Política
Anteproyecto de ley busca manejo integral de los residuos a nivel nacional
Para mejorar la gestión de los residuos en el país, los diputados de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial dictaminaron a favor de crear la Ley Especial de Recolección, Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos, con el objetivo de proteger la salud de las personas, preservar el medio ambiente y fomentar un modelo de economía circular.
La normativa busca regular de manera integral la gestión, recolección, traslado, aprovechamiento y disposición final de los residuos a nivel nacional, garantizando que estas actividades se realicen de forma sanitaria y ambientalmente segura.
Los parlamentarios recibieron en la mesa de trabajo al ministro de Obras Públicas y Transporte, Romero Rodríguez, quien explicó que a la fecha las municipalidades no han podido dar abasto con el tema de recolección de basura, lo que ha provocado la acumulación y un mal manejo de los residuos, generando inundaciones de calles en época lluviosa y la contaminación de las playas.
“Eso dice bastante de lo que está pasando en el país. Es una problemática que se ve en todo lugar, es generalizada. Hemos visto ineficiencia e irregularidad de los servicios de recolección de municipalidades”, dijo Rodríguez.
La propuesta de ley daría paso a la creación de la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES), un organismo especializado que coordinará las políticas y todas aquellas acciones relacionadas con el manejo de residuos. Dicha autoridad estará adscrita al MOPT y tendrá un director que será nombrado por el presidente de la república.
ANDRES comenzaría a funcionar con un proyecto piloto en San Salvador Este, es decir, en Ilopango, San Martín, Soyapango y Tonacatepeque y asumiría de forma completa o suplementaria la gestión, logística, recolección, aprovechamiento y disposición final de residuos.
Rodríguez también aclaró que el proyecto de ley no contempla ningún incremento en las tasas municipales, y que el 50 % de los fondos que ya se perciben por medio de ellas servirá para el funcionamiento de ANDRES.
“Todos sabemos la problemática que existe en nuestro país; el recoger la basura nos va a ayudar de varias maneras a tener un país más limpio, con mejor medio ambiente y hasta en el turismo”, aseguró Rodríguez.
La propuesta también incluye la creación de un sistema de GPS para suministrar rutas y conocer los trayectos que los recolectores de basura realizan.
El ministro agregó que con la buena gestión de los desechos, también se reducirían los tiempos en los que los camiones recolectores descargan la basura actualmente.
Otras instituciones también participarían en la verificación del cumplimiento de la normativa, como, por ejemplo, el Ministerio de Salud, que estará a cargo de realizar inspecciones sanitarias en instalaciones relacionadas con la gestión integral de los desechos.
Mientras que el Ministerio de Educación deberá incluir en la currícula educativa nacional la temática de la gestión integral de desechos y el fomento al reciclaje.
La diputada Elisa Rosales recordó que en otros países ya no existen botaderos debido al buen proceso de reciclaje que han logrado.
“Muchas veces nosotros vemos solo una parte de todo el proceso de recolección de residuos porque eso es lo más visible, pero hay una gran parte que no la vemos. Hemos visto los esfuerzos de las alcaldías, pero no hay recurso humano o tecnología para dar respuesta a una problemática grande”, sostuvo la legisladora.
Infracciones leves
Las infracciones leves podrán ser interpuestas por los agentes de la Policía Nacional Civil, el Cuerpo de Agentes Metropolitanos de la jurisdicción respectiva, los gestores de tránsito del Viceministerio de Transporte o los inspectores designados por la autoridad competente.
Estas infracciones se sancionarán con una multa de $20.00 a $100.00. En caso de que sea un niño o adolescente quien cometa la acción, serán sus padres los responsables de pagar las multas.
Algunas infracciones leves son:
- Arrojar, abandonar o depositar residuos o desechos domiciliares o domésticos u orgánicos en calles, carreteras, playas, riberas de río o lagos, bosques, parques nacionales u otras áreas no autorizadas por leyes, reglamentos u ordenanzas municipales, no seguir las directrices de reciclaje y separación de residuos.
- No utilizar envases, depósitos, contenedores u otros de materiales, volúmenes y características adecuadas a los tipos de residuos generados; almacenar residuos fuera de los contenedores adecuados.
- Almacenar residuos en contenedores inadecuados o no seguir las pautas de almacenamiento establecidas.
- No separar adecuadamente los residuos no peligrosos en sus diferentes categorías.
- Almacenar más residuos de los que un contenedor puede manejar de manera segura.
Infracciones graves
Estas infracciones se sancionarán con multa de 101 o hasta 1,000 salarios mínimos mensuales del sector comercio vigente al momento de imposición de la multa.
Algunas infracciones graves, las acciones u omisiones son:
- Arrojar, abandonar o depositar residuos o desechos sólidos comerciales o comunes de manejo especial en calles, carreteras, playas, riberas de río o lagos, bosques, parques nacionales u otras áreas no autorizadas o designadas.
- Incumplir con los requerimientos establecidos en las normativas vigentes en cuanto al manejo de residuos peligrosos.
- Arrojar, abandonar o depositar residuos peligrosos o industriales en lugares públicos o privados.
- No proporcionar equipo de protección personal de acuerdo con el riesgo laboral para los trabajadores encargados de la recolección y gestión de residuos
- Mezclar residuos peligrosos con otros residuos o no proporcionar contenedores separados para diferentes categorías de residuos.
Infracciones muy graves
Estas infracciones se sancionarán con multa de mil uno hasta diez mil salarios mensuales del sector comercio vigente al momento de imposición de la multa
Son infracciones muy graves, las acciones u omisiones siguientes:
- Arrojar, abandonar o descargar residuos industriales, tóxicos o peligrosos en cuerpos de agua o en suelos sin el tratamiento adecuado.
- El incumplimiento por parte de las Municipalidades de sus obligaciones de recolección y gestión de residuos.
- Operación legal de botaderos, plantas de transferencia u otras instalaciones de manejo de residuos.
- Manipulación de residuos peligrosos fuera de los parámetros de seguridad adecuados o de la regulación aplicable.
- Acciones que deriven en un daño grave al medio ambiente o a la salud pública.
- Causar daño ambiental significativo, como la contaminación de fuentes de agua, a través de la eliminación inadecuada de residuos.
- La quema abierta de residuos, especialmente si estos incluyen materiales.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
