Política
Carlos Calleja y Carmen Aída Lazo pondrán un alto al despilfarro en gastos de la presidencia para invertir en medicinas e insumos médicos
En el 2017, Casa Presidencial tuvo gastos reservados de 31 millones y en 2018 aún con el rechazo de la gente, gastó 15 millones. La OIE está pidiendo 30 millones de presupuesto para el 2019. Mientras tanto, el presupuesto de medicamentos ronda los 50 millones. Nada de esto refleja una prioridad por la gente y sus necesidades.
Actualmente el sistema nacional de salud padece un desabastecimiento crónico y creciente de medicamentos, insumos médicos, insumos no médicos. Es inhumano que un paciente diabético, hipertenso, con insuficiencia renal, con cáncer, o con otra enfermedad crónica, que demanda el consumo de medicamentos permanentemente, no pueda ser abastecido por las farmacias de los hospitales.
Este problema de desabastecimiento tiene su arraigo en la clara incapacidad de gestión. Entre las muchas razones que explican esta gestión, se mencionan las siguientes:
- El desconocimiento de la demanda por carecer de información completa y suficiente de los consumos.
- La catastrófica administración del almacenamiento y distribución de los medicamentos, sin la atención debida a inventarios mínimos, máximos, recompras, obsolescencias y vencimientos
- La falta del registro de los efectos de las emergencias en el inventario nacional de medicamentos
- La desatinada relación con los proveedores, que en muchos casos no cuentan con la suficiente visibilidad futura de los requerimientos de medicamentos e insumos.
- En resumen, la falta de planificación, control y la forma arcaica y obsoleta de administrar el sistema integral de salud, ha llevado a esta crisis del sistema.
“Nuestras acciones serán con inmediatez, dentro de los primeros 100 días de gobierno, vamos a iniciar el proceso de actualización de los inventarios de medicamentos, material quirúrgico y otros insumos necesarios para satisfacer la demanda de atención médica en el país. Vamos a poner a gente capaz y honesta a dirigir las distintas dependencias”, puntualizó el candidato a la presidencia, Carlos Calleja.
“El presupuesto asignado a distintos hospitales típicamente alcanza solo para cubrir de 6 a 8 meses de compras de medicamentos y, aun así, algunos de los centros de salud no alcanzan a ejecutar todo su presupuesto, debiendo devolver esos fondos no utilizados al Ministerio de Hacienda, aún y cuando no alcanzaron a cubrir sus necesidades: esto responde a un sistema de gestión, que vulnera gravemente la salud y la vida de los pacientes”, dijo la candidata a la Vicepresidencia, Carmen Aída Lazo.
Carlos y Carmen Aída frenaran este mal gasto a través de su propuesta Medicina Siempre
MEDICINA SIEMPRE
El objetivo de esta propuesta es garantizar el abastecimiento continuo de medicamentos, insumos médicos, e insumos no médicos en los tres niveles de atención del sistema nacional de salud. Para tal fin, es esencial establecer:
- Prioridades claras en CAPRES
- Personas capaces
- Mejores sistemas de gestión.
Para que el abastecimiento se garantice siempre de manera efectiva, se accionara en los siguientes ejes de solución:
- Se hará un uso racional del presupuesto asignado.
- Se privilegiarán las compras en volumen para alcanzar economías de escala y otros beneficios.
- Se incorporará a los proveedores como parte de la solución del problema, trabajando de la mano.
- Se aplicará tecnología apropiada para establecer sistemas de control de existencias y despacho de medicamentos.
- Planificación estratégica en toda la cadena logística de medicamentos.
- Modernización de la administración del sistema nacional de salud.
“Nosotros estableceremos mecanismos de gestión transparentes y de manera responsable, con ello, al proporcionar medicamentos e insumos suficientes siempre y a tiempo, la reducción sobre el gasto de bolsillo que la población actualmente tiene que incurrir para surtir sus recetas, andará en el orden del 60% al 70% de ahorro, lo que mejorará directamente la situación económica de las familias”, finalizo el aspirante a la presidencia”.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
