Internacionales
Cámara aprueba ‘impeachment’ contra Donald Trump por “incitación a la insurrección”
El presidente Donald Trump logró un nuevo récord de infamia. Con 232 votos a favor y 197 en contra, la Cámara de Representantes aprobó el segundo juicio político o proceso de ‘impeachment’ en su contra por “incitación a la insurrección”.
En el debate varios republicanos consideraron que la propuesta de los demócratas tras la toma violenta del Capitolio no ayuda a sanar al país, pero los primeros fueron cuestionados por permitir avanzar el discurso divisorio y teorías de conspiración de Trump. Al final 10 republicanos votaron a favor de la Resolución 24.
“Sabemos que el presidente de Estados Unidos incitó esta insurrección, esta rebelión armada contra nuestro país. Debe irse, es un peligro claro y presente para la nación que todos amamos”, dijo la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi (California).
Agregó que el presidente Trump ha difundido teorías de conspiración sobre el proceso electoral, lo cual afecta el proceso democrático. El momento climático de sus acusaciones fue el miércoles 6 de enero, el día de la invasión al Capitolio, cuando se certificó el voto del Colegio Electoral a favor del presidente electo Joe Biden.
“Llegó ese día incendiario que todos experimentamos. El presidente debe ser acusado”, dijo.
Los republicanos enfrentaron una división, ya que el representante Jim Jordan (Ohio), uno de los fieles seguidores del presidente, pidió la destitución de Liz Cheney (Wyoming) como presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara, debido a su apoyo al proceso contra el mandatario.
En el debate, Jordan acusó a los demócratas de perseguir al presidente Trump, una y otra vez, “de cancelarlo”.
“Siempre se ha tratado de conseguir al presidente pase lo que pase. Es una obsesión, una obsesión que ahora se amplía… Deténganse y piensen en ello. ¿Tiene una Primera Enmienda una función cuando la cultura de la cancelación sólo permite que un lado hable? ¿Cuándo ni siquiera puedes tener un debate en este país?… La cultura de la cancelación vendrá para todos nosotros”.
Aunque respaldo que el presidente Trump debió condenar la violencia en el Capitolio y tiene responsabilidad sobre la actuación de sus simpatizantes, el líder de la minoría en la Cámara, Kevin McCarthy (California), dijo que sería contraproducente aprobar un nuevo juicio en contra del mandatario.
“El presidente es responsable del ataque al Congreso el miércoles por parte de los alborotadores. Debería haber condenado inmediatamente a la turba cuando vio lo que se estaba desarrollando”, expresó. “(Pero) creo que acusar al presidente en tan poco tiempo sería un error. No se han completado investigaciones. No se han realizado audiencias”.
Los republicanos que se sumaron a favor son Dan Newhouse (Washington), John Katko (Nueva York), Jaime Herrera Beutler (Washington), Adam Kinzinger (Illinois), Fred Upton (Michigan), Liz Cheney (Wyoming), Peter Meijer (Michigan), Anthony Gonzalez (Ohio), Tom Rice (Carolina del Sur) y David Valadao (California).
“Creo que este es uno de esos votos que trasciende cualquier tipo de implicación política del momento… Es uno de los que vas a recordar cuando tengas 80 años y será del que hablarás”, dijo Kinzinger a CNN. Agregó que desconoce su futuro político, pero defendió su postura.
El representante Jordan se sorprendió por la cantidad de votos republicanos, ya que hasta casi el final del debate había solamente seis contabilizados.
El oxígeno a teorías de conspiración
Previa al debate sobre el artículo de acusación, los representantes establecieron un debate sobre el procedimiento.
“Nuestros amigos republicanos… apelan a la unidad, pero no reconoce que durante cuatro años varios de ellos oxigenaron las teorías de conspiración de Donald Trump”, lanzó Jim McGovern (Massachusetts).
El republicano Jordan criticó a los demócratas por oponerse al triunfo de Trump en 2016, aunque la demócrata Hillary Clinton ese año aceptó su derrota y llamó a su contendiente para conceder la elección.
Jordan acusó a McGovern y a Jamie Raskin (Maryland) de objetar el triunfo del presidente Trump, por lo que consideró que se manejan don “doble estándar”.
“¿Adivinen quién fue el primero en objetar el 6 de enero de 2017?… El presidente demócrata del Comité de Reglas”, dijo Jordan. “¿Nos dicen que estamos tratando de revertir las elecciones? ¿Adivina quién fue el segundo en presentar objeción en 2017? El individuo que maneja el juicio político para los demócratas”
Raskin es uno de los que redactaron el artículo para el juicio político al mandatario republicano, junto con David Cicilline (Rhode Island); Ted Lieu (California) y Jerrold Nadler (Nueva York).
Esta decisión de la Cámara es la segunda en contra el presidente Trump, quien en 2019 enfrentó junicio político por la colusión de su campaña electoral con el Gobierno ruso, investigación que fue realizada por el fiscal especial Robert Mueller. El mandatario no fue condenado. Ningún otro líder estadounidense ha logrado tan infame récord.
Qué sigue
La presidenta de la Cámara deberá enviar la acusación al Senado, pero el líder de la mayoría Mitch McConnell (Kentucky) confirmó que no habrá tiempo de llevar a cabo el juicio, aunque el líder de la minoría, Charles Schumer (Nueva York), pidió la convocatoria “lo antes posible”.
“Considerando las reglas, procedimiento y los precedentes del Senando sobre los juicios políticos presidenciales, simplemente no hay posibilidad de que un juicio justo y serio pueda concluir antes de que el presidente electo Biden sea jurado la siguiente semana”, dijo en un comunicado. “El Senado ha sostenido tres juicios políticos. Éstos tardaron 87 días, 37 días y 21 días, respectivamente”.
Ahora McConnell indica que ni aunque el proceso avanzara rápido podría llegarse a una decisión pronto, antes del 19 de enero, además de parafrasear al presidente electo Biden sobre una transición segura.
“Incluso si el proceso en el Senado comenzara esta semana y avanzara rápido, no podría lograrse un veredicto final, sino hasta que el presidente Trump deje la oficina. Esta no es una decisión mía; es un hecho”, justificó. “El presidente electo ha dicho que su inauguración en enero 20 es el camino ‘más rápido’ para cualquier cambio en la presidencia”.
Dijo que lo el Congreso y la Presidencia deberán enfocarse a la seguridad del cambio de gobierno.
“A la luz de esta realidad, creo que será mejor servir a nuestra nación si el Congreso y la rama ejecutiva se enfocan completamente los próximos siete días en facilitar una inauguración segura y una ordenada transferencia del poder para la entrante Administración Biden”, asestó.
Schumer consideró que el proceso puede iniciar si hubiera disposición de McConnell, además de adelantar que habrá consecuencias para el presidente Trump.
“Un juicio en el Senado puede comenzar de inmediato con el acuerdo del actual líder de la mayoría… para volver a convocar al Senado para una sesión de emergencia”, dijo. “Habrá una votación para condenar al presidente por delitos graves y faltas; y si el presidente es condenado, se votará para prohibirle que compita nuevamente”.
Cabe aclarar que el Senado no puede condenar al presidente Trump una vez quede deje el cargo según varios expertos constitucionalistas.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
