La defensora pública del diputado del Parlacen por ARENA, Norman Quijano, que ha sido asignada por la Procuraduría General de la República (PGR), afirmó en la Comisión de Antejuicio que no ha podido comunicarse por ningún medio con el imputado.

«Por lo tanto, la defensa en este momento no puede ofertar ningún tipo de prueba», aseguró la defensora pública, a pesar de eso, el proceso de antejuicio en contra del acusado continuará con el citatorio de los testigos.

Norman Quijano es acusado por la Fiscalía General de República (FGR) de reunirse con miembros de pandillas para obtener apoyo electoral en las elecciones presidenciales del año 2014, cuando fue el candidato de ARENA, a cambio de beneficios económicos, entre otros.

Los diputados de Nuevas Ideas que son parte de la Comisión de Relaciones Exteriores presentaron una iniciativa para que la Asamblea Legislativa apruebe la Ley de Aplicación de la Apostilla Electrónica. Con ella se pretende que los salvadoreños que residen en el extranjero puedan obtener, a través de medios electrónicos, la autenticación o certificación de documentos que hayan sido extendidos por instituciones públicas de El Salvador y deban ser utilizados fuera del país.

El artículo 32, numeral 14 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo establece que el Ministerio de Relaciones Exteriores es el responsable de autenticar los documentos de acuerdo a la ley y a los convenios internacionales.

Es por eso que para apostillar un documento los interesados deben acudir a dicha cartera de Estado a realizar el trámite, pero la propuesta de los legisladores busca que puedan ser legalizados mediante soportes electrónicos, de forma rápida y eficiente.

La presidenta de la mesa legislativa, Ana Figueroa, recordó que El Salvador es miembro del Convenio de la Haya sobre la eliminación del requisito de legalización de documentos públicos extranjeros. Actualmente, en 18 países del continente americano se utiliza la apostilla electrónica.

La diputada sostuvo que este recurso permitirá que los compatriotas que habitan en cualquier parte del mundo puedan obtener la certificación de sus documentos de una manera rápida. También le servirá al Estado para modernizar las instituciones y con ello respondan a las demandas de los usuarios.

“Todos estos trámites, hasta el momento, deben hacer in situ, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo que estamos buscando con esto (con el proyecto de ley) es que se tenga una opción para facilitar este proceso. Le estamos apostando a la modernización de servicios que brinda el Estado”, expresó la diputada Figueroa.

Datos obtenidos por la referida comisión de trabajo indican que, desde 2018 a la fecha, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha emitido 87,411 apostillas y con ello se ha dado respuesta a la solicitud de más de 59 mil salvadoreños.

El diputado Walter Alemán señaló que la propuesta fue presentada este 26 de noviembre, en el Día Nacional de los salvadoreños y salvadoreñas en el exterior, para saldar una deuda que dejaron las legislaturas pasadas.

“Por muchos años, los gobiernos anteriores se habían olvidado de nuestra diáspora. Presentamos este proyecto de ley en aras de que los salvadoreños que viven fuera del país puedan con trámites menos burocráticos. Ya no vamos a tener que perder mucho tiempo”, sostuvo el funcionario.

Mientras que el legislador Raúl Chamagua destacó que la propuesta de ley se suma al proceso de modernización de las instituciones que tiene el Gobierno del Presidente Nayib Bukele y a todas las iniciativas que se han aprobado en el Órgano Legislativo a favor de la diáspora.

Entre ella mencionó la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero, aprobada en septiembre pasado, con la se garantiza la participación de los connacionales en la elección de diputados, concejos municipales, presidente y vicepresidente de la República, así como su postulación a cargos de elección popular.

Con dicha ley se reivindicaron los derechos de los salvadoreños que, por falta de oportunidades, tuvieron que emigrar a diferentes países en la búsqueda de un mejor futuro.

También se le han autorizado fondos al Gobierno para que pueda mejorar la emisión del Documento Único de Identidad en el exterior.

Los diputados fiscales Marcela Pineda, Walter Coto y Rebeca Santos solicitaron a la Comisión de Antejuicio en contra de Norman Quijano, quien actualmente representa al Estado salvadoreño ante el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), la interpelación de seis personas consideradas como testigos de la tregua hecha con pandilleros.

Quijano es vinculado en negociaciones con pandillas para obtener los votos necesarios para ser nombrado como presidente en los comicios de 2014. Por ende, es acusado de los delitos de agrupaciones ilícitas establecido en el artículo 245 del Código Penal y fraude electoral.

El próximo 1 de diciembre, deberá asistir al seno de la comisión Paolo Lüers, Miguel Simán y Ernesto Angulo Milla, este último tuvo una función dentro del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) y tuvo un papel activo en la tregua.

Mientras que Nelson Valdez, Roberto Díaz Castillo y Ena Maricela Granados –esta última en calidad de perito en representación de la Fiscalía General de la República (FGR)- fueron citados para comparecer el 2 de diciembre.

“Estas personas nos van a poder comprobar todos los hechos fácticos, los mecanismos utilizados para esos hechos”, comentó el legislador Walter Coto. “Cada uno de ellos tiene una participación de la existencia del delito correspondiente”, agregó.

Por otro lado, según la lectura brindada por la legisladora Santos, presentarán la certificación de la documentación incorporada en la causa judicial de Quijano, resguardado en el Juzgado 5° de Instrucción. Esta será agregada a este caso de antejuicio.

Otras pruebas documentales serán solicitadas a la FGR, específicamente a la Unidad del Centro de Intervención Telefónica. Un audio que tiene que ver con el financiamiento de ONG del ministerio público, relacionado con el proyecto de 10 municipio más violentos de El Salvador.

Y uno más: El extracto de los audios y videos relacionados con el caso de las negociaciones con miembros de la pandilla 18 Sureños y los políticos (la colaboración de dinero por partidos políticos).

Toda esta prueba será trasladada hacia la Asamblea Legislativa, bajo la garantía de la cadena de custodia, según lo requerido por los diputados fiscales.

Los diputados que integran la Comisión de Antejuicio recibieron y estudiaron los medios probatorios presentados por parte de los legisladores fiscales.

La misma oportunidad de presentar pruebas tuvo la defensa del miembro del partido ARENA, pero esta no logró presentar alguna por falta de contacto con el exparlamentario del Órgano de estado.

“El trabajo de la comisión no se detiene, nosotros continuamos con el proceso debido”, indicó el presidente de la junta de trabajo, diputado Raúl Castillo, al referirse de la falta de interés de Quijano.

El pasado 3 de noviembre, el fiscal general, Rodolfo Delgado, solicitó el proceso de antejuicio y desafuero de Quijano, por lo que ese mismo día los diputados conformaron la Comisión Especial tras ser aprobada con 65 votos a favor.

Defensa de Quijano, sin entregar pruebas

La abogada Dora Margarita Ruiz, quien fue asignada por la Procuraduría General de la República (PGR) como defensora de Quijano, no pudo entregar elementos probatorios -para ver si es o no procedente quitar el fuero- ante la Comisión de Antejuicio, debido a que no localizó al expresidente de la Asamblea Legislativa.

“Hemos tratado de comunicarnos y podemos probar ello”, comentó Ruiz, tras indicar que la defensa la realiza de una manera limitada, pues Quijano no ha podido ser ubicado en su lugar de residencia.

“Tomamos los medios posibles para poder localizarlo, para ofrecer pruebas testimonial, pericial o lo que se considere pertinente, pero un conserje de la torre de apartamentos donde reside indicó que él ya no vive ahí, sino que alquila el departamento”, relató la abogada.

Ruiz fue asignada a la defensa técnica del integrante del tricolor, luego de que el diputado del mismo partido, René Portillo Cuadra, se negara a aceptar la ejecución de dicho papel. Este fue parte de la fórmula presidencial de Quijano, cuando buscaba la presidencia del país en 2014.

De acuerdo a los registros migratorios, el odontólogo de profesión se encuentra en Honduras desde el pasado 30 de abril, bajo el argumento de que buscaba en esa nación la colocación de la vacuna contra la COVID-19. En ese país, el proceso de inmunización contra el virus se ha desarrollado de manera pausada por falta del antídoto.

Incluso, el Presidente de la República salvadoreña, Nayib Bukele, envió diversos cargamentos de vacunas a ese otro territorio centroamericano -liderado por Juan Orlando Hernández- con el fin de ayudar a la población hondureña a prevenir esta mortal enfermedad.