Judicial
Fiscalía pide sigan en prisión capturados durante el Cerco de San Marcos
La Fiscalía General de la República presentó este viernes la solicitud de imposición de medidas en contra de 5 personas capturadas durante el cerco de seguridad de San Marcos, tras acusarlos de ser miembros de la MS.
Los sospechosos serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas y han sido identificados como German Ismael Salazar Rodríguez, Marvin Daniel Mejía Fuentes, Jorge Luis Ramírez Merino, William Ernesto Ortiz Ramos y Óscar Aparicio Martínez Ventura.
«Todos pertenecen a las clicas San Marcos locos salvatruchos, San tomas locos salvatruchos y Octubres liros locos salvatruchos», aseguró la FGR.
La solicitud se presentó ante el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador.
La madrugada del lunes 28 de octubre, el presidente Nayib Bukele ordenó el despliegue de 2,000 soldados y 500 policías en la colonia 10 de Octubre, luego que la ciudadanía asegurara haber detectado a un grupo de presuntos pandilleros en el lugar.
«Inteligencia policial ha determinado que en la colonia 10 de Octubre, en San Marcos, San Salvador Sur, se encuentra un grupo de pandilleros escondidos», escribió Bukele en su cuenta de X. Según el mandatario, con este despliegue buscan «extraer hasta el último pandillero que se encuentre en el área».
Bukele acompañó su publicación con un video de la formación de los militares y policías en el cuartel El Zapote, en San Salvador, y posteriormente el despliegue de las fuerzas de seguridad en las calles.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo por su parte: «vamos a seguir capturando a estos remanentes terroristas, con contundencia vamos a demostrarles que en este país el control del territorio le pertenece al Estado y a los salvadoreños de bien».
En cuanto al ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, señaló: «Estamos estableciendo un cerco militar junto con la Policía Nacional Civil, la metodología es sabida, cercamos el lugar, y luego junto con la policía se extrae del sitio cercado aquellos delincuentes, de los cuales ya tenemos los archivos, los perfiles de ellos, que son los que se pueden encontrar en estos sectores», dijo.
La Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro, con sede en Santa Tecla, ha declarado culpable al exfiscal General de la República, Luis Antonio Martínez González, por el delito de enriquecimiento ilícito durante su gestión entre 2012 y 2015. Según el fallo, se comprobó un aumento injustificado en su patrimonio, que asciende a $71,736.62, cifra que incluye depósitos bancarios y pagos de tarjetas de crédito, así como discrepancias entre su disponibilidad financiera y sus gastos.
Como resultado de esta condena, el exfiscal deberá restituir la suma mencionada al Estado de El Salvador y queda inhabilitado para ocupar cualquier cargo público por un período de diez años. La decisión de la Cámara resalta la importancia de la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.
La Fiscalía General de la República (FGR) giró 15 órdenes administrativas (de captura) en diferentes departamentos del país contra una estructura criminal integrada por falsos abogados y notarios que ofrecían servicios legales a los ciudadanos para estafarlos.
Según el reporte fiscal, entre los capturados está Juan Alberto Platero, de quien se informó es hijo de un notario que ya falleció; es señalado de utilizar el nombre y protocolo de actuación de su padre para elaborar documentación falsa.
Platero le hacía creer a las víctimas mediante las redes sociales que tenía más de 15 años de ejercer la profesión, sin embargo, las investigaciones fiscales determinaron hasta este año la Corte Suprema de Justicia lo había certificado como tal de acuerdo con los registros que la institución publica en su portal oficial.
«Ocupaba el nombre de su padre para crear documentos falsos, este sujeto no devuelve los sellos, su padre muere en 2013 y el centro nacional de registros se dio cuenta de que se estaban prestando instrumentos (legales), al parecer, firmados por este notario», explicó una de las fiscales de la Dirección para la Defensa de los Intereses del Estado.
La fuente fiscal detalló que se trata de un grupo criminal dedicado a estafar a personas que necesitan solventar problemas legales, para lo cual, contra a los señalados en calidad de abogados, cuyos instrumentos legales que presentaban a diferentes instituciones se determinó eran falsos.
Las víctimas contrataban a los abogados para efectuar trámites de escrituración de inmuebles y otros asuntos legales.
Los delitos que se le atribuyen al grupo criminal son: agrupaciones ilícitas, falsedad material, falsedad ideológica, estafa agravada, ejercicio ilegal de la profesión y fraude procesal.
Otros detenidos son Miguel Ramírez Moreno, Walter René Martínez Romero, Amanda María Bolaños Pacheco, José Ezequiel García, William Geovany Beltrán Romero, Haydee Guadalupe García Beltrán, Julián Enrique Galicia González y Coni Margarita Chachagua de Galicia.
En los próximos días serán presentados ante los tribunales correspondientes, informó el ministerio público.
La Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla, La Libertad, enjuicia en audiencia probatoria al exfiscal general Luis Martínez por enriquecimiento ilícito de $71,736.62.
La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República pretende que sea condenado a pagar al Estado el monto con el que se enriqueció de manera ilícita y lo inhabilite para ejercer un cargo público por un plazo de 10 años.
Al exfiscal, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó el 29 de noviembre de 2016, enjuiciarlo por enriquecimiento ilícito tras encontrarle una serie de irregularidades que no pudo justificar ante la Sección de Probidad justificar ante la Sección de Probidad.
«La Sección de Probidad le detectó irregularidades consistentes en pago de deudas, pagos de tarjetas de crédito propias y ajenas, una diferencia negativa entre sus saldos de ingresos y egresos» dijo uno de los fiscales del caso.
La demanda fue admitida el 9 de enero de 2018 por la Cámara de lo Penal y tras ocho años de estar en sede judicial se ha llegado a la última audiencia del juicio civil en la cual se definirá si el exfuncionario se enriqueció o no ilícitamente.
La CSJ ordenó el proceso en contra del exfuncionario, su esposa Carla Francesca García Rossi de Martínez y su hijo Luis Carlos Martínez García, pero tras apelaciones presentadas por abogados permitieron que los parientes del exfuncionario fueran excluidos.
Luis Martínez, fungió como Fiscal General de la República del 4 de diciembre del 2012 al 12 de diciembre de 2015.
El ministerio público ha ofrecido como prueba una pericia financiera con el fin de acreditar el incremento patrimonial no justificado de Martínez mientras fungió como titular de la Fiscalía General de la República.
También el exfuncionario estaría rindiendo su declaración con el fin de ejercer su derecho de aportación de prueba para que la Cámara la valore al momento de emitir la resolución.
