Judicial
Juez sobresee a Enrique Rais y pone fin al proceso penal
El Juzgado 14 de Paz de San Salvador, decretó sobreseimiento definitivo a favor de Enrique Rais, quien fuese acusado por los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, por los delitos de administración fraudulenta y estafa; que al no ser probados por los acusantes en el tiempo establecido, el caso queda cancelado imposibilitando a los extranjeros a continuar con las acusaciones y extingue las acciones civiles y penales.
En el Código Penal el «sobreseimiento definitivo» procede cuando hay inexistencia de hecho, inexistencia de delito o falta de participación del imputado en el delito; falta de indicios en que fundar la acusación y de previsibilidad de incorporar nuevos elementos en que basar la acusación.
La acusación fue presentada por los canadienses en diciembre del 2013 y marzo 2014, donde estos denunciaron a Rais, un familiar y empleados acusando de malversar fondos de la empresa, además lo demandaron por estafa, donde lo señalaban por transferencia de acciones de la empresa de Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES) indicando que también tenía pagos pendientes por la compraventa de las acciones.
Enrique Rais expuso a los canadienses, previo a estas acusaciones, por extorsión, apropiación o retención indebida, al obligarlo a firmar un acuerdo simulado para pagarles un total de $25 millones, ejerciendo amenazas de dañarlo a él, a su familia y bienes. Por lo que los extranjeros ya tienen orden penal internacional por esta causa.
«Esta resolución es un gran paso para la justicia que como defensa hemos batallado judicialmente para alcanzar y que además demuestra que la persecución penal promovida por la Fiscalía (General de la República) durante la administración de Douglas Meléndez fue arbitraria, fabricada sobre prueba falsa, prueba ilícita y testigos sin rostro (testigos protegidos)», explica Carlos Rubio, apoderado legal de Enrique Rais.
Douglas Meléndez ha sido señalado por la fabricación de casos, lo cual ha sido expuesto por el actual fiscal Raúl Melara, quien indicó que hacían difusión mediática de casos, dejando un lado la y investigación y garantías de pruebas.
La fiscalía tuvo un año para darle seguimiento a este caso, desde el 29 de abril del 2016 al 28 de abril de 2017, sin embargo por ser un caso de importancia mediática, fue hasta el 26 de abril de 218, que la FGR lo abre arbitrariamente, según indica en la resolución el Juez 14 de Paz.
«Tal y como ha quedado reflejado, para citar ejemplos me permito mencionar, ninguna de las diligencias mencionadas y encomendadas por la Cámara Tercera, fue instalada ante este Juzgado(…), a última hora, fiscalía en una especie de lotería, o intento descontrolado bajo una forma de irrespeto a la objetividad, al juez natural, al derecho de audiencia, defensa, principios de inmediación, concentración y contradicción viene y presenta certificaciones de otros juzgados y con base a ello pretendió reaperturar el caso», señala el Juez.
La Organización de las Naciones Unidad (ONU) habría hecho un llamado a detener, el proceso de detención contra Rais, y tomar las medidas necesarias para remediar la situación, por violaciones a los Derechos Humanos dentro de este caso.
«Queda demostrada la falacia contenida en el caso corruptela, que fabricado en actas de confesiones extrajudiciales (de 4 fiscales auxiliares y 2 empleados de la FGR) que después fueron invalidados ante el reconocimiento de sus propios autores que las habían otorgado sin la voluntad plena por coacciones sufridas de los agentes fiscales e investigadores a cargo del caso, donde se sostiene que el Sr. Enrique Rais, compró voluntades para obtener beneficios y ser sobreseído en perjuicio de los canadienses», señala el abogado.
Rubio indicó que el fiscal dilató el proceso y no solicitó la reapertura del caso al no poder demostrarse la calidad de accionistas o de acreedores por parte los denunciantes.
«Cuando ahora la realidad demuestra que fue la Fiscalía bajo administración de Douglas Meléndez que no realizó diligencias para pedir la reapertura al no poder demostrarse la calidad de accionistas o de acreedores por parte de Matteo Pasquale y Franco Pacetti».
Con la resolución del juez, el caso quedaría cerrado, y exonera de acción civil y penal a Enrique Rais y a las demás personas que fueron falsamente acusadas.
A 30 años de prisión fueron condenados dos hombres por el asesinato de otro, en una zona rural de Zacatecoluca, en La Paz.
Según el reporte de la Fiscalía General de la República, Juan Pablo Rodríguez y Martín Antonio Guzmán Fuentes cometieron el crimen en el año 2020.
Ellos se aprovecharon de la confianza que tenían con la víctima de quien sabían que tenía una caja fuerte en su vivienda.
El día del asesinato llegaron con la excusa de hablar con él, pero lo atacaron hasta dejarlo inconsciente.
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Luego que vieron que no se movía, rociaron el cuerpo con gasolina y le prendieron fuego.
Para deshacerse del cuerpo llevaron los restos óseos hasta un pozo seco. Luego que abandonaron el cadáver regresaron a la casa de la víctima y así robarle el dinero que se encontraba en la caja.
Además, le quitaron prendas de oro, reses y sacos con maíz.
De momento, ambos se encuentran prófugos de la justicia, pero debido a las reformas del Código Penal que permite que sean juzgados aunque no estén se les condenó por el delito de homicidio agravado.
En otro caso, Rafael Rauda y José Cuarto, pandilleros del Barrio 18 Sureños, fueron condenados a 20 años de prisión cada uno, por matar a balazos a un hombre mientras trabajaba en una plantación. El crimen ocurrió porque se negó a pagar la extorsión en Santa Cruz Analquito, de Cuscatlán.
Durante la madrugada de, este jueves, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió orden de captura contra 50 personas pertenecientes a una red criminal dedicada al tráfico ilegal de personas. Durante los operativos también participaron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), desarrollando más de 55 ordenes de allanamiento en lugares utilizados por los criminales.
Las autoridades explicaron que esta red criminal operaba de manera ilegal cobrando hasta 16 mil dólares por llevar a las víctimas hacia EE.UU. utilizando las fronteras de El Poy, Chalatenango y Metapán, Santa Ana Norte.
Los fiscales detallaron que la red de traficantes trasladaba a personas de diferentes nacionalidades, entre ellas brasileñas, ecuatorianas y turcas.
La FGR destacó entre los capturados a Roger Alfredo Flores Alvarenga, un fiscal auxiliar que colaboraba con la estructura delincuencial; David Eduardo Linares Linares, Gerardo de Jesús Consuegra Orellana, Emerson Ulises Arriaza Ortega y Daniel Reyes, todos con diferentes roles dentro de la red criminal.
Las autoridades realizaron las capturas y requisas en los departamentos de San Salvador, Santa Ana, La Libertad y La Paz. Los detenidos serán procesados por los delitos de tráfico ilegal de personas y agrupaciones ilícitas.
Judicial
FGR demanda por enriquecimiento y lavado de dinero a exsecretario técnico de la presidencia, Alexander Segovia
La Fiscalía General de la República (FGR) solicito que se procese penalmente al exsecretario técnico de la presidencia, Alexander Ernesto Segovia Cáceres, por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito por un monto de $3,504,235.27 dólares. En el requerimiento se solicita la instrucción formal con detención provisional para el imputado.
El exfuncionario desempeñó dicho cargo entre el 1 de junio del 2009 al 31 de mayo del 2014, durante la gestión del exmandatario Mauricio Funes.
De acuerdo a las investigaciones fiscales, Alexander Segovia se favoreció de los fondos públicos provenientes de los gastos reservados de la Presidencia de la República.
El requerimiento se presentó ante el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador.
Demanda Civil
Alexander Segovia, su excónyuge y su hija, ya enfrenta un proceso civil en la Cámara Primero de lo Civil por enriquecimiento ilícito, a causa de 19 irregularidades detectadas en su incremento patrimonial de forma injustificada por un monto de $279,555.80 dólares.
En su momento, el escrito fue presentado por fiscales de la Unidad Especializada Delitos de Corrupción ante la Cámara Primero de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador.
