Política
Comisión de Hacienda propone incorporar recursos al presupuesto del MOP para el subsidio del transporte público
Los diputados de la Comisión de Hacienda emitieron un dictamen a favor de la incorporación de recursos por $5,086,492 al Ministerio de Obras Públicas (MOP) que servirán para cubrir el pago de subsidio a los concesionarios de transporte colectivo.
Para ello, los parlamentarios de dicha mesa de trabajo avalaron proponer al pleno la modificación de la Ley de Presupuesto 2023, en la parte que corresponde al Ramo de Obras Públicas y de Transporte.
Actualmente, 8,829 unidades reciben el subsidio y con ello se garantiza que el servicio del transporte se le siga siendo brindando a los usuarios de forma continua, regular y uniforme.
De acuerdo al director Legal del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), Miguel Horacio Alvarado, este monto fue recaudado a través de los $0.10 centavos que se solicita a los conductores por la compra de cada galón de combustible.
“Esta línea presupuestaria no fue incluida, porque aún se estaba recolectando y por eso no se introdujo en el Presupuesto General de la Nación del año 2023”, aseguró el representante del MOPT. “Con la reforma vamos a crear una fuente específica que le permita a este ministerio continuar con el pago del subsidio”, agregó.
A la vez, Alvarado recordó que, en la sesión plenaria número 87, los legisladores reformaron la Ley Transitoria para la Estabilización de las Tarifas del Servicio de Transporte Público de Pasajeros tipo Colectivo y Masivo.
Dicha disposición fue con el propósito de prorrogar, hasta el 30 de abril del 2024, las tarifas autorizadas por el Viceministerio de Transporte (VMT) a los empresarios que brindan el servicio de transporte público de pasajeros.
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Con 80 votos, los diputados de la Asamblea Legislativa declararon Patrimonio Cultural Inmaterial de El Salvador la centenaria Procesión de los Cristos y El Santo Entierro de Izalco, en Sonsonate. Ambas actividades se realizan, cada año, el jueves y viernes, respectivamente, de la Semana Santa.
Estas celebraciones son reconocidas dentro y fuera del país y son parte de la identidad cultural del referido municipio. En la Procesión de los Cristos participan cientos de feligreses, entre ellos los que son parte de la comunidad indígena local.
Para El Santo Entierro la comunidad católica realiza un recorrido, que dura alrededor de 12 horas, en el que se carga la imagen de Jesús dentro de una urna, la cual tiene un peso aproximado de 12,300 libras, lo que la hace una de las más pesadas del país.
El diputado de Nuevas Ideas e impulsador de la iniciativa, Raúl Chamagua, afirmó que esta Asamblea Legislativa ya ha dejado un legado en materia de seguridad, educación, justicia democrática y el aspecto cultural no será la excepción.
“Hoy, tengo el honor y el privilegio de dejar un legado cultural, en coordinación con los diputados, para la preservación de estas procesiones que, sin lugar a dudas, ponen en alto el municipio de Izalco”, apuntó Chamagua.
Los parlamentarios expresaron que el objetivo de declarar las dos actividades como Patrimonio Cultural Inmaterial del país es resguardarlas, de manera legal, para que se mantengan en el tiempo y se convierta en un legado que se transmita de generación en generación. Además, mencionaron que esa declaratoria ayudará a potenciar el turismo interno y las visitas de extranjeros.
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La comisión de hacienda y especial del presupuesto de la Asamblea Legislativa estudiará en las próximas semanas una iniciativa que contempla una serie de reformas de la ley del presupuesto general del estado 2023 para incorporar recursos por $5,869,239 a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), con el fin de que se continúe con la fase inicial de preconstrucción y el plan de reasentamiento del proyecto de construcción del Aeropuerto Internacional del Pacífico.
El Gobierno del presidente Nayib Bukele ideó la ejecución de este megaproyecto en Conchagua, La Unión, con el fin de garantizar la adecuada conectividad nacional e internacional del país y dinamizar el desarrollo económico, social y turístico de la zona oriental, atrayendo inversión extranjera.
En abril del año pasado, la Asamblea Legislativa avaló la Ley para la Construcción, Administración, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico, que facilita la construcción de los megaproyectos del tren y de la nueva terminal aérea.
De acuerdo con diputados de Nuevas Ideas, el aeropuerto oriental impulsará la economía de los salvadoreños, generando más de 4,700 empleos en el primer año de funcionamiento; además según CEPA, la terminal aérea tendrá la capacidad de recibir a más de 80,000 pasajeros.
En junio del año pasado, el Legislativo aprobó reformar la ley del presupuesto 2022 para otorgar al Ministerio de Obras Públicas (MOP) $12 millones, procedentes de la recaudación fiscal y del combate de la evasión fiscal, para la construcción de la etapa I del Aeropuerto Internacional del Pacífico.
Por otro lado, la comisión de hacienda también estudiará reformar la ley de presupuesto general del estado 2023 para destinar a CEPA $600,000 para la ejecución de dos proyectos de inversión: ampliación del patio de contenedores del puerto de Acajutla, etapa II, y la construcción y el equipamiento de una nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Ilopango, San Salvador.
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Los diputados de la Comisión Agropecuaria iniciaron el estudio de una iniciativa que busca declarar como inmuebles con función social las zonas productivas agrícolas y ganaderas aledañas al periférico Claudia Lars, en La Libertad, y aquellas comprendidas dentro del Distrito de Riego y Avenamiento n.° 1, Zapotitán.
Esta disposición busca proteger 3,000 hectáreas de tierras agrícolas y ganaderas situadas en el kilómetro 30 de la carretera que de San Salvador conduce a Santa Ana, pertenecientes a los municipios de Colón, San Juan Opico y Ciudad Arce del departamento de La Libertad. También a las jurisdicciones de El Congo, en Santa Ana, y Armenia, en Sonsonate.
La diputada Norma Lobo expresó que, tras la construcción del periférico Claudia Lars, diversos empresarios han externado su interés de invertir en estas áreas, por lo que es necesario establecer una normativa que proteja las tierras agrícolas y ganaderas de la zona.
“Esta iniciativa permitirá que el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente cuenten con las herramientas legales para velar por el buen uso de los suelos y la protección de los ríos”, sostuvo la parlamentaria.
Para el estudio del anteproyecto de ley, los legisladores recibieron los aportes de la ministra de Vivienda, Michelle Sol, y de representantes del Ministerio Agricultura y Ganadería (MAG).
Durante su intervención, la titular de Vivienda explicó que estas propuestas son fundamentales para lograr un equilibrio entre la erradicación del déficit habitacional y el aseguramiento de tierras fértiles para la producción agrícola.
“Los esfuerzos de este Gobierno están enfocados en garantizar la soberanía alimentaria del país. Debemos establecer un equilibrio para poder erradicar el déficit de vivienda, pero también asegurar tierras para la producción agrícola”, indicó la funcionaria.
Por su parte, la directora legal del Ministerio de Agricultura, Claudia Díaz, señaló que la institución ha realizado estudios para identificar el asentamiento de comunidades, granjas e industrias que funcionan en la zona sin tener los permisos pertinentes.
El legislador Ricardo Rivas, presidente de la Comisión Agropecuaria, sostuvo que con esta iniciativa se busca generar una dinámica productiva autosostenible, en el marco de la implementación de proyectos agrícolas y ganaderos amigables con el medio ambiente y los recursos naturales.
“Debemos saldar este tema para tener seguridad alimentaria. Para los próximos años, queremos tener la certeza de que contaremos con alimentos en la mesa del pueblo», dijo el legislador de Nuevas Ideas.
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