Política
Anteproyecto de ley busca manejo integral de los residuos a nivel nacional
Para mejorar la gestión de los residuos en el país, los diputados de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial dictaminaron a favor de crear la Ley Especial de Recolección, Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos, con el objetivo de proteger la salud de las personas, preservar el medio ambiente y fomentar un modelo de economía circular.
La normativa busca regular de manera integral la gestión, recolección, traslado, aprovechamiento y disposición final de los residuos a nivel nacional, garantizando que estas actividades se realicen de forma sanitaria y ambientalmente segura.
Los parlamentarios recibieron en la mesa de trabajo al ministro de Obras Públicas y Transporte, Romero Rodríguez, quien explicó que a la fecha las municipalidades no han podido dar abasto con el tema de recolección de basura, lo que ha provocado la acumulación y un mal manejo de los residuos, generando inundaciones de calles en época lluviosa y la contaminación de las playas.
“Eso dice bastante de lo que está pasando en el país. Es una problemática que se ve en todo lugar, es generalizada. Hemos visto ineficiencia e irregularidad de los servicios de recolección de municipalidades”, dijo Rodríguez.
La propuesta de ley daría paso a la creación de la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES), un organismo especializado que coordinará las políticas y todas aquellas acciones relacionadas con el manejo de residuos. Dicha autoridad estará adscrita al MOPT y tendrá un director que será nombrado por el presidente de la república.
ANDRES comenzaría a funcionar con un proyecto piloto en San Salvador Este, es decir, en Ilopango, San Martín, Soyapango y Tonacatepeque y asumiría de forma completa o suplementaria la gestión, logística, recolección, aprovechamiento y disposición final de residuos.
Rodríguez también aclaró que el proyecto de ley no contempla ningún incremento en las tasas municipales, y que el 50 % de los fondos que ya se perciben por medio de ellas servirá para el funcionamiento de ANDRES.
“Todos sabemos la problemática que existe en nuestro país; el recoger la basura nos va a ayudar de varias maneras a tener un país más limpio, con mejor medio ambiente y hasta en el turismo”, aseguró Rodríguez.
La propuesta también incluye la creación de un sistema de GPS para suministrar rutas y conocer los trayectos que los recolectores de basura realizan.
El ministro agregó que con la buena gestión de los desechos, también se reducirían los tiempos en los que los camiones recolectores descargan la basura actualmente.
Otras instituciones también participarían en la verificación del cumplimiento de la normativa, como, por ejemplo, el Ministerio de Salud, que estará a cargo de realizar inspecciones sanitarias en instalaciones relacionadas con la gestión integral de los desechos.
Mientras que el Ministerio de Educación deberá incluir en la currícula educativa nacional la temática de la gestión integral de desechos y el fomento al reciclaje.
La diputada Elisa Rosales recordó que en otros países ya no existen botaderos debido al buen proceso de reciclaje que han logrado.
“Muchas veces nosotros vemos solo una parte de todo el proceso de recolección de residuos porque eso es lo más visible, pero hay una gran parte que no la vemos. Hemos visto los esfuerzos de las alcaldías, pero no hay recurso humano o tecnología para dar respuesta a una problemática grande”, sostuvo la legisladora.
Infracciones leves
Las infracciones leves podrán ser interpuestas por los agentes de la Policía Nacional Civil, el Cuerpo de Agentes Metropolitanos de la jurisdicción respectiva, los gestores de tránsito del Viceministerio de Transporte o los inspectores designados por la autoridad competente.
Estas infracciones se sancionarán con una multa de $20.00 a $100.00. En caso de que sea un niño o adolescente quien cometa la acción, serán sus padres los responsables de pagar las multas.
Algunas infracciones leves son:
- Arrojar, abandonar o depositar residuos o desechos domiciliares o domésticos u orgánicos en calles, carreteras, playas, riberas de río o lagos, bosques, parques nacionales u otras áreas no autorizadas por leyes, reglamentos u ordenanzas municipales, no seguir las directrices de reciclaje y separación de residuos.
- No utilizar envases, depósitos, contenedores u otros de materiales, volúmenes y características adecuadas a los tipos de residuos generados; almacenar residuos fuera de los contenedores adecuados.
- Almacenar residuos en contenedores inadecuados o no seguir las pautas de almacenamiento establecidas.
- No separar adecuadamente los residuos no peligrosos en sus diferentes categorías.
- Almacenar más residuos de los que un contenedor puede manejar de manera segura.
Infracciones graves
Estas infracciones se sancionarán con multa de 101 o hasta 1,000 salarios mínimos mensuales del sector comercio vigente al momento de imposición de la multa.
Algunas infracciones graves, las acciones u omisiones son:
- Arrojar, abandonar o depositar residuos o desechos sólidos comerciales o comunes de manejo especial en calles, carreteras, playas, riberas de río o lagos, bosques, parques nacionales u otras áreas no autorizadas o designadas.
- Incumplir con los requerimientos establecidos en las normativas vigentes en cuanto al manejo de residuos peligrosos.
- Arrojar, abandonar o depositar residuos peligrosos o industriales en lugares públicos o privados.
- No proporcionar equipo de protección personal de acuerdo con el riesgo laboral para los trabajadores encargados de la recolección y gestión de residuos
- Mezclar residuos peligrosos con otros residuos o no proporcionar contenedores separados para diferentes categorías de residuos.
Infracciones muy graves
Estas infracciones se sancionarán con multa de mil uno hasta diez mil salarios mensuales del sector comercio vigente al momento de imposición de la multa
Son infracciones muy graves, las acciones u omisiones siguientes:
- Arrojar, abandonar o descargar residuos industriales, tóxicos o peligrosos en cuerpos de agua o en suelos sin el tratamiento adecuado.
- El incumplimiento por parte de las Municipalidades de sus obligaciones de recolección y gestión de residuos.
- Operación legal de botaderos, plantas de transferencia u otras instalaciones de manejo de residuos.
- Manipulación de residuos peligrosos fuera de los parámetros de seguridad adecuados o de la regulación aplicable.
- Acciones que deriven en un daño grave al medio ambiente o a la salud pública.
- Causar daño ambiental significativo, como la contaminación de fuentes de agua, a través de la eliminación inadecuada de residuos.
- La quema abierta de residuos, especialmente si estos incluyen materiales.
Como parte del balance del primer año de gestión, el presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Wálter Sosa, informó que concluyeron las auditorías de todos los ministerios del Gobierno central, y están al día los procesos en cada institución.
El funcionario señaló que es la primera vez en el ente contralor estatal que se alcanza dicho resultado. Destacó que se ha procurado fortalecer la eficiencia de las acciones para transparentar el uso de los fondos públicos.
«Quiero resaltar que, por primera vez, la Corte de Cuentas de la República realizó auditorías financieras a la totalidad de los ministerios del Gobierno central, dejándolos auditados hasta el año 2024. Para lograrlo, nuestros equipos de auditoría ejecutaron más de 100 acciones de control», explicó Sosa en entrevista con «Diario El Salvador».
Agregó que, desde el 7 de febrero de 2025, el trabajo institucional se ha enfocado en tres líneas estratégicas: garantizar la independencia de las auditorías y juicios de cuentas, modernizar los procesos de fiscalización y fortalecer las alianzas para la prevención de la corrupción.
«Este esfuerzo marca un antes y un después en la fiscalización del país, ya que la CCR tendrá una presencia concurrente en estas entidades para asegurar la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos», dijo el presidente de la CCR.
También manifestó que consolidan los datos para presentar la estadística recabada en la próxima entrega del informe de labores.
Recordó que durante su primer año al frente de la institución concluyeron el Plan Masivo de Fiscalización Municipal, y confirmó que están 100 % auditadas hasta 2024.
Por otra parte, dijo que otro de los logros de la actual gestión contralora es que, de manera transversal, se fortaleció la gestión administrativa con la creación de la Dirección Anticorrupción y el trabajo articulado con instituciones como la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, entre otras entidades.
Enfatizó que continuarán el trabajo para reforzar la independencia y asegurar el cumplimiento legal y técnico en todos los procesos de auditorías financieras y de gestión, exámenes especiales y juicios de cuentas.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó ayer su Memoria de Labores 2024–2025, como parte del ejercicio de rendición de cuentas y reflexión sobre el trabajo durante el período electoral. La actividad estuvo encabezada por la presidenta del TSE, Roxana Soriano.
Entre los avances destacados por la titular están la modernización tecnológica de los procesos institucionales, la creación del Ciclo Electoral Salvadoreño y la implementación de la Política Antisoborno y del Sistema de Gestión Antisoborno.
Asimismo, Soriano informó sobre los avances en la planificación del proceso electoral 2027, incluyendo la aprobación del Calendario Electoral, el Plan General de Elecciones, el Presupuesto Extraordinario y el fortalecimiento de la planificación del voto en el extranjero.
«En cada proceso ejecutado con rigor, en cada decisión responsable y en cada garantía brindada al ejercicio democrático se construye confianza pública y se fortalece el futuro de El Salvador», consideró la presidenta del organismo electoral.
Como parte de los preparativos de cara a los comicios generales de 2027, la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) prevé desarrollar 66 misiones de verificación del proceso de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) en el exterior.
El director propietario de la JVE por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Alexis Zepeda, aseguró que el derecho al voto de la diáspora está garantizado para los comicios del 28 de febrero de 2027.
«Nosotros tenemos un presupuesto para hacer las misiones de fiscalización en el extranjero. Tenemos más de 66 misiones para el voto en el presupuesto extraordinario, divididas entre los 11 institutos políticos que conformamos la JVE», explicó Zepeda.
Señaló que este proceso de fiscalización iniciará en septiembre próximo, con base en las coordinaciones que se hagan con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las oficinas del RNPN ubicadas en diferentes países y consulados de El Salvador serán visitadas por la JVE con el propósito de verificar el debido proceso de emisión del DUI.
Zepeda reiteró que en las misiones en el extranjero, así como en las previstas en territorio nacional, participan los directores que representan a los 13 institutos políticos.
A la vez, dijo que estas misiones permitirán hacer un diagnóstico de las ciudades donde hay más concentración de salvadoreños.
En el territorio nacional también se desarrollará el proceso de fiscalización de duicentros, identificando los que tiene mayor afluencia.
Asimismo, enfatizó que la renovación masiva del DUI es importante para que la población tenga actualizado su documento y pueda ejercer su voto.
«Es fundamental que la gente esté en orden para aparecer en los padrones electorales. Si alguien no aparece en el padrón electoral, no puede ejercer el sufragio. Hemos solicitado, como Junta de Vigilancia Electoral, una audiencia para reunirnos con la junta directiva del RNPN para ver el plan de acción [de duización masiva]», indicó Zepeda.
Por otra parte, señaló que como JVE están verificando que se cumplan los tiempos establecidos en el calendario electoral publicado por el TSE
Zepeda comentó que las coordinaciones con el organismo colegiado y la JVE «son excelentes», y permiten desarrollar un proceso de fiscalización apegado a la ley
«Por mandato de ley se establece que verificamos el calendario electoral. Vamos viendo por tiempos cómo se va realizando todo el proceso en que se está organizando una elección. La relación que tenemos con el actual Tribunal Supremo Electoral, para mí, es una de las mejores de la historia», aseveró.
