras la intensificación de las labores de búsqueda, las patrullas de fuerzas especiales y la policía han logrado localizar el helicóptero Mi-17 que perdió contacto radial la tarde de ayer», indicó la fuerza aérea en un comunicado.
El helicóptero siniestrado, un Mil Mi-17 de fabricación rusa, había despegado de la ciudad de Pisco, en la región de Ica. Los rescatistas localizaron la aeronave en la localidad de Chala, en Arequipa, a poco más de 300 kilómetros del lugar de partida.
Internacionales
Concluye proceso legal que anula la concesión de Hutchison en puertos del canal de Panamá
La justicia panameña dio por concluido el proceso legal que anuló la concesión a la compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings para operar dos puertos en el canal, al publicar este lunes el fallo.
La Corte Suprema panameña declaró en enero «inconstitucional» el contrato que ha permitido a la empresa Panama Ports Company (PPC), filial de Hutchison, administrar desde 1997 los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico.
Sin embargo, para que la sentencia, que no admite apelación, quedara en firme aún faltaban unos trámites que han concluido este lunes con la publicación del fallo en la gaceta oficial.
El viernes, el vocero de PPC, Alejandro Kouruklis, reconoció que la publicación del fallo en la gaceta oficial supondría que «la concesión deja de existir», por lo que pidió al gobierno panameño «negociar» con la firma hongkonesa el futuro de los puertos para «evitar el caos».
Tras ese fallo judicial, que se produjo en medio de las presiones de Estados Unidos por la presencia china en el canal, el presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció que la danesa Maersk operaría temporalmente esas terminales.
La decisión ha traído incertidumbre en los puertos, ubicados en sendas entradas de la vía interoceánica, por los que en 2025 pasó el 38 % de los contenedores que transitaron por Panamá.
«El camino que se está siguiendo puede causar un caos» porque «no va a haber un orden ni marco legal» en que puedan confiar los proveedores, trabajadores y las líneas navieras, había declarado el viernes Kouruklis al canal panameño TVN-2.
«Nuestro plan no es salir, es conversar con el Estado a ver qué solución se le puede dar a esto» y «no tomar decisiones abruptas» para que un tercero entre en las instalaciones «a tomar bienes que no le pertenecen», añadió.
Hutchison amenazó hace días a Maersk con «acciones legales» si asume la administración de las terminales sin su consentimiento y anunció que impugnará la sentencia ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en París, por causarle «graves daños».
Pero la Corte panameña asegura que la concesión, renovada por otros 25 años en 2021 es «inconstitucional» y tenía «una inclinación desproporcionada a favor de la empresa» que perjudicaba al Estado.
El fallo también llegó en momentos donde Hutchison Holdings quiere ceder sus puertos, entre ellos los de Panamá, a un grupo de empresas liderado por la estadounidense BlackRock por 22,800 millones de dólares.
