Internacionales
7 mil migrantes avanzan desde el sur de México hacia EE. UU.
Cerca de 7.000 migrantes avanzan por el sur de México hacia Estados Unidos, en una de las mayores caravanas que han salido de la localidad de Tapachula, fronteriza con Guatemala, en más de un año. Los migrantes se quejan de la falta de acción luego de los anuncios hechos en la Cumbre Migratoria de Latinoamérica, el pasado 22 de octubre. Muchos de ellos llevaban meses varados por la falta de permisos para transitar por territorio mexicano hacia la frontera norte.
«En Venezuela las cosas están muy duras, no podemos vivir con el dinero que tenemos, no nos alcanza, y por eso nos vamos a Estados Unidos», dice Óscar Gutiérrez, un migrante venezolano que viaja con su esposa y dos hijas.
Gutiérrez forma parte de la caravana de migrantes, en su mayoría centroamericanos y venezolanos, que el lunes 30 de octubre partió desde la ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas, sur de México, con el objetivo de llegar a la frontera con Estados Unidos.
Los migrantes han decidido mantener su recorrido pese a la formación de la tormenta tropical Pilar, que puede provocar fuertes lluvias en Centroamérica y partes del sur de México, país recién azotado por el huracán Otis.
“Aquí nos vamos a quedar, vamos a valorar cómo viene el huracán y aquí vamos a quedarnos a descansar”, señaló Irineo Mujica, director de la ONG Pueblos sin Fronteras y organizador de la caravana, justo cuando cuando los migrantes llegaron hasta la comunidad de Álvaro Obregón, a unos 15 kilómetros de Tapachula.
Escoltado por funcionarios de protección civil y ambulancias, el grupo, integrado por cerca de 7.000 personas, según Pueblos Sin Fronteras, avanza este 31 de octubre hacia el norte de México, muchos de ellos luego de haber esperado sin respuesta por varios meses un permiso de tránsito del Instituto Nacional de Migración (INM).
Mujica dijo a los periodistas que la mayoría de los integrantes de esta última caravana son ciudadanos de Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela.
La localidad mexicana de Tapachula, en el estado de Chiapas y epicentro de una persistente crisis migratoria por su cercanía con Guatemala, se ha convertido en un punto de concentración de extranjeros que se ven obligados a esperar durante meses por sus permisos de tránsito.
Miles de esos migrantes, la mayoría provenientes de Centroamérica o que han atravesado la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, se aventuran cada año a caminar luego de meses de espera sin respuesta por el permiso del Gobierno mexicano para poder transitar por el país.
El de ahora es, sin embargo, el grupo más grande que se lanza a hacer ese recorrido desde la Cumbre de las Américas de junio de 2022, cuando la cita se centró, precisamente, en el tema de la migración y se armó una caravana, luego disuelta, de al menos 6.000 personas que buscaban llamar la atención de los líderes continentales sobre su situación.
Irineo Mujica explicó a periodistas que, en esta ocasión, los migrantes decidieron dejar Tapachula ante la imposibilidad de obtener los documentos migratorios. Según el director de la ONG, algunos migrantes varados en Tapachula se ofrecieron a viajar a Acapulco, el balneario mexicano azotado por el huracán Otis, para trabajar como obreros en la reconstrucción de los municipios afectados, pero no recibieron una respuesta.
Sin embargo, este 29 de octubre, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que aglutina al sector privado mexicano, anunció la instalación de una mesa de trabajo, junto con la ONU y la organización Agenda Migrante, para detectar ofertas laborales para esta población.
Exigen una respuesta regional a la crisis migratoria
La salida de esta caravana tiene lugar en medio de un flujo migratorio “sin precedentes”, de acuerdo con la Organización Internacional de las Migraciones (OIM). El Gobierno mexicano estima que hasta 16.000 migrantes llegan cada día a las fronteras de México.
Y varios albergues de Tapachula se han declarado en emergencia.
“Todo por ellos” explicó que recibe a unos 6.000 migrantes de manera mensual, mientras que el refugio Belén, ubicado en la entrada de la ciudad, tiene alrededor de 500 migrantes, con lo que supera su capacidad tres veces.
Mientras, datos oficiales de Panamá indican que para septiembre pasado habían cruzado la selva del Darién más de 385.000 personas, frente a los 248.000 de todo 2022, el mayor número hasta ahora.
En la búsqueda de soluciones, una decena de gobiernos de países latinoamericanos, entre ellos algunos de los principales emisores de migrantes en la región, como Venezuela, Honduras o Cuba, presentaron el pasado 22 de octubre un plan para reducir el flujo migratorio hacia el norte del continente.
En una reunión, en Chiapas, México, acordaron impulsar el empleo digno, la autosuficiencia alimentaria y solicitar la ampliación de visas y programas de trabajo en Estados Unidos y Canadá.
Frente a ello, este 30 de octubre el Departamento de Estado presentó un informe sobre su programa de Oficinas de Movilidad Segura, creado para agilizar los trámites de refugiados y otros permisos migratorios.
Según ese balance, unas 61.000 personas solicitaron acceder a los centros de procesamiento de migrantes abiertos por Estados Unidos en Colombia, Costa Rica y Guatemala.
Sin embargo, solo el 8 % de los inscritos han sido remitidos para un «posible reasentamiento» en EE.UU., dijo a periodistas la encargada de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado, Martha Youth.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que busca la reelección en 2024, ha planteado abordar el tema con varios líderes latinoamericanos. El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que tiene planeado hablar con Biden sobre las conclusiones de la cumbre migratoria del 22 de octubre.
La región de Cachemira vuelve a ser escenario de un preocupante repunte de tensiones entre India y Pakistán, tras un atentado que dejó 26 muertos.
Desde que un ataque armado acabó con la vida de 26 hombres en la parte india de Cachemira, la comunidad internacional temía una nueva escalada entre las dos potencias nucleares. Esa preocupación se materializó este miércoles con bombardeos cruzados a lo largo de la Línea de Control, la frontera de facto que divide la región en disputa.
La India anunció haber lanzado la Operación Sindoor, una ofensiva dirigida contra lo que describió como «infraestructuras terroristas en Pakistán», desde donde —según Nueva Delhi— se planearon ataques contra su territorio. En respuesta, el ejército pakistaní denunció bombardeos en al menos tres zonas de su país, incluyendo la ciudad de Muzaffarabad, en la Cachemira administrada por Pakistán, y Bahawalpur, en la región fronteriza de Punyab.
De acuerdo con el ministro de Defensa pakistaní, Khawaja Asif, los ataques causaron al menos tres muertes civiles, entre ellas la de un niño. Corresponsales de la AFP en Cachemira y Punyab reportaron fuertes explosiones en las áreas afectadas, mientras que periodistas del lado indio también escucharon múltiples detonaciones cada vez más cercanas.
El portavoz del ejército pakistaní, teniente general Ahmed Chaudhry, advirtió que su país “responderá en el momento que elija”, mientras que Nueva Delhi acusó a Islamabad de violar el alto al fuego con disparos de artillería en sectores como Bhimber Gali y Poonch-Rajauri.
En medio del incremento de tensiones, las fuerzas armadas indias aseguraron haber respondido de manera “apropiada y calibrada”, destacando que su ofensiva evitó objetivos militares paquistaníes y se centró en grupos vinculados a Lashkar-e-Taiba (LeT), una organización yihadista con base en Pakistán y relacionada con el atentado de Bombay de 2008.
Uno de los blancos del ataque indio fue la mezquita Subhan en Bahawalpur, señalada por inteligencia india como punto de actividad de LeT. “Nuestra acción es específica y busca evitar una escalada. Hemos ejercido considerable moderación”, declaró el gobierno indio, insistiendo en que su objetivo es hacer rendir cuentas a los responsables del atentado del pasado 22 de abril.
La escalada armada coincide con un nuevo frente de confrontación: el recurso hídrico. India amenazó con cortar el suministro de agua de varios ríos que nacen en su territorio y fluyen hacia Pakistán. Incluso anunció la suspensión de su participación en el tratado bilateral de 1960 que regula el uso del agua en la cuenca del río Indo. El primer ministro Narendra Modi afirmó que el flujo de agua “se detendrá” si beneficia a enemigos externos.
Pakistán, por su parte, ha detectado una disminución inusual en el caudal del río Chenab. “Estamos observando cambios que no son naturales”, dijo el ministro de Riego de Punyab, Kazim Pirzada.
La creciente tensión ha generado alarma entre analistas internacionales, que temen una confrontación abierta entre dos naciones con armamento nuclear. En los últimos días, se han registrado intercambios de fuego con armas ligeras entre soldados en la frontera, aunque sin víctimas confirmadas hasta el momento.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su esperanza de que las hostilidades “terminen muy pronto”, mientras Pakistán convocó a su Comité de Seguridad Nacional para analizar la situación.
Internacionales
Opositores venezolanos refugiados en embajada argentina llegan a EE. UU. tras operación de rescate
Caracas — Un grupo de activistas venezolanos, colaboradores de la líder opositora María Corina Machado, fue evacuado a Estados Unidos desde la embajada argentina en Caracas, donde permanecían refugiados desde el 20 de marzo de 2024. Su entrada al recinto diplomático se produjo en medio de una ola de arrestos ocurrida antes de las elecciones del 28 de julio, en las que el presidente Nicolás Maduro fue declarado ganador para un tercer mandato, entre denuncias de fraude electoral.
Inicialmente, seis personas se resguardaron en la sede diplomática. Sin embargo, en diciembre de 2024, uno de ellos, Fernando Martínez Mottola, se entregó a las autoridades y posteriormente recibió libertad condicional. Martínez Mottola falleció el 26 de febrero de 2025 debido a complicaciones de salud.
Los cinco activistas restantes aguardaban un salvoconducto para abandonar el país, medida que no fue otorgada por el régimen venezolano.
La evacuación fue confirmada por el senador estadounidense Marco Rubio a través de la red social X. “Estados Unidos saluda la exitosa operación de rescate de todos los rehenes del régimen de Maduro en la embajada argentina de Caracas”, expresó. Añadió que, tras una operación precisa, “todos los rehenes se encuentran ahora a salvo en territorio estadounidense”, sin ofrecer mayores detalles.
El jefe de la diplomacia estadounidense calificó al gobierno de Maduro como un régimen ilegítimo, acusándolo de socavar las instituciones democráticas, violar los derechos humanos y poner en riesgo la seguridad regional. Rubio agradeció a los actores involucrados en la operación y a los socios internacionales que colaboraron en la liberación de los activistas.
Internacionales
Colombia captura a más de 200 miembros del Clan del Golfo tras intensos operativos de seguridad
El lunes, las autoridades colombianas informaron sobre la captura de más de 200 integrantes del Clan del Golfo, el cartel narcotraficante más grande del país, responsable de implementar un violento «plan pistola» que ha dejado al menos 20 miembros de la fuerza pública muertos.
Desde el 15 de abril, un total de 217 miembros de este grupo armado han sido detenidos en una serie de operativos coordinados, como parte de la respuesta del gobierno ante los ataques perpetrados por el Clan del Golfo, cuyo impacto ha desbordado la seguridad en varias regiones del país. Además, otros 15 narcotraficantes fueron abatidos, y se incautaron 6,8 toneladas de estupefacientes, 123 armas de fuego y más de 15,000 municiones, según el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares.
La violencia del Clan del Golfo, un grupo paramilitar que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia, ha escalado en los últimos meses. Desde finales de abril, el presidente Gustavo Petro denunció que el cartel implementó una estrategia de «asesinato sistemático» de miembros de la fuerza pública, una táctica que recuerda a las guerras del narcotraficante Pablo Escobar en los años noventa. En el marco de estos ataques, se ha establecido una recompensa de hasta $3,500 por cada policía muerto.
El Clan del Golfo, que tiene más de 7,500 miembros, se dedica principalmente al tráfico de cocaína y es considerado uno de los carteles más poderosos del país. En 2022, este grupo ya había recurrido a un «plan pistola» como respuesta a la extradición a Estados Unidos de su antiguo líder, alias Otoniel.
El Ministerio de Defensa también informó que, desde el 15 de abril, los ataques de grupos ilegales y rebeldes han cobrado la vida de al menos 18 policías y 17 militares, en lo que se considera el peor pico de violencia que ha vivido Colombia desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016. A pesar de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y la disidencia de las FARC, las conversaciones no han avanzado, dejando al país en medio de una grave crisis de seguridad.
