Política
Comisión a favor de incrementar multas de tránsito y de exigir cero grados de alcohol a conductores
Debido a que la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial necesita una actualización, en cuanto a la categorización de infracciones y el valor de las multas de tránsito, los diputados que integran la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial emitieron un dictamen favorable para reformar dicha normativa.
Este sistema regulatorio, emitido el 16 de noviembre de 1995, establece el marco legal en materia de régimen administrativo de transporte, tránsito, circulación vehicular y su seguridad vial, entre otros aspectos.
Las enmiendas –que engloban 13 artículos- contemplan el incremento a las multas, la actualización de la ley contempla que las multas incrementen desde $50, $100 y $150 para conductores que cometan faltas de tránsito leves, graves y muy graves, respectivamente.
Además, habilita la imposición de multas por medios escritos y electrónicos. Es decir, el uso de cámaras de videovigilancia para imponer las sanciones correspondientes, a lo que el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) le denomina fotomultas, institución que presentó el proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa.
La exposición del viceministro de Transporte
Para el análisis de los cambios a implementar, los parlamentarios recibieron al viceministro de Transporte, Nelson Reyes, quien detalló lo que se busca con esto.
“Las reformas es la actualización de la cuantía de las infracciones de tránsito. Estos valores fueron aprobados hace 30 años y a partir de esa fecha no han sido actualizados, de hecho las cifras aparecen hasta en colones”, dijo.
El funcionario expuso que cambia el valor de las multas, se agregan sanciones nuevas, se cambia las categorías de algunas de estas y se da respaldo necesario para el tema de las fotomultas.
“Nuestro país ha hecho avances importantes en temas de seguridad ciudadana, pero es necesario poder tener seguridad vial, para que todos podamos sentirnos tranquilos de circular por las calles del país sin tener inconvenientes”, indicó Reyes.
El titular comentó que el gobierno ha invertido $50 millones para renovar el parque semafórico del país, se ha instalado más de 80 kilómetros de fibra óptica que conecta a cada uno de los equipos con un centro de monitoreo, pero un tema esencial que va dentro de dicha inversión es el tema de instalación de sensores para detectar infracciones automovilísticas.
Además, recordó que la causa número uno que provoca muertes por siniestros viales es la distracción al momento de conducir; mientras que la segunda, el exceso de velocidad. La conducción peligrosa es la causa número siete de los accidentes que ocurren a diario a nivel nacional.
La novedad: La implementación de las fotomultas y sus apelaciones
Dentro de las actualizaciones de esta ley -emitida en 1995- implica el uso de dispositivos tecnológicos, como cámaras, con el fin de identificar e imponer infracciones de tránsito.
De acuerdo al VMT, el plan piloto de esta medida se inicia en zonas estratégicas en donde han detectado incrementos de accidentes automovilísticos: El bulevar Monseñor Romero, la autopista a Comalapa y en la carretera al Puerto de La Libertad.
Con estos medios tecnológicos, dicha institución podrá imponer multas de tránsito de acuerdo a la gravedad de la infracción y podrá hacerlo de manera “impersonal”, es decir sin que esté presente el conductor.
Los videos y fotografías que se tomen sobre las infracciones reguladas en la normativa mostrarán el sitio en que ocurrió la infracción, el vehículo, el número de placa, la hora y la fecha.
Tras esto, las autoridades notificarán la emisión de la esquela correspondiente al presunto infractor en un plazo que no exceda de un mes.
De haber inconformidad por parte del conductor, este tendrá cinco días para presentar un escrito ante la Unidad de Procedimientos Legales de Tránsito, Transporte y Carga.
Las reformas de cero tolerancias a conducir ebrio o bajo drogas
De acuerdo a lo discutido en la comisión, la actualización a la ley prohíbe que los motoristas de cualquier vehículo ingieran alcohol, cualquier tipo de estupefacientes o medicamentos que puedan afectar la capacidad de conducir.
Referente a las bebidas alcohólicas, queda prohibido conducir un vehículo, tras haber ingerido alcohol, esto sin importar cualquier concentración por litro de sangre o en aire espirado, de lo contrario el motorista será acreedor de una multa muy grave y a la detención por infringir la norma de tránsito.
Para determinar si el motorista ha consumido alcohol, drogas, estimulantes o estupefacientes u otras sustancias, este se someterá obligatoriamente a una prueba toxicológica – de sangre o de aire espirado- realizadas por personal médico del Viceministerio de Transporte (VMT).
Si el conductor se rehúsa a la realización de las pruebas de alcoholemia se aplicará la sanción contemplada por la infracción de tránsito estipulada en la Iey a actualizar y se remitirá a la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de identificar su estado y siguiendo el procedimiento de conducción peligrosa.
La suspensión de la licencia de conducir
Durante el análisis de las reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial se estipuló que la licencia de conducir será suspendida por la Dirección General de Tránsito (DGT), del Viceministerio de Transporte, a los motoristas que sean sorprendidos conduciendo bajo los efectos de bebidas embriagantes o estupefacientes.
La suspensión de la licencia de conducir será por un periodo de un año y afectará la validez de todas las licencias de conducir que posea el infractor, sin importar la clasificación de esta: Licencia particular, liviana, pesada o pesada-T.
Transcurridos los 12 meses, el conductor podrá recuperar su licencia solo si aprueba los cursos sobre riesgos y consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol y otras drogas, que indique la DGT.
Si el conductor rehabilitado es suspendido por segunda vez por esta causa, su licencia será cancelada. Para obtener una nueva licencia de conducir, deberá realizar el trámite como si fuera la primera vez, una vez transcurridos dos años contados a partir de la suspensión, pero será el VMT el que decidirá si se le emite o no una nueva licencia.
El jefe de fracción del partido Nuevas Ideas, Christian Guevara, reiteró este martes que los diputados de su bancada en la Asamblea Legislativa continuarán respaldando con sus votos los proyectos destinados a modernizar el sistema público de salud en El Salvador.
“Nuestros votos para mejorar el sistema de salud para los salvadoreños. Lo justo, lo legal y lo correcto siempre”, expresó Guevara a través de su cuenta en la red social X.
Los legisladores oficialistas han respaldado diversas iniciativas impulsadas por el Ejecutivo para fortalecer la red hospitalaria nacional, incluyendo intervenciones en infraestructura, adquisición de medicamentos y equipos médicos, así como la construcción de nuevos centros de atención, entre ellos el nuevo hospital Rosales.
La fracción cian ha sido clave para la aprobación de financiamiento y reformas que permiten avanzar con la transformación del sistema de salud, como parte del plan de atención integral que el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha promovido durante su gestión.
La Asamblea Legislativa autorizó este martes al Órgano Ejecutivo la suscripción de un contrato de préstamo por $120 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), como financiamiento adicional para el Proyecto de Transporte e Infraestructura Resiliente de El Salvador. Esta iniciativa busca mejorar la conectividad en el norte del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
El megaproyecto beneficiará directamente a los distritos de Tonacatepeque, Apopa, Aguilares, Nejapa, Ciudad Delgado y Guazapa, a través de la construcción de una moderna infraestructura vial que incluye un nuevo “by pass” en Apopa, una carretera de circunvalación de aproximadamente 13 kilómetros, pasos elevados y subterráneos, iluminación, señalización, controles de velocidad, paradas de autobús e infraestructura peatonal.
Según estimaciones oficiales, la obra beneficiará de forma directa a más de 550,000 habitantes de los municipios que conforman San Salvador Centro, Este, Oeste y Norte.
Uno de los elementos clave del proyecto es un puente atirantado de 300 metros de longitud y cuatro carriles (dos por sentido), que permitirá desviar el tráfico pesado hacia la carretera de Oro y la Troncal del Norte, facilitando la conexión con la zona norte del país y la frontera con Honduras.
El Gobierno del presidente Nayib Bukele busca posicionar esta región como un nodo logístico estratégico para El Salvador, Honduras y Guatemala, mediante una combinación de inversión pública en infraestructura y atracción de capital privado.
La Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) ha destacado que el potencial de la zona radica en su ubicación estratégica, así como en las obras de conectividad ya ejecutadas y las que están en proceso. Además, se ha informado que el 36 % del suelo destinado para uso logístico y de servicios en San Salvador Oeste ya cuenta con permisos aprobados.
Con este financiamiento adicional, el Ejecutivo busca acelerar el desarrollo vial del AMSS y consolidar al país como un centro regional clave para la movilidad y el comercio.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable para autorizar al Ejecutivo la firma de un contrato de préstamo por $120 millones con el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF), destinado a financiar un ambicioso proyecto de transporte e infraestructura vial en el norte del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
El megaproyecto beneficiará directamente a los distritos de Tonacatepeque, Apopa, Aguilares, Nejapa, Ciudad Delgado y Guazapa, y se prevé que la aprobación definitiva del préstamo se realice en la próxima sesión plenaria.
La inversión contempla la construcción de una carretera de circunvalación de aproximadamente 13 kilómetros, pasos elevados y subterráneos, paradas de autobús, infraestructura peatonal, señalización, iluminación y sistemas de control de velocidad. Uno de los componentes clave será la construcción de un «bypass» en Apopa, que incluirá un puente atirantado de 300 metros con cuatro carriles de circulación, diseñado para desviar el tráfico pesado hacia la carretera de Oro y la Troncal del Norte.
Según el Gobierno, la obra beneficiará a más de 550,000 habitantes de los municipios agrupados en San Salvador Centro, Este, Oeste y Norte, mejorando significativamente la conectividad vial y posicionando esta zona como un corredor logístico estratégico para El Salvador, Honduras y Guatemala.
El proyecto se enmarca en el plan de infraestructura resiliente y busca impulsar la inversión pública y privada en la región, facilitando el comercio y el desarrollo económico.
