Judicial
$5.2 millones reclama la Fiscalía a exfuncionarios acusados de enriquecimiento ilícito
Más de $5 millones suman las demandas por enriquecimiento ilícito que la Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado en lo que va de 2024 ante distintas cámaras contra cinco exfuncionarios de los dos gobiernos del FMLN y un exdiputado de ese partido político.
De acuerdo con datos del ministerio público, las demandas presentadas en lo que va de este año ascienden a $5,298,715.02.
Las acusaciones se enmarcan en la guerra contra la corrupción que el presidente Nayib Bukele anunció el 1.º de junio de 2023, cuando señaló la importancia de atacar ese flagelo en todos los niveles y destacó que, gracias a las reformas aprobadas por la pasada Asamblea Legislativa, los delitos de corrupción no prescriben, ya que no importa cuando se han cometido.
«Declaramos la guerra contra la corrupción. Así como actuamos contra los pandilleros actuaremos contra los delincuentes de cuello blanco, vengan de donde vengan. No importa si robó hace uno, cinco o 30 años, porque les recuerdo que los delitos de corrupción ya no prescriben», afirmó el gobernante en esa oportunidad. Estos son los cinco acusados por la Fiscalía en lo que va de este año.
Una de las cantidades más grandes que la FGR pretende que se reintegre al Estado son $3,892,095.46, fortuna con la que el ex secretario privado de la presidencia Francisco José Cáceres Zaldaña y su grupo familiar se habrían enriquecido ilícitamente.
El exfuncionario ocupó dicho cargo durante la gestión de Mauricio Funes entre 2009 y 2014. El caso se presentó en mayo ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla, donde se le reclama el monto de $3,541,407.87 por 44 irregularidades en depósitos en efectivo y en cheques de cuentas de ahorro por pagos de préstamos y de tarjetas de crédito.
La demanda incluye a su cónyuge, Reina Guadalupe Flores de Cáceres, a quien le señalan 11 inconsistencias en depósitos en cuenta de ahorro, la adquisición de vehículos y de inmuebles por un monto de $346,553.85; y a su hija, Mariana Cáceres Flores, se le ha observado una irregularidad en depósitos a cuenta corriente por $6,133.74.
El ministerio público informó que el proceso civil se basa en el informe de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó este año un juicio civil contra el exfuncionario por las irregularidades presentadas en sus declaraciones patrimoniales.
El segundo monto más alto demandado es $572,015.22 y se le reclama al exministro de Turismo Napoleón Duarte y su grupo familiar. Duarte Durán fungió como ministro de Turismo, director del Concejo Salvadoreño del Café y presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur), cargos que desempeñó entre 2009 y 2019.
El reporte fiscal indica que al exfuncionario se le reclama el monto de $126,083.98 por 21 irregularidades que no justificó en depósitos bancarios, pago de tarjetas de créditos y diferencias entre los ingresos y los egresos.
En cuanto a su esposa, María Cristina Benítez de Duarte, se le demanda por $79,344.53, producto de cuatro irregularidades relacionadas con depósitos a plazo, adquisición de vehículo y diferencia negativa en sus gastos e ingresos.
En lo que respecta a su hijo, José Napoleón, responderá civilmente por 23 irregularidades equivalentes a $218,904.74. También, su hija, María Cristina, enfrenta la demanda por nueve irregularidades que no justificó y suman $64,919.42.
Y su otro hijo, Juan Carlos, está demandado por 15 irregularidades por $82,762.55. Los hijos del demandado no justificaron compras de automóviles, pagos de tarjetas de créditos y depósitos bancarios
El Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango condenó a tres años de prisión a Cristian Alfonso Stanley Castaneda Hernández.
por el delito de hurto agravado en perjuicio de la parroquia Santa María de Guadalupe en Soyapango.
Otros dos implicados en el hecho fueron procesados previamente mediante un procedimiento abreviado, en el que pagaron $5,000 en concepto de responsabilidad civil por los daños causados a la parroquia.
Castañeda Hernández también está siendo procesado en otro juzgado por un delito distinto.
El reporte da cuenta que en la madrugada del 3 de abril de 2023, los condenados entraron a la iglesia y sustrajeron dinero en efectivo, objetos consagrados, una planta eléctrica, una consola de sonido, entre otros bienes de valor.
Posterior a eso, los tres imputados se reunieron en una gasolinera cercana, ubicada en la colonia El Pepeto para contar el dinero. La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Cristian, días después, el 6 de abril.
Gracias a las abundantes pruebas que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó en juicio, Gustavo Edenilson Vásquez Sánchez, Jonathan Alexander Umaña Anaya, Benjamín Enrique Cornejo Guevara y Carlos Enrique Reyes López fueron condenados a 20 años de prisión por haber asesinado a una persona que laboraba como repartidor de comida.
Los imputados fueron perfilados como miembros del Barrio 18. De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, estos pandilleros cometieron el crimen el 25 de febrero del 2022, mientras la víctima realizaba las tareas propias de su trabajo.
Los cuatro pandilleros condenados y otros dos, lo bajaron de su motocicleta, lo privaron de libertad y se lo llevaron a una zona rural del cantón Cuyagualo, jurisdicción de Lourdes Colón, La Libertad Oeste, en donde lo asesinaron con arma de fuego.
Tras conocer el crimen, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla validó toda la prueba de cargo que presentó el ente fiscal y les impuso la respectiva condena por el delito de homicidio agravado.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador instaló este jueves, por segunda vez, un juicio contra el periodista y exdiputado, Raúl Beltrán Bonilla, por la demanda de calumnia y difamación en perjuicio de José Orbilio Valladares Ortíz, mejor conocido como «José Youtuber».
El nuevo juicio contra Beltrán Bonilla responde a que la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador anuló la sentencia de otro de los jueces del tribunal que conocerá por segunda vez. El 5 de septiembre la acusación del youtuber fue declarada nula, dándole la razón a Bonilla, que en el proceso no se agotaron los procedimientos, siendo una solicitud de rectificación y respuesta a la radio YSKL, donde se dieron las declaraciones de calumnia y difamación.
El proceso se originó porque a principios del 2021, Beltrán Bonilla a través de un video en redes sociales afirmó que Valladares tenía una plaza fantasma de $900 con un partido político en la Asamblea Legislativa. Así mismo, habría ofendido al youtuber por su preferencia sexual.
