Política
Carlos Calleja y Carmen Aída Lazo pondrán un alto al despilfarro en gastos de la presidencia para invertir en medicinas e insumos médicos
En el 2017, Casa Presidencial tuvo gastos reservados de 31 millones y en 2018 aún con el rechazo de la gente, gastó 15 millones. La OIE está pidiendo 30 millones de presupuesto para el 2019. Mientras tanto, el presupuesto de medicamentos ronda los 50 millones. Nada de esto refleja una prioridad por la gente y sus necesidades.
Actualmente el sistema nacional de salud padece un desabastecimiento crónico y creciente de medicamentos, insumos médicos, insumos no médicos. Es inhumano que un paciente diabético, hipertenso, con insuficiencia renal, con cáncer, o con otra enfermedad crónica, que demanda el consumo de medicamentos permanentemente, no pueda ser abastecido por las farmacias de los hospitales.
Este problema de desabastecimiento tiene su arraigo en la clara incapacidad de gestión. Entre las muchas razones que explican esta gestión, se mencionan las siguientes:
- El desconocimiento de la demanda por carecer de información completa y suficiente de los consumos.
- La catastrófica administración del almacenamiento y distribución de los medicamentos, sin la atención debida a inventarios mínimos, máximos, recompras, obsolescencias y vencimientos
- La falta del registro de los efectos de las emergencias en el inventario nacional de medicamentos
- La desatinada relación con los proveedores, que en muchos casos no cuentan con la suficiente visibilidad futura de los requerimientos de medicamentos e insumos.
- En resumen, la falta de planificación, control y la forma arcaica y obsoleta de administrar el sistema integral de salud, ha llevado a esta crisis del sistema.
“Nuestras acciones serán con inmediatez, dentro de los primeros 100 días de gobierno, vamos a iniciar el proceso de actualización de los inventarios de medicamentos, material quirúrgico y otros insumos necesarios para satisfacer la demanda de atención médica en el país. Vamos a poner a gente capaz y honesta a dirigir las distintas dependencias”, puntualizó el candidato a la presidencia, Carlos Calleja.
“El presupuesto asignado a distintos hospitales típicamente alcanza solo para cubrir de 6 a 8 meses de compras de medicamentos y, aun así, algunos de los centros de salud no alcanzan a ejecutar todo su presupuesto, debiendo devolver esos fondos no utilizados al Ministerio de Hacienda, aún y cuando no alcanzaron a cubrir sus necesidades: esto responde a un sistema de gestión, que vulnera gravemente la salud y la vida de los pacientes”, dijo la candidata a la Vicepresidencia, Carmen Aída Lazo.
Carlos y Carmen Aída frenaran este mal gasto a través de su propuesta Medicina Siempre
MEDICINA SIEMPRE
El objetivo de esta propuesta es garantizar el abastecimiento continuo de medicamentos, insumos médicos, e insumos no médicos en los tres niveles de atención del sistema nacional de salud. Para tal fin, es esencial establecer:
- Prioridades claras en CAPRES
- Personas capaces
- Mejores sistemas de gestión.
Para que el abastecimiento se garantice siempre de manera efectiva, se accionara en los siguientes ejes de solución:
- Se hará un uso racional del presupuesto asignado.
- Se privilegiarán las compras en volumen para alcanzar economías de escala y otros beneficios.
- Se incorporará a los proveedores como parte de la solución del problema, trabajando de la mano.
- Se aplicará tecnología apropiada para establecer sistemas de control de existencias y despacho de medicamentos.
- Planificación estratégica en toda la cadena logística de medicamentos.
- Modernización de la administración del sistema nacional de salud.
“Nosotros estableceremos mecanismos de gestión transparentes y de manera responsable, con ello, al proporcionar medicamentos e insumos suficientes siempre y a tiempo, la reducción sobre el gasto de bolsillo que la población actualmente tiene que incurrir para surtir sus recetas, andará en el orden del 60% al 70% de ahorro, lo que mejorará directamente la situación económica de las familias”, finalizo el aspirante a la presidencia”.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
