Política
Régimen de excepción continuará garantizando la seguridad de la población
Nuevamente, los diputados de la Asamblea Legislativa avalaron, con 67 votos, la vigésima extensión del régimen de excepción con la finalidad de continuar protegiendo la vida de los salvadoreños y de seguir bajo un clima de paz y libertad.
La guerra en contra de los grupos terroristas persiste, pues los resultados son evidentes. Las últimas cifras brindadas por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, reflejan que con la implementación del régimen de excepción se ha logrado capturar a 73,272 terroristas, han decomisado un total de 3,364 armas de fuego, 6,174 vehículos relacionados a actos vandálicos y 18, 223 celulares utilizados para extorsionar a la población.
Las autoridades informaron que con dicho régimen, que estará vigente por otros 30 días, se han incautado $3 millones en efectivo y han logrado decomisar más de 6.2 toneladas de drogas.
“Pareciera obra de un milagro lo que estamos viviendo, ya que los números no mienten. No queda más que darle gracias a Dios por lo que estamos viviendo y al mandatario Nayib Bukele por la decisión valiente que tomó en el momento”, manifestó el presidente de este órgano de Estado, Ernesto Castro.
En la sesión plenaria número 131, los legisladores recordaron que el país se aplicó este mecanismo desde el 27 de marzo de 2022 y a partir de esa fecha se ha garantizado la seguridad y libertad en barrios y colonias, que históricamente fueron dominados por estructuras delincuenciales.
“Estamos reconstruyendo el país y no vamos a dejar solo al presidente Bukele, porque tiene 56 diputados respaldando las propuestas que van a beneficio de la población salvadoreña. Nosotros no vamos a volver atrás nunca más”, comunicó el diputado Edgardo Mulato, quien dijo que los legisladores de la oposición solo emiten sus votos a favor cuando les conviene y no en pro de las familias salvadoreñas.
Las cifras positivas para el país
A raíz del régimen de excepción, la tasa de homicidios también ha reducido. En 2021, el porcentaje de muertes violentas cerró el año con 18.1 % y hoy las proyecciones apuntan a que 2023 se cerrará con una tasa de 2.3 %, comparable con la de Canadá.
Incluso, en la región centroamericana El Salvador supera por mucho a Guatemala y Honduras, naciones que reportan más de 2,000 asesinatos; mientras que Costa Rica, que en el pasado era considerado como el país más seguro del istmo, ha superado las 700 muertes a causa de la violencia en los primeros 10 meses de este año.
Las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC) indican que entre el pasado 1 de enero y el 1 de noviembre se registraron 131 homicidios a escala nacional.
“El fenómeno de las estructuras terroristas estaba arraigado en nuestro país, de una manera psicológica y social, dentro del modo de vida de los salvadoreños. Los gobiernos anteriores les entregaron el control total del territorio nacional y se lo arrebataron a las familias”, expresó el parlamentario Mauricio Ortiz.
El legislador, que pertenece a la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad, señaló que el negocio de la violencia fortaleció al crimen organizado, obteniendo así en 2015 una tasa de homicidios de más del 100 % por cada 100 mil habitantes.
“Esos gobiernos hacían la burla de aplicar medidas para atacar a estos grupos criminales, pero no servía más que para desfalcar el Estado”, afirmó.
Como parte de los preparativos de cara a los comicios generales de 2027, la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) prevé desarrollar 66 misiones de verificación del proceso de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) en el exterior.
El director propietario de la JVE por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Alexis Zepeda, aseguró que el derecho al voto de la diáspora está garantizado para los comicios del 28 de febrero de 2027.
«Nosotros tenemos un presupuesto para hacer las misiones de fiscalización en el extranjero. Tenemos más de 66 misiones para el voto en el presupuesto extraordinario, divididas entre los 11 institutos políticos que conformamos la JVE», explicó Zepeda.
Señaló que este proceso de fiscalización iniciará en septiembre próximo, con base en las coordinaciones que se hagan con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las oficinas del RNPN ubicadas en diferentes países y consulados de El Salvador serán visitadas por la JVE con el propósito de verificar el debido proceso de emisión del DUI.
Zepeda reiteró que en las misiones en el extranjero, así como en las previstas en territorio nacional, participan los directores que representan a los 13 institutos políticos.
A la vez, dijo que estas misiones permitirán hacer un diagnóstico de las ciudades donde hay más concentración de salvadoreños.
En el territorio nacional también se desarrollará el proceso de fiscalización de duicentros, identificando los que tiene mayor afluencia.
Asimismo, enfatizó que la renovación masiva del DUI es importante para que la población tenga actualizado su documento y pueda ejercer su voto.
«Es fundamental que la gente esté en orden para aparecer en los padrones electorales. Si alguien no aparece en el padrón electoral, no puede ejercer el sufragio. Hemos solicitado, como Junta de Vigilancia Electoral, una audiencia para reunirnos con la junta directiva del RNPN para ver el plan de acción [de duización masiva]», indicó Zepeda.
Por otra parte, señaló que como JVE están verificando que se cumplan los tiempos establecidos en el calendario electoral publicado por el TSE
Zepeda comentó que las coordinaciones con el organismo colegiado y la JVE «son excelentes», y permiten desarrollar un proceso de fiscalización apegado a la ley
«Por mandato de ley se establece que verificamos el calendario electoral. Vamos viendo por tiempos cómo se va realizando todo el proceso en que se está organizando una elección. La relación que tenemos con el actual Tribunal Supremo Electoral, para mí, es una de las mejores de la historia», aseveró.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reiteró que participará en las elecciones legislativas del 28 de febrero de 2027 con el objetivo de buscar un tercer período como diputado del partido Nuevas Ideas.
Castro señaló que su decisión responde a que aún considera que hay muchas cosas por hacer en el país, aunque aclaró que primero deberán cumplirse los procesos correspondientes, como las elecciones internas del partido y el proceso electoral.
Indicó que mantendría su forma de trabajo con puertas abiertas a la población, comunicadores y creadores de contenido, y aseguró que no permitirá el regreso de prácticas del pasado, como la corrupción y el despilfarro.
Además, afirmó que la historia ha mostrado las razones por las que, según él, la población no apoya a la oposición en la Asamblea Legislativa.
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la operación militar para detener a Nicolás Maduro, acusado por Washington de dirigir un cartel de narcotráfico.
«El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su ac El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su actuación se dirige contra una organización criminal transnacional. Combatir el narcotráfico es una preocupación legítima y compartida por las democracias. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando el poder se ejerce sin límites democráticos, incluso frente a enemigos reales, se corre el riesgo de reproducir aquello que se dice combatir», reaccionó en X.
La legisladora sostuvo que el desafío para la región no es solo combatir el crimen organizado, «sino hacerlo sin convertir la excepción en regla ni debilitar el Estado de derecho. Sin instituciones activas no hay democracia que resista».
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reaccionó a la publicación de la legisla dora. «Entiendo, entonces, lo siguiente: Usted rechaza las acciones gracias a las cuales EE. UU. ha capturado a Nicolás Maduro. Además, condena el “poder sin límites” refiriéndose al presidente Trump».
«También deja claro que DESLEGITIMA todo lo que hará el presidente Trump en Venezuela», agregó Castro. Sin embargo, Maduro y sus aliados han convertido las instituciones venezolanas en un semillero de corrupción.
