Política
Régimen de excepción continuará garantizando la seguridad de la población
Nuevamente, los diputados de la Asamblea Legislativa avalaron, con 67 votos, la vigésima extensión del régimen de excepción con la finalidad de continuar protegiendo la vida de los salvadoreños y de seguir bajo un clima de paz y libertad.
La guerra en contra de los grupos terroristas persiste, pues los resultados son evidentes. Las últimas cifras brindadas por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, reflejan que con la implementación del régimen de excepción se ha logrado capturar a 73,272 terroristas, han decomisado un total de 3,364 armas de fuego, 6,174 vehículos relacionados a actos vandálicos y 18, 223 celulares utilizados para extorsionar a la población.
Las autoridades informaron que con dicho régimen, que estará vigente por otros 30 días, se han incautado $3 millones en efectivo y han logrado decomisar más de 6.2 toneladas de drogas.
“Pareciera obra de un milagro lo que estamos viviendo, ya que los números no mienten. No queda más que darle gracias a Dios por lo que estamos viviendo y al mandatario Nayib Bukele por la decisión valiente que tomó en el momento”, manifestó el presidente de este órgano de Estado, Ernesto Castro.
En la sesión plenaria número 131, los legisladores recordaron que el país se aplicó este mecanismo desde el 27 de marzo de 2022 y a partir de esa fecha se ha garantizado la seguridad y libertad en barrios y colonias, que históricamente fueron dominados por estructuras delincuenciales.
“Estamos reconstruyendo el país y no vamos a dejar solo al presidente Bukele, porque tiene 56 diputados respaldando las propuestas que van a beneficio de la población salvadoreña. Nosotros no vamos a volver atrás nunca más”, comunicó el diputado Edgardo Mulato, quien dijo que los legisladores de la oposición solo emiten sus votos a favor cuando les conviene y no en pro de las familias salvadoreñas.
Las cifras positivas para el país
A raíz del régimen de excepción, la tasa de homicidios también ha reducido. En 2021, el porcentaje de muertes violentas cerró el año con 18.1 % y hoy las proyecciones apuntan a que 2023 se cerrará con una tasa de 2.3 %, comparable con la de Canadá.
Incluso, en la región centroamericana El Salvador supera por mucho a Guatemala y Honduras, naciones que reportan más de 2,000 asesinatos; mientras que Costa Rica, que en el pasado era considerado como el país más seguro del istmo, ha superado las 700 muertes a causa de la violencia en los primeros 10 meses de este año.
Las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC) indican que entre el pasado 1 de enero y el 1 de noviembre se registraron 131 homicidios a escala nacional.
“El fenómeno de las estructuras terroristas estaba arraigado en nuestro país, de una manera psicológica y social, dentro del modo de vida de los salvadoreños. Los gobiernos anteriores les entregaron el control total del territorio nacional y se lo arrebataron a las familias”, expresó el parlamentario Mauricio Ortiz.
El legislador, que pertenece a la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad, señaló que el negocio de la violencia fortaleció al crimen organizado, obteniendo así en 2015 una tasa de homicidios de más del 100 % por cada 100 mil habitantes.
“Esos gobiernos hacían la burla de aplicar medidas para atacar a estos grupos criminales, pero no servía más que para desfalcar el Estado”, afirmó.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
