Política
Asamblea Legislativa avala reformas para juzgar a reos prófugos o rebeldes
La Asamblea Legislativa aprobó un pliego de reformas al Código Procesal Penal que buscan la continuidad de los procesos judiciales en contra de aquellos imputados declarados en rebeldía, e impedir atrasos en los procesos judiciales a raíz de la renuncia de los abogados defensores de los imputados.
Estas enmiendas fueron avaladas con 65 votos de Nuevas Ideas, GANA, PDC, PCN y los disidentes areneros Donato Vaquerano y Jackeline López. Los partidos Nuestro Tiempo y Vamos votaron en contra. El FMLN volvió a dividirse: dos se abstuvieron y dos no votaron. ARENA tampoco votó.
El presidente de la comisión de seguridad pública, Eduardo Amaya, calificó de «necesarias» las modificaciones al código, pues denunció que desde 1998 «más de 80,000 personas fueron declaradas en rebeldía y sus procesos paralizados favoreciendo la impunidad».
«Estas artimañas vienen desde 1998. Era justo y necesario que se reformará el Código Procesal Penal», dijo Amaya, diputado por Nuevas Ideas, al recordar que desde ese año El Salvador aplica una nueva normativa en materia penal y procesal penal.
Jhonny Wright, diputado por Nuestro Tiempo, no solo fustigó las enmiendas, sino que también afirmó que estas tienen una «finalidad política», por lo que dijo que no daría su voto a favor.
Francisco Villatoro, diputado de la bancada cian, reveló que el grupo parlamentario de Nuevas Ideas actualmente trabaja en otros cuerpos legales «más fuertes y contundentes», pues «no vamos a bajar la guardia hasta garantizar la paz» en El Salvador.
El jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, habló de tecnicismos y la legislación comparada para con la aplicación del decreto; sin embargo, valoró positivo el propósito del pliego de modificaciones, aunque no votó.
La comisión de seguridad pública emitió en su última sesión de trabajo el dictamen favorable para cambiar la legislación procesal penal, luego de escuchar a los titulares de Seguridad Pública y de la Fiscalía, Gustavo Villatoro y Rodolfo Delgado, respectivamente.
Villatoro adelantó que con la reforma se vendrá «a corregir esa mala práctica que había a nivel de los abogados de los grupos terroristas, que, con tal de ganar tiempo, el día de la vista pública presentaban la renuncia» afectando con ello el desarrollo de la diligencia.
El funcionario sostuvo que con esta práctica los defensores ganaban tiempo y tenerlos (a los imputados) 24 meses sin poder recibir una condena «con las consecuencias jurídicas que ello implica».
#DePais @AsambleaSV aprueba reformas al Código Procesal Penal que buscan la continuidad de procesos judiciales contra los imputados prófugos o rebeldes asi como impedir atrasos en juicios por renuncia de abogados defensores. pic.twitter.com/bi5D71PYLm
— Diario El Salvador Sección Política (@De_Politica_ES) September 22, 2022
Los abogados que incurran en esta conducta se exponen a ser investigados y sancionados por la instancia correspondiente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Delgado, por su parte, sostuvo que las enmiendas permitirán «imponer sentencia en contra de los prófugos de la justicia, combatiendo así la impunidad, pues actualmente hay regulaciones que permiten la evasión de la justicia».
«De 2013 a septiembre de 2022 tenemos 31,652 personas declaradas imputados ausentes o rebeldes. Estos casos se van estancando y acarrea un costo a las instituciones de justicia, y también afecta a las víctimas», afirmó Delgado.
Sostuvo que una vez entren en vigor las reformas, los procesos penales en contra de estas personas serán sacados de los archivos judiciales para su respectiva sentencia, siguiendo los procedimientos ya regulados.
Las 24 reformas al Código Procesal Penal son impulsadas por los diputados de Nuevas Ideas, que reiteraron ayer su lucha contra el crimen y su compromiso contra la impunidad judicial.
La Asamblea Legislativa autorizó este martes al Órgano Ejecutivo la suscripción de un contrato de préstamo por $120 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), como financiamiento adicional para el Proyecto de Transporte e Infraestructura Resiliente de El Salvador. Esta iniciativa busca mejorar la conectividad en el norte del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
El megaproyecto beneficiará directamente a los distritos de Tonacatepeque, Apopa, Aguilares, Nejapa, Ciudad Delgado y Guazapa, a través de la construcción de una moderna infraestructura vial que incluye un nuevo “by pass” en Apopa, una carretera de circunvalación de aproximadamente 13 kilómetros, pasos elevados y subterráneos, iluminación, señalización, controles de velocidad, paradas de autobús e infraestructura peatonal.
Según estimaciones oficiales, la obra beneficiará de forma directa a más de 550,000 habitantes de los municipios que conforman San Salvador Centro, Este, Oeste y Norte.
Uno de los elementos clave del proyecto es un puente atirantado de 300 metros de longitud y cuatro carriles (dos por sentido), que permitirá desviar el tráfico pesado hacia la carretera de Oro y la Troncal del Norte, facilitando la conexión con la zona norte del país y la frontera con Honduras.
El Gobierno del presidente Nayib Bukele busca posicionar esta región como un nodo logístico estratégico para El Salvador, Honduras y Guatemala, mediante una combinación de inversión pública en infraestructura y atracción de capital privado.
La Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) ha destacado que el potencial de la zona radica en su ubicación estratégica, así como en las obras de conectividad ya ejecutadas y las que están en proceso. Además, se ha informado que el 36 % del suelo destinado para uso logístico y de servicios en San Salvador Oeste ya cuenta con permisos aprobados.
Con este financiamiento adicional, el Ejecutivo busca acelerar el desarrollo vial del AMSS y consolidar al país como un centro regional clave para la movilidad y el comercio.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable para autorizar al Ejecutivo la firma de un contrato de préstamo por $120 millones con el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF), destinado a financiar un ambicioso proyecto de transporte e infraestructura vial en el norte del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
El megaproyecto beneficiará directamente a los distritos de Tonacatepeque, Apopa, Aguilares, Nejapa, Ciudad Delgado y Guazapa, y se prevé que la aprobación definitiva del préstamo se realice en la próxima sesión plenaria.
La inversión contempla la construcción de una carretera de circunvalación de aproximadamente 13 kilómetros, pasos elevados y subterráneos, paradas de autobús, infraestructura peatonal, señalización, iluminación y sistemas de control de velocidad. Uno de los componentes clave será la construcción de un «bypass» en Apopa, que incluirá un puente atirantado de 300 metros con cuatro carriles de circulación, diseñado para desviar el tráfico pesado hacia la carretera de Oro y la Troncal del Norte.
Según el Gobierno, la obra beneficiará a más de 550,000 habitantes de los municipios agrupados en San Salvador Centro, Este, Oeste y Norte, mejorando significativamente la conectividad vial y posicionando esta zona como un corredor logístico estratégico para El Salvador, Honduras y Guatemala.
El proyecto se enmarca en el plan de infraestructura resiliente y busca impulsar la inversión pública y privada en la región, facilitando el comercio y el desarrollo económico.
Política
El Salvador será pionero regional con Ley de Tecnologías Robóticas: impulsará innovación, educación y empleos especializados
El Salvador se encamina a convertirse en líder regional en innovación tecnológica con la aprobación de la Ley de Tecnologías Robóticas, una iniciativa del Órgano Ejecutivo que recibió dictamen favorable por parte de la Comisión de Economía, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa y se prevé sea aprobada este jueves en sesión plenaria.
La nueva normativa busca fomentar la investigación, desarrollo y fabricación de tecnologías robóticas, así como establecer lineamientos para su aplicación en sectores clave como la industria, el comercio y la educación. Además, contempla incentivos fiscales, la creación de laboratorios especializados y la integración de la enseñanza de la robótica en el sistema educativo nacional, en coordinación con el Ministerio de Educación.
La ministra de Economía, María Luisa Hayem, destacó que esta ley posicionará al país como un referente en materia de innovación. “Permitirá establecer una plataforma para que inversionistas, académicos y emprendedores colaboren en el desarrollo de soluciones robóticas”, afirmó.
Por su parte, el director de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), Mario Flamenco Rivas, señaló que la ley representa una apuesta estratégica para el futuro económico del país. “Esta normativa será un respiro en cuanto a regulaciones globales sobre robótica y atraerá inversión, generando empleos altamente especializados”, expresó.
El proyecto de ley también compromete al Gobierno a facilitar pruebas piloto de soluciones robóticas, con el fin de dinamizar la innovación y abrir oportunidades para la creación de una cadena de suministros robusta en esta industria emergente.
Desde la academia, el vicerrector de Ciencia y Tecnología de la Universidad Don Bosco, Manuel Cardona Gutiérrez, subrayó el valor de la ley en la competitividad nacional. “Con esta legislación, El Salvador da un paso importante para ser más competitivo, generar riqueza y oportunidades de empleabilidad en un sector de alto impacto”, indicó.
Además, se contempla el desarrollo de centros de investigación e innovación físico-digitales, que facilitarán la transferencia de conocimientos tecnológicos y potenciarán el ecosistema emprendedor nacional.
Con esta legislación, El Salvador no solo abre la puerta al desarrollo de una nueva industria tecnológica, sino que se perfila como referente en Centroamérica en la adopción de políticas públicas orientadas a la economía del futuro.
