Política
Comisión a favor de incrementar multas de tránsito y de exigir cero grados de alcohol a conductores
Debido a que la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial necesita una actualización, en cuanto a la categorización de infracciones y el valor de las multas de tránsito, los diputados que integran la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial emitieron un dictamen favorable para reformar dicha normativa.
Este sistema regulatorio, emitido el 16 de noviembre de 1995, establece el marco legal en materia de régimen administrativo de transporte, tránsito, circulación vehicular y su seguridad vial, entre otros aspectos.
Las enmiendas –que engloban 13 artículos- contemplan el incremento a las multas, la actualización de la ley contempla que las multas incrementen desde $50, $100 y $150 para conductores que cometan faltas de tránsito leves, graves y muy graves, respectivamente.
Además, habilita la imposición de multas por medios escritos y electrónicos. Es decir, el uso de cámaras de videovigilancia para imponer las sanciones correspondientes, a lo que el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) le denomina fotomultas, institución que presentó el proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa.
La exposición del viceministro de Transporte
Para el análisis de los cambios a implementar, los parlamentarios recibieron al viceministro de Transporte, Nelson Reyes, quien detalló lo que se busca con esto.
“Las reformas es la actualización de la cuantía de las infracciones de tránsito. Estos valores fueron aprobados hace 30 años y a partir de esa fecha no han sido actualizados, de hecho las cifras aparecen hasta en colones”, dijo.
El funcionario expuso que cambia el valor de las multas, se agregan sanciones nuevas, se cambia las categorías de algunas de estas y se da respaldo necesario para el tema de las fotomultas.
“Nuestro país ha hecho avances importantes en temas de seguridad ciudadana, pero es necesario poder tener seguridad vial, para que todos podamos sentirnos tranquilos de circular por las calles del país sin tener inconvenientes”, indicó Reyes.
El titular comentó que el gobierno ha invertido $50 millones para renovar el parque semafórico del país, se ha instalado más de 80 kilómetros de fibra óptica que conecta a cada uno de los equipos con un centro de monitoreo, pero un tema esencial que va dentro de dicha inversión es el tema de instalación de sensores para detectar infracciones automovilísticas.
Además, recordó que la causa número uno que provoca muertes por siniestros viales es la distracción al momento de conducir; mientras que la segunda, el exceso de velocidad. La conducción peligrosa es la causa número siete de los accidentes que ocurren a diario a nivel nacional.
La novedad: La implementación de las fotomultas y sus apelaciones
Dentro de las actualizaciones de esta ley -emitida en 1995- implica el uso de dispositivos tecnológicos, como cámaras, con el fin de identificar e imponer infracciones de tránsito.
De acuerdo al VMT, el plan piloto de esta medida se inicia en zonas estratégicas en donde han detectado incrementos de accidentes automovilísticos: El bulevar Monseñor Romero, la autopista a Comalapa y en la carretera al Puerto de La Libertad.
Con estos medios tecnológicos, dicha institución podrá imponer multas de tránsito de acuerdo a la gravedad de la infracción y podrá hacerlo de manera “impersonal”, es decir sin que esté presente el conductor.
Los videos y fotografías que se tomen sobre las infracciones reguladas en la normativa mostrarán el sitio en que ocurrió la infracción, el vehículo, el número de placa, la hora y la fecha.
Tras esto, las autoridades notificarán la emisión de la esquela correspondiente al presunto infractor en un plazo que no exceda de un mes.
De haber inconformidad por parte del conductor, este tendrá cinco días para presentar un escrito ante la Unidad de Procedimientos Legales de Tránsito, Transporte y Carga.
Las reformas de cero tolerancias a conducir ebrio o bajo drogas
De acuerdo a lo discutido en la comisión, la actualización a la ley prohíbe que los motoristas de cualquier vehículo ingieran alcohol, cualquier tipo de estupefacientes o medicamentos que puedan afectar la capacidad de conducir.
Referente a las bebidas alcohólicas, queda prohibido conducir un vehículo, tras haber ingerido alcohol, esto sin importar cualquier concentración por litro de sangre o en aire espirado, de lo contrario el motorista será acreedor de una multa muy grave y a la detención por infringir la norma de tránsito.
Para determinar si el motorista ha consumido alcohol, drogas, estimulantes o estupefacientes u otras sustancias, este se someterá obligatoriamente a una prueba toxicológica – de sangre o de aire espirado- realizadas por personal médico del Viceministerio de Transporte (VMT).
Si el conductor se rehúsa a la realización de las pruebas de alcoholemia se aplicará la sanción contemplada por la infracción de tránsito estipulada en la Iey a actualizar y se remitirá a la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de identificar su estado y siguiendo el procedimiento de conducción peligrosa.
La suspensión de la licencia de conducir
Durante el análisis de las reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial se estipuló que la licencia de conducir será suspendida por la Dirección General de Tránsito (DGT), del Viceministerio de Transporte, a los motoristas que sean sorprendidos conduciendo bajo los efectos de bebidas embriagantes o estupefacientes.
La suspensión de la licencia de conducir será por un periodo de un año y afectará la validez de todas las licencias de conducir que posea el infractor, sin importar la clasificación de esta: Licencia particular, liviana, pesada o pesada-T.
Transcurridos los 12 meses, el conductor podrá recuperar su licencia solo si aprueba los cursos sobre riesgos y consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol y otras drogas, que indique la DGT.
Si el conductor rehabilitado es suspendido por segunda vez por esta causa, su licencia será cancelada. Para obtener una nueva licencia de conducir, deberá realizar el trámite como si fuera la primera vez, una vez transcurridos dos años contados a partir de la suspensión, pero será el VMT el que decidirá si se le emite o no una nueva licencia.
El último estudio realizado por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), cuyos resultados fueron presentados en las últimas horas, reveló que el 77.3 % de la población entrevistada dijo que tiene esperanza de cara al futuro de El Salvador, y 19.4 % afirmó que tiene temor.
A la pregunta específica de ¿cómo cree que va a estar la situación económica del país en 2025? el 46.2 % de los consultados dijo que estará mejor. El 26.1 % declaró que la situación estará igual y el 20.7 % señaló que peor. Respecto a la situación económica familiar, casi 51 % cree que será mejor, el 35.2 % igual y 10.3 % peor.
El presidente de la república, Nayib Bukele, ha afirmado que el trabajo en su segundo mandato estará centrado en la economía, una vez resuelto el tema de la inseguridad que golpeó por décadas a los salvadoreños, logrando ahora ser el país más seguro del hemisferio occidental.
Asimismo, para el 35.1 % de los encuestados por el Iudop/UCA la situación política del país estará mejor este año respecto a 2024. El 42 % opinó que estará igual, mientras que el 15.6 % valoró que estará peor.
«Encuesta UCA revela que existe optimismo sobre la situación que habrá en el país durante el año 2025. Alrededor de 46 de cada 100 salvadoreños consideran que la situación económica del país mejorará y 77 de cada 100 siente esperanza al pensar en el futuro del país», resume el estudio realizado en diciembre pasado con 1,266 personas.
En reiteradas ocasiones, los diputados de la Asamblea Legislativa han aprobado la extensión de una herramienta de seguridad exitosa, tras implementarse desde el 27 de marzo de 2022: El régimen de excepción.
Con ella, la población ha logrado vivir con mucha tranquilidad en el territorio salvadoreño, se ha logrado recuperar espacios públicos que antes estaban invadidos por miembros de estructuras criminales y se han salvado muchas vidas.
Es por eso que nuevamente los parlamentarios aprobaron, con 57 votos, la extensión de la misma por el plazo de 30 días, por lo que será aplicada del 6 de enero al 4 de febrero de este 2025.
“Esta herramienta nos ha dado los resultados de esa paz que nunca habíamos vivido en este país. Esta es una gran diferencia de hacer política, el pueblo salvadoreño es y será nuestra prioridad”, expresó el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.
Por ende, esta prórroga será la número 34, según lo comunicaron los diputados en el pleno legislativo, durante el desarrollo de la sesión plenaria número 37, la primera de este nuevo año. Así se le continuará brindando apoyo al Plan Control Territorial, implementada desde que el Presidente de la República, Nayib Bukele, asumió su cargo.
La diputada Alexia Rivas justificó que esta medida de seguridad debe de continuar porque aún hay remanentes de pandilleros. Recordó las últimas capturas que las autoridades han realizado de personas vinculadas a las estructuras delictivas.
“En estos últimos días hemos visto cómo las fuerzas de seguridad han realizado la captura de criminales que han estado escondiéndose en lugares subterráneos. Vimos como en Altavista, en temporada de fin de año, seis delincuentes fueron capturados por agrupaciones ilícitas y por delinquir en esa zona”, mencionó Rivas.
Los datos obtenidos con el régimen de excepción
Durante los gobiernos del Presidente Bukele se ha logrado tener un total de 800 días sin homicidios. Los datos dan cuenta hasta el 4 de enero de 2025.
Gracias a las estrategias de seguridad, El Salvador pasó a ser un país ejemplo a nivel regional, pues ha habido una caída drástica de los homicidios, que en el pasado causaron tanto dolor a muchas familias.
El presidente Castro recordó cuando se aprobó por primera vez esta iniciativa enviada por el mandatario Bukele y que contenía la herramienta constitucional del régimen de excepción.
“En esos momentos no sabíamos qué iba a suceder. Teníamos la esperanza de que iba a ayudar en algo porque estábamos pasando momentos difíciles y no era solo por ese fin de semana, esa fue la gota que derramó el vaso, fueron años de zozobra que vivimos en este país”, sostuvo Castro.
Hoy, la tasa de asesinatos por 100 mil habitantes es de 1.9. Es así que desde la implementación del régimen de excepción se suman 687 días sin muertes violentas intencionales, es decir que se contabiliza un 98% en la reducción de ataques mortales, respecto al último gobierno del FMLN.
Además, de acuerdo a las autoridades de seguridad, el 2024 cerró con 279 días sin homicidios, bajo un promedio de 0.3 asesinatos diarios.
En 2015, la tasa de asesinatos fue de 106 por cada 100 mil habitantes. Este fue uno de los años más sangrientos, debido a que las autoridades registraron 6 mil muertes violentas.
Luego, en 2016 la tasa de homicidios fue de 84; en 2017, los índices de homicidios bajaron a 83. Además, en 2018 llegó a 53.
En 2019, cuando el Presidente Bukele inició el desarrollo de su plan para rescatar el país, la tasa de homicidios fue de 38 asesinatos por cada 100 mil habitantes.
Además, en 2020 la tasa fue de 21.2; en 2021, bajó a 18.1; en 2022, cuando se aprobó el régimen de excepción, la tasa de homicidios bajó a 7.8.
Finalmente, en 2023 fue de 2.4 y este nuevo año ya alcanzó el punto más bajo de la historia. Enero ya suma tres días sin homicidios.
“Esto es trabajo en equipo. Las políticas de seguridad han sido claves y éxito para la mejora de la situación de seguridad que tenemos en este país. Hemos logrado desarticular la red de terroristas y ahora las instituciones garantizan justicia para los salvadoreños”, sostuvo el legislador Raúl Chamagua.
Por su parte, la diputada Elisa Rosales enfatizó en que con el voto para el régimen de excepción, los legisladores reiteran su compromiso con la seguridad del pueblo salvadoreño.
“Estoy segura que ningún salvadoreño quiere regresar a ese pasado de violencia, ni de tristeza. No debemos olvidar de dónde venimos para que sigamos construyendo el país que las futuras generaciones merecen”, dijo Rosales.
El 1.° de junio inició el segundo mandato presidencial de Nayib Bukele, tras resultar electo el 4 de febrero en comicios libres y democráticos, obteniendo 2,701,725 votos válidos de salvadoreños que residen en el territorio nacional y en el extranjero.
Con ese histórico caudal de votos, reflejo del respaldo popular en las urnas, Bukele derrotó a las fórmulas presidenciales de ARENA (Joel Sánchez e Hilcia Bonilla), FMLN (Manuel Flores y Werner Marroquín), Nuestro Tiempo (Luis Parada y Celia Medrano), Fuerza Solidaria (José Renderos y Rafael Montalvo) y Fraternidad Patriota Salvadoreña (Marina Murillo y Fausto Carranza).
Sánchez fue el primero en reconocer el triunfo del presidente Nayib Bukele. Además, criticó la mala gestión del presidente de ARENA, Carlos Saade, a quien responsabilizó de la derrota electoral para el partido tricolor.
A causa de sus críticas, el instituto arenero abrió un proceso de expulsión contra Sánchez; sin embargo, él renunció días antes de conocerse el resultado de dicho proceso interno, no sin antes revelar que dirigentes tricolor le exigieron dinero durante la campaña presidencial para financiar la de alcaldes y diputados, y para no removerlo como candidato.
Tras ser ratificado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) como el ganador de los comicios, la ceremonia de investidura presidencial de Nayib Bukele se realizó el 1.° de junio en el Palacio Nacional, en el renovado Centro Histórico de San Salvador, donde miles de personas se congregaron en la Plaza Cívica, además de la presencia del Rey Felipe VI, varios presidentes e invitados especiales.
Durante su discurso, Bukele destacó la transformación de El Salvador en materia de seguridad pública, pues pasó de ser uno de los países más inseguros del mundo a uno de los más seguros y con menos homicidios, como resultado de la guerra contra las pandillas a través del Plan Control Territorial (PCT) y el estado de excepción.
Además, ese día anunció que en su quinquenio de gestión 2024-2029 -y ante el problema de inseguridad ya resuelto-, apostaría por el crecimiento de la economía.
Un mes después de su discurso del 1.° de junio, el mandatario presentó Plan Económico, y anunció el inicio de la primera de las seis fases que lo integran: Alimentación, que consiste, entre otras medidas, en la eliminación de aranceles a más de 70 productos de la canasta básica y a otros productos alimenticios.
Como parte de esta fase, el mandatario anunció posteriormente la implementación de los agromercados a escala nacional (ya han sido instalados 55) y la construcción de la primera Central de Abastos -ya en funcionamiento- en el distrito de Soyapango, San Salvador Este, para favorecer el bolsillo de los salvadoreños con productos más baratos.
La segunda fase del Plan Económico, Tecnología, consiste en una apuesta del Ejecutivo por este sector como dinamizador de la economía; y la tercera fase, Logística, conlleva una fuerte inversión económica para la reactivación de los puertos de La Unión Centroamericana y de Acajutla.
En esta tercera fase participa la empresa de capital turco YILPORT Holding, que invierte $1,615 millones, y con la cual el Estado salvadoreño estableció una sociedad de economía mixta con el objetivo de reativar y modernizar las dos principales terminales marítimas del país.
La gestión del presidente Bukele en su segundo mandato es respaldada desde la Asamblea Legislativa por los diputados de Nuevas Ideas que fueron electos en los comicios del 4 de febrero, y que tomaron posesión de sus cargos el 1.° de mayo.
De los 60 diputados en el congreso 54 pertenecen a la banca cian; dos son del PCN y uno del PDC. Estos dos últimos partidos también acompañan con sus votos el trabajo del presidente Bukele. Los tres diputados restantes integran la oposición política, distribuidos así: dos legisladores son de ARENA y una diputada es de VAMOS. El FMLN no obtuvo ningún diputado por primera vez en su historia de participación electoral.
Los diputados de Nuevas Ideas, así como los del PCN y PDC, han respaldado desde el inicio de su periodo legislativo (2024-2027) las iniciativas del Ejecutivo, como es el caso de la aprobación del presupuesto general del Estado para el ejercicio fiscal 2025, que contempla una fuerte apuesta para atender a los sectores sociales más vulnerables, manteniendo el énfasis en la inversión para las áreas de educación, salud y seguridad.
También han dado sus votos para mantener vigente el estado de excepción, que inició el 27 de marzo de 2022, a propuesta del Ejecutivo. Desde la legislatura anterior y hasta la fecha la oposición política no acompaña con sus votos la continuidad de la medida constitucional.
En las elecciones del 3 de marzo Nuevas Ideas ganó 28 de las 44 nuevas alcaldías. GANA tiene seis comunas con su bandera, el PCN cuatro, PDC cuatro (una en coalición con PCN), Fuerza Solidaria una y ARENA ganó una.
