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Internacionales

Cámara aprueba ‘impeachment’ contra Donald Trump por “incitación a la insurrección”

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El presidente Donald Trump logró un nuevo récord de infamia. Con 232 votos a favor y 197 en contra, la Cámara de Representantes aprobó el segundo juicio político o proceso de ‘impeachment’ en su contra por “incitación a la insurrección”.

En el debate varios republicanos consideraron que la propuesta de los demócratas tras la toma violenta del Capitolio no ayuda a sanar al país, pero los primeros fueron cuestionados por permitir avanzar el discurso divisorio y teorías de conspiración de Trump. Al final 10 republicanos votaron a favor de la Resolución 24. 

“Sabemos que el presidente de Estados Unidos incitó esta insurrección, esta rebelión armada contra nuestro país. Debe irse, es un peligro claro y presente para la nación que todos amamos”, dijo la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi  (California).

Agregó que el presidente Trump ha difundido teorías de conspiración sobre el proceso electoral, lo cual afecta el proceso democrático. El momento climático de sus acusaciones fue el miércoles 6 de enero, el día de la invasión al Capitolio, cuando se certificó el voto del Colegio Electoral a favor del presidente electo Joe Biden.  

“Llegó ese día incendiario que todos experimentamos. El presidente debe ser acusado”, dijo.

Los republicanos enfrentaron una división, ya que el representante Jim Jordan  (Ohio), uno de los fieles seguidores del presidente, pidió la destitución de Liz Cheney (Wyoming) como presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara, debido a su apoyo al proceso contra el mandatario.

En el debate, Jordan acusó a los demócratas de perseguir al presidente Trump, una y otra vez, “de cancelarlo”.

“Siempre se ha tratado de conseguir al presidente pase lo que pase. Es una obsesión, una obsesión que ahora se amplía… Deténganse y piensen en ello. ¿Tiene una Primera Enmienda una función cuando la cultura de la cancelación sólo permite que un lado hable? ¿Cuándo ni siquiera puedes tener un debate en este país?… La cultura de la cancelación vendrá para todos nosotros”.

Aunque respaldo que el presidente Trump debió condenar la violencia en el Capitolio y tiene responsabilidad sobre la actuación de sus simpatizantes, el líder de la minoría en la Cámara, Kevin McCarthy (California), dijo que sería contraproducente aprobar un nuevo juicio en contra del mandatario.

“El presidente es responsable del ataque al Congreso el miércoles por parte de los alborotadores. Debería haber condenado inmediatamente a la turba cuando vio lo que se estaba desarrollando”, expresó. “(Pero) creo que acusar al presidente en tan poco tiempo sería un error. No se han completado investigaciones. No se han realizado audiencias”.

Los republicanos que se sumaron a favor son Dan Newhouse (Washington), John Katko (Nueva York), Jaime Herrera Beutler (Washington), Adam Kinzinger (Illinois), Fred Upton (Michigan), Liz Cheney (Wyoming), Peter Meijer (Michigan), Anthony Gonzalez (Ohio), Tom Rice (Carolina del Sur) y David Valadao (California).

“Creo que este es uno de esos votos que trasciende cualquier tipo de implicación política del momento… Es uno de los que vas a recordar cuando tengas 80 años y será del que hablarás”, dijo Kinzinger a CNN. Agregó que desconoce su futuro político, pero defendió su postura.

El representante Jordan se sorprendió por la cantidad de votos republicanos, ya que hasta casi el final del debate había solamente seis contabilizados.

El oxígeno a teorías de conspiración

Previa al debate sobre el artículo de acusación, los representantes establecieron un debate sobre el procedimiento.

“Nuestros amigos republicanos… apelan a la unidad, pero no reconoce que durante cuatro años varios de ellos oxigenaron las teorías de conspiración de Donald Trump”, lanzó Jim McGovern (Massachusetts).

El republicano Jordan criticó a los demócratas por oponerse al triunfo de Trump en 2016, aunque la demócrata Hillary Clinton ese año aceptó su derrota y llamó a su contendiente para conceder la elección.

Jordan acusó a McGovern y a Jamie Raskin (Maryland) de objetar el triunfo del presidente Trump, por lo que consideró que se manejan don “doble estándar”.

“¿Adivinen quién fue el primero en objetar el 6 de enero de 2017?… El presidente demócrata del Comité de Reglas”, dijo Jordan. “¿Nos dicen que estamos tratando de revertir las elecciones? ¿Adivina quién fue el segundo en presentar objeción en 2017? El individuo que maneja el juicio político para los demócratas”

Raskin es uno de los que redactaron el artículo para el juicio político al mandatario republicano, junto con David Cicilline (Rhode Island); Ted Lieu (California) y Jerrold Nadler (Nueva York).

Esta decisión de la Cámara es la segunda en contra el presidente Trump, quien en 2019 enfrentó junicio político por la colusión de su campaña electoral con el Gobierno ruso, investigación que fue realizada por el fiscal especial Robert Mueller. El mandatario no fue condenado. Ningún otro líder estadounidense ha logrado tan infame récord.

Qué sigue

La presidenta de la Cámara deberá enviar la acusación al Senado, pero el líder de la mayoría Mitch McConnell (Kentucky) confirmó que no habrá tiempo de llevar a cabo el juicio, aunque el líder de la minoría, Charles Schumer (Nueva York), pidió la convocatoria “lo antes posible”.

“Considerando las reglas, procedimiento y los precedentes del Senando sobre los juicios políticos presidenciales, simplemente no hay posibilidad de que un juicio justo y serio pueda concluir antes de que el presidente electo Biden sea jurado la siguiente semana”, dijo en un comunicado. “El Senado ha sostenido tres juicios políticos. Éstos tardaron 87 días, 37 días y 21 días, respectivamente”.

Ahora McConnell indica que ni aunque el proceso avanzara rápido podría llegarse a una decisión pronto, antes del 19 de enero, además de parafrasear al presidente electo Biden sobre una transición segura.

“Incluso si el proceso en el Senado comenzara esta semana y avanzara rápido, no podría lograrse un veredicto final, sino hasta que el presidente Trump deje la oficina. Esta no es una decisión mía; es un hecho”, justificó. “El presidente electo ha dicho que su inauguración en enero 20 es el camino ‘más rápido’ para cualquier cambio en la presidencia”.

Dijo que lo el Congreso y la Presidencia deberán enfocarse a la seguridad del cambio de gobierno.

“A la luz de esta realidad, creo que será mejor servir a nuestra nación si el Congreso y la rama ejecutiva se enfocan completamente los próximos siete días en facilitar una inauguración segura y una ordenada transferencia del poder para la entrante Administración Biden”, asestó.

Schumer consideró que el proceso puede iniciar si hubiera disposición de McConnell, además de adelantar que habrá consecuencias para el presidente Trump.

“Un juicio en el Senado puede comenzar de inmediato con el acuerdo del actual líder de la mayoría… para volver a convocar al Senado para una sesión de emergencia”, dijo. “Habrá una votación para condenar al presidente por delitos graves y faltas; y si el presidente es condenado, se votará para prohibirle que compita nuevamente”.

Cabe aclarar que el Senado no puede condenar al presidente Trump una vez quede deje el cargo  según varios expertos constitucionalistas.

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Consuelo Porras no podrá reelegirse como fiscal general

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La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarla corrupta y antidemocrática, fracasó este lunes en su aspiración de lograr un tercer mandato, lo que el presidente Bernardo Arévalo rechazaba de forma rotunda.

La salida de Porras del Ministerio Público (MP) es considerada clave por activistas y juristas locales e internacionales para atacar la red de corrupción enquistada en el sistema de justicia, que ha hecho tambalear a la frágil democracia guatemalteca.

Porras quedó fuera de la lista de seis candidatos aprobada por la comisión de abogados que los seleccionó para que Arévalo designe al fiscal general que asumirá el cargo el 17 de mayo por los próximos cuatro años.

Arévalo descartó elegir a Porras por considerarla «peligrosa» para el país, pero la propia comisión evaluadora la excluyó, aunque encabezaba una tabla de puntajes que solo consideraba la experiencia y títulos académicos, no la integridad ética.

Sus críticos la consideran operadora del llamado «pacto de corruptos», la élite político-empresarial ultraconservadora que domina el país.

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Masacres en Colombia aumentan un 32% en 2026 y dejan más de 90 víctimas en tres meses

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La situación de seguridad en Colombia muestra una crisis durante el inicio de 2026, con un aumento significativo en las masacres registradas entre enero y marzo. De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Colombia, en ese periodo se contabilizaron 30 hechos que dejaron 94 fallecidos a causa de la violencia, lo que representa un incremento del 32% en comparación con el mismo lapso del año anterior.

Según detalla un artículo de «El Colombiano», las cifras reflejan un problema persistente en distintas regiones del país, donde continúan ocurriendo asesinatos colectivos, definidos como la muerte intencional de tres o más personas en un mismo hecho. Este tipo de violencia evidencia la presencia activa de criminales en varios territorios.

Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz reportó un panorama aún más crítico, con 35 masacres y 133 víctimas durante el primer trimestre de 2026, lo que convierte este periodo en el más violento de la última década en este tipo de crímenes.

Los casos se han concentrado en al menos 34 municipios de 17 departamentos, lo que evidencia una expansión territorial de la violencia, en muchos casos vinculada a disputas entre grupos armados ilegales. Enero y marzo fueron los meses con mayor incidencia, con 13 casos de violencia cada uno, mientras que en febrero se registraron nueve.

El año inició con un hecho que marcó la tendencia. El 3 de enero, en Santander de Quilichao, tres mujeres fueron asesinadas en un mismo hecho violento. El caso, que incluyó ataques en distintos momentos relacionados entre sí, evidenció la gravedad de la situación y el impacto en las comunidades.

La comparación con años anteriores confirma el aumento de la violencia, ya que en el primer trimestre de 2025 se registraron 16 masacres, en 2024 fueron 18 y en 2023 un total de 27 casos. Según Indepaz, entre 2016 y marzo de 2026 se han documentado 729 masacres y 2,657 víctimas en el país, reflejando la persistencia de este fenómeno a lo largo del tiempo.

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Dictador Daniel Ortega arremete contra Trump tras sanciones a sus hijos

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El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, arremetió contra el presidente estadounidense, Donald Trump, a quien calificó de “desquiciado mental”, en respuesta a las recientes sanciones impuestas por Washington contra sus hijos y su entorno cercano.

Durante un acto oficial por el recién inventado Día Nacional de la Paz, Ortega acusó a Trump —sin mencionarlo directamente— de aplicar “políticas terroristas” y le exigió que detenga las guerras y sanciones internacionales.

“No está en sus cinco sentidos”, afirmó el gobernante, de 80 años, quien se mantiene en el poder a fuerza y fraude desde 2007.

Ortega aplicó a Trump el mismo calificativo que en marzo de 2023 le infirió el papa Francisco, quien tildó al dictador nicaragüense de “dictador grosero” y “desequilibrado”.

Lea además: Tres escenarios clave que evidencian el aislamiento político, económico y militar de la dictadura Ortega Murillo

A partir de las protestas sociales de abril de 2018, organismos como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentaron un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.

Los informes atribuyen al aparato estatal, bajo el mando de Ortega y su esposa y coautora Rosario Murillo, la comisión de asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas contra opositores y manifestantes.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua concluyó que altos funcionarios del régimen habrían cometido crímenes de lesa humanidad durante la represión de 2018.

Aquella brutal represión dejó al menos 355 muertos, miles de heridos y una ola masiva de exilio.

Los reportes también describen la consolidación de un modelo de control político que analistas califican como una dictadura dinástica.

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