Política
Presupuesto de Vivienda 2022 se destinará a reducir déficit habitacional, expuso ante Comisión de Hacienda la ministra Michelle Sol
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa recibió a la ministra de Vivienda, Michelle Sol, para conocer los proyectos en los que la entidad invertirá en 2022 los fondos asignados en el Presupuesto General del Estado.
Con una asignación de $17,615,370, la funcionaria destacó los proyectos destinados a la reducción del déficit habitacional en el país, entre ellos el programa de mejoramiento de viviendas para familias de escasos recursos a escala nacional, para lo que se ha destinado $1,000.000, y en donde se trabaja de forma articulada con los alcaldes para desarrollar los proyectos.
También ejecutan el Programa Nacional de Atención a Emergencias Habitacionales para atender necesidades de vivienda a familias que se ven afectadas en situaciones de emergencia habitacional, ya sea por desastres naturales o accidentes, para lo que se han destinado $2,000.000; y para la construcción y dotación de vivienda social para familias en condiciones de vulnerabilidad, a escala nacional, la entidad ha destinado $2,000.000.
Sol destacó el programa de desarrollo denominado «Mi primera vivienda» dirigido a profesionales, matrimonios jóvenes y madres solteras a nivel nacional, para lo que se ha destinado $2,000.000, así como intervenciones urbanas por $5,650,000.
Otro programa es el rescate de la Función habitacional en el Centro Histórico de San Salvador, mediante la implementación de cooperativas de vivienda por ayuda mutua, que asciende a $5,000.000.
El diputado de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, destacó el trabajo que Vivienda ha realizado y manifestó la intención, a futuro, de incrementar el presupuesto de esa cartera de Estado para beneficiar a más salvadoreños.
La titular de Vivienda también destacó durante la Comisión que las pasadas administraciones “hicieron casi nada” para solventar los problemas habitacionales de los salvadoreños, entre ellos las estafas cometidas por las compañías lotificadoras, que no les entregaban sus títulos de propiedad.
«El tema de lotificaciones hasta ahora se está poniendo en agenda, nunca se atendió, ellos (empresas lotificadoras) han estado estafando a familias de escasos recursos. Son más de 350 mil familias las que han sido estafadas por las lotificadoras”, aseguró Sol.
Los diputados que integran la Comisión destacaron la seguridad jurídica que se les está dando a miles de familias que, por más de 20 o 30 años, han esperado contar con un título de propiedad que respalde su inversión.
«Ver a esa gente que ahora lograr tener esa seguridad de tener un techo digno, que antes se les negó; yo soy feliz con eso y le doy las gracias por el trabajo que está haciendo», expresó el diputado de Nuevas Ideas, William Soriano.
La Comisión de Hacienda continuará conociendo los planes de inversión de las diferentes carteras, para garantizar que los recursos asignados con fondos del Estado sean invertidos en obras que beneficien a todos los salvadoreños.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
